SOBRE TESIS Y MASTERS

Se ha despertado un inusitado interés por la formación universitaria de los representantes del pueblo. En unos casos porque esta formación es más simulada que real, en otros porque la calidad de la misma deja mucho que desear. Se han convertido en un tema nacional las irregularidades aparecidas en el desarrollo de algunos cursos de postgrado que supuestamente ostentan algunos políticos, o la existencia de plagio en los trabajos que demuestran la suficiencia de los conocimientos de quienes los realizan y les habilitan para obtener el título correspondiente (maestría o doctorado). La cuestión explotó con el caso de Cristina Cifuentes, aunque la causa de su dimisión fuera el chantaje seguro al que podrían someterle los aparatos de seguridad paralelos que montó el PP en Madrid, se continuó con las dudas sobre las múltiples titulaciones del actual líder nacional del PP, Pablo Casado, y se ha prolongado con la dimisión de la ministra Carmen Montón. Sobre esa base, la formación política Ciudadanos (C’s), ha iniciado a través de su dirigente Albert Rivera una fuerte campaña cuyo objetivo es la tesis  doctoral del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, exigiendo que la haga pública, a la vez que varios medios de la extrema derecha mediática acusan a éste de haber plagiado la misma o que ha sido escrita por una tercera persona.

Este es hoy el debate nacional en el Estado español, lo que si bien nos ahorra el conocimiento puntual de los avatares por los que discurre el proceso del nacionalismo catalán, que ha recibido el aval poderoso de la manifestación del 11 de septiembre, pero que sigue estancado entre la emocionalidad popular, la parálisis institucional y la carencia de objetivos verosímiles, también nos aísla de los problemas cotidianos de la gente y de los proyectos centrales en la gobernabilidad del país. Puede que sea mejor así, nunca se sabe si es cierto lo de los renglones torcidos de Dios – una referencia más que oportuna para el órgano judicial que ha ordenado el arresto del actor Willy Toledo por blasfemar en un tuit, a instancias de los querellantes, unos denominados abogados católicos – pero este aluvión de informaciones sobre los quehaceres universitarios nos convoca a opinar sobre ellos a  quienes tenemos como profesión el trabajo de docente e investigador universitario, PDIs en la jerga que manejamos.

Lo primero que se plantea es una reacción defensiva. Mi compañera en la UCLM y amiga personal Mari Luz Rodriguez, que ha sido consejera del gobierno de la Comunidad castellano-manchega y secretaria de estado del gobierno estatal, ha venido insistiendo en las redes sociales que el trabajo universitario es exigente y que tanto profesores como alumnos trabajan seriamente en todos los niveles, tanto en los estudios de grado, como en los de postgrado y en la confección de las tesis doctorales. Siendo eso cierto en líneas generales, es una afirmación que el discurso hegemónico en el contexto universitario pone en duda al entender que hay grandes diferencias entre las diferentes universidades, públicas y privadas, en orden a la cantidad y calidad de sus enseñanzas. Esta diferencia se basa fundamentalmente en la capacidad de los entes de educación superior en captar recursos económicos y financiación externa, tanto en lo que se refiere a los proyectos de investigación como, de manera señalada, a través de los masters o títulos de postgrado ofrecidos. Cuanto más dinero entre y más cara sea la matrícula del master, mejor universidad será.

Es decir que se está construyendo una jerarquización entre las universidades existentes no en razón del carácter público o privado de las mismas, sino en función de la capacidad que éstas demuestran para orientar sus investigaciones en colaboración con el capital privado y en la llamada “transferencia” de éstas a la economía real, o, lo que es más remarcable, en razón de los nichos de mercado en los que se despliega la enseñanza de segundo ciclo, los llamados másteres. La “excelencia” de los mismos se hace depender de su valor mercantil en el mercado del conocimiento, de forma que cuanto mayor es el precio de la matrícula, más excelente se entiende que es la enseñanza transmitida.

Este pensamiento dominante que conduce a la exaltación de los rankings internacionales en donde se listan jerárquicamente las que indefectiblemente son definidas como “las mejores” universidades del mundo, genera la búsqueda incansable de estas estructuras para lograr la presencia de los centros de estudio superior del Estado español en algún repertorio de cualquier entidad privada, mayoritariamente financiera, que los clasifique y ordene numéricamente. Es inútil pensar que hay universidades modestas en su financiación pública en las que sus docentes y su personal administrativo cumplen con eficacia y decencia sus labores académicas y que posibilitan el acceso a la educación superior a cientos o miles de personas que carecen de recursos suficientes para poder pagarse un costoso master en universidades de élite, dentro o fuera de las fronteras del Estado. Cumplir las exigencias del servicio público no es sinónimo de excelencia.

La gradación de la “calidad” de las diferentes universidades – así, en bruto, sin mencionar áreas de conocimiento, ni dominios especiales de actuación - se basa esencialmente en primer lugar en la capacidad de obtener recursos privados de financiación de sus actividades, pero también en la mercantilización de la franja de estudios – el master – que se configura como una clave de acceso a un nivel de puesto de trabajo elevado sometido por tanto a su consideración económica. Esta colocación que lleva consigo una minoración sustancial de la relevancia de las ciencias sociales y humanidades frente a las ciencias experimentales, y que exalta la apropiación del espacio de la enseñanza superior por el mercado y el valor mercantil del mismo, no presupone sin embargo que el trabajo en las universidades “no competitivas” esté expuesto a irregularidades o corruptelas. Simplemente tiene menos valor porque se presta en un centro que no ha conseguido la “excelencia” que da la recepción de financiación de capitales privados o la capacidad adquisitiva elevada de los usuarios de las mismas.

Los casos que están bajo el escrutinio público se localizan prácticamente de manera exclusiva en una Universidad pública madrileña, la Rey Juan Carlos, y en concreto en un instituto universitario específico de Derecho Público, que entre otros productos ofrece como título propio un Master de Marketing Político, Gobernanza y Comunicación Estratégica que tiene como finalidad “formar a futuros comunicadores sociales, líderes políticos, analistas y estrategas políticos”. El propósito por tanto de este Master tan concurrido por personalidades públicas era el de ofrecer un laboratorio de formación política, y la referencia al nicho de mercado posible tenía necesariamente que referirse a este sector o capa de personas. Una cierta noblesse d’État para jóvenes políticos en formación.

A lo que parece, el Instituto tenía plena autonomía financiera y sin duda unos recursos importantes, lo que le permitía no sólo contratar directamente a profesores fuera de la plantilla de la Universidad sino también a recibir un complemento retributivo para el staff directivo del mismo. No es una estructura organizativa de las enseñanzas que sea muy frecuente en las universidades españolas, porque normalmente el gasto y el ingreso están centralizados en entidades verticales que lo controlan, pero no es un caso excepcional, porque es funcional al objetivo de la actual normativa universitaria de obtener una posición relevante en el mercado de sus títulos de postgrado. En este supuesto, el elemento más importante parecía ser el valor político que implicaba la calidad de los alumnos del master, personas relevantes dentro de los aparatos del partido que llevaba años gobernando la Comunidad de Madrid y que había creado esa universidad para dotarla de un “sesgo” especial, con algún guiño al bipartidismo, un mercado en el que la Universidad y el Instituto querían obtener una ubicación decisiva.

Lo que ha sucedido es que en ese esfuerzo de captación de personalidades relevantes se ha producido una violación de las reglas académicas que garantizan el control de la suficiencia formativa que es requerido. No son “malas praxis aisladas”, sino un efecto colateral de la función de promoción política de personas relevantes en sus respectivas organizaciones – especialmente del PP, pero también del PSOE – que perseguía este título de postgrado. Naturalmente que este proceder es inadmisible y además contraproducente para la propia supervivencia del título propio como un espacio sugerente en el mercado político que se pretendía captar. Requeriría una respuesta contundente por parte de las autoridades académicas, pero también de todo el personal docente, investigador y de administración y servicios que trabaja en esta Universidad, empezando por las secciones sindicales de CCOO y UGT, porque para el sindicalismo de clase estos hechos no pueden considerarse ajenos a su esfera de actuación. La conferencia de rectores de Madrid debería asimismo comunicar a la sociedad madrileña su parecer sobre este tema.

Pero el debate mediático va más allá y ahora se proyecta sobre la calidad de la formación recibida, esta vez sí, conforme a las disposiciones legales y universitarias, que culmina en la tesis doctoral como requisito para la obtención del título de doctor. Según dicen, ha habido una fila de periodistas en la universidad privada Camilo José Cela para poder consultar la tesis del presidente de gobierno, Pedro Sánchez. En nuestro quehacer universitario, se sabe que hay una diferencia importante entre las tesis doctorales que se hacen en las ciencias experimentales, en las biomédicas o en las de humanidades y ciencias jurídicas y sociales. Tanto la extensión, como el método y el contenido difieren notablemente. Pero también entre las tesis leídas y defendidas en las universidades públicas y en las universidades privadas, en las que también funciona una cierta jerarquización entre "clásicas" y "nuevas". En mi generación, y en mi área de conocimiento, el derecho del trabajo, la tesis doctoral se trabajaba mucho porque representaba la obra que definiría el contenido y el método de investigación del profesor. Mientras se “hacía” la tesis, el universitario escribía artículos científicos sobre otros temas, daba conferencias, se ocupaba de la docencia de cursos entonces muy numerosos y además militaba sindicalmente. 

No es este el sentido actual de la tesis doctoral, que se configura como un requisito para poder acceder a las categorías de contratación temporal iniciales de la carrera académica o, fuera de este ámbito, como la culminación relativamente previsible de un itinerario de formación del postgrado. Un reconocido jurista del trabajo alemán, Wolfgang Däubler, mantenía que la tesis doctoral era el primer estadio de alfabetización académica. Las normas actuales han suprimido los cursos de doctorado y dan un plazo máximo de cuatro años – coincidente con el que se asigna a las becas de investigación FPI – para su realización, con la posibilidad de pedir alguna prórroga extraordinaria y con diferencia entre dedicación a la tesis a tiempo completo o a tiempo parcial.

Los plagios de las tesis son posibles, ciertamente, aunque es más frecuente encontrar ejemplos de intertextualidad, que es una cosa distinta. En mi experiencia personal, ha habido sólo dos ocasiones en las que se ha retirado una tesis por plagio de algunos artículos en castellano o por traducción de textos extranjeros. También en un caso de memoria de concurso a cátedra, en donde la reproducción del apartado metodológico frustró las expectativas del candidato. Estas prácticas no son aceptadas por la comunidad científica, que se muestra muy estricta al respecto.

Es de alabar que los profesionales de la política y los formadores de opinión se interesen ahora, en prime time, por los productos académicos y su calidad, especialmente en ciencias sociales. Pareciera como si el político que realizara estudios universitarios superiores fuera en principio sospechoso, en lugar de entender que es un dato positivo que define su personalidad, no sólo un elemento de distinción que le sirva para enarbolar un título como quien exhibe un trofeo. Más emocionante si cabe es comprobar con qué pasión periodistas y expertos narran cómo se debe hacer una tesis, la forma correcta de citar, la deontología del experto. Ojalá este torbellino mediático sobre la producción científica universitaria pueda servir para que los universitarios y sus autoridades, las organizaciones representativas del personal, y los estudiantes, comiencen a opinar públicamente sobre la actual situación de declive en la que se encuentra esta institución. Su progresiva privatización y mercantilización, la degradación de la financiación pública, la precarización acentuada de su personal docente, la inexistencia de nuevas plazas contratadas a tiempo completo, la restricción de plantillas y la deficiencia de inversiones y de investigación, la irracionalidad de los criterios de acreditación y valoración de la llamada excelencia, entre otras cuestiones que dificultan poderosamente la realización del servicio público de educación superior universitaria.