MANTENER LA VIGENCIA DE LA REFORMA NEOLIBERAL DEL 2012

 

Los iuslaboralistas permaneceremos atentos y nerviosos a la pantalla de la televisión que retransmita el debate sobre la convalidación del RDL 32/2021, de reforma laboral. A lo que parece, su convalidación no resulta asegurada por la mayoría que sostiene al gobierno. De esta manera, se plantea la posibilidad de que decaiga la norma de urgencia y recupere su vigencia la normativa derogada, es decir, el conjunto normativo que se impuso en el contexto de las políticas de austeridad.

La situación es inquietante. Por muchos motivos. Ya se ha debatido hasta la saciedad sobre el contenido y el alcance del RDL 32/2021, también sobre la importancia del acuerdo social tripartito sobre el que se basa. Sin embargo, solo ahora se ponen en primer plano las consecuencias de la votación de mañana jueves.

La primera y más elemental es la de constatar que la ruptura del acuerdo de investidura se produce justamente ante una norma que reconoce y desarrolla derechos laborales individuales y colectivos que superan y reforman, de manera muy relevante, la legislación actual en el área de la contratación temporal, donde se produce un cambio fundamental, pero asimismo los mecanismos de ajuste temporal de empleo para evitar despidos y la negociación colectiva. Es decir, que la norma que deroga puntos clave de la disciplina legal del 2012 es el punto sobre el que se ha concentrado el rechazo de los partidos políticos que configuraban un bloque de mayorías frente a la derecha política por considerar la reforma “insuficiente”. De esta manera, se ha elegido una norma progresista para romper el acuerdo político que comprometía la realización de políticas progresistas porque estas no son lo bastante incisivas.

La segunda consecuencia es que la rechazar la reforma laboral se lesiona directamente el compromiso del gobierno con la Comisión Europea que condicionaba políticamente los recursos del plan de recuperación, transformación y resiliencia, abriendo por tanto un espacio nuevo de revisión de este en el que los contenidos del nuevo acuerdo pueden variar en un sentido más regresivo o introducir elementos hasta el momento excluidos, que sin embargo forman parte del arsenal de medidas que propone la tecnocracia europea y que reclaman los partidos de centro derecha y liberales.

El tercer resultado es el de dinamitar el acuerdo social tripartito e imposibilitar la continuidad del diálogo social. El voto negativo supone una desautorización directa desde la política parlamentaria a la interlocución social, censurando no solo sus contenidos sino también el método. La censura política del acuerdo social impide que éste se vuelva a producir ni a desarrollar, dado que la seguridad de lo pactado no se mantiene en el ámbito de la gobernanza política. El rechazo del RDL 32/2021 supone por tanto la muerte del diálogo social como método de gobierno de las relaciones socio-económicas en el marco de la interlocución política de los sujetos sociales representativos y el confinamiento de la autonomía colectiva en el marco estricto de la negociación de las condiciones de trabajo y empleo. Un hecho que no sólo va a surtir efectos en el ámbito estatal, sino que refuerza la subalternidad del intercambio entre gobiernos y agentes sociales en las Comunidades Autónomas.

Muy ligado a lo anterior, el No al Acuerdo Social Tripartito no solo desautoriza la continuidad del diálogo social que ha ido conduciendo a resultados positivos desde el inicio de la pandemia, sino que supone una desaprobación directa de los sujetos que la han protagonizado. No solo de la dirección de la CEOE, personificada en la actitud de Garamendi frente a otros sectores de la patronal mucho más alineados con la estrategia del Partido Popular de deslegitimación política del gobierno, sino muy especialmente, de la dirección de CCOO y UGT como representantes del conjunto de los trabajadores, cuya capacidad de establecer reglas vinculantes en la determinación del marco institucional de las relaciones laborales del país queda directamente comprometida. Se comprende que este sea un objetivo del sindicalismo nacionalista tanto en Galicia, donde la CIG compite con los sindicatos confederales en la audiencia electoral de los diferentes sectores, como en el País Vasco, donde el sindicalismo de ELA es mayoritario y atrae a su estela a LAB, y solo contempla las relaciones con CCOO y UGT en el País Vasco en términos de enemistad y exclusión. En el País Vasco, la fuerza del sindicalismo nacionalista como tracción del voto y apoyo popular a las dos opciones políticas con representación en el parlamento ha resultado ser decisiva hasta el momento, pese a que la movilización del día 30 contra la reforma laboral no obtuvo el seguimiento que se prometía.

Pero esa opción no tiene sin embargo sentido en Catalunya, donde no existe este fenómeno. La desautorización por tanto de los planteamientos sindicales de la CONC y de UGT-Catalunya por parte de la izquierda republicana catalana se basa en la consideración del escaso coste electoral o político que para el partido que gobierna la Comunidad Autónoma tiene mantener una posición frontal contra lo pactado y sostenido por estos sindicatos. O si se quiere en términos más crudos, para ERC mantener una posición de enfrentamiento con los sindicatos no supone merma alguna de su discurso de izquierda y progresista porque es capaz de convencer a la ciudadanía de que su oposición se debe a que se trata de “la reforma de la CEOE” y que la capacidad sindical de crear un relato alternativo es inexistente. Para ERC el sindicalismo catalán es políticamente irrelevante.

La no convalidación de la reforma laboral conduce, como se ha dicho hasta la saciedad, a reponer en su vigencia la normativa derivada de la Ley 3/2012 presente en el Texto Refundido actual del Estatuto de los Trabajadores. Se mantiene la regulación del despido, los recortes en la negociación colectiva, el ajuste económico a través de la eliminación de puestos de trabajo, se derogan los cambios fundamentales en materia de restricciones a la contratación temporal. Un retorno al pasado que modeló el Partido Popular y que se propulsa desde el rechazo al cambio legislativo “insuficiente”.

Este efecto derogatorio que repone la vigencia de la reforma laboral que el bloque nacionalista dice rechazar a la vez que la consagra, supone además algo más, a saber, la imposibilidad de modificarla en el medio plazo, al haber fracasado el proyecto de transformación normativa que supone el RDL 32/2021. No es creíble que se pueda volver a empezar sobre la base de un diálogo social que se ha desacreditado, y bajo la dirección del Ministerio de Trabajo, precisamente liderado por una persona extremadamente relevante en el bloque de la izquierda del gobierno, a la que la no convalidación la coloca en una posición de debilidad tanto ante los actores sociales como, y de manera muy importante, en el interior del gobierno.

Hay más argumentos para criticar esta postura de las fuerzas que, reclamándose de una posición progresista, hacen imposible una solución de progreso. Pero no son redundantes en gran medida con las penosas conclusiones que se han esbozado. El debate de mañana en el Parlamento, en lo que se refiere a este autodenominado “frente del NO” , es una muestra del doble lenguaje del relato político, de la tremenda separación entre lo que se dice y lo que resulta de lo que se ha dicho.

Todo confluye pues en el mantenimiento de la norma de la austeridad, a la desautorización del diálogo social como método de gobierno de las relaciones laborales, a la afirmación de la irrelevancia política de la intermediación sindical. Un panorama que con entusiasmo – y no con cierto asombro, se supone. suscribirán los representantes del Partido Popular secundados por Vox, festejando su triunfo gracias a los llamados “nacionalismos periféricos”. Y un negro presagio para la democratización de las relaciones laborales en nuestro país.