“Hay
una norma democrática no escrita, pero necesaria para la confianza básica, y es
que quien gane unas elecciones exprese su voluntad de gobernar para todos. Es
una declaración ritual, civilizatoria. Por el contrario, las intervenciones de
Ayuso son propias del líder de una facción, por mayoritaria que sea. Tienen el
sello de una excitación expulsiva. Los míos y los otros, los afectos y
desafectos. Cada día va señalando un censo de enemigos. No solo adversarios
políticos, sino aquellos que marque el “combate cultural”: feministas,
ecologistas, ciclistas, veganos… ¡Luciérnagas! “ (Manuel Rivas, Iberdrola por una luciérnaga, CTXT,
05.06.2022, https://ctxt.es/es/20220601/Firmas/39877/#.YpzIBp63Byg.twitter
)
Hay una tendencia en el discurso
político progresista que le impulsa a lograr convencer a sus seguidores y
especialmente al cuerpo electoral del hecho que su análisis de la realidad y
las propuestas programáticas para transformarla son creíbles, factibles y que
ante todo forman parte de un proyecto de mejora de la existencia social de la
mayoría de la población. De alguna manera se quiere conectar el programa
reformista con la progresiva profundización de la democracia social y por
consiguiente con un interés general que integra a la mayoría de la ciudadanía
del país. En gran medida además, la referencia continua en este tipo de
narrativa a la importancia de lo público como expresión organizativa de un
interés común al funcionamiento eficiente de prestaciones y servicios de
interés general, afianza esta idea de consenso sobre las grandes líneas de
acción del programa reformista como proyecto de alcance general sobre la
mayoría de la población.
Este relativo ecumenismo del
discurso progresista se refuerza en relación con lo que se supone que son los
elementos institucionales básicos que disciplinan las relaciones sociales y que
normalmente toma como referencia el conjunto de derechos y libertades
constitucionalmente reconocidos y la estructura y forma de gobierno del Estado.
Aunque esta segunda parte resulta más debatida y cuestionada en la actualidad,
en general existe una conciencia muy desarrollada de que el cuadro de derechos
y libertades fijados en la Constitución son un mínimo común denominador que
vincula el debate político, a partir del cual el desarrollo y alcance de estos
derechos forma parte del debate entre las fuerzas que se confrontan en el
terreno electoral y en la formación de
la opinión pública, cada una de ellas con los respectivos programas de reforma y
de delimitación del alcance y contenido de los mismos.
Durante un cierto tiempo
histórico que se corresponde con el bipartidismo imperfecto de nuestro sistema de
partidos desde la victoria del PSOE en 1982 con su primera mayoría absoluta parlamentaria,
esta base común se ha mantenido, posiblemente también porque la iniciativa reformista
que quería la profundización democrática carecía de recorrido material en las
dos opciones de partido que se disputaban, con el auxilio puntual de los
partidos nacionalistas catalán y vasco, la gobernanza del país. La cuestión
cambió con la crisis del bipartidismo, la conventio ad excludendum de
cualquier posibilidad de gobierno que fuera apoyado por – o resultara integrado
en - Podemos a IU entre 2015- 2017 y la
moción de censura a Mariano Rajoy de hace cuatro años que anticipa la mayoría
de progreso que, tras varias turbulencias electorales, se logra constituir en
noviembre de 2019.
A partir de ahí hay una neta
diferencia entre el discurso político de los progresistas y el que asumen de
forma transversal las derechas del PP y Ciudadanos y la ultraderecha de VOX.
Esla exaltación de una forma de presentar la acción política en términos de
antagonismo radical que lleva a la deslegitimación democrática del gobierno y
de la mayoría parlamentaria que le sostiene. Es una reivindicación del Πόλεμος, de la
guerra civil, en la que el objetivo de la acción política es la eliminación del
enemigo, la consideración de éste como un sujeto cuya viabilidad institucional
no es aceptable y al que por tanto hay que eliminar. El llamado gobierno “social
comunista” es ese enemigo a batir de cualquier manera.
Se
construye a través de una perorata insistente hecha de negaciones y falsedades
acompañadas de hostigamientos e imputaciones que recaen no tanto sobre las fuerzas
políticas consideradas antagonistas cuanto sobre quienes las personifican y
sobre todo sobre los sectores sociales que se suponen identificados con el
programa reformista combatido: inmigrantes, mujeres, ecologistas,
sindicalistas, centrando en estos sujetos el combate al feminismo, la
integración racial, el cambio climático o la preservación de los derechos
individuales y colectivos derivados del trabajo defendidos por las organizaciones
colectivas de las personas que trabajan. La irrupción de este antagonismo se
expresa con extrema rudeza y brusquedad y esconde su indudable origen clasista
de defensa de los privilegios económicos, culturales y sociales de los poderes privados
con una combinación de la utilización del valor de la libertad como eje
individual de apropiación de bienes de consumo y la reivindicación del
inmovilismo como forma de combatir cualquier cambio social o económico como que
perturba la cotidianeidad de las costumbres seculares.
Esta ya
asentada forma de ejercer la acción política como guerra civil que busca la
eliminación o la irrelevancia del enemigo lleva aparejada la ruptura del marco constitucional
de referencia en materia de derechos y libertades, en una relectura de los
mismos que hace desaparecer una buena parte de los mismos y disuelve cualquier ponderación
equilibrada en los casos de conflicto entre ellos, procediendo a una
redefinición regresiva del sistema de derechos en un proceso destituyente no reconocido
explícitamente salvo a través del eco de este propósito en las sentencias
firmadas por la mayoría del Tribunal Constitucional, como se ha podido observar
últimamente con la demolición que este órgano ha llevado a cabo de todo el
edificio de tutela y protección de la ciudadanía con ocasión de la gravísima
crisis sanitaria y económica delCovid-19.
No necesita
ningún esfuerzo argumentativo comprobar la ruptura del consenso constitucional en
el discurso de parte / parcial del partido que forman la derecha -PP y Ciudadanos- y ultraderecha de Vox, que se unifican en el
mismo objetivo. Claramente en lo que combaten, pero también en lo que mantienen,
y especialmente en las prácticas que asumen como propias. La negativa a renovar
el CGPJ después de tres años y medio y con ello el bloqueo añadido de la
renovación del Tribunal Constitucional es de una gravedad inaudita que sin
embargo sigue manteniéndose sin que se corrija de ninguna manera en un
descarado ejercicio de secuestro del cambio democrático en los órganos constitucionales
a los que estaba obligado a partir de las elecciones de noviembre de 2019.
Naturalmente, ça va sans dire, esta
forma de expresión de la política antagonista es reduplicada, sostenida y
conformada por los medios de comunicación más potentes, públicos y privados, incluida,
paradójicamente, la RTVE como instrumento público de información a la
ciudadanía. Las encuestas que se encargan y se efectúan semanalmente desde hace
mucho tiempo ya parecen mostrar el éxito de este discurso que se retroalimenta
con la victoria en los sondeos proclamada y confirmada continuamente, en
especial ante cada convocatoria electoral que va jalonando el tiempo de
descuento ante las elecciones generales de noviembre del 2023.
¿Deberían las fuerzas políticas de la
mayoría social que representan centrar su argumentación en el campo de juego
que les marca ese discurso hostil y virulento del partido unificado de la
derecha y ultraderecha? No es este su terreno ni se debe responder de la misma
manera. Por el contrario, hay que acentuar el alcance extensivo del proyecto
del cambio, que tiene ya hoy en día suficientes elementos y señales de que está
produciendo resultados en la vida cotidiana de las gentes. Defender el sistema
de derechos ciudadanos, fortalecer la centralidad del trabajo en cualquier
perspectiva de cambio social y exigir un fuerte impulso redistributivo de las
rentas, nivelando las desigualdades gravísimas que se han ido agravando con las
sucesivas crisis padecidas, es la vía por la que debe discurrir el contrato
social que se tiene que afirmar ideológica y materialmente entre las fuerzas de
progreso y el grueso de las personas que pertenecen a la comunidad estatal de
España. Donde el discurso político manifiesta el respeto democrático y se
confronta, en este terreno, con el discurso de parte, parcial y partidista, de las
fuerzas que defienden el privilegio económico y la subordinación cultural y
social de la mayoría de la población.
3 comentarios:
Paco Rodríguez de Lecea
Acabo de ofrecer en FB, reciclada en tres secuencias, mi visión personal de la crisis griega de 2014-15. A mi entender se desprenden de aquello algunas lecciones sobre la democracia asediada; una de ellas, seguramente la más importante, es el torpedeamiento de la convivencia, la negación de los acuerdos (las "sinfonías" en griego) y las síntesis, y el apogeo de las banderías. En aquella batalla dialéctica se "distinguieron" nuestras derechas. Ahora van mostrando lo que aprendieron. No nos merecemos las derechas que tenemos, Pedro Flinstone. Y gracias por las repetidas menciones. Nos vemos cualquier día, en el otoño, en la presentación de mi libro editado por Bomarzo. Un abrazo.
Livina Fernández Nieto
A lo mejor es que yo soy muy simplona, maestro, pero quienes votan a la ultraderecha y a la extrema ultraderecha no se plantean estas cosas.
Cristina Regueira
Niegan la mayor y la menor.. no entienden de democracia diálogo o responsabilidad.. solo de pasta y hasta mienten en los juzgados! De qué estamos hablando y eso lo.hacen desde la cosa máa cotidiana a la más gorda. Mal esto va muy mal!
Publicar un comentario