SOBRE LA PROYECTADA REFORMA DE LAS PENSIONES. HABLA JOAQUIN APARICIO

 

Hace dos días fue noticia de cabecera de los periódicos el acuerdo a varias bandas (con la Comisión Europea, entre los miembros de la coalición de gobierno) y el posible en el seno del diálogo social con los sindicatos confederales y el asociacionismo más representativo español, sobre la reforma del sistema de pensiones que pivota fundamentalmente sobre el aumento de ingresos al sistema y no sobre el recorte del gasto, es decir, de prestaciones, como suele ser habitual y constituía el leit motiv de las instrucciones económicas que mantenían las instituciones financieras centrales y policy makers más cotizados, en la senda del neoliberalismo dominante. El proyecto de reforma ha sido muy mal recibido por la derecha política española, que ha hecho lobby en Bruselas para forzar el recorte de prestaciones para luego explotar este malestar cara a las elecciones, y la derecha económica ha puesto el grito en el cielo ante la perspectiva redistributiva que este proyecto quiere llevar adelante. Joaquin Aparicio comenta en exclusiva para este blog el significado fundamental del eje de esta reforma del sistema de cotización. Una explicación clara y contundente, que convendría fuera conocida y debatida por doquier.

 

COTIZAR POR LO QUE SE GANA NO ES “VORACIDAD RECAUDATORIA”, ES JUSTICIA

 

Joaquín Aparicio Tovar

Catedrático Emérito Universidad de Castilla-La Mancha

 

El acuerdo del Gobierno de coalición con la Comisión Europea para la reforma de las pensiones que por primera vez encara la sostenibilidad del sistema no desde el recorte de prestaciones, como se hizo en la reforma de 2013 del PP, sino desde el  aumento de los ingresos para no reducir la cuantía de las pensiones, debería ser recibido por todos los agentes sociales con un sincero apoyo, pero no ha sido esa la reacción de la CEOE, que, sin embargo, ha centrado sus ataques en el aumento de las bases de cotización de los salarios más altos con el calificativo de “voracidad recaudatoria”, más propio de exabrupto de clientes en establecimientos de hostelería del barrio Salamanca de Madrid, que de un documento de una organización con un papel constitucional tan relevante.

 Aunque sean muy sabidas, parece que es necesario aclarar ciertas cosas, como que la Seguridad Social, que es quién garantiza las pensiones, es una fenomenal institución puesta en marcha por el Estado para llevar a cabo la solidaridad en su territorio y hacer posible una auténtica ciudadanía. Solidaridad intergeneracional (jóvenes con viejos) e intrageneracional (sanos con enfermos, empleados con desempleados, etc…) que precisa movilizar grandes recursos económicos. Esos recursos tanto pueden venir, entre otras fuentes menos importantes, de los impuestos generales o de cotizaciones calculadas sobre salarios. En nuestro país, como en otros, la mayoría se obtienen a partir de cuotas calculadas sobre los salarios, si bien ni la Ley General de la Seguridad Social ni las vigentes recomendaciones del Pacto de Toledo cierran la puerta a una mayor proporción de lo recaudado por impuestos. Para que la solidaridad no sea una palabra vacía es necesario que todos los recursos vayan a una caja común de la que saldrán las prestaciones para las distintas contingencias (invalidez, jubilación, prestaciones familiares, etc…), poniendo en práctica una redistribución de rentas desde los que más a los que menos tienen, porque es obvio que los que poco tienen poco pueden aportar y si de solidaridad se trata no puede haber una relación sinalagmática directa entre lo aportado y lo recibido, es decir, tanto has aportado tanto recibes, que es propio del seguro mercantil. Si así fuese los más pobres no saldrían de la miseria y se difuminaría el fin al que tiende la Seguridad Social, cual es la igualdad real que hace posible la ciudadanía.

Las bases de cotización se calculan de acuerdo al salario que perciben las personas trabajadoras, pero esa regla se rompe cuando el salario supera los 4.495,50 € al mes, que es la base de cotización máxima. A partir de esa cantidad ya no se aporta nada a la Caja Común de la Seguridad Social, es decir, para quien tenga un salario de 1.500 € al mes se le calculará su aportación sobre el cien por cien de lo que gana, mientras que quien gane 8.991 € aportará sobre el cincuenta por ciento. Los que menos ganan son más solidarios que los que más, una evidente injusticia que no se mitiga con el argumento de que las pensiones máximas están topadas, pues recordemos que no hay relación sinalagmática entre lo aportado y lo percibido.

La reforma pactada con la Comisión Europea prevé que entre 2024 y 2050 las bases de cotización máximas irán subiendo lo mismo que el IPC más 1,2 puntos y, además, habrá una cuota de solidaridad del 1% en 2025 que irá subiendo un 0,25% hasta el 6% en 2045. No parece que sea excesivo y desde luego es mucho más justo, por lo que no se entiende que la CEOE y sus secuaces políticos de la derecha digan que asfixiará a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas, e impedirá la creación de empleo. Ojalá hubiera muchas empresas pequeñas y medianas que pagasen salarios superiores a los 4.495,50 €. Es claro el sentido de las críticas. Se trata de favorecer a las grandes empresas y los trabajadores mejor pagados y a los fondos de pensiones de capitalización individual ya que aquellos son el caladero donde echan sus redes los bancos que gestionan esos fondos de pensiones. Lo que pasa es que esa canción suena a vieja, lo mismo dijeron con la subida del salario mínimo y ahí están los datos del empleo para desmentir ese catastrofismo.