Es
conocida la atención que desde los países de América Latina se sigue las
evoluciones que sufren los marcos institucionales que regulan las relaciones
laborales en los países europeos y en especial en España. A partir de la crisis
sanitaria global provocada por el Covid, el impulso reformista que se puso en
pie en nuestro país conocido como “escudo social” y que se habría de plasmar en
la reforma laboral llevada a cabo por el RDL 32/2021, ha sido especialmente
valorado tanto en los países americanos con gobiernos progresistas como en el
discurso legitimador y alternativo de las fuerzas políticas y sindicales
opuestos a los gobiernos conservadores o, como en el caso de Argentina,
claramente situados en el llamado libertarismo autoritario. Las visitas
oficiales de la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Diaz
y del secretario de estado Joaquín Pérez Rey a algunos de estos países,
o a las cumbres mundiales convocadas en la región, atestiguan la atención a las
reformas laborales efectuadas asi como el interés por las que se están
impulsando en nuestro país.
Una muestra evidente de este
impacto se ha podido comprobar en la reciente visita de Pérez Rey a
Chile, que se ha desarrollado los días 1 a 3 del presente mes de octubre.
Motivada en principio por la convocatoria en Santiago del III encuentro de la
Red Iberoamericana de Inspección de Trabajo, una iniciativa impulsada por el
Ministerio de Trabajo y Economía Social español para establecer un sistema de
inspecciones de trabajo que operen de manera eficaz y coordinada en los diferentes países de la región y que
puedan compartir sus experiencias, en esta reunión se discutió sobre la
necesidad de afrontar nuevos retos en un
entorno laboral cambiante como el trabajo a distancia, el trabajo no declarado,
la protección de las personas trabajadoras autónomas o la salud mental, y se
adoptó una declaración para elaborar campañas regionales conjuntas por parte de
las inspecciones de trabajo, asi como para estudiar la colaboración entre las
Inspecciones de Trabajo con las fiscalías de sus respectivos países. A esta
reunión asistió la ministra de Trabajo y de Previsión Social de Chile, Jeanette
Jara, además del director de la Organización Internacional del Trabajo para
el cono sur de América Latina, Fabio Bertranou. Previamente, el
secretario de Estado departió en la oficina de la OIT en Chile con alguno de
sus integrantes y mantuvo una larga conversación con Juan Somavía, ex director
general de la institución bajo cuyo mandato se aprobaron la declaración sobre
los Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo en 1998 y se acuñó el
término hoy imprescindible de “trabajo decente”.
Pero además este encuentro
coincidía con el centenario de la creación de la Dirección de Trabajo, creada
en 1924 como órgano de fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral,
a lo que posteriormente se incorporó la potestad para fijar, a través de
dictámenes, el sentido y alcance de las leyes de trabajo; la divulgación de los
principios técnicos y sociales de la legislación laboral, la vigilancia del
funcionamiento de los organismos sindicales y de conciliación; y, por último la
realización de acciones para prevenir y resolver los conflictos del trabajo. Es
en definitiva un órgano central en la determinación de la dirección de las
políticas en torno al trabajo y a la regulación legal de las mismas que efectúa
el gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La
importancia de este organismo, definido como servicio público, en la época de
la Concertación entre 1994 y 2004 está ligada a la figura de Maria Ester
Feres, abogada y militante socialista fallecida en 2021 y que fue una
querida amiga para quienes la frecuentamos durante casi veinte años.
A partir de la victoria del
presidente Boric, la Dirección de Trabajo desde abril de 2022 está
desempeñada por el abogado Pablo Zenteno, militante del Partido
Comunista de Chile, y director de la Fundación del Instituto de Estudios
Laborales, dependiente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que ha sido
quien ha llevado a cabo un importante esfuerzo para la modernización y
democratización de las relaciones laborales en aquel país, a través de la
elevación del nivel formativo de los delegados territoriales y demás funcionarios
de este organismo, destacando en su esfuerzo por conducir finalmente a un
cambio legislativo que posibilite la negociación colectiva sectorial o
multinivel, con un amplio proceso de discusión y debate entre expertos, siempre
en la idea de garantizar el ejercicio pleno de la libertad sindical, y el
diálogo social entre los interlocutores sociales y la administración.
Con motivo de la realización de
la citada reunión Iberoamericana de Inspecciones del trabajo, en Santiago de
Chile, concebida como uno de los actos de celebración de los 100 años de la
Dirección del Trabajo de Chile, tuvo lugar la Charla magistral ofrecida por el
secretario de Estado del trabajo de España Joaquín Perez Rey, denominada
“REFORMAS LABORALES Y NEGOCIACION COLECTIVA EN ESPAÑA”, en donde expuso las líneas
generales de la reforma laboral de 2021, con especial énfasis en las materias
de negociación colectiva, y conectó este impulso reformista con el diálogo
social como método de aproximación a la creación del derecho en las materias
laborales. Puso en valor la larga negociación que se está efectuando ahora con
la patronal y los sindicatos en torno a la reducción de la jornada de trabajo,
un tema que en Chile ha ganado también una gran relevancia con la Ley 21.561
que reduce gradualmente la jornada laboral hacia las 40 horas semanales sin
pérdida de salario correlativa.
Esta charla magistral fue
ofrecida en la sede la histórica Central Unitaria de Trabajadores de Chile,
ante la presencia de más de 150 dirigentes sindicales y un número significativo
de abogados laboralistas comprometidos con los desafíos sindicales. La
intervención fue seguida de un panel dedicado justamente al debate actual en
torno a la modificación de la negociación colectiva y tuvo por objeto reflexionar
sobre la negociación colectiva multinivel. Estuvo integrado por el
subsecretario del trabajo de Chile, Giorgio Boccardo, David Acuña,
presidente de la CUT chilena y el propio Joaquin Pérez Rey. El foro fue
moderado por Luis Villazón, jefe del departamento de Relaciones
Laborales de la Dirección del trabajo de Chile, que en este año ha participado
en el Curso para Expertos Latinoamericanos organizado en la UCLM en su centro
de Toledo. Esta clase y el foro consecutivo fue saludado al inicio con las
palabras del Director del Trabajo de Chile, Pablo Zenteno, también gran
amigo y compañero del colectivo de profesores de la UCLM, en alguna de cuyas
actividades – el Curso de Expertos Latinoamericanos en Relaciones Laborales de
Toledo – participó el año pasado.
Además de este importante acto,
revelador del interés que el caso español y su actividad de reformas despierta
entre el sindicalismo, los operadores jurídicos y los propios funcionarios de
la Dirección de Trabajo de Chile, al día siguiente se organizó una conferencia
en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, siempre en Santiago. La
mesa, moderada por la profesora de Derecho del Trabajo de esa Universidad, Pamela
Martínez, estaba compuesta por Claudia Rodrigo, profesora del Departamento
de Derecho del Trabajo y doctora por las universidades de Salamanca y de Chile,
que propuso un marco teórico general al tratamiento del derecho al trabajo y la
estabilidad en el empleo, a la que siguió la intervención de Joaquín Pérez
Rey en la que expuso las reformas efectuadas en el ámbito del empleo –
desde el mantenimiento del empleo durante la crisis sanitaria, la imposición de
mecanismos de ajuste temporal de empleo para evitar despidos, hasta las
políticas activas previstas en la Ley de empleo de 2023, finalizando con la
necesidad de abordar el tiempo de trabajo y su disminución como un elemento
clave de la propuesta reformista, una propuesta por cierto que requiere ritmos
menos rápidos que los que se tuvieron que arbitrar en la situación de
excepcionalidad social ante la fragilidad de los apoyos parlamentarios con los
que cuenta el gobierno. El aula estaba llena de estudiantes, además de algunos
profesores de derecho laboral, y obtuvo como es previsible, una gran acogida.
Al terminar el acto, las profesoras presentes y Pérez Rey mantuvieron un
almuerzo informal con Daniela Marzi, magistrada y presidenta del
Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho del trabajo en la Universidad
de Valparaíso.
En síntesis, la atención de los especialistas
en derecho laboral y del funcionariado que administran las relaciones
colectivas de trabajo y fiscalizan el cumplimiento de la normativa laboral, y
muy especialmente, de los sindicalistas
y asesores sindicales, a las novedades legislativas y el propio tipo de intervención
normativa por el mantenimiento de un trabajo seguro y estable que se está
produciendo en España, con un reflejo muy positivo en las estadísticas sobre el
empleo, la ocupación y el crecimiento económico, denota el impacto positivo que
estas políticas tienen en países tan importantes como Chile. Posiblemente hacer
conocer los resultados logrados y señalar a su vez los problemas y resistencias
que este tipo de políticas plantea, proporciona más solidez a este interés por
el tratamiento comparado de ambos países y la relevancia de la propuesta de
cambio político centrado sobre la mejora de las condiciones de trabajo, que a
su vez, como enseña la experiencia española, aumenta las posibilidades de una
mayor participación democrática de los ciudadanos y ciudadanas que trabajan y
viven de su salario.
