LA RELEVANCIA DE LA DIMENSIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL PARA EL SINDICALISMO ESPAÑOL

 

Este Primero de Mayo ha puesto de manifiesto la importancia que la dimensión internacional y europea tiene para la acción sindical. Salvo para el sindicalismo mayoritario vasco, ELA-STV y LAB, que privilegió como lema de su manifestación una reivindicación estrictamente local sobre un salario mínimo para Euskadi, tanto los sindicatos más representativos a nivel estatal, CCOO y UGT como el sindicalismo nacionalista gallego de CIG, contemplaron de manera prevalente la dimensión internacional y europea frente a la cual establecieron sus consiguientes reivindicaciones laborales y políticas. (Una mirada comprensiva e instructiva sobre esta efeméride la ofrece el Directorio de la página NET21 en su muy recomendable entrada https://www.net21.org/celebremos-el-primero-de-mayo-conquistas-y-derechos-del-presente-continuo/)

El internacionalismo es siempre la condición de procedibilidad del 1º de mayo. En este caso la defensa y solidaridad del sindicalismo con el pueblo palestino, objeto de una sucesión ininterrumpida de crímenes de guerra por parte del ejército israelita y que sufre la vulneración plena del derecho humanitario y acto claros de genocidio llevados a cabo de manera consciente y decidida por el estado de Israel, se imponía de manera urgente, más aún ante la protección de este colonialismo criminal y genocida por parte de la administración de los Estados Unidos y la complicidad y el silencio de la Unión Europea, que carece de legitimidad para hablar de defensa de los derechos humanos ante su inacción frente al genocidio israelita del pueblo palestino.

Junto a ello, la necesidad de volver a insistir en favor de una paz justa y duradera en Ucrania y, de manera novedosa, la nueva actitud del presidente Trump provocando con su errática política arancelaria una guerra comercial de posibles consecuencias nefastas para varios sectores económicos españoles asi como su posicionamiento agresivo respecto de la propia Unión Europea, a la que considera un conglomerado político y económico creado para competir con Estados Unidos y  reivindica la anexión, incluso con medios militares, de territorios europeos como Groenlandia. A ello se une su rechazo a seguir financiando y manteniendo militarmente la OTAN si no hay un esfuerzo de sostenimiento económico e industrial europeo que revierta en la producción armamentística norteamericana.

Aunque la presidencia USA – como también la rusa, por motivos convergentes – prefieren contemplar su relación internacional de manera bilateral con cada uno de los Estados miembros, ignorando, quizá con razón, la existencia de una política exterior común de la Unión Europea, es evidente que estos acontecimientos afectan de lleno a la economía y a la sociedad europea y por tanto interpelan directamente a la Unión en la respuesta a los mismos. Respecto de la política arancelaria, la tregua de tres meses de Trump está permitiendo entablar algunas negociaciones de cuyo resultado final nada se sabe por incierto, y en cuanto a la agresividad política y militar, la respuesta de la Unión Europea ha resultado plenamente decepcionante. En efecto, la Comisión Von der Leyen II ha abordado las presiones de la OTAN y de Trump desde la necesidad de lograr una autonomía estratégica que identifica con la capacidad militar europea y la construcción de un espacio común de defensa y seguridad y por tanto a situar como eje de la contestación a esta situación el rearme y la inversión en la industria militar en una suerte de keynesianismo bélico.

Esta postura había sido precedida, como la mayoría de las decisiones importantes sobre la gobernanza europea, por Alemania. Como explica Agustin J. Menéndez, Managing Editor de la revista European Law Open, publicada por la Universidad de Cambridge y una de las publicaciones más serias y rigurosamente críticas sobre el derecho europeo, (del que este blog ya dio en su momento cumplida noticia hace casi tres años https://baylos.blogspot.com/2022/06/una-nueva-revista-de-derecho-europeo.html ), la constitución federal alemana había incorporado en 2009 el llamado “freno a la deuda” (Schuldenbremse) por iniciativa de la canciller Merkel que limitaba el endeudamiento nacional de Alemania y estipulaba por ley cuánto nuevo endeudamiento pueden contraer el gobierno federal y los gobiernos de los estados federados, es decir una cláusula que luego el BCE y la Comisión europea exportó a otros países obligando a la reforma constitucional como sucedió con la que alumbraron PSOE y PP modificando nuestro actual art. 135 CE. En esta ocasión, tras las elecciones de febrero y nada más anunciarse la “gran coalición” liderada por el democristiano Merz, se llegó a un acuerdo, luego abierto a Los Verdes, en el que se reformaba el “freno a la deuda” de la Constitución en un doble sentido. En primer lugar, se establecía una excepción permanente, toda la deuda contraída en defensa y seguridad que supere el 1% del PIB quedará exenta del límite fijado por el freno de la deuda. A ello se suma una excepción temporal, que será posible gastar durante un período de 10 años 500.000 millones de euros en infraestructuras, de los que 100.000 millones se dediquen a lograr la neutralidad climática en 2045. Un tercer límite consistió en que la quita de la deuda se relajará de alguna manera en su aplicación a los Estados federales, que podrían registrar déficits estructurales mayores. La reforma se aprobó in extremis por el parlamento alemán de la “vieja mayoría” en marzo de 2025, sin esperar a la formación del nuevo, producto de las elecciones de febrero.

“Estas transformaciones, no por casualidad, se produjeron al mismo tiempo que la Comisión Europea concretaba sus propuestas para facilitar el rearme masivo de los Estados miembros de la Unión Europea”, lo que Von der Leyen concretó en “un gasto conjunto del orden de 150.000 millones de euros” y, ante todo en “ la activación coordinada de las cláusulas nacionales de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (antiguo artículo 26 del Reglamento 1263/2024), de modo que los Estados miembros pudieran aumentar su gasto en defensa y seguridad en (por el momento) un 1,5% del PIB cada año”[1]. Se trata por tanto de un cambio en las reglas fiscales recién aprobadas en la Unión Europea que ahora pueden de nuevo suspenderse pero funcionalizadas a los gastos en defensa y seguridad por un tiempo “razonable”, pasado el cual cada estado miembro deberá hacer los oportunos ajustes destinados a lograr el “equilibrio presupuestario”. Lo dice textualmente la Comisión de la Comisión: “La flexibilidad prevista en la cláusula de salvaguardia nacional para los gastos de defensa estaría disponible durante un período de cuatro años, a partir de 2025. Dada la urgente necesidad de aumentar sustancialmente los gastos de defensa, teniendo en cuenta al mismo tiempo el tiempo necesario para llevar a cabo los proyectos de inversión en defensa, parece apropiado un período de cuatro años para la transición a un nivel estructuralmente más elevado de gastos de defensa. Después de ese período, los Estados miembros tendrían que mantener el nivel de gasto más elevado mediante re-priorizaciones graduales dentro de sus presupuestos nacionales, para salvaguardar la sostenibilidad fiscal”[2].

Es obvio señalar que esta forma de abordar el futuro inmediato de la Unión Europea ha sido valorado por CCOO y UGT como una decisión equivocada e improcedente. Expresamente Unai Sordo ha afirmado taxativamente en un artículo en El País que “la canalización de ingentes partidas presupuestarias para socorrer la renqueante industria central europea bajo el epígrafe de rearme, y el descuido del concepto global de la autonomía estratégica, puede ser el gran error de la Unión Europea”[3]. Por eso es incorrecto proponer, como ha hecho Pepe Álvarez, en el contexto de la decisión del presidente del gobierno español de aumentar el presupuesto en gastos de defensa hasta el 2% del PIB que este tema se traslade a la creación de un impuesto para la defensa a nivel europeo, porque esta sugerencia viene a aceptar la necesidad del rearme, lo que contradice precisamente la reivindicación sindical conjunta de centrar su proyecto para Europa en reforzar la “autonomía estratégica” de la Unión como fórmula de mantenimiento de un presupuesto plurianual potente que garantice la soberanía energética y tecnológica, favoreciendo las transiciones pendientes en materia digital y sostenible y fortaleciendo el pilar europeo de derechos sociales como clave de este impulso.

Es decir, autonomía estratégica “es mucho más que política de seguridad y política de seguridad es mucho más que política de defensa”, y por tanto para el sindicalismo es menester cambiar de registro ante la ofensiva geopolítica que propulsa Estados Unidos y el gobernador del mundo en el que se ha erigido su presidente – que a ratos le gusta presentarse como héroe estelar y a veces como sumo pontífice en su perfil de X -. “Necesitamos un plan común de inversión. Un Fondo Europeo que apuntale la autonomía de la Unión. En el plano social y de reducción de las desigualdades; en el refuerzo industrial y de transición energética reduciendo la dependencia exterior; en la investigación y la innovación digital; en definir acuerdos concesionales para la provisión de materias primas estratégicas; en la protección del desempleo y otras contingencias; y también en la política exterior y de seguridad y defensa comunes que autonomice las posiciones geoestratégicas de la Unión, haga todos los esfuerzos posibles por alejar la guerra, y sea consciente de la multipolaridad del mundo en el que ya estamos y, sobre todo, del mundo al que vamos”[4].

El rearme es la opción vencedora de los países de la Unión que frente a la agresión rusa entienden que la guerra convencional con aquel país es inminente, como Finlandia o Polonia. Y para ello justifican ese giro inédito en los valores esenciales sobre los que se funda la Unión Europea sobre la necesidad de una defensa militar en torno a una industria militar potente, reduciendo a esta visión puramente armamentista el concepto de autonomía estratégica que tiene aplicaciones mucho más importantes, en especial en el tema de dependencia  energética, de las cadenas transnacionales de suministro de bienes y servicios y en muchas de sus consecuencias laborales, como la deslocalización de empresas o la protección del desempleo producto de la guerra comercial.

No puede haber un retorno a las políticas de austeridad – la austeridad 2.0 que denuncia la Confederación Europea de Sindicatos – ni cabe abrir la vía hacia un keynesianismo bélico como única forma de suspender las reglas fiscales de la gobernanza económica. La ignorancia del valor fundamental que sostiene Europa, la democracia social y la consecución de un marco institucional estable de derechos básicos asociados al trabajo, implica mantener los elementos políticos que se hicieron realidad en el período de la pandemia y que posibilitaron los planes de estabilidad y crecimiento que han logrado un incremento importante del bienestar de amplias capas de la población. Es cierto que la defensa de la Europa Social – ese constructo del que Mario Draghi llegó a afirmar que “había muerto” en el 2012 – requiere cambios importantes en la estructura de la gobernanza europea y en los propios Tratados, por el momento de difícil realización. Pero sí cabe la cooperación reforzada entre los países que asi lo requieran en torno a esta noción compleja y enriquecida de la autonomía estratégica y la sostenibilidad social.

La perspectiva sindical actual compromete su actuación de manera intensa con la situación política en la que se encuentra la Unión Europea y debe interactuar con los sujetos políticos y sociales que intervienen en defensa de un reforzamiento de los derechos sociales y laborales y de las políticas que garantizan la seguridad de la existencia de las clases subalternas en sus países miembros. En la idea segura que el despliegue del garantismo y la ampliación de los derechos de la gente trabajadora es la única opción que da la seguridad de mantener un futuro democrático en Europa, hoy amenazado fuertemente por la agresividad del unilateralismo norteamericano y el crecimiento electoral de la ultraderecha que une al autoritarismo político y social una consideración claramente neoliberal de las relaciones de trabajo.

Cooperar y extender esta visión sindical y política es ahora sin duda un empeño de primer orden para todas las personas que vivimos en Europa.

 

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[1] Agustin J. Menéndez, “Editorial: rewriting the German fundamental law in a blitz”, European Law Open (2024) 3, pp. 687-704

[2] COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Integración del aumento de los gastos de defensa en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, 19.3.2025, C(2025) 2000 final, 6, https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/a57304ce-1a98-4a2c-aed5-36485884f1a0_en

[3] Unai Sordo, “¿Autonomía estratégica o keynesianismo bélico?”, El País, 25.04.2025

[4] Unai Sordo, “¿Autonomía estratégica…?”., cit.