UN PRIMERO DE MAYO ESPECIAL

 

Se avecina un primero de mayo en España precedido de circunstancias extraordinarias como el gran apagón del lunes 28 de abril que ha paralizado la vida del país pero que se ha resuelto con una gran tranquilidad ciudadana y sin los incidentes o alteraciones de la seguridad ciudadana que algunos temían (en algunos casos deseaban). La paralización del transporte ferroviario tanto interurbano como urbano permanece aún si bien la situación de excepcionalidad social y económica ha sido encauzada en líneas generales. Se han activado las sedes sindicales como espacio de información y consulta y se ha recordado los derechos que asisten a las personas trabajadoras a no acudir al trabajo o a teletrabajar en el caso de que fuera posible. En ese contexto de incertidumbre, CCOO y UGT han convocado manifestaciones en todas las comunidades autónomas y capitales de provincia – más de 50 ciudades -  en las que destaca la colocación de la situación española en el contexto internacional junto con la reivindicación de dos elementos centrales en la conformación del marco institucional de las relaciones de trabajo: la reducción de jornada laboral y la reforma del despido.

“Las organizaciones sindicales CCOO y UGT, firmemente comprometidas con un sindicalismo internacionalista, solidario y transformador, reafirmamos en este 1º de Mayo nuestro compromiso con la cooperación intersindical y la defensa de los derechos laborales y sociales en todo el mundo. En un contexto global de profundas transformaciones, reivindicamos el sindicalismo como herramienta esencial para construir sociedades más justas y democráticas”. Este es el arranque del manifiesto de los dos sindicatos confederales, que continua reivindicando la solidaridad con los pueblos que sufren ocupación, represión y guerra, lo que implica la repulsa del mantenimiento de la guerra en Ucrania, y una enérgica condena sobre la limpieza étnica y el genocidio que el estado de Israel está haciendo en Gaza, asi como la complicidad de las autoridades del llamado mundo democrático que siguen permitiendo la violación continua del derecho internacional humanitario por el gobierno de Netanyahu, expresando finalmente la solidaridad con el pueblo palestino y la necesidad de reconocimiento pleno de ese Estado conviviendo en paz con el de Israel.

Respuesta a la subida de aranceles y autonomía estratégica en la UE no sometida al rearme.

Pero a continuación el manifiesto incide en un elemento que preocupa de manera especial a las organizaciones convocantes, la necesidad de que la Unión Europea de una respuesta “firme y coordinada” a la subida unilateral de los aranceles por parte de la presidencia Trump. El manifiesto no avanza mucho más en esta cuestión, más allá de reiterar la necesidad de fortalecer el espacio de acción política de la Unión Europea, fuente de ataques tanto de la extrema derecha como de la administración norteamericana, y promover “políticas expansivas que creen empleo de calidad a través del refuerzo industrial, de la transición energética y la innovación digital”. No se aborda sin embargo en el texto un elemento central en el devenir actual de la política europea que es la reacción frente al abandono de la tutela norteamericana de la OTAN y la propuesta de la Comisión Von der Leyen del rearme. Una cuestión frente a la cual han tomado posición los dirigentes sindicales en varias intervenciones personales ante la prensa.

Así, para Unai Sordo, esta estrategia de rearme y el incremento del presupuesto de defensa hasta el 2% que ha anunciado el presidente Sánchez “es una visión y una estrategia errática, insuficiente y equivocada. No porque Europa no tenga que asumir desafíos en materia de seguridad e incluso en defensa, producto de la nueva posición mundial que está jugando Estados Unidos, sino porque lo que hay que reforzar en Europa es su autonomía estratégica”, una noción que “apela a la energía, a reforzar los elementos de soberanía industrial y también al modelo de seguridad”, que no puede confundirse con el incremento de los presupuestos de armamento cada estado miembro para defenderse de un supuesto ataque convencional del ejército ruso, sino una redefinición de la estrategia global en este aspecto. Por otro lado, para el secretario general de CCOO es posible que en una primera fase este incremento presupuestario militar no suponga recortes en el gasto social, pero si en el medio y largo plazo. Por su parte, Pepe Álvarez, preguntado sobre este asunto, cuestionó la dedicación europea a la política de rearme, que debe ser industrial y tecnológica y de desarrollo para el conjunto de la UE, reiterando el concepto amplio de autonomía estratégica no focalizado en el gasto militar, y que “incluso se plantee un impuesto con carácter general para todos los ciudadanos de la Unión Europea que pueda financiar esa política”.

Ambos posicionamientos, contra los efectos negativos para la economía española que puede suponer la determinación unilateral de la subida de aranceles pro la administración USA – que requeriría en nuestro país, también en opinión de Unai Sordo, un pacto de estado con repercusión en los presupuestos para el año 2025 – demuestran la importancia que ha cobrado para el sindicalismo español, esta dimensión europea en la que ha de jugar la determinación de políticas sociales y económicas fundamentales en el inmediato futuro. Un respaldo al proyecto europeo “como pilar de democracia social, convivencia y progreso”- como sintetiza el Manifiesto conjunto del 1º de Mayo - en el que además habrá de estar atentos a las señales que en este mismo nivel supranacional vengan dadas respecto del plan de acción del desarrollo del Pilar Europeo de Derechos Sociales cuya adopción se ha retrasado hasta el último trimestre del 2025.

La utilización alternativa del concepto de autonomía estratégica, que debe suponer una remodelación de esta en términos industriales, tecnológicos y sostenibles, poniendo en primer término la sostenibilidad social – lo que por ejemplo obliga a adoptar medidas eficaces contra la deslocalización de empresas a países terceros - colisiona, en el debate político español con las posiciones que manifiestan de manera más radical el rechazo pleno a la posibilidad del rearme y desde luego al incremento de presupuesto para el gasto militar. Se trata de una discusión en el espacio público muy interesante, y en donde desde luego caben las críticas a las posiciones del sindicalismo confederal – como la de otros sujetos políticos que convergen con matices en esta misma dirección – pero resulta preocupante que este debate se haya desplazado en declaraciones públicas y redes sociales hacia una deriva directamente antisindical, incluso con insultos calcados de los que prodigan los miembros de la ultraderecha, en la que la condición de “liberado sindical” se utiliza como un elemento denigratorio del discurso político que se critica, o se utilizan sin rubor elementos demagógicos en los que los sindicatos “asfixian a la clase trabajadora para lucrar a la industria armamentística”. Este emponzoñamiento del debate solo produce efectos negativos que oscurecen la posibilidad de informarse y conocer realmente los términos del mismo y cierra en falso la posibilidad de cohonestar un discurso pacifista y antibélico con un proyecto de recuperación europea en torno a una acción política decidida en torno a una estrategia económica, social y respetuosa de los derechos humanos y del derecho internacional que repudie el rearme programado como solución a la política de defensa en la Unión.

Reformas legales: reducción de jornada y despido

El segundo gran tema de la movilización se centra en la reforma del marco institucional de las relaciones laborales en dos puntos fundamentales. El primero, el de la reducción de jornada, objeto de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y ambos sindicatos, que ha sufrido varias vicisitudes tanto internas, con la resistencia del área económica del gobierno a aceptar lo pactado, como externas, buscando conseguir la mayoría parlamentaria exigida para poder sacar adelante el texto en un parlamento de difícil encaje ante el frente común de las derechas en el que Junts podría desempeñar un protagonismo fundamental. Tras el informe favorable del Consejo Económico y Social, alguna de cuyas aportaciones se tendrán en cuenta en el proyecto de ley, éste, que debía haber sido enviado por el Consejo de Ministros el martes 29 al Congreso, lo será en la reunión de este órgano de la semana próxima, iniciando asi su camino legislativo. Pero es evidente que sólo el ímpetu sindical puede impulsarlo a través de movilizaciones permanentes y selectivas, como la que tuvo lugar a comienzos de abril en Barcelona frente a la sede de Foment del Treball, la patronal más opuesta a esta reforma. Mientras tanto, la indeterminación sobre el resultado de este proceso está también repercutiendo en la negociación colectiva, renuente a tratar sobre salarios hasta que no se tenga la certeza sobre el marco regulatorio de la jornada y las condiciones del registro horario de la misma.

El segundo gran tema es el de la reforma del despido. Las reclamaciones colectivas de UGT y de CCOO han promovido sendas decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales que consideran que el sistema indemnizatorio que rige en España para el despido improcedente o injustificado no cumple los estándares de la Carta Social Europeo en cuanto a una reparación adecuada y disuasoria. Este será un nuevo tema que habrá que añadir al intercambio político en el seno del diálogo social, ante el que el asociacionismo empresarial es muy reticente, por entender que este tema del despido quedó fuera de la reforma laboral del RDL 32/2021 y que por tanto no debería “recuperarse” ahora, quedando anclado en el paradigma normativo que se estableció en en la reforma del 2012 y que se estima inmutable o más bien un elemento inmodificable y reacio a cualquier cambio legislativo en relación al coste del mismo. Por parte sindical, las opciones están abiertas – además de fomentar las medidas que amortiguan el recurso al despido, como los EREs o el empleo de flexibilidad interna contratada, la fijación de un suelo mínimo indemnizatorio con independencia de la antigüedad del trabajador, la reversión del derecho de opción, el restablecimiento de los salarios de tramitación, etc -  pero aun el poder público no ha precisado su propuesta, lo que posiblemente se efectúe después del verano.

Derecho a la vivienda, igualdad, salarios dignos

La movilización del 1º de mayo se cierra asimismo con la reivindicación del derecho a la vivienda como un componente social y político determinante de la seguridad de la existencia que debe tutelarse para toda la ciudadanía, y que tiene una especial incidencia entre la clase trabajadora y en las personas jóvenes de la misma. Avanzar en igualdad de género y combatir la violencia machista es también otro de los objetivos que recorren el manifiesto sindical. Pero hay otras muchas reivindicaciones sobre la mesa. Otra de las más relevantes, la salud laboral. La siniestralidad laboral ha aumentado un 10% y se debe acelerar la reforma de la ley de seguridad y salud en el trabajo, con la inclusión de enfermedades mentales como nuevas enfermedades profesionales y mejoras en prevención.

Un manifiesto que sintetiza en una frase final lo que se pretende llevar a cabo: “proteger lo conquistado y movilizarnos para ganar el futuro”. Es evidente que en el haber de lo logrado se encuentra el aumento del empleo indefinido, la subida del SMI y la reducción de la brecha salarial de género, entre otros muchos elementos de cambio legislativo y social producidos en los últimos cinco años. Pero la mejora de los salarios mediante la negociación colectiva y la adaptación al ordenamiento español de la Directiva europea sobre salarios mínimos, junto con las reivindicaciones señaladas sobre tiempo de trabajo y extinción del contrato principalmente, forman parte de ese futuro inmediato que el sindicalismo se obstina afanosamente en hacerlo presente para la gran mayoría de las personas que trabajan en este país.

Por ello, y por tantas cosas más, hay que salir a las calles este 1º de mayo del 2025. Allí estaremos.