LAS JORNADAS DEL GEJUR/CCOO EN ALBACETE: 25 Y 26 SEPTIEMBRE 2025

 

Desde su inicio, allá por el año 91 del siglo pasado, las Jornadas de Albacete que organizan el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO y la Facultad de Relaciones Laborales de la UCLM ha sido un evento importante para los laboralistas en donde se analizaban las últimas aportaciones legislativas y jurisprudenciales y se elaboraban las líneas de acción de los servicios jurídicos de CCOO y más en general de los abogados y asesores sindicales. Concitaban a su vez la presencia de gente de la magistratura – durante un largo período, hasta la llegada de Lesmes a presidente del CGPJ, fueron consideradas uno de los espacios de formación que recomendaba el CGPJ para jueces y magistrados del orden jurisdiccional social – y de profesores de universidad que encontraban en este espacio un lugar idóneo para verificar sus análisis críticos en relación con las políticas del derecho que elaboraba el sindicato.

Las Jornadas de Albacete se celebraban tradicionalmente antes del verano, primero en mayo, pero la progresiva concurrencia de jornadas y de congresos en ese mes las desplazó a junio. A su vez, una réplica de las mismas, en colaboración con la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, se efectuó en el invierno y en Madrid, una segunda cita obligada que prolongaba el formato de las Jornadas originales y que todavía tiene lugar. En esta ocasión, sin embargo, la cita tradicional de junio no se ha podido llevar a cabo ante la coincidencia con el 13º Congreso de la Confederación Sindical de CC.OO., por lo que excepcionalmente se ha trasladado a septiembre.

Esta es la 64ª edición, lo que da cuenta de la tradición y permanencia de este espacio de debate y de reflexión sobre el derecho del trabajo y de la seguridad social impulsado por el sindicato de CC.OO. Dirigidas por Francisco Gualda como responsable del Gabinete de Estudios Jurídicos de CC.OO. y Maria José Romero, Directora del departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la UCLM, las Jornadas se estructuran en torno al análisis imprescindible del contenido y de las consecuencias de la decisión de fondo del CEDS resolviendo la reclamación colectiva presentada por CCOO – que seguía a la que presentara UGT – declarando que el sistema de indemnización del despido improcedente fijado en nuestra legislación sobre la base de la antigüedad del trabajador, no se ajusta a lo establecido en el art. 24 de la Carta Social Europea revisada sobre la tutela que debe prestarse a la persona trabajadora en el caso de un despido ilegítimo. La exigencia por tanto de una indemnización adicional era la solución que habían comenzado a utilizar algunos juzgados y Tribunales Superiores de Justicia, pero una muy reciente sentencia del Tribunal Supremo ha considerado que esta indemnización adicional no procede y es inaplicable sin una modificación legislativa, generando una importante crítica doctrinal y sindical a dicho fallo (Puede consultarse en este enlace a nuestra página hermana NET21 en un comentario de Francisco Trillo https://www.net21.org/trampas-al-solitario-la-carta-social-que-no-acepta-el-tribunal-supremo/)

A ello se suman otros temas importantes de actualidad, desde la nueva conformación del acoso en el trabajo a partir de la ratificación del Convenio 190 de la OIT por el estado español, a la incidencia del cambio tecnológico sobre la extinción de las relaciones laborales, junto con dos temas relativos a la protección social: el análisis de la prestación por dependencia y su relación con el Ingreso Mínimo Vital, que es un tema sobre el que ha existido una cierta polémica incluso en las redes sociales, y las reformas en el sistema de pensiones y en los subsidios por desempleo, en particular la jubilación anticipada y el subsidio para mayores de 52 años, que han planteado asimismo importantes dudas interpretativas.

Este es el contenido de las Jornadas tal como aparece descrito en el folleto de presentación de las mismas. Al final de esta entrada se incorpora asimismo el enlace para la inscripción en las Jornadas. Un evento bien interesante, avalado por este blog.

Un objetivo permanente de estas Jornadas de Estudio es dar cuenta de las novedades normativas que van incidiendo en las relaciones laborales, así como el panorama de la intervención judicial en estos conflictos, a fin de ofrecer una visión descriptiva, pero también operativa para la defensa legal y la actuación sindical.

Queremos tratar diversos temas que serán analizados, desde una perspectiva crítica, pero igualmente práctica, por un conjunto de especialistas del ámbito de la Universidad, las profesiones jurídicas y del ámbito sindical.

En estos encuentros es esencial el DEBATE Y LAS APORTACIONES DE QUIENES ASISTEN desde el ámbito jurídico laboral y sindical, que contribuyen a clarificar las intervenciones y ponen en evidencia los enormes retos que supone, para la defensa legal y la actividad sindical, su aplicación en las relaciones laborales.

La intervención inaugural de Unai Sordo, Secretario General de CCOO, marcará el posicionamiento estratégico del sindicato ante las reformas necesarias para garantizar una verdadera protección frente al despido.

En esta ocasión, el programa se articula en torno a cuatro grandes ejes:

1. La protección frente al despido y la exigencia de una reparación adecuada.
   Desde el análisis de la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales hasta el papel del Tribunal Supremo, se debatirá sobre las indemnizaciones, los perjuicios no resarcidos, la prueba del daño en el ámbito público y los problemas estructurales de la readmisión.

Participan:

• Garbiñe Biurrun, Presidenta de la Sala Social del TSJ del País Vasco
• Carmen Salcedo, Catedrática y miembro del Comité Europeo de Derechos Sociales
• Antonio Baylos y Francisco J. Gualda como moderadores de debate
1. La eficacia internacional de los derechos sociales y los incumplimientos del Estado español. Se expondrá el alcance jurídico de la Carta Social Europea y las decisiones del CEDS, así como la posición de los altos tribunales españoles ante su aplicabilidad.
2. La protección social en nuevos escenarios. Se analizarán las dificultades en el acceso y garantía de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital o el Sistema de Dependencia, y el control judicial de la extinción contractual como mecanismo de exclusión.

Participan:

• Rafael López Parada, Magistrado del Tribunal Supremo
• Eva Urbano Blanco, Directora del Gabinete Jurídico Confederal de CCOO
3. Violencia y acoso en el trabajo: aplicación del Convenio 190 de la OIT.
   Se abordará la interpretación del acoso laboral desde la perspectiva del C190, el artículo 26 de la Carta Social Europea y la garantía de indemnidad.
   Participan:
• María Luisa Segoviano, Magistrada del Tribunal Constitucional
• Carolina Vidal, Secretaria Confederal de Mujeres e Igualdad

Además, la jornada del viernes 26 ofrece dos mesas de especial interés:

Mesa 1: Extinción del contrato y transformación digital. En esta mesa se abordan los nuevos desafíos que plantea la transformación digital en los procedimientos de extinción contractual, tanto individuales como colectivos.

Se analizarán los efectos de los sistemas de control digital en el despido, los problemas de transparencia en el uso de la inteligencia artificial y los espacios de participación sindical, y el impacto sobre las garantías del período de consultas en despidos colectivos, todo ello en un contexto donde la accesibilidad a la información algorítmica se convierte en condición esencial para la tutela efectiva de los derechos.

Participan:

o   Javier Pacheco Serradilla, Secretario Confederal de CCOO de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas.

o   (Experta del ámbito jurídico-laboral pendiente de confirmación).

 

• Mesa 2:  Panorama de protección social

La segunda mesa se centra en el análisis del sistema de protección social desde una perspectiva actual y crítica, incluyendo los debates abiertos en torno a la jubilación parcial en el empleo público, las nuevas reformas del nivel asistencial por desempleo introducidas por el Real Decreto-ley 2/2024, y la situación actual del complemento de pensión por brecha de género, en el marco del principio de igualdad y corresponsabilidad.

Intervienen:

o   Carlos Bravo Fernández, Secretario Confederal de CCOO de Protección Social y Políticas Públicas.

o   Jaime Cabeza Pereiro, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Universidad de Vigo).

o   María José Romero Rodenas, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (UCLM), Directora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, como presentadora y moderadora del debate.

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN.

·       Afiliación, organizaciones y personal CCOO: (90 €, IVA incluido).   

·       Otros asistentes: 210 € (IVA incluido).

La cuota comprende la asistencia presencial a las sesiones, entrega de publicaciones, resumen de las intervenciones y la cena del día 25 ofrecida por la organización.

      Ingreso en cuenta: ES46 2100 2185 4413 0037 1126

 

Boletín de inscripción ONLINE: ACCESO.

Una vez cumplimentado el boletín de inscripción, se deberá enviar el comprobante del pago de la cuota a la siguiente dirección: estudiosyformacion@ccoo.es

 

 

                          

DESHUMANIZACIÓN, CRÍMENES DE GUERRA, GENOCIDIO: LA COTIDIANEIDAD DEL TERROR EN PALESTINA

 

Ya estamos acostumbrados. Todos los días se repiten las escenas de terror y masacre de la población palestina: niños, ancianos, mujeres y hombres. Destrucción de escuelas, universidades y hospitales. Eliminación de periodistas, amenazas a quien disienta de esa espiral de destrucción. Tiro al blanco de quienes solo quieren recibir una porción de comida. Hambruna entre la población. Y enfrente, la sonrisa de los asesinos. Las fuerzas armadas de ocupación israelí están cometiendo espantosos crímenes de guerra y el gobierno de Israel es perfectamente consciente de su actuación colonial y genocida de todo un pueblo. Con el apoyo sin restricciones de Estados Unidos, la única democracia de Oriente Medio lleva a cabo día a día su tarea de destrucción y de masacre, inmune e impune, en gran medida gracias a la complicidad de una buena parte de los gobiernos europeos y de la propia Unión Europea que se niega a adoptar ni siquiera las medidas más limitadas de suspender sus acuerdos comerciales con un país cuyo gobierno está siendo enjuiciado por crímenes internacionales.

Se cuentan por millones las personas que nos hemos manifestado en todo el mundo contra esta ignominia. Y sin embargo la deshumanización de quienes forman parte del pueblo palestino continua. En los medios de comunicación todos los días somos testigos de esa masacre y del elogio de la pulsión de muerte que el Estado de Israel y su gobierno efectúan como justificación de su acción criminal. La indignación de tantas personas no basta para detener este genocidio.

Este blog no podía quedar al margen de esta desoladora situación. Joaquín Aparicio ha elaborado un texto en el que efectúa el parangón entre este tipo de actuaciones y las que realizó el III Reich alemán bajo la guía del partido nacionalsocialista. Como él mismo advierte, no es una comparación que complazca a quienes durante tanto tiempo hemos reconocido como víctimas de la devastación, de la Shoah que generó el holocausto del pueblo judío. Pero que hoy devuelve a todos quienes lo podemos ver, la imagen deformada de una identidad siniestra.

 Este es el texto de Joaquín Aparicio:

  

LAS PRACTICAS NAZIS DE ISRAEL CONTRA LA POBLACIÓN PALESTINA

 Cuando se acusa al Gobierno de Netanyahu de aplicar medidas nazis contra la población palestina se alzan de inmediato por doquier voces airadas que niegan tal cosa porque los nazis llevaron a cabo un genocidio contra los judíos en Europa, como si eso le pusiera a salvo de prácticas semejantes. Pero miremos algunos relevantes hechos. La base del holocausto estaba en la previa deshumanización de los judíos y de paso de gitanos, comunistas o enfermos. Si no eran humanos la solución final no implicaba cometer asesinatos masivos ya que las víctimas eran poco menos que animales.

 

Es bien sabido que la eliminación física de tantas personas se llevó a cabo de distintas maneras: la horca, fusilamientos, bombardeos de poblaciones (Varsovia), campos de concentración y los mecanismos industriales que acababan en los hornos crematorios. A los que se añadía la hambruna programada. Resultan estremecedoras las imágenes de los cuerpos famélicos encontrados en los campos. Pero hubo un caso de utilización del hambre particularmente cruel por la frialdad con que se tomó la decisión que se parece bastante a lo que ocurre en la franja de Gaza, fue en el asedio de Leningrado. Con la invasión de la Unión Soviética por los nazis, el llamado ejercito del norte, ayudado por tropas finlandesas y las franquistas de la División Azul, tenía como misión conquistar y destruir Leningrado, pero, al llegar a las inmediaciones de la ciudad la resistencia que encontraron les inmovilizó. En esa situación el alto mando nazi, con el conocimiento de Hitler, tomó la decisión de matar a la población de hambre mediante un asedio que evitase la entrada de alimentos, para lo cual bombardearon almacenes de comida y a las personas que a través del lago Ladoga pretendían salir de la ciudad.  Fue una decisión premeditada. El asedio duró desde el 8 de septiembre de 1941 al 27 de enero de 1944: 872 días. La resistencia fue, a pesar de todo, heroica, pero, efectivamente, el hambre hizo estragos entre la población civil y provocó la muerte de un millón de personas en una ciudad que antes del asedio tenía una población de poco más de tres millones. Hay documentos aterradores de la situación vivida con inviernos que alcanzaron temperaturas inferiores a los 35 grados bajo cero. En los juicios de Nuremberg estos hechos se calificaron de genocidio.

 

Hoy vemos a diario imágenes de cómo la población palestina de Gaza es bombardeada con las más sofisticadas armas, recibe disparos de los soldados israelíes y es privada del acceso al agua, los alimentos, las medicinas y el combustible con lo que la hambruna ha hecho su aparición. Hay que tener una sensibilidad como la de una piedra para que la visión de niños famélicos y heridos sin posibilidad de cura no produzca conmoción y un desgarro en lo más íntimo de nuestro ser. Cuando las autoridades israelíes bloquean la entrada de alimentos y otras cosas necesarias para la vida, proscriben la actuación de la agencia de las Naciones Unidas, la UNRWA, para encargar un miserable reparto de pseudo alimentos a una organización mercenaria norteamericana y, además, dispara a la población hambrienta que acude a los puntos de reparto de un poco de comida están cometiendo genocidio.

 

Pero hay más. El ejército de Israel está obligando cada vez más a la población de Gaza a un desplazamiento forzoso a uno reducto vigilado, cerca de Rafah, cínicamente llamado “ciudad humanitaria cerrada”, es decir, un campo de concentración. Por otro lado, en Cisjordania colonos judíos ultraortoxos disparan a ciudadanos palestinos como si fuesen piezas de caza con el objetivo de apoderarse de sus posesiones sin que ni el ejercito ni la policía se molesten mucho por controlarlos. Es el supremacismo lo que late tras todas estas prácticas y la deshumanización de los palestinos. Los atentados de Hamás no pueden justificar nada de todo esto. En resumen: Si el Estado de Israel deshumaniza a los palestinos como lo hicieron los nazis, si procede a su eliminación física por medio de bombardeos, disparos y hambre, si los confina en campos de concentración, no queda sino decir que el Estado de Israel se comporta como un Estado nazi y sus dirigentes, con Netanhyahu a la cabeza, deben ser sometido a juicio por genocidio que es un delito imprescriptible. Sería bueno que Estados como Alemania dejaran atrás su mala conciencia y vean lo tienen delante de sus ojos. Pero ahora lo urgente es detener la masacre ya.

 

 

Joaquín Aparicio Tovar

SOBRE LA NULIDAD DEL CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

 

Fue muy criticada la firma, en diciembre de 2024, del convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad de Madrid por entender que vulneraba derechos fundamentales de huelga y libertad de sindicación además de conculcar el principio de no discriminación. En este blog nos ocupamos de ello (https://baylos.blogspot.com/2024/12/el-convenio-colectivo-del-personal-de.html)  y la Unión Regional de Madrid de CCOO impugnó el mismo, adoptando a su vez medidas disciplinarias contra los dirigentes sindicales de CCOO de la FSC que habían firmado este acuerdo. La impugnación del mismo ha sido resuelta en un sentido favorable, y sobre su contenido y alcance escriben ahora los abogados y las abogadas que intervinieron en el litigio: Enrique Lillo,  Ana Colomera, María José Muriel,  que ofrecen en primicia para este blog.

La sentencia de la Sala de lo Social de Madrid de 14 de julio de 2025, estima parcialmente la demanda de impugnación del convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad de Madrid, firmado por FSC CCOO, UGT, CSIF, CSIT y la propia Comunidad de Madrid.

La sentencia, de la que ha sido ponente el Ilmo Sr. Magistrado D. Ignacio Moreno González Aller, un clásico e histórico magistrado de trabajo que fue Presidente de la Sala de lo Social de Madrid, formando Sala junto con sus dos compañeras,  Dª. Ángela Mostajo  Veiga y Dª María del Carmen López Hormeño, contempla varios extremos y no solo contempla las restricciones que el art. 10 implica al ejercicio de derechos fundamentales, libertad sindical, manifestación, tutela judicial, conflicto de los trabajadores, que ha sido el objeto principal de difusión del contenido de la sentencia.

Es la publicidad sobre estos concretos extremos, y no sobre otros muy sustanciales y trascendentales, se debe, quizá, a la petición que en su día formuló la Ministra de Trabajo para la que fiscalía impugnara estas disposiciones del convenio, extremo que la fiscalía no hizo, como a continuación se constata.

La impugnación legal de un convenio colectivo no puede pretender la desnaturalización o anulación de la totalidad de las disposiciones del convenio, puesto que en nuestro sistema cabe que el convenio posterior sea peor en cuanto a condiciones de trabajo que el convenio anterior, dado que un convenio deroga en su integridad al convenio precedente, salvo los aspectos que expresamente mantenga como vigentes el citado convenio vigente y último (art. 86.4 y 82.4 del Estatuto de los Trabajadores).

Por eso, aun cuando el convenio impugnado sea totalmente regresivo para la mayoría de los trabajadores afectados, muchos aspectos regresivos no pueden anularse a través del cauce de impugnación de convenio, porque la comparación que debe realizarse en cuanto al contenido del convenio es con la ley laboral o con los preceptos de la Constitución, no con las conquistas sociales económicas conseguidas en convenio precedentes. Por poner un ejemplo, entre otros, de la regresividad y tendencia a empeorar condiciones de trabajo del convenio se puede citar un ejemplo. Este consiste en que los trabajadores afectados por el convenio percibían complementos económicos con cargo a un denominado fondo de modernización, éste se suprime por el convenio vigente a partir de 1 de enero de 2025, los trabajadores que estaban en activo en 2024 perciben un complemento transitorio dimanante de la supresión del fondo de modernización, como lo relativo a la aplicación de la carrera profesional que se ha pospuesto primero a junio y ahora a noviembre o diciembre, el efecto económico es que la mayoría de los trabajadores en sus nóminas perciben la misma cantidad que en 2024, sin que el convenio suponga ninguna mejora retributiva inmediata.

Además, la denominada progresión en la carrera profesional y pase de un nivel a otro, salvo en los primeros niveles cuando se aplique, necesita la aprobación previa de la Comunidad como órgano de gestión, con lo cual la expectativa de tener un incremento retributivo por el desarrollo de la carrera profesional no está totalmente garantizado, dependerá de lo que de nuevo se pacte. Además este supuesto desarrollo económico no afecta a los trabajadores con menos de cinco años de antigüedad, exigible para acceder al primer nivel de carrera y en ningún caso ningún temporal puede acceder a la carrera profesional, salvo que se realice un nuevo diseño y se negocie otro contenido del acuerdo de carrera profesional, que no está incorporado al texto normativo del convenio. En cualquier caso los trabajadores de nuevo ingreso, que muchos de ellos sustituirán a los temporales con contrato extinguido por aplicación del 45.5, percibirán menos salarios que sus homólogos o equivalentes en categoría que trabajaron en 2024, por la sencilla razón que no cobran el complemento transitorio, dimanante del extinguido fondo de modernización, con lo cual la aplicación inmediata del convenio implica una real congelación salarial para muchos y una disminución de salario para los de nuevo ingreso.

Pero los aspectos más lesivos no se limitan a este extremo, sino que al incurrir en infracción de derechos fundamentales previstos en la Constitución y discriminación de temporales y la inaplicación del derecho comunitario, Directiva 2019-1158 de 20 de junio, en cuyo art. 8.1, se prevé que los Estados miembros garantizarán que los trabajadores ejerzan su derecho a disfrutar de un permiso parental y que deben percibir una remuneración o prestación económica.

Pasamos a examinar los aspectos nucleares de la impugnación de CCOO que fue más amplia, pero que en la prioridad sindical o jurídica se circunscribe a los siguientes extremos.

El art. 10 del convenio colectivo, en sus apartados 3, 4, 5 y 6, se declara ilegal por violación de derechos fundamentales de los trabajadores, puesto que las cláusulas impone perjuicios económicos y profesionales si sus organizaciones o representantes se atreven a impugnar o reclamar contra aspectos contenidos en el convenio.

La sentencia señala que, esta cláusula no puede sustentarse en las cláusulas de paz social previstas en el RDL de 4 de marzo de 1977, en el cual se contempla la posibilidad de lo que se denomina renuncia provisional a convocatoria de huelga por parte de los sindicatos firmantes de un convenio.

Aquí, lo que se pacta no es exactamente esto, sino que si alguno de los sindicatos firmantes o entidades sindicales vinculadas a los mismos órganos de representación legal, reclaman o impugna algún art. del convenio, éste contempla un reajuste a la baja de derechos profesionales y económicos de los trabajadores afectados por el convenio, con lo cual por el ejercicio de derechos fundamentales se está sancionando económicamente a los trabajadores afectados por las reclamaciones, y además de este aspecto de sanción concurre también el mecanismo de la disuasión o advertencia a los trabajadores y a sus organizaciones, que no ejerciten estos derechos o que no reclamen porque tendrá consecuencias perjudiciales.

La garantía de indemnidad del art. 24.2 de la CE y disposición adicional 3ª de la Ley Orgánica 5/2004, son vulnerados por cuanto irroga perjuicios económicos a las personas trabajadoras por el ejercicio de las acciones judiciales efectuadas por sus representantes en reclamación de sus derechos laborales, neutralizando los beneficios de diversa índole derivados de la declaración de nulidad de la cláusula que pudieran considerarse contrarias a derecho (mediante una reducción de sus derechos económicos o mediante la pérdida de las retribuciones vinculadas a la carrera profesional, consecuencias equiparables a la imposición de una sanción consistente en multa de haber, prohibida por el art. 58.3 ET).

Además el convenio, pretende amparar una auténtica represalia por el ejercicio de un derecho fundamental (contraría la doctrina constitucional contenida, entre otras, en la STC 65/2006, de 27 de febrero, que declara la nulidad de los despidos por lesión de la garantía de indemnidad de un colectivo de personas trabajadoras que no vieron renovados sus contratos tras interponer un sindicato demanda de conflicto colectivo en reclamación de la fijeza del colectivo).

Ahora bien, hay otros aspectos que no se han comentado en la publicidad dada hasta ahora de la sentencia.

Esto consiste en lo siguiente

1.- Tanto la Comunidad de Madrid, como la FSC CCOO como las otras organizaciones sindicales firmantes del convenio, con el apoyo del Ministerio Fiscal en este extremo, invocaron la excepción de falta de legitimación activa de la Unión Sindical de Madrid Región de CCOO (USMR), por entender que la competencia para negociar el convenio no la tenía la USMR sino la FSC, y por tanto la USMR no tenía legitimización activa para impugnar el convenio.

De haberse estimado esta excepción procesal se hubiera impedido el examen sobre el fondo del asunto, la ilegalidad y el carácter discriminatorio para los temporales y para los contratados a tiempo parcial de algunas cláusulas del convenio.

La Sala, muy correctamente, establece la diferencia entre legitimación para negociar un convenio y legitimación para ejercer una acción procesal de impugnación e convenio, en este caso USMR organización en la que se integra y depende jerárquicamente de la misma la FSC Madrid, tiene legitimación para defender los intereses profesionales de sus afiliados y trabajadores en general, a los que considera lesionados por las cláusulas del convenio.

La sentencia analiza el contenido de los estatutos sindicales de CCOO, y valora los acuerdos de la Comisión Ejecutiva Confederal CCOO de avalar y apoyar la impugnación del convenio decidida por la USMR.

Asimismo, valora y tiene en cuenta también la personación no solo de la Confederación, sino de las federaciones sindicales de CCOO, parcialmente afectadas también por el convenio impugnado, como es la Federación de Servicios Socio sanitarios y la Federación de Enseñanza de CCOO.

Invoca también doctrina del Tribunal Constitucional sobre la conexión de 28.1 libertad sindical con la tutela judicial efectiva, art. 24,  derechos a interponer acciones o reclamaciones colectivas.

La sentencia hace hincapié que, ninguna disposición estatutaria establece que la firma de un convenio por una federación implica la imposibilidad jurídica de impugnación del mismo por la Confederación u otras federaciones o uniones territoriales.

Contrariamente a lo que alega el representante de la Comunidad de Madrid, las personas trabajadoras afiliadas de la federación de CCOO, se encuentran afiliadas tanto a la CS CCOO como  a la USMR, en virtud del art. 9 de los estatutos confederales.

Asimismo, la sentencia establece que los estatutos sindicales de la Confederación y de las organizaciones que la integran, no establecen como requisito previo el de someter la impugnación o no del convenio a decisión de la Comisión de Garantías u otro órgano interno, puesto que el ámbito competencial, según los estatutos, de la Comisión de Garantías es exclusivamente las medidas disciplinarias y no la de impugnación de convenio.

Asimismo, la sentencia rechaza la invocación que hizo la Administración Autonómica de Madrid, y a la que se adhirieron son sindicatos firmantes, especialmente CSIT y CSIF, que fueron beligerantes en esta invocación, junto con la FSC CCOO, sobre los principios de confianza legítima, buena fe y doctrina de actos propios. La sentencia los rechaza porque el planteamiento de que CCOO actúa como parte demandante y parte demandada, no puede constituir un impedimento para que la USMR ejercite la acción de impugnación por violación de derechos constitucionales y legales, cuya violación no puede ser neutralizada por estos principios jurídicos de orden general, no aplicables a este caso de violaciones graves de la legalidad y de preceptos constitucionales del derecho fundamental.

La FSC tenía competencia para firmar y la USMR CCOO para impugnar si lo negociado perjudicada, como así es el caso, a los intereses económicos y profesionales de los trabajadores afectados.

2.- Rechazada esta excepción procesal trascendente, la sentencia examina y estima favorablemente los puntos básicos que para CCOO Madrid, tenían trascendencia importante, entre otros el art. 45.5, que establece que cuando un candidato de una bolsa de empleo correspondiente a una categoría profesional o especialidad haya acumulado tres años de contratación temporal en cualquiera de sus modalidades, ya sea en virtud  de un único contrato ya sea en virtud de varios sucesivos contratos temporales, pasará a ocupar el último puesto en dicha bolsa y no podrá volver a ser llamado hasta que haya transcurrido al menos seis meses desde la finalización de su última relación laboral, al objeto de garantizar la ruptura de la  unidad del vínculo y contribuir al control de la posibilidad de incurrir en un exceso de temporalidad.

Esta cláusula es fundamental, puesto que establece una discriminación sobre los temporales al impedir que accedan al empleo y accedan a la consolidación del mismo mediante los mecanismos legales de convocatorias de oposición o concurso oposición y contradice frontalmente la doctrina del TJUE.

Este apartado no responde a la necesidad de reducir la temporalidad, sino a discriminar a los temporales, puesto que a partir de los tres años en el mismo puesto la Comunidad de Madrid se vería obligada a hacer fija o indefinida pero no fija  a la persona trabajadora, y en vez de adoptar esta situación se le manda al paro durante seis meses perdiéndose la antigüedad y una vez roto el vínculo laboral se la vuelve a contratar tras haber perdido sus derechos.

Con esta lesiva medida se vulnera el principio de igualdad, discriminando a los temporales, a los cuales se les precariza en su empleo y se les priva a que puedan promocionar económicamente, en virtud del mérito y capacidad demostrada en los años de prestación de servicios.

La sentencia se basa en este extremo en una sentencia del Tribunal Supremo dictada en Pleno, de 17 de junio de 2024, 925/2024, empresa VAERSA, en esta sentencia el Tribunal Supremo señaló que este tenor literal del reglamento sustancialmente idéntico al 45.5 impide que los temporales puedan alcanzar la duración temporal exigida por la normativa laboral para adquirir la condición de indefinido no fijo, perpetuando su condición de trabajadores por tiempo determinado.

3.- Igualmente, la sentencia anula el art. 100.1 del convenio en lo que se refiere a la exclusión de turnos y horarios de trabajo fijos y de la jornada continuada a los trabajadores contratados a tiempo parcial. La sentencia invoca no sólo el 12.4 del Estatuto de los Trabajadores, que implicaría la calificación de discriminatorio de esta disposición, sino también diversas disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para igualdad efectiva de mujeres y hombres y art. 4.4 de la reciente Ley 15/2022 de 15 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación.

4.- La sentencia declara, también, la nulidad del art. 130 del convenio, por establecer el carácter de permiso no retribuido del permiso parental, establece que la Comisión Europea interpuso en febrero de 2024 una demanda ante el TJUE por la transposición incompleta por España de la Directiva 2019/1158 de 20 de junio, en cuyo articulo 8.1 se prevé que los Estados miembros garantizarán que los trabajadores ejerzan su derecho a disfrutar uno de los permisos contemplados en el art. 4 o 5 reciban una remuneración o prestación económica.

Hay que tener en cuenta la importancia de esta sentencia dictada por primera vez por un Tribunal Superior de Justicia sobre permiso parental, que debe ser retribuido a tenor del derecho comunitario, hay que tener en cuenta que por no transponer la directiva el Estado español está sometido a un procedimiento de infracción por la Comisión Europea y ésta ya está imponiendo multas económicos, de ahí la urgencia de que legalmente se establezca el carácter retribuido del permiso parental, contradiciendo frontalmente la literalidad del convenio colectivo regresivo totalmente.

5.- También la sentencia declara la nulidad del apartado 1 del art. 166 del convenio colectivo al impedir acceder a la excedencia por incompatibilidad al personal con vínculo temporal. Esta regla del convenio establece una contradicción entre la misma y mucha doctrina judicial y comunitaria y de directivas, por lo que el convenio impone una discriminación por razón de temporalidad del vínculo.

Por lo tanto, hay que declarar nulo este artículo.

La nulidad de los preceptos establecidos por la sentencia colma los deseos de CCOO Madrid al impugnar el convenio, puesto que considera secundarios lo relativo a las cláusulas que se califican como legales.

Por otra parte hay que tener en cuenta, la eficacia desde el principio y no solo a partir de la sentencia de la nulidad de los preceptos.

Ello supone que, como indica la propia sentencia, esta tiene un carácter ejecutivo inmediato, puesto que afecta a procedimientos de impugnación de convenio y tiene nulidad desde el principio. Esta eficacia Ex Tunc desde el principio ha sido establecida en procedimientos de impugnación de convenios colectivos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Sevilla de 5 de diciembre de 2013, Rec. 3429/2012 y por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2022, Rec. 2912/2019.

Por lo tanto, los ceses de temporales a partir de 1 de enero de 2025 y hasta la actualidad, deben ser calificados como nulos, para ello debe impugnarse, si no se ha hecho, en el plazo de20 días hábiles contados a partir del cese, si ha transcurrido el plazo y no se puede impugnar el despido hay que formular un demanda de derecho por daños y perjuicios por violación de derechos fundamentales, cuyo contenido analizaremos próximamente, previo informe del Gabinete de Estudios Jurídicos de la CS CCOO.

Para ello estudiaremos el contenido de esta demanda.

Esta acción procesal es distinta a la acción de reclamación de los 20 días por aplicación del EBEP, art. 70, por superación de los tres años, puesto que un despido nulo por discriminación, art. 14 CE, no puede asimilarse a despido objetivo procedente.

Por último debemos hacer una crítica enérgica a la actuación de Díaz Toril, como responsable sindical de la FSC CCOO de Madrid como líder y responsable de la  firma del convenio.

El contenido del convenio contradice los principios incorporados a los estatutos sindicales y a la línea histórica y fundacional de CCOO, que siempre se ha nutrido y protegido a los trabajadores que se atrevían a reclamar, que participaban en actividades sindicales de reunión, de protesta, de reclamación, … y por primera vez un sector de CCOO firma un convenio que contradice totalmente esta práctica y estos principios, y encima la FSC CCOO pretende convalidar esta actuación antisindical y contra los principios de CCOO, tratando de impedir que se pueda examinar la impugnación de la USMR.

Lo mismo ocurre con el principio de no discriminar a los temporales y no deteriorar en absoluto su estatus jurídico  precarizando todavía más su situación, como ha hecho el convenio impugnado, en el art. 45.5 y otras disposiciones anuladas.

Independientemente de la sanción correcta que se ha impuesto por la USMR a Díaz Toril, hay que tener en cuenta que sus colaboradores también han permitido la viabilidad de este convenio de precarización y empeoramiento.

Hay que tener en cuenta que, el área pública de la Comunidad de Madrid, no puede ser protagonizada exclusivamente por la FSC de Madrid, también debe participar, y así lo prevé los estatutos y reglamentos, la Federación de Sanidad y Enseñanza y en cualquier caso la Unión debe vigilar adoptando todas las medidas oportunas, para que no se pueda violar de nuevo estos principios y prácticas, mediante la persistencia en el control de la negociación de los que han participado, junto con Díaz Toril, en la misma.

Este articulo lo suscribimos las y  los abogados intervinientes en el proceso,que colaboraron en la preparación del juicio y determinación de las cláusulas que se impugnaron.

Enrique Lillo, Ana Colomera, María José Muriel

DOS MILLONES Y MEDIO DE VISITAS AL BLOG

 

Hace tres años y siete meses, a comienzos de diciembre de 2021, este blog alcanzó la cifra mágica de dos millones de visitas. En el día de ayer 14 de julio, efeméride republicana donde las haya, se ha llegado a los dos  millones y medio de visitas, concretamente, en razón del contador de Google, 2.500.308. Es desde luego una marca maravillosa que da cuenta del interés que sigue generando esta bitácora, contra todo pronóstico de quien la promueve y alimenta.

Hay poco de añadir a lo que los lectores ya conocen. El blog fue un regalo de Jose Luis López Bulla que publicaba prácticamente a diario o al menos varias veces por semana su Metiendo Bulla que era una referencia obligada para todos los laboralistas que queríamos mantener un diálogo continuo con el pensamiento y la acción del sindicalismo español a través de la voz y la opinión de uno de sus intérpretes más seguros. López Bulla nos regaló a mi y a Joaquin Aparicio estos instrumentos de comunicación con un indeterminado grupo de seguidores y lectores interesados que deberían confluir en un espacio de debate, de discusión y de propuesta libre de cualquier medio de opinión y de cualquier organización colectiva que lo amparara. Para él, que estaba acostumbrado a generar este tipo de encuentros como una especie de continuidad real del bien conocido slogan “alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura”, dar medios para que los juristas del trabajo encontráramos un espacio libre y abierto de intervención que tendencialmente podría expandirse no solo más allá de los circuitos académicos clásicos sino también de las actividades tradicionales de lo que hoy se denomina transferencia de conocimientos en charlas, jornadas o incluso contribuciones escritas en prensa y en medios de comunicación digitales.

Quiero decir que la idea y su realización provino exclusivamente de López Bulla, que, remedando algunos anuncios de cerveza, es probablemente uno de los mejores sindicalistas que ha dado nuestro país, y que controlaba el mestizaje cultural y la capacidad de intervención que un discurso potente y siempre problemático podía ir desarrollando entre los atentos lectores y los seguidores de una suerte de figura geométrica en cuyo vértice estaba Metiendo Bulla pero que posibilitaba que los lados de ese poliedro fueran ocupados por Según Antonio Baylos, Desde mi cátedra, Punto y contrapunto, sin hablar de sus aventuras externas, sobre Pasos a la izquierda, o las veleidades del blog del Quim o todo don Lluis Casas entre tantas otras propuestas para la red que él amparaba en alianza con otros amigos y compañeros entre los cuales recuerdo especialmente a Javier Aristu y se insertaban en el universo mágico de la ciudad de Parapanda.

El caso es que aquí estamos, desde las primeras y balbuceantes entradas de los primeros años (2007-2009), muchas veces colgadas por el propio titular del dominio, Tito Ferino, que finalmente fueron asumidas en su totalidad por un servidor, con la invención de un “responsable de edición”, el siempre constante e inexistente Simón Muntaner. Como ya se ha recordado en otras entradas recopilatorias del blog, su edad de oro se estableció en dos fases, la primera entre febrero del 2016 y enero de 2018, y la segunda entre octubre de 2019 y agosto de 2012, para, a partir de esa fecha, discurrir plácidamente en un valle entre 12.000 y 15.000 visitas mensuales como media.

En el blog siguen apareciendo invitados que tienen como suyo ese espacio de opinión y de provocación de debate. Son muchos, aunque debo destacar a Joaquin Aparicio, que ha desplazado a éste sus contribuciones en Desde mi cátedra, a Paco Trillo, que compatibiliza su presencia aquí con formar parte del directorio de NET21, una página dedicada al análisis y reflexión de las relaciones laborales creada y dirigida por grandes amigas y amigos que intervienen de manera permanente – aunque con mayor espacio normalmente que el que utiliza el blog – y cuyo acróstico recoge la reivindicación esgrimida en 2019 y reiterada en 2013 de un Nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, y a Enrique Lillo, cuyas intervenciones incrementan siempre significativamente el número de lectores y garantizan el análisis de temas siempre polémicos y actuales.

El blog atiende también de manera especial a la dimensión europea e internacional, concentrada esta última en Latinoamérica. Brasil, Argentina, Chile y Colombia principalmente, pero también, claro está, Uruguay o México, escasas veces Perú o Ecuador. Son muchos los amigos y las amigas que en esta región del globo colaboran con esta bitácora mediante la publicación de textos y el envío de materiales. En las entradas más recientes, han intervenido Edgardo González, dando cuenta de varios aspectos de Colombia , o Lucho Villazón, sobre la actualidad chilena. Pero siempre en lo que podríamos denominar grupo promotor están Guillermo Gianibelli, y Hugo Barretto, este último con un blog propio, que aportan su mirada sobre Argentina y Uruguay, junto con el grupo compacto de amigas y amigos brasileños, entre ellos Sayonara Grillo, Mauro Menezes, Jose Eymard Loquercio y Raquel Paese, junto con Xixo  y siempre al fondo, Tarso Genro. Respecto de Europa, no solo se dirige la mirada, como es natural, a la Unión Europea, dada la integración de este orden normativo en el nacional, sino que también se examinan informaciones y propuestas sobre relaciones de trabajo y ciudadanía social – que es el subtítulo del blog – en determinados países europeos, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania principalmente.

Sea como fuere, dos millones y medio de visitas es un guarismo que hay que celebrar. No solo porque no es seguro que uno pueda hacerlo si se alcanzara en el futuro los tres millones, sino porque la permanencia afectiva y de interés que representa, es motivo de orgullo y de contento para este blog, que agradece especialmente la fidelidad y la confianza de tantas personas en su seguimiento. Muchas gracias pues, y a seguir adelante hasta completar el tercer millón. Y que lo veamos.

 

AL JUEZ DE LO MERCANTIL DE BARCELONA NO LE GUSTA QUE SANCIONEN A GLOVO

A Joan Coscubiela, que me impulsó a escribirlo

Algunos jueces blasonan de tener su Weltanschauung, su propia concepción del mundo, aunque en alemán suena de manera más rotunda. No es fácil tener una mirada propia y singular sobre la época y sus rasgos característicos que se destaque de lo que mucha gente del común percibe como el mundo en el que viven. Pero más difícil resulta no dar a entender a esas mismas personas que uno es singular y moralmente superior a la gran e indistinta mayoría. Y esta conciencia de sí puede hacer inevitable que la concepción del mundo que algunos jueces comparten se traslade, de manera pedagógica, a las decisiones que adoptan y firman. Ante todo que firman, con su nombre y dos apellidos, haciendo explícito su pensamiento sobre las cosas entreverado con el razonamiento sobre los hechos y su consecuencia jurídica.

Esto es lo que ha sucedido con la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, 166/2025, de 10 de julio de 2025, que ha sido hecho pública en estos días. El caso es importante, porque se trataba de una demanda de una plataforma digital de reparto de comida , Just Eat, contra otra empresa de ese mismo sector, Glovo, en la que se imputaba a esta empresa haber actuado deslealmente en el mercado, no reconociendo la laboralidad de sus trabajadores pese a las continuas sanciones de la Inspección de Trabajo y por consiguiente perjudicando a las otras empresas que, como la demandante,  si había cumplido con la ley.  El pleito implicaba una petición de condena muy alta – diría un castizo que se ventilaba una buena cifra – y el desarrollo del juicio oral duró tres días, lo que da cuenta de la complejidad del asunto.

Cualquiera que hubiera sido el sentido de su fallo, es evidente que la sentencia habría sido leída y comentada, porque se trataba de un caso que podía ser líder en materia de concurrencia desleal, estableciendo una doctrina que interpretara como tal la utilización consciente por parte de una empresa o de un grupo empresarial de fórmulas de inserción laboral contrarias a la normativa laboral con la finalidad de abaratar sus costes y por tanto lograr una posición de ventaja en el mercado respecto de las otras empresas que si habían cumplido la ley. En el extremo opuesto, cabía una defensa de la competencia en la que la ventaja significativa y el prevalimiento de posición dominante no se hubiera dado plenamente en este caso o que se hubiera cuestionado el monto de la indemnización por el daño causado y el lucro cesante.

Quizá haya sido esta circunstancia, la segura relevancia y publicidad del caso, la que ha inducido al magistrado a aprovechar el texto de su decisión para insertar en él elementos clave de su peculiar concepción del mundo y de esta manera compartir no solo con los litigantes, sino con el resto de quienes leeríamos su fallo las apreciaciones que le parecen oportunas sobre el contexto que rodea el proceso y sus opiniones sobre otras tantas cuestiones que le preocupan.

El caso es que el magistrado Alvaro Lobato Lavín, que es patrono de la Fundación FIDE, pidió la excedencia en la carrera judicial  en 1996 para ejercer en calidad de of counsel  en el despacho Gómez-Acebo y Pombo en el que permaneció durante tres años; que en 1999 fundó su propio despacho en compañía de Miguel Bermúdez de Castro y en 2008 se incorporó al despacho DLA Piper como socio director del departamento de litigios y concursal, en el que permaneció hasta 2019 y retornó a la carrera judicial en enero de 2022, ha querido manifestar su “amplia actividad académica e intelectual” enhebrando en su sentencia una serie de opiniones que, como seguramente preveía, han encontrado un eco inusual en las decisiones de la rama mercantil de la judicatura.

Dejando de lado su postura de admiración y arrobamiento ante la iniciativa empresarial de Glovo, que se pone de manifiesto en muchos momentos de su decisión, lo cierto es que al magistrado la consciente actuación de la plataforma cambiando los modelos de inserción contractual con pequeñas modificaciones para pretextar el carácter autónomo de los repartidores no es tal, sino la expresión de la creatividad inmensa de una firma para lograr ser más competitiva y dar satisfacción a la voluntad individual de sus trabajadores, que en su gran mayoría desean, en su opinión, tener esa condición no laboral.

Hay que decir que el magistrado solo acata la autoridad del Tribunal Supremo en la STS de 25 de septiembre de 2020. Pero entiende que surte solo efectos respecto de los modelos de gestión que contemplaba aquella, no sobre su adaptación posterior. De la Ley tiene peor impresión, porque de hecho viene a creer que la norma no establece una presunción de laboralidad sino un derecho de opción en función de lo que disponga la empresa. Es decir, en la práctica, que se considere trabajador por cuenta ajena o trabajador autónomo depende del modelo de gestión que la empresa determine. Y lo explica más claramente el magistrado, contradiciendo la aplicación del derecho del trabajo a estos “riders”: “¿Cuál es la razón por la que no se permite elegir a los trabajadores el modo de prestar su servicio en la plataforma?  (...) En mi criterio no hay nadie más indicado que los propios afectados para decidir lo que mejor les conviene…. excepto algún iluminado y omnisciente burócrata que parece gozar de un privilegiado acceso a la Verdad”. Una referencia críptica a un Gran Hermano orwelliano que de nuevo enlaza con la visión desencantada del mundo real de la que hace gala el magistrado.

El eje central de la argumentación del Juez no niega la diferencia de costes entre las dos plataformas debido al bajo salario y la desprotección del autónomo, sino que este diferencial “no se ha obtenido como consecuencia de la violación de ninguna norma, por lo que su aprovechamiento por Glovo resulta perfectamente lícito”. Es cierto que para el juez la posición de esta empresa se sitúa en la frontera entre el bien y el mal. Las decisiones que cambiaban continuamente la forma de gestionar el trabajo de sus dependientes para seguir considerándoles trabajadores autónomos y evitar por tanto la presunción de laboralidad fijada por la ley  se situaban  “en la frontera de la legalidad, pero un peldaño antes del incumplimiento”. Por mantenerse en ese complicado equilibrio, para el juzgador “merece un reconocimiento por ello". El aplauso al funambulismo empresarial es entusiasta.

Esta convicción le lleva a algunas afirmaciones posteriores. La tragedia de Glovo es que ha sido objeto de una verdadera campaña de acoso por parte de las instituciones públicas y en especial de la Inspección de Trabajo. La empresa actuó correctamente insistiendo en calificar como trabajadores autónomos a quienes eran trabajadores por cuenta ajena  oponiéndose con razón a “la singular y arbitraria interpretación de la inspección de trabajo que, en palabras del profesor Pérez de los Cobos, había iniciado una etapa de abierta beligerancia contra la compañía”, aunque lamentablemente, “Glovo y sus directivos han pagado un alto precio por tener la “osadía” de iniciar una aventura empresarial novedosa”, tanto es asi que el magistrado tiene que hacer “un esfuerzo de contención para no calificar como denodada e incansable persecución el continuo acoso de la inspección de trabajo mediante levantamiento de actas y la imposición de sanciones sistemáticamente revocadas, o las modificaciones legales en el ámbito penal enderezadas específicamente a sancionar la conducta de los directivos de la compañía” hasta que finalmente – parece que de forma definitiva -  le han obligado a abandonar el “modelo de autónomos” ante” el permanente acoso” de la Administración.

Y allí se desborda el torrente emocional del magistrado. Ante todo contra las Inspectoras de Trabajo – ¡ay, todas mujeres! – que intervinieron en el juicio donde “se evidenció la manifiesta hostilidad, “beligerancia” en opinión del profesor Pérez de los Cobos, que profesaban a Glovo y sus representantes”. A la postre, el magistrado remacha, campanudo y engolado, “en todas las declaraciones parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada, “el mundo de ayer” administrado y burocrático”.

Por si fuera poco, ya sabemos como son las mujeres, parece añadir el juez. Sus testimonios adolecen de un “sesgo de grupo”. Aunque, compasivo, afirma que todos estamos expuestos “a los atajos heurísticos y a los sesgos conductuales”, es evidente que en esta ocasión, “los procesos de toma de decisiones están inevitablemente contaminados por tendencias psicológicas que tienen profundos anclajes biológicos”. O sea del sexo femenino.

Como posiblemente también estaba previsto, esta sentencia ha generado una carta de protesta de la Directora General de la Inspección de Trabajo ante el CGPJ en la que  entiende que las manifestaciones vertidas en la sentencia, en lo referido a la actuación y declaración en juicio de las funcionarias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social “incurren en un claro exceso y muestra un menosprecio no sólo hacia dichas funcionarias sino hacia la propia institución”, le traslada su malestar y le solicita medidas disciplinarias sobre el juez. Además de ello, un comunicado durísimo de la UPIT en el que reprocha al juez que  en lugar de analizar con rigor jurídico los hechos y el marco normativo correspondiente, su sentencia “siembre dudas sobre el ejercicio de las funciones públicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país y advertimos del grave precedente que supone cuestionar sin fundamento la legitimidad de actuaciones inspectoras cuando afecta a los derechos de la población trabajadora”, solicitando también la adopción de medidas disciplinarias. Y una nota de CCOO en la que denuncia la critica al modelo de laboralidad de la Ley Rider que efectúa la sentencia, la deslegitimación de la Inspección de Trabajo que efectúa de forma gratuita, resaltando desde la perspectiva de género, el violento ataque a las inspectoras de trabajo, por lo que el sindicato emplaza a la Generalitat de Catalunya, en el ejercicio de sus competencias, a elevar una queja formal ante el CGPJ en defensa de la función de las inspectoras de trabajo, tal como ya ha hecho el Ministerio de Trabajo y Economía Social mediante carta pública, solicitando la adopción de medidas disciplinarias contra el magistrado Álvaro Lobato, a la vez que elevará una queja formal ante el CGPJ por los formularios establecidos, al tiempo que reclamará medidas disciplinarias ante los hechos expuestos.

Parece que las decisiones judiciales y la propia corporación le ha cogido el gusto a las primeras planas ( es un decir, ) de los periódicos. ¿Merecía todo esto la pena, aunque siendo magistrado, a uno no le guste que la administración laboral ejercite su labor de vigilancia y de sanción frente al incumplimiento de la legislación laboral?  Creo que la respuesta está clara. El problema es la Weltanschauung.