EL BLOQUE PP/VOX ES PROFUNDAMENTE ANTISINDICAL, AUNQUE NO SE MENCIONE. Y HAY QUE COMBATIRLO.

 

Las fiestas navideñas no han conseguido evitar las encuestas y los pronósticos electorales tras celebrarse la primara de las giras victoriosas por diversas comunidades autónomas del bloque de las derechas extremas que nos aguarda hasta el verano. El debate se centra por el momento en discernir las causas del retroceso formidable de las propuestas de la izquierda que no son recogidas por los votantes y sobre todo por quienes deciden no acudir a las urnas en un porcentaje muy importante. Da la sensación que el programa de las fuerzas de derechas se basa más bien en la denuncia de la corrupción en el PSOE y el autoritarismo del gobierno que en la enunciación de propuestas sobre el tipo de regulación que van a llevar a cabo una vez que asuman el poder político, salvo algunas claves muy generales que se sitúan en el rechazo de la inmigración como sinónimo de peligrosidad social y asistencialismo y la acusación de la ideología de género como encubrimiento de una alteración peligrosa del equilibrio familiar y social entre los sexos.

No explicar el proyecto de sociedad más allá de enunciar los fantasmas de la inmigración, la ideología de género y el pensamiento woke

El bloque de las derechas – que cada vez más aparecen indiferenciado, incluyendo también a las variaciones nacionalistas e independentistas, con la excepción del Pais Vasco – prefiere con razón no detallar en exceso su proyecto de gobierno ni a nivel autonómico, que es la dimensión concreta en la que ahora se está produciendo el contraste electoral, ni desde luego a nivel nacional / estatal, fuera de algunas afirmaciones que han ido desgranando casi de manera descontextualizada. Esa es una de las claves de su éxito, la de centrarse en el ruido y la furia de los escándalos magnificados y solo avanzar algunos elementos que arraigan en el resentimiento y el miedo como forma de agregar consensos en torno a su proyecto político del que realmente se conoce muy poco.

Pero también la crítica discurre sobre estos mismos referentes y por consiguiente se alegan en contra de estos las cifras que desmontan las imputaciones sobre la criminalidad de los inmigrantes o la fuerte integración que tiene este colectivo o bien se manejan las estadísticas sobre los malos tratos o los asesinatos por motivos de género que ponen de manifiesto la relevancia de mantener una política de prevención y formativa sobre estos temas. Además de ello, la refutación del negacionismo climático y en general la reticencia a que luchar contra la desigualdad y el racismo y proclamar la defensa de la democracia como sistema que procure un equilibrio social razonable se defina como propio o perteneciente a la “escoria de la izquierda” – radical left scum -  que debe ser barrida del mapa no solo político, sino también cultural y social.

El antisindicalismo como seña de identidad del proyecto del bloque conservador-autoritario

Aun siendo estos parámetros relevantes, hay ya señales inequívocas de que forma parte del programa de cambio que el triunfo del bloque de la derecha extrema y la extrema derecha  está llevando a cabo un amplio y extenso ideario antisindical. Es decir que los sindicatos – y en especial los más representativos - forman parte de las organizaciones que el gobierno PP / Vox tiene en el punto de mira como figuras sociales cuya actividad y su propia capacidad de representación debe ser fuertemente reducida. Algunos supuestos muy sintomáticos que se enumeran a continuación avalan eta tesis.

 

El anunciado final de los Comités de Empresa y Delegados de Personal

No se trata solo de las conocidas bravatas de los ultraderechistas de Vox contra los dirigentes y sindicalistas de CCOO y de UGT, sino de actos más concluyentes. La intervención de Nuñez Feijoo ante el empresariado catalán a comienzos de este mes en la que, sobre la base de que era necesario simplificar los procedimientos legales para facilitar la actividad de las empresas sin obstáculos burocráticos, proponía la eliminación de los Comités de Empresa en los centros de trabajo con una plantilla inferior a 250 personas trabajadoras. Una iniciativa que fue saludada con notorio gozo por parte de los empresarios allí reunidos por Foment del Treball, pero que supone una agresión directa al derecho de representación de los trabajadores en la empresa y en el centro de trabajo que quedaría restringido a su ejercicio exclusivo en las grandes empresas y un atentado directo a la noción de la representatividad sindical que establece la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que se verifica sobre la audiencia electoral proporcionada precisamente por los resultados electorales que se han ido produciendo en los centros de trabajo a partir de la constitución de los órganos de representación de las personas trabajadoras en la misma.

La supresión del SERLAS y la solución autónoma de los conflictos laborales

Pero hay otros elementos que caminan en la misma dirección y que han sido ya adoptados en el ordenamiento jurídico de algunas Comunidades Autónomas. No hay más que recordar que la Junta de Castilla y León en enero de 2023 dejó sin financiación al Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLAS), que era el organismo encargado de la resolución autónoma de conflictos colectivos de trabajo y que lo llevó a cabo el Consejero de Industria, Comercio y Empleo al parecer sobre la base de las exigencias de VOX para formar parte del gobierno surgido de aquellas elecciones, lo que implicaba eliminar el espacio de mediación autónoma entre sindicatos y asociaciones empresariales de los conflictos laborales, reenviando la litigiosidad en este ámbito a una oficina administrativa de la Junta en el trámite preprocesal y, en último término, a la jurisdicción social.

El acto de la autoridad pública suponía un ataque directo a la facultad de los sindicatos representativos y más representativos de “participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo” (art. 6.3.d) LOLS) y en consecuencia implicaba una forma directa de restringir las capacidades de gobernar mediante un sistema creado por la negociación colectiva la resolución de los conflictos colectivos de trabajo. El gobierno a través del Ministerio de Trabajo efectuó un requerimiento inmediato para que se repusiera el SERLAS en los términos en los que estaba funcionando como paso rpevio a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. La salida de VOX del gobierno regional en julio de 2024 favoreció que éste en noviembre de este año volviera a financiar el SERLAS con efectos desde enero del 2023 a diciembre de 2024, pero la iniciativa marca una tendencia muy evidente en cuanto a obstaculizar o impedir el desarrollo de facultades esenciales de la acción sindical y una clara hostilidad hacia la autonomía colectiva como forma de gobierno de las relaciones laborales.

Acabar con la participación sindical en Murcia

Más explícito aún es el caso de la nueva regulación de la participación institucional de los sindicatos en la región de Murcia. La Ley 2/2025, de 4 de julio de esta región, ha modificado un texto legislativo anterior de 2017, en el que se establecía que “con la finalidad de fomentar la participación institucional regulada por esta ley y compensar los gastos en los que incurran las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales más representativas a causa de dicha participación, el Consejo de Gobierno consignará, en el Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia de cada ejercicio, partidas presupuestarias con asignación nominativa expresamente vinculadas a dicha finalidad”, que se deberían hacer efectivas en el primer trimestre de cada año y justificadas mediante la declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas por la subvención y su coste.

Frente a este mecanismo que hacía reposar la actividad de fomento de la participación institucional en la mayor representatividad, la nueva Ley sustituye este compromiso del poder público por una libre determinación de las “acciones y medidas de fomento a la participación institucional” a cargo del gobierno de la región que efectuará las ayudas económicas “que estime oportunas” y a los sujetos que las soliciten en razón de criterios de “concurrencia competitiva”. Se mantiene la participación a título gratuito y sin remuneración de gasto alguno de las organizaciones sindicales en los órganos consultivos de asesoramiento – que antes  se entendía como una contraprestación a las subvenciones anuales a estas mismas organizaciones – y se suprime el artículo que describía las justificaciones y las medidas de control de las subvenciones concedidas anualmente. Se dice así que la participación institucional  es “gratuita” porque los sindicatos y la patronal deberán asumir con sus propios recursos los gastos derivados de acudir a comisiones y mesas de diálogo.

Las ayudas económicas a la participación institucional son un gasto público desaconsejable

Lo más interesante estriba en la justificación que da la exposición de motivos de la Ley de la supresión de estas subvenciones a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. La primera, la necesidad del “ahorro y la eficiencia del gasto público”, que permite dirigir este gasto a otras áreas prioritarias, como la sanidad, la educación o infraestructuras. Para dar contexto, hay que tener en cuenta que según el Plan Estratégico de Subvenciones 2024 de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, la cuantía suprimida asciende a 835.955 euros anuales, lo que representa apenas el 0,01 % del presupuesto total de la Comunidad Autónoma (7.708 millones de euros). Desagregando estos datos, la patronal murciana recibía en el 2024 la cantidad de 263.150 €, CCOO 152.250 €, y UGT 161.250 €, a lo que se unían otras partidas adicionales de 99.461 € para estudios de planificación y 159.844 € para prevención de riesgos. No parece por tanto que la desviación del gasto público hacia otros ámbitos tenga un efecto muy llamativo.

En el mismo sentido, se insiste en la Exposición de motivos que con ello se profundiza en una mayor transparencia y control del dinero público y el alineamiento con principios de austeridad, independencia y transparencia en la gestión del dinero público, pero justamente el sistema que construye la reforma legal operada va en dirección opuesta. En vez de determinar con claridad quienes son los beneficiados de las ayudas – los sujetos sociales más representativos –  como compensaciones por participar en casi un centenar de órganos consultivos regionales: consejos económicos, comisiones laborales, mesas de empleo o planificación .y la finalidad de las mismas que tendría que ser justificada anualmente como forma de cubrir los costes humanos y técnicos de esa participación: personal dedicado, preparación de informes, asistencia a reuniones y estudios de planificación y prevención de riesgos,  la norma hace que sea el gobierno quien determine libremente el otorgamiento de ayudas económicas tanto a las organizaciones solicitantes como en atención a los temas que le parezcan relevantes, sometido a un procedimiento de “concurrencia competitiva” que finalmente es resuelto también por el poder público.

Contra el “monopolio sindical subvencionado”

Las verdaderas razones de esta supresión de las ayudad económicas derivadas de la participación institucional reposa en la idea de que los sindicatos más representativos se mantienen gracias a la subvención o apoyo económico del poder público. Por eso se dice que las ayudas económicas generan dependencia de estos sindicatos respecto del gobierno  y favorecen “relaciones de influencia política” que conducen al clientelismo político. Es decir,  que la financiación pública daña o elimina la independencia de las organizaciones representativas, de manera que, al no recibirla, se impulsa a éstas a actuar con autonomía y a representar con mayor fidelidad los intereses de sus afiliados. De manera explícita, además, se indica cual es el sentido último de esta reforma; “Para ejercer una verdadera representación de los trabajadores es necesario que los interlocutores sociales se financien a través de las cuotas de sus propios afiliados, evitando así el monopolio sindical subvencionado que las distintas Administraciones han promovido hasta ahora con el fin de acallar el malestar social”.

Pero para ello es importante evitar el reconocimiento de las facultades que la mayor representatividad reconoce a estos sindicatos – lo que la norma denomina “monopolio sindical subvencionado”  - y permitir un acceso a esos fondos “mas igualitario” sin que se de una ventaja de unos grupos sobre otros, loque a la postre se traduce en el “carácter discriminatorio” de las ayudas económicas concedidas en función de la singular posición jurídica de la mayor representatividad, lo que, para cerrar el argumento, “dificulta el diálogo social”. Es decir, que mediante el nuevo mecanismo otros sujetos – los “otros sindicatos” como se han definido por una parte de la doctrina laboralista – pueden recibir estas ayudas que al centrarse en la singular posición jurídica de la mayor representatividad, suponen una discriminación respecto de los mismos.

La norma es expresión de un programa político

Como es evidente, la Ley 2/2025 de 2 de julio de la Región de Murcia vulnera directamente el derecho de libertad sindical al negar las facultades de la mayor representatividad sindical y justificar su contenido sobre una argumentación que lesiona directamente el contenido esencial de la libertad sindical e ignora a los sujetos que representan mayoritariamente a las personas trabajadoras de la Región. La vigencia y aplicación  de la nueva redacción de los artículos sobre las acciones y medidas de fomento y la justificación y control de las compensaciones económicas  ha sido suspendida desde el 29 de octubre de 2025 para las partes del proceso y desde el 25 de noviembre de 2025 para los terceros, por providencia del Tribunal Constitucional de 18 de noviembre de 2025 que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad nº 7512-2025, presentado por el Gobierno y que ya anunció la Ministra de Trabajo Yolanda Diaz un mes antes, el 22 de octubre (https://www.laopiniondemurcia.es/buzzeando/2025/10/24/cambios-hecho-murcia-ley-ayudas-122984070.html) . Pero “eliminar las subvenciones a los sindicatos” es una exigencia que se repite en los procesos de formación de los gobiernos autonómicos, como hemos visto recientemente en las condiciones que Vox impone para apoyar al PP en Extremadura.

Es decir, que se haya suspendido la aplicación de la norma y esta pueda ser retirada del ordenamiento jurídico  y que en el futuro esta mecanismo de tutela de la libertad sindical pueda reiterarse no debe impedir vislumbrar la profunda antisindicalidad que anida en el proyecto político del bloque de partidos compuesto por PP y Vox, y que previsiblemente irá escalando en intensidad si alcanzaran, como todos dicen, las mayorías suficientes para poder obtener la investidura en un futuro gobierno.

Conviene ser consciente de esta realidad, y fundamentalmente el sindicato debería asumir este hecho como una amenaza demasiado próxima a su propia existencia social y política.  Frente a un escenario como el actual en el que el diálogo social ha presidido la relación de interlocución con el poder público, lo que se avecina es justamente lo contrario, ante la consideración de la forma sindicato y su función básica de organización de las personas trabajadoras como una figura social que obstaculiza e impide la codicia corporativa y se caracteriza por ser un instrumento eficaz en la generación de derechos individuales y colectivos en el trabajo.

Y conviene atender a esta deriva antisindical que se quiere presentar como un acto dirigido contra los sindicatos más representativos, no como un ataque a los derechos  de los trabajadores individualmente considerados. Se justifica como una contención o intervención sobre el sindicato considerado una organización separada y burocrática que no responde a los intereses directos e inmediatos de los individuos, que vive de la ayuda pública que sus dirigentes y liberados parasitan viviendo del Estado sin trabajar. Una narrativa que la extrema derecha ha sabido extender entre una parte de la población y que el Partido Popular acepta sin problemas, puesto que tampoco parece estorbar a los objetivos de la CEOE, embarcada en la oposición cerrada al diálogo social y la caída del gobierno democrático.

Los sindicatos confederales, que son los destinatarios directos de este programa político, deben estar preparados ya para contrarrestarlo, advirtiendo sobre sus consecuencias para el conjunto de la clase trabajadora. Deben hacer explícito que junto a la xenofobia, la llamada “ideología de género” y la restricción de las libertades públicas, el bloque conservador y autoritario contiene una potente hostilidad hacia el sindicato como estructura fundamental de organización de las personas que trabajan, y que llevará al primer plano de sus políticas la reducción de sus facultades de acción y de las garantías de su ejercicio. Es urgente emprender desde ahora mismo esa tarea de información y de debate entre el conjunto de los trabajadores a partir de los espacios colectivos que los representan. Luego puede ser demasiado tarde.