Aunque en
todos los medios de comunicación se anuncia que llegan las fiestas navideñas,
lo que parece que está alumbrando esta temporada son huelgas generales. Lo ha
iniciado Grecia a primeros de octubre, en dos jornadas de huelga el 1 y el 15
de octubre contra una reforma laboral que permite jornadas de hasta 13 horas
diarias y semanas de 6 días, y que paralizó transportes y servicios esenciales.
Siguió Bélgica, con un crescendo de huelgas de tres días de final de
noviembre: el lunes 24 en el transporte
público (trenes, autobuses, tranvías, metros), el martes 25 en todos los
servicios públicos (incluida la educación y los hospitales) y el miércoles 26
de noviembre, con la suma del sector privado, un día de huelga general
interprofesional muy seguido en Flandes, Valonia y Bruselas. Ya en el mes de
diciembre, se anuncia una huelga general en Portugal para el 11 de diciembre y
otra en Italia para el viernes 12 de diciembre. Vuelve el conflicto en cascada
al sur de Europa
En lo que respecta a la huelga de
finales de noviembre en Bélgica, es evidente el éxito del frente común sindical
(Federación General del Trabajo de Bélgica FGTB, Confederación de Sindicatos
Cristianos CSC y Confederación General de Sindicatos Liberales de Bélgica
CGSLB) tanto más significativo cuanto que se produce tras 11 meses de
movilizaciones sin que la determinación del movimiento disminuya. Esta huelga
ha sido más seguida y más larga que la del 31 de marzo y es continuación de la
gran manifestación nacional que había reunido en Bruselas el 24 de septiembre a
unos 140.000 trabajadores.
En Portugal, la huelga general
convocada por CGTP-IN y UGT-Portugal, las dos centrales sindicales más representativas
tiene como motivo la resistencia a la reforma laboral impulsada por el gobierno
conservador, cn el apoyo de la extrema derecha. El anteproyecto de ley, -
llamado Trabajo XXI- constituye un gravísimo retroceso para los derechos
sociales y laborales y ataca los pilares fundamentales de la democracia y del
Estado social.
Las medidas incluidas en este
paquete legislativo —más de un centenar de modificaciones que suponen un ataque
directo a la clase trabajadora portuguesa- incluyen el debilitamiento de la negociación colectiva
y un incremento del poder para las empresas, facilitar los despidos, nuevas fórmulas sancionadoras para las y los
trabajadores y un aumento generalizado de la inseguridad laboral, la ampliación
de la subcontratación de cara a beneficiar a empresas intermediarias en
detrimento de las y los trabajadores, el aumento de los contratos temporales y
la promoción de bancos de tiempo individuales, medidas que aumentan la
precariedad, especialmente entre los jóvenes, la reducción de derechos de
maternidad y paternidad y finalmente, como no podía ser menos, el ataque al
derecho de huelga, la acción sindical y la representación colectiva.
Este paquete laboral supone una
de las mayores agresiones contra la clase trabajadora lusa desde que se
conquistó la democracia con la Revolución de los Claveles que derrocó el
régimen del fascista Salazar. La huelga ha tenido un amplísimo nivel de
adhesión popular, según han afirmado en la noche del jueves 11 los sindicatos convocantes.
En Italia, la CGIL y la UIL han
convocado una huelga general para el viernes 12 de diciembre, que ha sido precedida
de una convocatoria previa a finales de noviembre por parte de sindicatos autónomos
y comités de base. La huelga del día 12 responde a una situación conjunta que
afecta a todo el mundo del trabajo. Es necesario – afirma la CGIL, la mayor y
más representativa confederación sindical italiana - un cambio de rumbo en el
plano económico, social e industrial. Es necesario devolver la dignidad a los
salarios, a las pensiones y al contenido de la negociación colectiva. Es
necesario detener las derivas que amplían las diferencias y empobrecen a
quienes viven con ingresos fijos.
La primera gran razón de la
movilización tiene que ver con los salarios y las pensiones. En los últimos
tres años, los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados y las jubiladas
han pagado 25 000 millones de euros adicionales en impuestos sin recibir nada a
cambio. Los servicios públicos sufren una crisis estructural. La sanidad pública
se encuentra en su nivel más bajo desde hace décadas, con una financiación que
descenderá por debajo del seis por ciento del PIB. Casi seis millones de
personas renuncian a recibir tratamiento médico. También la educación, la
vivienda, el transporte, la asistencia a las personas mayores y la seguridad en
el trabajo sufren recortes continuos, mientras que el dinero para el rearme se
encuentra con sorprendente rapidez. En materia de Seguridad Social, la edad de
jubilación se elevaría aún más, lo que afectaría al noventa y nueve por ciento
de las personas, y se eliminaría toda flexibilidad en la edad pensionable. Lo
que se perfila es una vida laboral más larga y más pesada, mientras que para
los jóvenes se reducen los espacios de autonomía.
El objetivo de la huelga italiana
es el de cambiar esta trayectoria. Se pide la renovación de los convenios colectivos
vencidos. Se solicita una decimocuarta mensualidad reforzada, más equidad fiscal y
una pensión contributiva garantizada para quienes tienen carreras discontinuas.
Reclama políticas industriales reales para gestionar la transición y crear
empleo de calidad. Pide garantías en materia de seguridad, un plan
extraordinario de contratación en la administración pública, más servicios para
el estudio, la vivienda, la discapacidad y la paternidad, y medidas concretas
contra la precariedad y el trabajo irregular. Los recursos están ahí. Deben
recuperarse de los beneficios, los beneficios extraordinarios, las grandes
fortunas y la evasión fiscal, con una contribución solidaria del 1 % más rico
que generaría 26 000 millones al año. Por último, es necesario detener la
carrera armamentística, que restaría casi mil millones a las prioridades
sociales.
Esperemos a la valoración que de esta huelga general efetúen los sindicatos convocantes.
en resumen, hay señales preocupantes de que en varios países europeos se están adoptando iniciativas de
reforma que reducen y restringen derechos individuales y colectivos de los
trabajadores – como sucede emblemáticamente con los proyectos legislativos en
Grecia o en Portugal – o políticas fiscales y sociales que no solo debilitan
los servicios públicos, sino que reducen el gasto social y utilizan el
instrumento impositivo en una dirección contraria a cualquier objetivo
redistributivo junto con un presupuesto claramente restrictivo y antisocial.
De momento la situación en España, pese al tremendismo con el que se adornan las relaciones políticas y parlamentarias, las acusaciones de corrupción y los impúdicos intentos de socavar la actuación democrática del gobierno mediante la entrada directa en el juego político de la mayoría de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no ha entrado en este cambio de sentido de la normación laboral. El gobierno y en especial el Minsiterio de trabajo y de Economía Social mantienen una adecuada actividad en el marco del proyecto reformista que llevan adelante desde inicios del año 2020.
Hay sin embargo indicaciones
críticas en Comunidades Autónomas como la de Madrid, donde la degradación de
los servicios públicos y la predilección del gobierno por derivar a los
espacios mercantilizados la satisfacción de intereses y necesidades comunes de
los ciudadanos está asumiendo ya caracteres insoportables. La movilización de
las universidades públicas madrileñas y la huelga llevada a cabo masivamente
los días 26 y 27 de noviembre en estos centros universitaros por profesores, PTGAS y estudiantes han sido una llamada de atención, pero todavía no
hay una reacción generalizada ante este ataque decidido a los servicios
públicos en oros sectores clave como el de la sanidad.
Por si fuera poco, el líder de la
derecha política que aspira a gobernar en el próximo ciclo electoral, ha
visitado al empresariado catalán, invitado por el presidente de Foment del Treball,
Sanchez Llibre, lo que aprovechó para concretar su plan de “rebajar las
cargas administrativas y burocráticas para las empresas que tienen entre 50 y
250 trabajadores”, para evitar burocracia y trámites para las empresas que
superen el umbral de los 50 trabajadores. Entre estas medidas, se incluiría “la
derogación de la norma que obliga a constituir comités de empresa de
representación laboral en las empresas que tienen 50 o más trabajadores y solo
se aplicaría a partir de los 250”, una propuesta que, a juicio de los
asistentes, fue acogida “con expreso entusiasmo”.
Es obvio que las promesas pre-electorales
son siempre dudosas, pero permiten entrever cual es el propósito de cambio que
las fuerzas políticas de oposición tienen en mente. El sindicato de CCOO ha respondido en las redes sociales que
esta propuesta desmantela la estructura de representación de los trabajadores
en empresas medianas, dejando a miles de trabajadores sin voz, y que no podrá
llevarse a cabo ante la respuesta colectiva del conjunto de las personas que
trabajan. Pero para ello es lo cierto que la movilización y la huelga sean tan
potentes y continuadas como para que generar realmente una presión irresistible,
más aun teniendo en cuenta que en las previsiones de la derecha contaría con
una mayoría parlamentaria holgada para proceder a la misma. La reciente derrota
sindical – y política- del sindicalismo español en el tema de la reducción de
jornada, en donde la movilización sindical no fue capaz de generalizar el
conflicto frente a la potencia de la patronal y sus voceros políticos, es una
llamada de atención frente a estos indicios de profunda antisindicalidad y destrucción
de la capacidad organizativa del sindicato del trabajo asalariado de este país.
Se acercan negras tormentas y
agitan los aires. El conflicto laboral y social comienza plasmarse en las
convocatorias de huelga de forma cada vez más frecuente. Estaremos atentos.
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