LAS PERSONAS Y SUS DERECHOS, LO PRIMERO

Este ha sido el lema de la manifestación que culminaba en Madrid las movilizaciones y los más de 60 actos que se habían realizado el 15 de diciembre en todo el país convocados por CCOO y UGT. En una fría y radiante mañana de domingo, 30.000 personas han recorrido el Paseo del Prado y la Calle de Alcalá hasta desembocar a la altura del metro de Sevilla donde ha habido la clásica alocución de los organizadores, en la que han intervenido Álvarez por la UGT y Toxo por CCOO.

Como suele ser habitual, la manifestación no ha merecido relieve alguno en las páginas principales de los diarios nacionales en su edición digital. Tanto El Pais, ABC, La Razón como El Mundo colocan la noticia bien abajo en la página y sin apenas destaque, cuestión en la que coinciden con Público, mientras que El diario.es y Nueva Tribuna le asignan la primera página del digital, e  Infolibre la sitúa con destaque importante solo después del debate ideológico que se está produciendo en Podemos. Una referencia a la atención mediática que seguramente es útil para que los lectores de los periódicos y digitales se vayan haciendo una idea de la permanencia de un cierto “apagón” informativo respecto del impulso a la movilización y al disenso social que comienza a abrirse camino precisamente por el impulso de los sindicatos.

El propósito de la manifestación era hacer patente la presencia de los trabajadores como clase social especialmente golpeada por la crisis y a cuyas expensas se está produciendo la recomposición de la tasa de ganancia. En el recorrido de la marcha, como luego recordarían los dirigentes sindicales en la alocución final, estaban un variado conjunto de colectivos especialmente castigados por estos años de austeridad y de recortes, que han sido fuertemente perjudicados por la reforma laboral, el facilitamiento y abaratamiento del despido y el incremento del poder unilateral del empresario. Trabajadores de Coca Cola y Tele Madrid, de la sanidad madrileña, del sector de limpiezas, teleoperadores, monitores, interinos de enseñanza,  trabajadores represaliados por su participación en piquetes de huelga, en fin todo un largo muestrario del daño social que han generado estos últimos cuatro años de reforma laboral y de recortes sociales que sin embargo son invisibles en la opinión pública y de los que nadie habla al mencionar las cifras del crecimiento económico.

En efecto, un elemento muy reiterado en los discursos sindicales es que en efecto el país comienza a generar riqueza, se aprecia un crecimiento económico que comienza a ser significativo, pero éste se verifica al modo neoliberal, es decir, con un muy importante contingente de parados como telón de fondo de una creación de empleo esencialmente temporal, precario y de bajos salarios. Hay crecimiento pero el empleo es de mala calidad, y no existe la redistribución de la riqueza que debería acompañar a este movimiento económico. Por eso en la reivindicación exhibida a través de la manifestación, lo que se prioriza es la derogación de la reforma laboral y el impulso de la negociación colectiva, pero por otra parte el cambio del sistema fiscal en un amplio sentido compensatorio de las rentas más bajas y la tributación de las sociedades y empresas. Además de ello la defensa del sistema de pensiones implica una reformulación de los ingresos del sistema y el incremento salarial de las rentas del trabajo, también como forma de vigorizar la caja de la Seguridad Social.

Es cierto que el panorama político es complicado, y que en los análisis sindicales se parte de un entendimiento del momento como la apertura, tras la oportunidad perdida de las elecciones de diciembre del 2015, de una fase de hegemonía de la derecha en el gobierno que piensa  re-editar el modelo bipartidista con el PSOE por lo que privilegia la relación con este partido aún a costa de situar a su socio principal, C’s, en un claroscuro político que le debilita de manera importante. En esta óptica, la crisis interna del PSOE será reabsorbida fundamentalmente por la división de Podemos en dos proyectos antitéticos, y por tanto mediante la debilitación y difuminación de esta alternativa de izquierda con su construcción multinacional a partir de las coaliciones catalana, gallega y valenciana, con los sujetos específicos que se mueven en estos ámbitos. Es evidente que el sindicalismo confederal no participa de este pronóstico, que por otra parte mira más hacia el pasado, a la búsqueda de una reedición del bipartidismo imperfecto como fórmula de gobernanza desde el tiempo de la “modernización” española, y que por el contrario explicita otro proyecto político bien diferente.

Éste consiste en impulsar colectivamente como organizaciones que representan al trabajo y a los trabajadores en este país, la unidad social de las fuerzas de izquierda y centro izquierda, que comprenden a PSOE, Podemos, IU y las distintas convergencias de Catalunya, Valencia y Galicia, contra las políticas del gobierno en esta materia. La materialización de alguna iniciativa parlamentaria, como la proposición no de ley del PSOE aprobada el 13 de diciembre con el voto de los demás grupos parlamentarios de la izquierda y otros grupos nacionalistas en la que se solicitaba al gobierno la derogación de la reforma laboral ( el texto se puede encontrar aquí  http://www.socialistasdelcongreso.es/opencms/export/sites/default/gps/resources/Documentacion/Registro/PNLpleno/2016/07_Julio/160720_PNL_Derogacixn_de_la_reforma_laboral_y_elaboracixn_de_un_nuevo_Estatuto_de_los_Trabajadores_-_Pleno.pdf ) , es una buena señal en esa dirección. Sin embargo, no lo es, y asi lo han señalado los dirigentes sindicales que han intervenido al terminar la manifestación, que se vayan adelantando algún tipo de acuerdos entre el PP y el PSOE como forma de legitimar el actuar común de ambos partidos, obteniendo ciertas modificaciones de aspectos importantes – como el salario mínimo – muy alejados sin embargo de la visión sindical y perdiendo la perspectiva de conjunto de la negociación que éstas pretenden llevar a cabo.

Los sindicatos pretenden un diálogo abierto y sin cortapisas por parte del gobierno. Es el comienzo de un proceso de movilización que requiere un actor solvente y bien instalado en la representación de los grupos sociales que se incluyen en el conjunto de la clase trabajadora. Los dirigentes de CCOO y UGT han anunciado que con este acto dan inicio a un proceso que creen será largo y no necesariamente seguro. Habrá que atender a su seguimiento y profundización, seguramente ya el año que viene.

EXCEPCIONALIDAD POLITICA Y CAPITALISMO FINANCIERO. UNA REFLEXIÓN A PROPÓSITO DE BRASIL

Tarso Genro, que fue alcalde de Porto Alegre, ministro en los distintos gobiernos de Lula y gobernador del Estado de Rio Grande do Sul, es además líder de la minoría más importante del PT, que celebra su congreso el año próximo en abril, y uno de los  exponentes de la teoría y de la acción política más renombrados de América Latina. Preside en la actualidad el Instituto Nuevos Paradigmas, que está empeñado en efectuar una reflexión transversal sobre los cambios en el trabajo y en la composición del Estado en el momento actual de la globalización. Tarso Genro está en España y en Portugal durante algunos de estos días de diciembre, cumpliendo una agenda de debates con personalidades políticas, académicas y de relevancia social, para dialogar de la “cuestión democrática”.

El lunes 11 de diciembre, tras una conferencia muy nutrida realizada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Valencia, presentada por el alcalde, Joan Ribó, que llevó por título “Ciudades, política y participación ciudadana”, mantuvo un debate con una treintena de cuadros políticos del bloque de gobierno que tiene la mayoría en Valencia, y se trasladó a Madrid al día siguiente. Allí, el martes 13 de diciembre, tuvo una reunión informal con una serie de profesores y alumnos del master y doctorado de Ciencias Políticas auspiciada por la Fundación de Investigaciones Marxistas, donde se examinó y debatió la experiencia brasileña y la situación actual. El programa de actividades incluye una visita a la alcaldesa de Madrid el miércoles 14 de diciembre, un seminario en la Fundación Alternativas el jueves 15 junto con una entrevista con el secretario general de CCOO ese mismo día, así como encuentros con otras personalidades entre las que destaca Baltasar Garzón .

La crisis política en la que vive Brasil  y la disolución de la gobernabilidad a través de acciones de excepcionalidad política instrumentalizada de un lado por el sistema judicial y por otro impulsada por los oligopolios de los medios de comunicación, es un hecho importante en lo que se puede calificar de revocación del proceso de cambio que América Latina ha vivido en  los últimos quince años, con la emersión de las democracias andinas y el régimen bolivariano en Venezuela, y la conformación de un bloque de progreso en Brasil bajo la presidencia de Lula, el Uruguay de Pepe Mujica y la Argentina de los Kirchner.

La revocación de esta nueva presencia democrática en tantos países de América Latina, que se desarrollaba junto a una percepción claramente continental de la política interna, situando por consiguiente a estos países en el marco de un espacio transnacional que permitiera dar una opción organizativa interestatal a los procesos mercantiles y financieros que surcaban la globalización, se ha producido de manera acelerada a los largo del presente año, aunque naturalmente sus raíces se encuentran antes. En Brasil, la crisis política se declara en el 2013, con las grandes movilizaciones en algunos estados coincidente con el agotamiento del modelo de alianzas con el centro político y ciertos sectores de la oligarquía empresaria como el agro negocio, que había impulsado y sostenido los gobiernos del presidente Lula y de la presidenta Dilma hasta aquel momento. Sin embargo, no se reaccionó a tiempo impulsando, como se debía haber realizado, una reforma política que implicara a su vez la conformación de un bloque de alianzas de progreso que hubiera abordado verdaderas reformas de estructura, en especial la reforma tributaria y fiscal en un sentido redistributivo e igualitario, modificando así el sistema impositivo que en Brasil es especialmente injusto y desigual.

Es seguro sin embargo que la política redistributiva de los años dela presidencia de Lula y Dilma ha generado efectos muy decisivos, sacando  de la pobreza a más de cincuenta millones de personas. Pero es también cierto que, como ha sucedido en Venezuela, una buena parte de la financiación de este esfuerzo se había realizado a partir del elevado precio en el mercado mundial de las commodities y que por tanto, al caer éstas, se produce una fuerte crisis fiscal que obliga al endeudamiento del Estado. A ello se une la percepción de las conquistas sociales de esta época más como concesiones del poder público, con una especial imputación identitaria al presidente Lula, que como derechos conquistados que requieren por tanto un esfuerzo colectivo por mantenerlos y desarrollarlos. El propio PT, cuyos principales dirigentes , junto con los de una buena parte de los movimientos sociales en los que estaba imbricado, fueron cooptados por las estructuras institucionales para el desempeño de funciones públicas, derivó su capacidad de incidencia y su propio debate interno a la lucha por los espacios de poder en la labor de gobierno, descuidando la discusión programática sobre la dirección de ésta y sus objetivos finales. Se produjo un intercambio permanente a través de los presupuestos, especialmente los estatales, entre la fidelidad al gobierno y el reconocimiento de los grupos sociales que obtenían así ventajas sociales o mejores condiciones de laborales, lo que venía a conformar una lógica neocorporativa de gobernanza. Junto a ello, finalmente, la corrupción a través de la financiación de las campañas electorales y, más allá, de los patrimonios personales, y la campaña moralizante que puso su foco de atención sobre la “conducta desviada” del PT, y que fundamentalmente ha concluido con una persecución judicial hacia el presidente Lula, para evitar que se pueda presentar en las presidenciales del 2018, con la intensa colaboración de los oligopolios mediáticos, ha sido extraordinariamente eficaz en la deslegitimación del PT como referente moral y político del cambio.

En el Brasil actual, este proceso se ha llevado a cabo mediante la manipulación de los mecanismos institucionales que han logrado la destitución de la presidenta Dilma y la constitución de un gobierno que ha procedido a desmontar sin dilación las estructuras de garantía de derechos laborales y sociales y que, justamente ayer llevó a cabo la definitiva revocación del Estado social y por tanto de los derechos sociales reconocidos en la Constitución brasileña de 1988, mediante la votación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 241/55 que fija un techo al gasto público y lo congela durante veinte años consecutivos, signando así un futuro de devastación social, pobreza y miseria que revertirá en inseguridad ciudadana y aumento de la criminalidad, desligando el tejido social conectivo y rompiendo las solidaridades entre las clases subalternas. Alcanzado este objetivo, y a su vez convictos de importantes delitos de corrupción la práctica totalidad del grupo dirigente del gobierno – comenzando por el ilegítimo presidente Temer - y de sus exponentes parlamentarios que llevaron a cabo el golpe contra la legítima presidente del país, la situación política debe desembocar, naturalmente, en las elecciones anticipadas.

La situación es muy grave, y refleja el hecho ineludible de la apropiación del Estado por el capital financiero, que requiere expresamente de éste el pago continuado y total de la deuda, en una suerte de proceso de subsunción que expulsa la política entendida como el debate sobre las opciones de organización de la vida social en torno a valores democráticos y anula la soberanía del Estado entendida como capacidad de decisión y de compromiso político y jurídico respecto de la vigencia de un sistema de derechos individuales y colectivos. Éstos sólo pueden tener virtualidad si no colisionan, siquiera sea mínimamente, con la exigencia del pago de los intereses de la deuda y el respeto a las inversiones efectuadas por las grandes transnacionales y conducidas por las instituciones financieras internacionales. De ahí la situación de excepcionalidad política y social que acompaña estas tendencias en acto y que, como es perfectamente apreciable, constituyen una constante del globalismo contemporáneo que se manifiesta especialmente en Europa a través de la instauración de un modelo neoautoritario de relaciones laborales y de contracción del Estado social mediante la puesta en práctica de la “nueva” gobernanza económica.

Comprender la globalización no como un hecho técnico ni como un fenómeno natural inmodificable, sino como un objeto político, que debe ser recibida y transformada como fuerza positiva, es una tarea importante para las izquierdas – políticas y sociales – españolas, portuguesas y de América Latina, que posiblemente tienen puntos de partida culturales que les facilita la puesta en común de experiencias y de proyectos de acción. Las grandes narraciones históricas no explican el momento actual, y el neoliberalismo ha construido sentido de vida y de pertenencia en torno al mercado y a la apropiación individual mediante el consumo que se despliega a nivel global, con una impresionante homogeneidad en diferentes territorios y atmósferas culturales. Recuperar el espacio público y colectivo, conocer y trabajar críticamente las nuevas formas de producción normativa, desplegar y participar formas de resistencia y logros organizativos y en fin orientar la acción política hacia la solidaridad internacional, conformando espacios transnacionales por los que pueda transitar y arraigarse, constituyen los retos actuales del pensamiento político emancipador del que precisamente Tarso Genro y un amplio grupo de personas en torno al mismo constituyen un magnífico ejemplo.

LAS MOVILIZACIONES DEL 15 y LA MANIFESTACIÓN DEL 18 DE DICIEMBRE

Ha terminado el largo Puente constitucional y religioso que ha recorrido el inicio del mes de diciembre y que ha sometido a una cierta inercia a los trabajos y los días, en especial en este blog. Se abre ahora una semana que frente a la atonía de la anterior, promete acontecimientos importantes. No referidos, claro está, al ronroneo de la política de personajes que pueblan las páginas de los periódicos du régime y también los digitales, sino a las opciones importantes que quieren discutir el estado de las cosas y sacudirlo para que cambie.

La cuestión es conocida, los sindicatos confederales, CCOO y UGT han convocado movilizaciones para el 15 de diciembre en todo el país, a lo que se une una gran manifestación en Madrid el día 18 de diciembre. El origen de la misma se encuentra en la reunión que los secretarios generales de ambas centrales sindicales mantuvieron con el recién investido (de nuevo) presidente de gobierno, en donde éste propuso la apertura de un ciclo de diálogo social pero con enormes condicionantes, la más importante de todas ellas, la intangibilidad de la reforma laboral del 2012. Sobre el catálogo de temas posibles de negociación se encontraba el salario mínimo, que el gobierno ha sacado unilateralmente del mismo al llegar a un acuerdo bilateral con el PSOE, y el tema de las pensiones, que también entrará en juego con el debate sobre los Presupuestos.

La situación es muy líquida en el plano de la política institucional, porque el aislamiento de la izquierda y de los nacionalismos periféricos, en especial el más complejo de Catalunya, no impide que se desaten ciertas contradicciones en lo que se pretende que sea el bloque de la gobernanza económica, articulado en torno a PP, Ciudadanos y PSOE. Como hemos visto, el PP y el gobierno privilegia dentro de este bloque el renacer del bipartidismo con el PSOE pretendiendo formar una base de acuerdo en los temas fundamentales que determina la Unión Europea y que actualmente se concretan en la negociación de los presupuestos. Este  movimiento desplaza a una posición subsidiaria a C’s, pero no parece que ello tenga un coste especial para el gobierno, dado que en principio esta era la opción de “concentración” que el partido emergente de centro derecha defendía. Pero lo que si hace es prolongar la crisis en el PSOE, cuya militancia y una parte de su dirección no sólo está todavía afectada por la destitución del secretario general, sino que no acepta desempeñar el rol de sostenedor del gobierno y de sus políticas sociales y económicas, por lo que les es precisa un esfuerzo de diferenciación, creando en el plano de la opinión pública un cierto espacio de reivindicación que se solape con las posiciones de la izquierda política y sindical. Esa ambivalencia socialista debería ser aprovechada por Unidos Podemos, planteando plataformas comunes que obliguen al gobierno a revocar las decisiones del Parlamento, como tiene por costumbre, y por consiguiente a impulsar un proceso de enfrentamiento con el mismo en el que se le desgaje al menos puntualmente del bloque de consensos que ha ido tejiendo con el decisivo apoyo, claro está, de los medios de opinión y la aprobación de los poderes económicos. En ello resultará decisivo aprovechar la ambivalencia en la que se debe mover el PSOE, atrayéndolo a un espacio de convergencia que fuerce la reacción del ejecutivo.

En este panorama político, el movimiento sindical debe y quiere tener protagonismo. La modificación de aspectos importantes de la reforma laboral es un aspecto irrenunciable, y hay materias, como la de la contratación temporal, que requiere necesariamente una nueva regulación, por obra de la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante la cual los trabajos de la llamada Comisión de Expertos no parece que estén logrando una posición concluyente. Pero hay también iniciativas importantes, como el documento FIDE dirigido por Maria Emilia Casas, que ha surgido de espacios sociales y económicos relevantes y “transversales” de abogados, juristas y magistrados de diferentes sensibilidades, que proponen cambios importantes en el conjunto normativo laboral, y que sin duda deberán ser objeto de debate en el marco de este proceso de (re) regulación del sistema de relaciones de trabajo.

En el mismo sentido, el tema del salario mínimo, que ha obtenido relevancia política al abordarse en el Parlamento con gran solvencia por el grupo Unidos Podemos recogiendo la reivindicación sindical de los 800 euros, se ha subsumido en el acuerdo PP-PSOE en una cantidad muy inferior que sin embargo ha sido presentada por la prensa empotrada en el poder económico como “la mayor subida en los últimos veinte años” y por consiguiente como un hecho excepcional y meritorio. Pero la reivindicación de la lucha contra la pobreza salarial, que es una constante en el discurso sindical, no puede terminarse con este dato, sino que tiene que prolongarse en el análisis de la vulnerabilidad laboral, la exclusión social y las medidas que se requieren para imponer garantías sociales ineludibles que eviten estas situaciones de precariedad vital y de pobreza laboral.

Un debate importante que también está abierto a la convergencia de las fuerzas de centro izquierda y la izquierda es el de las pensiones. Dando por descontado la quiebra de los sistemas de capitalización privados, hay que evitar la asistencialización de las prestaciones de Seguridad social sobre la base de la persistencia de una amplia bolsa de desempleados, la devaluación salarial y las necias políticas del gobierno de subvenciones y de exenciones de cotizaciones sociales que han cegado la vía de ingresos del sistema. Este es otro de los elementos básicos de un programa de acción en el futuro inmediato.

Por todo ello, la presencia en asambleas y debates del sindicalismo representativo de este país, haciendo valer su representatividad real entre los asalariados y asalariadas del Estado, es importante. Es una convocatoria que pretende “engrasar” el diálogo social, se ha dicho, pero sin duda va más allá del binomio movilización – negociación que es tan conocido. Se trata de afirmar la subjetividad colectiva que representa al trabajo como un actor también político que interviene en el conjunto de los procesos sociales que se están desarrollando dentro y fuera de las instituciones políticas, y que actúa, siguiendo sus métodos tradicionales de acción, presionando para el cambio, comenzando de nuevo el camino que conduce a la reformulación en positivo de nuevas determinaciones normativas y de prácticas sociales adecuadas en una línea de consolidación de derechos individuales y colectivos que están manifiestamente amenazados o erosionados.

La participación en las movilizaciones del 15 de diciembre es por consiguiente fundamental. Como lo es acudir a la manifestación en Madrid el 18 de enero. Allí nos encontraremos.