sábado, 11 de julio de 2020

UNA NUEVA NORMALIDAD FUNDADA EN EL TRABAJO: LO IMPRESCINDIBLE DE LA ACCIÓN SINDICAL. HABLA CAROLINA VIDAL.



La irrupción de la pandemia y la crisis sanitaria ha alterado el orden de las cosas y hace imprescindible el fortalecimiento del Estado Social y la revalorización del trabajo como elemento central en la cohesión social y en el sostenimiento de las funciones esenciales de la sociedad que garantizan la existencia de la ciudadanía de un país. Eso implica recuperar un tiempo nuevo que expanda y vigorice los derechos individuales y colectivos de las personas que trabajan, un proyecto que se tiene que apoyar en la acción de los poderes públicos, pero que no puede tener viabilidad si no cuenta con la acción continuada y permanente del sindicalismo como representante general del trabajo que funda la normalidad social y económica.

Este es el tema sobre el que Carolina Vidal López, Secretaria de Acción Sindical y Formación Sindical de  CCOO-CLM ha escrito un artículo que será publicado en los medios de comunicación de esta Comunidad autónoma y que generosamente ha permitido hacerlo también en este blog. Gran amiga desde hace tanto tiempo – alumna brillante del curso de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas de Toledo, luego abogada laboralista y responsable del servicio jurídico de CCOO de Toledo – Carolina Vidal es hoy un cuadro sindical imprescindible en la definición de un sindicalismo creativo y constante en la defensa de los intereses de las personas que trabajan. Este blog le agradece de forma entusiasta su primera presencia en esta página, de la que por otra parte ella es frecuente seguidora.

ENTRE LO ESENCIAL Y LO IMPRESCINDIBLE

Carolina Vidal

Secretaria Acción Sindical y Formación CCOO-CLM

Estamos viviendo un momento sin precedentes conocidos, convulso, lleno de incertidumbres,  pero que no tiene necesariamente que mostrarse inseguro. Las circunstancias económicas y sociales de la crisis sanitaria dejarán consecuencias que perdurarán en el tiempo, y sin saber cómo ni hasta cuándo, también lo harán las soluciones implementadas desde el diálogo social y la acción normativa.

Cuando la crisis generada por el Covid 19 irrumpió en nuestro país, los lobbies económicos quedaron perplejos ante la capacidad autoorganizativa del mundo del trabajo, el compromiso y la responsabilidad de las plantillas de las empresas que por un impulso natural se pusieron al servicio de lo común, un cierto espontaneísmo que tuvo que organizarse desde el sindicalismo de clase ante una nueva etapa histórica que cambia radicalmente el pasado. El trabajo sindical de los próximos años pivotará sobre dos sintagmas que quedan tras la crisis sanitaria, el “valor del trabajo” y la imperiosa necesidad de poner la organización del mismo “pactada y negociada” al servicio de la sociedad, de los trabajadores y las trabajadoras a quienes los intereses colectivos convierten en ciudadanos.

El esfuerzo de la clase trabajadora ha sido clave en estos meses, no porque antes no lo fuera, sino más bien porque ese valor ha sido reconocido en vivo y en directo con aplausos diarios, que no sólo daban rienda suelta a la emoción por la tragedia vivida, sino que ponían el acento sobre quienes mantenían en tiempos que hubieran sido de huida la cohesión social. Los trabajadores y trabajadoras aportamos a la sociedad el esfuerzo de producir lo esencial para vivir, los alimentos, la salud, la educación, los cuidados, …pero también el ocio, la cultura, … los días de confinamiento nos han demostrado cuántas cosas necesitamos, cuántas son esenciales; y cuánto de imprescindibles son algunas de esas aportaciones, los trabajos de los sanitarios, de quienes cuidan a nuestros mayores, de los servicios educativos, de quienes limpian calles, edificios y hospitales, de la logística y quienes trasportan mercancías, de las personas que atienden en los supermercados, y un interminable etcétera que se refiere siempre a un trabajo que nos ha permitido vivir en estos tiempos.

Durante estos meses las trabajadoras y trabajadores nos hemos confinado en nuestros domicilios y hemos trabajado a distancia, se han suspendido nuestras relaciones laborales a través del instrumento de los ERTES, que posiblemente nos ha salvado del despido y la pobreza; pero la elevada temporalidad en nuestro país de las relaciones laborales ha dejado en shock al trabajo en expectativa, al que espera que su contrato no finalice, al que confía que se le renueve, al que teme que no llegue. Sería muy duro volver a las andadas, mantener una bolsa de trabajadores pobres o con trabajos precarios, cuando todas y todos ellos han dado mucho más de los que se les ofrece, de lo que reciben, y en palabras de la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, “no se les trata como se merecen”. Por esta razón y alguna otra, es imprescindible hablar del reparto de la riqueza, quien ha puesto sus manos y su salud al servicio de los y las ciudadanas ha sido la clase trabajadora, no el capital.

No es preciso recordar en estos tiempos la reivindicación sindical de los derechos de quienes el trabajo es su identidad, y en especial el papel de CCOO. En los meses futuros habrá necesariamente que buscar alternativas en la acción sindical desde la confrontación de nuestros objetivos, manteniendo en el tiempo la importancia de negociar soluciones, pero trabajadoras y trabajadores saben que ese proceso tiene necesariamente que traducirse en objetivos conseguidos, porque sólo equilibrando la balanza saldremos de este crucial momento. Negociar sí, pero no desde la percepción del sindicalismo de clase como una rémora legal que hay que soportar para luego no aceptar sus posiciones, porque con ello se expresa lo fundamental del valor de lo colectivo, la organización del trabajo y el marco institucional pactados y definidos en una mesa, desde lo grande hasta lo pequeño. No permitiremos vetos a nuestros objetivos más sentidos.

La acción sindical, en este momento como en otros rápidos y líquidos, debe adelantarse a los acontecimientos, y son muchos los temas sobre los que su intervención es necesaria:  definir nuevamente los contornos de la relación laboral para impedir que se establezcan nuevas figuras productivas que escapen al derecho del trabajo, en ejemplos  que conocemos bien, los riders, los falsos autónomos, el trabajo de plataformas.

La pandemia se ha cebado con los más vulnerables, como las pestes han hecho a lo largo de la historia, y para muestra el descenso estadístico de las pensiones más bajas como consecuencia de la alta mortalidad de nuestros mayores en los últimos meses; la supervivencia de nuestras condiciones de vida también puede hacer mella en otro colectivo pobre, las mujeres, el trabajo a distancia , la precariedad, la conciliación de la vida laboral y personal, y la necesidad mantener el empleo resulta un coctel infalible para recluir de nuevo a las mujeres a sus casas, como aquellas que en la Mancha cosen botones o planchan en sus casas cuidando de los mayores, de los pequeños.

No podemos aceptar salir esta vez de la crisis apostando por lo precario, por añadir peso a quienes manejan los resortes económicos, vamos a incidir en el diálogo social para abrir las mesas negociadoras de los convenios colectivos sin miedo, buscando alternativas negociadas, con la fuerza que da la necesidad de lo colectivo, de las aportaciones imprescindibles de la clase trabajadora, empoderándonos no sólo porque tengamos derechos sino por el valor democrático que impregna al trabajo en este país en este momento histórico concreto.



martes, 7 de julio de 2020

NISSAN: MANTENER EL EMPLEO COMO PRINCIPIO



Desde hace tiempo se conoce el conflicto que enfrenta a los trabajadores y sus sindicatos con la empresa transnacional NISSAN, en el marco de la recomposición de mercados que está haciendo a nivel global la industria del automóvil. Se trata de un caso de gran relieve porque pone de manifiesto cómo las empresas globales siguen un programa de actuación que ignora las necesidades reales de la gente y el contexto en el que desenvuelven su actividad, sin que la destrucción de empleo que el cierre de la empresa va a producir en el tejido industrial de Barcelona y del país en plenas dificultades ante el relanzamiento de la economía tras la crisis sanitaria del Covid-19 les preocupe, ni quieran buscar soluciones alternativas que pudieran mantener el empleo en peligro.

Un grupo de juristas académicos y profesionales bien conocidos por cierto de los estudiosos del derecho del trabajo y de la problemática de las relaciones laborales, además de buenos colegas y amigos, hemos firmado un artículo que ha publicado hoy el periódico La Vanguardia (https://www.lavanguardia.com/economia/20200707/482173116152/nissan-mantener-el-empleo-como-principio.html) . Los firmantes aparecemos así identificados al pie del texto: Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla La Mancha y director de la Revista de Derecho Social (Editorial Bomarzo). Joaquín Aparicio Tovar, catedrático emérito de Derecho del Trabajo, Universidad de Castilla La Mancha. Amparo Merino Segovia, profesora titular, catedrática acreditada de Derecho del Trabajo. Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, Universidad de Castilla La Mancha.  María José Romero Ródenas, catedrática de Derecho del Trabajo. Decana de la Facultad de Relaciones Laborales y RR.HH. de Albacete, Universidad de Castilla La Mancha. Enrique Lillo , abogado del Gabinete interfederal de CC.OO. Eduardo Rojo Torrecilla, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Jaime Cabeza Pereiro, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo. Albert Pastor Rodríguez , profesor agregado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UAB. Xavier Solà Monells , profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UAB. Ricard Esteban Legarreta, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UAB. Helena Ysàs Molinero, profesora agregada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UAB , Jonathan Gallego Montalbán, director Gabinete jurídico de CC.OO. Catalunya, Carolina Gala Durán, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UAB.

Este es el texto de la columna de Opinión que se ofrece a continuación a los lectores del blog.

NISSAN: MANTENER EL EMPLEO COMO PRINCIPIO

Tras la irrupción de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, las medidas que se han ido adoptando han pretendido relanzar la economía sobre la base de un principio de preservación del empleo, favoreciendo los instrumentos de amortiguación social y evitando y bloqueando los despidos por motivos económicos durante este período. Es una estrategia que cuenta además con el aval de los agentes sociales, seguida mayoritariamente también en otros países europeos, y que en el caso de España parece haber conseguido un buen resultado si atendemos a los últimos datos del mes de junio.
Este contexto de diálogo social para la preservación del empleo no parece condicionar la actuación de algunas Empresas Transnacionales, que siguen instaladas en un horizonte de plena unilateralidad en la toma de decisiones que adoptan de manera independiente, sin participación del personal a su servicio ni de las partes interesadas en la actividad de la empresa.

Este es el caso de Nissan, que ha decidido unilateralmente, en el marco de la Alianza global con Renault y Mitsubsihi, cerrar sus empresas en Barcelona, en concreto la fábrica de la Zona Franca y los centros de Moncada i Reixac y Sant Andreu de la Barca, a partir de diciembre de 2020, procediendo a despedir a 2.525 personas, para lo cual ha presentado el día 30 de junio, ante la Generalitat, el preceptivo ERE. La decisión de eliminar la producción se ha presentado como una determinación inmodificable, de forma que Nissan sólo aguarda el transcurso de los 30 días naturales del período de consultas para que su resolución sea definitiva. La idea que subyace  a este planteamiento es la de la libertad económica plena de la empresa en el ajuste de sus efectivos, sin reparar en que este proceso de destrucción de empleo no depende de la libertad de empresa, sino que afecta directamente al derecho al trabajo de un amplísimo colectivo de trabajadores y por tanto tiene que ser modulado y constreñido a través precisamente de un procedimiento de negociación y de intercambio de posiciones y de propuestas articulado en el art. 51 ET, con mediación de la autoridad pública y desarrollado por una ya larga interpretación judicial.

No puede aceptarse por tanto que la apertura del período de consultas solo puede servir para acordar la cuantía de la indemnización por despido, dando por supuesto que la decisión extintiva ya está tomada y es inmodificable. La unilateralidad y el carácter definitivo del despido no funciona en los despidos colectivos de carácter económico. Por el contrario, la empresa elabora una propuesta justificada que debe confrontarse con la que sostienen los trabajadores y sus representantes sindicales, a través de una negociación de buena fe que tiene por objeto encontrar fórmulas para la salvaguarda del empleo y la disminución de la lesión del derecho al trabajo de las personas afectadas por la causa económica que pone en peligro los contratos de trabajo de la empresa. Una tensión hacia el mantenimiento del empleo en la actualidad mucho más acentuada al coincidir con una enorme crisis provocada por la paralización de la actividad económica derivada de la pandemia.

No puede hablarse de buena fe en la negociación cuando Nissan ha planteado un cierre predeterminado y definitivo de partida, una actitud que vacía de contenido el propio proceso de negociación que se debe llevar a cabo durante el período de consultas en las que no se intenta en ningún caso el mantenimiento de los puestos de trabajo. Es un acto de hostilidad económica contra el derecho al trabajo, que la empresa transnacional sabe que no sería posible emprenderlo en Francia, en donde el eje de la regulación de los despidos colectivos se asienta en la elaboración de un Plan de Salvaguarda del Empleo (PSE) que, si es decidido unilateralmente por la empresa, requiere su homologación por la autoridad laboral, so pena de que los despidos decididos por la empresa sean declarados nulos, e incluso se establece la obligación para las compañías de más de 1000 trabajadores de que antes de iniciar el período de consultas, la empresa busque un nuevo empresario – repreneur – para asumir la continuidad total o parcial de la actividad.

De esta manera Nissan ha desatendido la regla fundamental del derecho europeo de despidos colectivos, la de que la consulta tiene siempre que preceder a la toma de decisión y no a la inversa, lo que supone además información adecuada y suficiente sobre las razones que motivan la propuesta de la empresa, una información que tiene que ser proporcionada en el lugar y en el momento adecuado, lo que tampoco ha sucedido en este, con intensos desajustes entre la actuación frente al comité de empresa europeo y la representación local de los trabajadores.

No negociar de buena fe sobre las posibilidades que existen de mantenimiento del empleo implican que el procedimiento de consultas está plenamente desvirtuado. Y ello afecta a las personas que trabajan, pero también se lesiona la capacidad de acción colectiva que se instrumenta a través de la representación sindical en la negociación con la empresa, a la que se amputa su capacidad de incidir en la misma y la propia eficacia de las medidas de presión adoptadas.

El conflicto puede enquistarse y prolongarse mucho más allá de lo que Nissan erróneamente pretende. Las autoridades competentes deben intervenir para encontrar una vía de salida al mismo sobre la base de un principio básico de mantener el empleo. Ni la ley ni el contexto político permiten hoy otra solución.


sábado, 4 de julio de 2020

EL ACUERDO PARA LA REACTIVACION ECONÓMICA Y EL EMPLEO



El viernes 3 de julio por la mañana, en los jardines del Palacio de la Moncloa, se firmó, con gran pompa y circunstancia, el Acuerdo para la Reactivación Económica y el Empleo, que suscribieron el Presidente del Gobierno, los secretarios generales de CCOO y UGT y sus correspondientes de CEOE y CEPYME. Al acto asistieron las Vicepresidencias del Gobierno y los Ministerios económicos, es decir, Trabajo, Seguridad Social e Industria, junto a un nutrido grupo de altos cargos y de dirigentes sociales que habían participado en las últimas negociaciones sociales.

Diálogo social como método de gobierno y como legitimación de la actuación del poder público.

Todos los medios de comunicación coinciden en destacar el significado político del Acuerdo como contraste con la limitada capacidad del gobierno para obtener amplias mayorías parlamentarias en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. El PP se ha opuesto a los cuatro informes que se presentan, aunque con mayor ímpetu en los bloques de economía y políticas sociales más que en los de Sanidad y Unión Europea, posiblemente porque prefiere mantener intacta su propuesta política neoliberal como apuesta electoral, mientras que la CEOE-CEPYME entienden que el acuerdo social puede ser funcional a la recuperación económica y por tanto también a sus intereses en cuanto empresas que pretenden reactivar el mercado. La conclusión por tanto es la de que con la firma del Acuerdo se hace explícito – se escenifica es el término que prefieren los periodistas – un frente común en la vertiente social para la reactivación de la economía en la crisis que ha causado la irrupción de la pandemia del Covid-19. Asimismo se ha valorado este acto como un modo de reforzar la posición del Gobierno en la negociación de las ayudas europeas que tienen que decidirse antes del comienzo de las vacaciones, y para lo cual una postura unitaria de los representantes del trabajo y de la empresa ofrece una cierta garantía de estabilidad. Este es un tema en el que fundamentalmente ha hecho hincapié la parte sindical a la hora de resumir el significado del Acuerdo.

Se trata sin duda de dos bazas positivas que refuerzan la acción del Gobierno tanto frente a la complicada geometría parlamentaria como de cara a su capacidad de presión en Europa para obtener unas medidas de apoyo suficientes que no comprometan el giro social de su programa. Hay también otra estimación, más en clave interna a la correlación de fuerzas que se despliega en el interior del Gobierno, y es la que se refiere a la pretensión de que con este Acuerdo el área de economía protagonizara el diálogo social y lo orientara hacia sus directrices, desplazándolo del espacio en el que hasta el momento estaba sólidamente anclado, el que ocupan los Ministerios de Trabajo y de Inclusión y Seguridad Social, para diseñar un escenario en el que el peso fundamental del Acuerdo recayera en la articulación de políticas económicas y de mercado y no tanto en la conformación de instrumentos de regulación de empleo y en el despliegue del “escudo social” de tutela del empleo, frente a la precariedad y la vulnerabilidad de una parte importante de la población. Posiblemente la intención final era la de poner una especie de cierre o al menos de límite a la capacidad reformista del gobierno en materia de relaciones laborales, garantizando una cierta inamovilidad del marco institucional hasta ahora vigente en una especie de dispositivo de self restraint avalado por la firma de los interlocutores sociales.

Esta suerte de “captura” del diálogo social por el área económica del gobierno no se ha producido en los términos que seguramente estaban planteados. Ante todo porque la relación directa de este Acuerdo de Reactivación Económica en su vertiente de regulación de medidas de protección del empleo con el II ASDE recientemente firmado se encuentra claramente determinado en el compromiso del mismo de efectuar un “Pacto por el Empleo”, y como tal fue recogido en la Disposición Adicional 5ª del RDL 24/2020, que transcribe éste y que desemboca en la negociación pendiente en una serie de mesas de diálogo por concretar, sin que por tanto se enuncien allí cuales vayan a ser las medidas o ni siquiera los campos sobre los que se va a discutir de forma tripartita. Sin embargo, su carácter programático y declarativo le sitúa en una dimensión diferente de los Acuerdos sociales que hasta el momento se han ido produciendo, mucho más concretos y específicos en su regulación.

El contenido del Acuerdo, en efecto, se sitúa más en una perspectiva de declaración de intenciones y de un programa de acción más que en un repertorio de compromisos concretos que requieran un desarrollo ulterior inmediato. Y tiene que partir, como no podía ser menos, de la enumeración de las medidas adoptadas a través de un esfuerzo normativo excepcional durante el Estado de Alarma para “preservar el tejido productivo, el empleo y las rentas familiares”, y a su vez tiene recoge los últimos compromisos adoptados en el II ASDE sobre la prórroga de los ERTE como otro elemento que debe definir el inmediato futuro. Las medidas que se proponen para la reactivación son fundamentalmente de tres tipos: económicas y de política industrial, políticas sociales y relaciones laborales.

Las medidas del Acuerdo

Respecto de las medidas económicas y de política industrial, el Acuerdo establece unas líneas de actuación futura, comprometiéndose eso si a un segundo programa financiero de apoyo público a la solvencia y la inversión empresarial de 50.000 millones de euros, para reforzar empresas solventes en sectores estratégicos cuya situación financiera pudiera verse en peligro tras la crisis del Covid-19. La necesidad de un Pacto por la reindustrialización del país, la apuesta por la transición verde y la economía circular, la digitalización, el desarrollo de la economía social y el apoyo a los autónomos, son los ejes centrales de este horizonte de propuestas y declaraciones.

Las medidas sociales se proyectan en tres materias. De una parte, la necesidad de reducir los márgenes de la economía sumergida, lo que implica una lucha decidida contra el fraude, la precariedad y la evasión fiscal. Como la CEOE no acepta el incremento de la presión fiscal, el tema de la justicia redistributiva y la necesaria reforma impositiva no se ha incluido como un eje más del Acuerdo, y solo se sigue sus trazas a través de esta referencia a la lucha contra la evasión fiscal. Por otra parte, se incorpora una referencia a reforzar y garantizar la sostenibilidad y la suficiencia a largo plazo del sistema público de pensiones, con mención expresa a la garantía del poder adquisitivo de las mismas, lo que seguramente sin dificultad se puede derivar al compromiso del programa de gobierno de derogar la reforma del 2013 en materia de Seguridad Social, un reivindicación sostenida también sindicalmente. Y, finalmente el compromiso más interesante, reforzar los servicios públicos de sanidad y dependencia y el SEPE, los tres sectores que la crisis del Covid-19 ha mostrado que son fundamentales para garantizar salud y seguridad a la población, y que habían sido maltratados y reducidos en las medidas de recorte de plantillas y de inversiones llevadas a cabo por los gobiernos central y autonómicos como resultado de las políticas de austeridad en la crisis de 2010-2012.

Las medidas laborales tienen como inspiración el mecanismo de los ERTES al que se quiere dar una proyección duradera, además de recordar su importancia estratégica en el gobierno de la crisis actual y la conveniencia de ir incorporando a los trabajadores incluidos en los mismos a las actividades normales de las empresas, recontratando asimismo en la medida de lo posible a los contratados temporales que vieron extinguidos sus contratos, “potenciando la contratación indefinida”. Como mecanismo de ajuste ante caídas de actividad o cambios de ciclo económico, el ERTE debe ser por tanto priorizado antes que los despidos, como también en general las medidas de flexibilidad interna, en especial la reordenación del tiempo de trabajo, que previsiblemente debe ser la clave de la “nueva economía”. Obviamente, se concluye que resulta asimismo necesario establecer “un marco adecuado” para el trabajo a distancia, y como no podía ser menos, se resalta el papel de la formación y recualificación profesional, en especial pensando en el entorno digital y tecnológico, junto con la “modernización” de las políticas de empleo.

¿Derogar la reforma laboral?

“Modernizar” es la palabra clave, puesto que en el Acuerdo de forma escueta se incorpora el compromiso de “modernizar” el marco laboral. Es una manera inteligente de evitar la referencia a la reforma laboral del 2012 y al compromiso de su derogación del que tanto se ha hablado y que sigue dando su juego en debates cada vez más estériles. El compromiso del programa del gobierno de progreso es claro, pero lo que ahora está en juego, es algo diferente. Tras los meses transcurridos desde el inicio de la crisis sanitaria del Covid-19,  esta referencia ha perdido una buena parte de su significado. Siempre se ha recordado que no se trata de volver al pasado, sino de volver a conformar un marco de regulación que supere los elementos negativos de aquella reforma dictada sobre la base de debilitar el poder colectivo de negociación sindical y el reforzamiento en paralelo de las facultades unilaterales de modificación y de extinción de contratos por parte del empresario.

Algunas de estas normas han desaparecido ya del ordenamiento, como el nefasto Contrato de Apoyo a los Emprendedores, o el despido por absentismo, otras estaban siendo negociadas en el marco del diálogo social cuando la crisis sanitaria y económica obligó a posponer su examen, como los contenidos relativos a la regulación de la ultra actividad o a la primacía aplicativa del convenio de empresa, junto con la regulación de la subcontratación; otros temas en fin están surgiendo como nuevos que exigen una regulación urgente, como el trabajo a distancia, o la original regulación de la regulación temporal de empleo y de la flexibilidad interna, que están marcados en el propio Acuerdo comentado, o que se encuentran en estado de elaboración, como la calificación jurídica del trabajo en plataformas digitales, o la externalización de servicios en la hostelería, y, en fin, todo un tema que la reforma del 2012 no abordó y que resulta fundamental hoy, la contratación temporal, sobre la que políticamente se habla insistentemente acerca de la necesidad de un gran pacto para su regulación en el contexto del Pacto por el empleo. Todos estos son algunos de los elementos que están en juego actualmente y que aconsejan abandonar ya el planteamiento del debate desde posiciones hoy superadas por el momento histórico en el que nos hallamos.

El enfoque correcto hoy en día es el que separa a quienes quieren reformar el marco institucional laboral para establecer un equilibrio sustantivo de las posiciones de poder que se dan en las relaciones laborales, sobre la base de un principio de mantenimiento del derecho al trabajo y de promoción del empleo, reconociendo un amplia flexibilidad contratada y una efectiva protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras y el goce de derechos fundamentales en el desarrollo de su actividad, y quienes por el contrario se oponen a ese impulso reformista y modernizador en un sentido literal y optan por un inmovilismo contrario a la necesidad de adaptación y de cambio que exige el tiempo post-pandemia.

El Acuerdo para la Reactivación Económica y el Empleo por tanto, se abre a esta posibilidad, aunque por su propia genericidad, encamina sus conclusiones a una metodología ya experimentada, la de alimentar una serie de mesas de diálogo que se organizan temáticamente en la idea de avanzar en la reforma de diversos aspectos que regula el cuadro normativo del Derecho del Trabajo. Este es el camino que se habrá de recorrer, y tanto los sindicatos como el gobierno han advertido de que no será posible retardar la toma de decisiones al respecto, porque  el cambio del modelo de regulación del trabajo constituye sin duda un pilar fundamental en la reconstrucción económica y social que se requiere en nuestro país como condición de salida de la crisis.