ACUDIR A LOS TRIBUNALES ES UN DERECHO DE LA CIUDADANÍA QUE EN MADRID SE OBSTACULIZA CONSCIENTEMENTE

Todo lo que sea servicio público cuenta con la enemistad manifiesta de las autoridades que gobiernan Madrid. Desde hace casi una semana, los Médicos Internos Residentes se mantienen en huelga por sus derechos, algunos de ellos ya reconocidos por sentencia, y sabemos que para el próximo curso escolar la Comunidad de Madrid va a reducir plazas de profesorado. Ahora toca el turno a los abogados laboralistas. Como es preceptivo, la ley procesal ha articulado una serie de instancias previas al inicio del juicio que constituyen un requisito de procedibilidad de la acción ante los juzgados de lo social. Se trata del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación o sus sinónimos, que dependen de los Comunidades Autónomas y que son los herederos de la conciliación obligatoria ante el Sindicato Vertical Franquista que el sistema ideó como forma de controlar la litigiosidad laboral dando una presencia formal al aparato burocrático e ineficiente de la denominada Organización Sindical Española. Los SMAC han cumplido también una función disuasoria del acceso a la justicia, o como se dice de manera más neutra, una clara función de evitación del proceso.

Lo que es más relevante es que el SMAC funciona como un trámite imprescindible para poder acceder a los tribunales laborales, de forma que si este organismo no cumple con celeridad su función, el sistema se bloquea y la satisfacción de las pretensiones sociales se dilata de forma plenamente incorrecta. El resultado es la denegación práctica del acceso a la justicia, y sin perjuicio de que ello sin duda pueda dar lugar a la interposición de demandas de responsabilidad a la Comunidad de Madrid por el funcionamiento irregular delos servicios públicos, con la consiguiente lesión patrimonial de los y las trabajadoras afectadas, constituye una muestra más de la decidida opción anti social del gobierno de la CAM, y de su despr3ecio hacia los derechos de las personas que trabajan.

El hecho, naturalmente, ha generado una protesta del colectivo de la abogacía especializada en la defensa de los intereses de los trabajadores, además de la de consultores y asesores sindicales, quienes se concentraron ayer a las puertas del SMAC madrileño. Se trata de una elemental queja de quienes constituyen una agencia potente del derecho a exigir la tutela de jueces y tribunales de los derechos individuales y colectivos derivados de la relación de trabajo que requiere ser conocida – y sostenida – por la opinión pública.

Tres grandes abogados laboralistas y amigos constantes de este blog, Enrique Lillo, Bernardo García y Miguel Angel Garrido, han elaborado una nota que publicaba el diario “Mundo Obrero” y que, con la gentil autorización de sus autores, se recoge ahora aquí, en la que detallan la desastrosa situación en la que se hallan. Sería importante que los partidos políticos de oposición al gobierno de la CAM hicieran visible este nuevo desafío del mismo al Estado de Derecho y al ejercicio cabal de los derechos fundamentales de la ciudadanía, y que los sindicatos de Madrid impulsaran alguna iniciativa al respecto que convergiera con esta denuncia.

ANTE EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL SMAC: LA ABOGACÍA EN DEFENSA DE LOS TRABAJADORES SE MOVILIZA

El Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación es un organismo encargado de cumplir el tramite de conciliación previo exigible a la interposición de la demanda judicial, para procedimientos laborales tan importantes como los despidos, las sanciones, los derechos de conciliación, de protección de derechos sindicales u otros derechos fundamentales o las reclamaciones de cantidad.

Este servicio, con anterioridad a la pandemia de Covid19, se mostraba falto de personal suficiente para atender las conciliaciones, presentando un deterioro del servicio público de conciliación laboral, provocado y no corregido por los sucesivos Gobiernos de derecha de la Comunidad de Madrid, sucediendo que en periodos recurrentes no se citaban determinadas actuaciones como las reclamaciones de cantidad o dilatándose los plazos para los despidos en más de quince días hábiles, con el consiguiente riesgo de caducidad de las acciones y de pérdida de los derechos. Debemos recordar que por su configuración legal se inserta en el procedimiento laboral, y son las personas trabajadoras las que deben de actuar y promover este tipo de actos para garantizar el cumplimiento de los requisitos procesales de cara a un posterior reconocimiento judicial de sus derechos.

Con el estado de alarma la situación se ha agravado hasta el colapso, con la negación del registro presencial de sus reclamaciones a los trabajadores. Igualmente, gran parte de las demandas de conciliación no reciben citación para el preceptivo acto con el posterior problema judicial que se genera, al exigir el juzgado de lo social el acta que acredite la celebración de dicho acto. En los propios datos facilitados por la Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid, se han presentado unas 12.000 papeletas durante el estado de alarma de las que 4.000 no han sido tramitadas con la consiguiente situación de confusión e incertidumbre para las personas trabajadoras. Se trata de un fracaso político del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside la señora Ayuso.

Por lo tanto, se trata de reivindicar un funcionamiento correcto del SMAC al servicio de las personas trabajadoras en la defensa de sus derechos y que por lo tanto debe ser considerado y enfocado desde un servicio esencial conectado a la tutela judicial efectiva. Igualmente queremos resaltar la importancia de la afiliación sindical para tener una asistencia y un asesoramiento desde el primer momento para la correcta defensa de los derechos laborales.

Es por todo esto, por lo que nos movilizamos el 22 de julio a las 13.00 horas en la sede del SMAC en la calle Princesa 5 de Madrid (Plaza de los Cubos) en convocatoria de las organizaciones Asociación Libre de Abogadas (ALA) y Asociación de Laboralistas de Trabajadores de la Comunidad de Madrid (ALTMA).

Bernardo García, Enrique Lillo y Miguel Ángel Garrido

Abogados laboralistas

¿LA LEGISLACIÓN ALUVIONAL DE LA CRISIS DEL COVID-19 PREFIGURA LA REFORMA LABORAL DE LA “NUEVA NORMALIDAD”?

Vivimos una conjunción de crisis que hace de este momento político algo singular, como han señalado los comentaristas más atentos. A la crisis sanitaria del Covid-19 se ha seguido una tremenda crisis económica, y éstas a su vez están discurriendo en medio de una crisis política en la que los partidos de la derecha y la ultraderecha han desplegado una estrategia muy agresiva de deslegitimación democrática del gobierno y de sus medidas en la situación de excepción en la que nos hallábamos, una crisis territorial permanente fundamentalmente centrada en Catalunya, pero en la que las últimas elecciones en Galicia y en Euskadi han revelado el incremento muy importante de las posiciones de la izquierda soberanista y la consolidación del nacionalismo vasco, una crisis de financiación en el marco europeo que situaba a España en una posición de debilidad y de condicionalidad política contradictoria con el programa de reformas por emprender y, finalmente, una crisis institucional en torno a la forma de Estado, ante el escándalo producido ante las revelaciones sobre la fortuna personal del rey emérito.

(En la foto, el titular del blog, más precavido que preocupado ante la posibilidad de contagio del Covid-19, se retira a orillas del mar para seguir sus reflexiones)

En este contexto, la problemática laboral y social sigue siendo clave. Y la urgencia por ir introduciendo cambios importantes en el marco institucional de las relaciones laborales, se revela hoy en día como un hecho ineludible. Se tiende sin embargo a plantear el problema todavía en términos absolutos, pensando en un “nuevo marco legal” que se corresponde en esas concepciones como un modelo legal planteado ex novo, y frecuentemente contrapuesto al que surgió de la anterior crisis financiera y de la deuda y que se materializó definitivamente en el período de reformas del 2012-2013, bajo el gobierno del Partido Popular. Este es sin embargo un enfoque que puede resultar estéril en estos momentos, puesto que la reforma de la legislación laboral ya se está llevando a cabo de manera fragmentaria, pero decidida, y posiblemente puede ser mas útil considerar aquellos elementos con los que ya contamos que pueden suministrarnos pistas del camino por el que debe transitar ese tantas veces aludido “nuevo marco legal”.

En este sentido, la extensa producción legislativa en materia laboral y social efectuada durante el período de alarma y en la desescalada, tiene indicaciones muy importantes que sin duda van a tener una proyección inmediata en el futuro de la “nueva regulación”. Sucede especialmente con el cambio importante que se proyecta en la introducción de los ERTEs como elemento estratégico en la gestión de la crisis y como mecanismo de ajuste ante caídas de actividad o cambios de ciclo económico, de manera que el ERTE debe ser priorizado antes que los despidos colectivos, lo que obligará a una recomposición fundamental de una materia que está en el centro de la reforma del 2012, la facilitación de los despidos económicos como forma prioritaria de reaccionar ante la crisis económica. No hay que dejar de valorar la importancia que ha tenido un elemento proscrito en el 2012, la autorización administrativa, para la gestión de los ERTEs por fuerza mayor. Previsiblemente, el reforzamiento de la intervención de la autoridad laboral esta vez en los EREs por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, será una tendencia que se recogerá en el nuevo marco normativo, en el que casos de despidos colectivos por deslocalización de empresas transnacionales, como el supuesto de Nissan, están haciendo resurgir en los propios trabajadores afectados y en los sindicatos la reivindicación de un condicionamiento del poder público a la libertad económica plena de la empresa en el ajuste de sus efectivos, y con seguridad se deberá reforzar, en la línea de otros ordenamientos europeos, los derechos de consulta y negociación como paso previo a la adopción de cualquier medida extintiva.

En esa misma línea, la revalorización de los mecanismos de flexibilidad interna, con especial relevancia de la ordenación del tiempo de trabajo y la modificación de las condiciones de trabajo, llevan consigo una revisión radical del esquema de la reforma del 2012 que configuraba un dispositivo fundado en la unilateralidad del empresario. La flexibilidad contratada, y por consiguiente la necesaria mediación colectiva en la conformación de la alteración de las condiciones contractuales, individuales y colectivas, es otro terreno en el que la norma laboral futura va a desplegarse.

Es importante constatar que ya ha habido cambios muy significativos que pueden trasponerse del derecho emanado durante la situación de excepción a la nueva normalidad. Me refiero a la legitimación de la representación de los trabajadores en la comisión negociadora para la negociación del ERTE, que prevé, para los casos en los que en los centros de trabajo de la empresa afectada no haya representación legal de trabajadores, en primer lugar, la constitución de la comisión por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que  pertenezca la empresa, sindicatos acreditados en razón de su presencia en la negociación del convenio colectivo sectorial, a razón de una persona por sindicato, y teniendo en cuenta que la presencia en la comisión tiene carácter potestativo, de forma que si alguno de los sindicatos legitimados rechaza su incorporación, ello no invalida la composición de esta Comisión, como ha afirmado la Circular de la DGT de 6 de mayo de 2020, por aplicación analógica de los criterios de negociación de convenios estatales de sector cuando hay negativa a participar en ellos de los sindicatos de CCAA legitimados por el art. 87.4 ET. Esta disposición modifica el muy criticado art, 41.4 ET respecto de las “comisiones ad hoc” y por tanto prefigura una determinada solución al problema de la flexibilidad interna contratada en empresas y centros de trabajo sin representación legal de trabajadores.

Otro elemento que es muy probable que se proyecte a futuro es el que se refiere a la salvaguarda del empleo que rodea el recurso al ERTE y que, con las excepciones reguladas en la Disposición Adicional 6ª del RDL 8/2020, tras las reformas pactadas en el ASDE II, se ha prolongado en este período al menos respecto de los ERTEs prorrogados hasta el 30 de septiembre. Ese compromiso de empleo está directamente relacionado con la garantía del derecho al trabajo del art, 35 CE, y va a constituir, con toda seguridad, un elemento necesario en la definición futura del ERTE en el nuevo marco normativo. El incumplimiento de esta obligación, que se extiende seis meses después de la reincorporación de la o del trabajador del período de suspensión de su contrato, por el despido por causas económicas, implica la declaración de nulidad del despido y la readmisión de estas personas, lo que abre la espita de importantes modificaciones a la inestabilidad y monetarización del acto extintivo originado por motivos económicos u organizativos. De esta manera, las restricciones a la libertad de despido que se han puesto en marcha durante el período de excepción, tendrán una continuidad en la nueva regulación al tratarse de garantías de empleo asociadas al propio mecanismo de la regulación temporal como forma predominante de abordar las consecuencias laborales de la crisis.

Otro tipo de circunstancias han emergido como preocupación predominante a partir precisamente de la crisis derivada del Covid-19. Nadie pensaría en el debate de comienzos de este año en reformar el art. 13 del ET, aunque se tratara de una regulación muy decepcionante, si no fuera por la importancia crucial que ha tenido el trabajo a distancia como forma alternativa de trabajo durante la pandemia, planteando a su vez nuevos problemas derivados precisamente de su utilización masiva, que va más allá de las líneas básicas tratadas en el Acuerdo Marco Europeo sobre este particular. Como tantos otros, esta es una materia que se está negociando actualmente de manera muy avanzada entre el gobierno y los agentes sociales, y que, junto a otros asuntos cuya trascendencia no se podía prever hace diez años, como la necesidad de proceder a una redefinición de la calificación jurídica de los trabajadores de plataformas como trabajo por cuenta ajena, complementan el cuadro de medidas parciales que van formando el “nuevo marco” laboral y que, en línea con el Acuerdo para la Reactivación Económica y el Empleo, son jalones de lo que se viene a denominar “modernización” del modelo legal de relaciones laborales en nuestro país.

Naturalmente que hay otros muchos temas en los que la disputa sobre el tipo de regulación que se debe incorporar al ordenamiento interno va a ser áspera, materias unas sobre las que ya hay un largo proceso de confrontación, pero también de resolución, como las que se derivan de la negociación colectiva, o de la externalización y subcontratación de servicios, pero también otras sobre las que se debe reabrir un debate transversal fuera de los clisés clásicos de la dualización del mercado de trabajo hasta ahora emprendidos por la intelligentsia neoliberal dominante y las soluciones fracasadas que han venido manteniendo. Un pacto contra la temporalidad que debe concitar un enorme esfuerzo de ideas y de propuestas con la finalidad de poner fin a uno de los elementos más perjudiciales para la salud de nuestro mercado laboral y que más precariedad vital y laboral ha inducido en nuestro país, que sigue siendo el líder europeo en materia de temporalidad. Pero también hay otros elementos centrales en la consecución de un marco más democrático de relaciones laborales que exigen plantear de nuevo cuestiones supuestamente cerradas “para siempre”, como el caso de las indemnizaciones por despido y su forma de medir la lesión al derecho al trabajo y otros derechos fundamentales en juego. A ambos temas se irán refiriendo sucesivas entradas de este blog en el inmediato futuro.

En el horizonte aparece el compromiso, presente en el programa del gobierno de progreso actual, pero ya recogido en documentos anteriores del PSOE y de UP y de los sindicatos confederales, de lograr un “nuevo Estatuto de las personas trabajadoras” del siglo XXI. Un enfoque mucho más complejo y de amplio alcance que ha de estar acompañado y precedido de reflexiones al respecto obra de los sujetos sociales, expertos y reflexiones académicas. Pero que se irá paulatinamente alimentando también de ese constante proceso de rejuridificación de las relaciones laborales que se ha ido desplegando a partir del inicio de este – por tantas circunstancias – peculiar año 20 del nuevo siglo.

PARECERSE A IZQUIERDA UNIDA

No es costumbre de este blog realizar muchos análisis electorales, y menos cuando se refieren a realidades nacionales que no se conocen. Una regla de oro que no se debe trasgredir es hablar fundamentalmente de lo que se cree saber, aunque se debe ser siempre consciente de que muchas veces esa percepción que da seguridad al juicio emitido no se corresponde con la realidad. Así que dejando de lado los muy modestos resultados del PSOE y la noche triste para Unidos Podemos en Galicia y en Euskadi, lo que sitúa al bloque del gobierno central en esos territorios en una situación subalterna a la izquierda soberanista, esta entrada se quiere centrar en alguno de los comentarios más recurrentes sobre estos resultados electorales.

En efecto, para glosar el resultado de ambos procesos electorales, se afirma que Unidas Podemos ha acabado pareciéndose a Izquierda Unida, y en esa comparación se resume sin necesidad de mayor explicación la crítica a la actuación política del grupo dirigente de Podemos, las escisiones y peleas internas y en fin, todo el contenido negativo de la imagen dividida que ha dado este grupo y su difícil estructuración territorial como partido que parece ha sido la causa de su descalabro electoral en Galicia y del importante retroceso en el País Vasco. En un periódico digital serio, como Infolibre, ese era el resumen de la crónica de Yolanda González: “Desaparición en Galicia y bajón en Euskadi: ¿De Podemos a Unidas Podemos para acabar pareciéndose a Izquierda Unida?”. Una reflexión en la que abundan algunos expertos citados en esta noticia, como Iván Serrano, que afirma que es muy posible que Podemos "haya modernizado, por una cuestión generacional, lo que era el espacio de Izquierda Unida" y ello por tanto sea la explicación de estos resultados. Con mayor contundencia, Íñigo Errejón ha incidido en la misma idea en un tuit muy reproducido por todos los medios de comunicación, señalando que Podemos ya no existía, “existe una cosa que ahora se llama Unidas Podemos y tiene los resultados de siempre de IU”. Para este político y dirigente de Más País, estos son “unos resultados pre15M, que indican un cierre de ciclo. No era "unir a la izquierda", era más ambicioso: construir pueblo”.

Se trata de una narrativa de la que se desprende que Izquierda Unida es a la vez la imagen de una formación de izquierda que personifica la derrota electoral y la inanidad política, el epítome del análisis político desenfocado y superado a partir del revulsivo fundamental de la política destituyente que impone el 15-M. Parecerse a Izquierda Unida es situarse en el espacio de la estrategia equivocada, de una ideología que la sociedad española no reconoce como digna de consideración ni relevancia, condenada de antemano al fracaso.

El desvalor que incorpora esta equiparación no es aceptable. Izquierda Unida surge en 1986 tras la crisis del PCE, incorporando a su ideario el caudal político democrático de este partido y la necesidad de coaligar fuerzas de izquierda como respuesta al alineamiento con el unilateralismo norteamericano mediante la entrada en la OTAN de España, apartándose de un neutralismo activo y comprometido con el pacifismo como señas de identidad de los partidos políticos de tradición democrática y antiautoritaria del antifranquismo. No llegó nunca a romper el bipartidismo instalado firmemente tras la victoria del PSOE en 1982, pero siempre se mantuvo como tercera fuerza nacional, castigada en su representación parlamentaria por el sistema electoral basado en la provincia y en el sistema D’Hondt, y osciló entre casi un millón de votos en sus momentos más bajos hasta los dos millones y medio de 1993, con Julio Anguita como coordinador general. Un número considerable de apoyo popular que no parece despreciable.

Izquierda Unida ha sido además la formación política de la resistencia a la consolidación de un modelo de sociedad desigual y a la remercantilización de las necesidades sociales, que hablaba del respeto a las libertades básicas fundamentales, individuales y colectivas, y que mantenía una tensión sobre la necesidad de un marco territorial plurinacional federado en la unidad del Estado español, sobre un pensamiento fundamentalmente republicano respecto de la forma de gobierno. Pero ante todo, para Izquierda Unida el trabajo era el eje de la subalternidad económica y social y de la dominación política, y en torno a este elemento central en la cohesión social de la comunidad nacional se estructuraba un discurso de emancipación y de libertad sustancial.

No es muy seguro datar el ingreso de la renovación democrática del sistema de partidos en el 15M, como una experiencia que eclipsa e invisibiliza el caudal de resistencia colectiva y de proyecto social y político que ha mantenido durante muchos años primero el PCE y luego Izquierda Unida para un sector importante de la población. Asociar esa cultura resistente y propositiva, con fuerte inserción en organizaciones sociales indispensables como los sindicatos, a la derrota y la insignificancia política, es equivocado y produce una mistificación inaceptable  de la narración histórica. Lo que significa Izquierda Unida en la cultura política y ciudadana de este país está asociado por el contrario a la consecución de numerosos espacios de libertad y de respeto a los derechos ciudadanos, a la capacidad de acción colectiva de las personas que trabajan, a la seguridad de la existencia y la mejora de las condiciones de vida. Una potente corriente ideológica que piensa la organización del mundo de manera alternativa a su configuración actual, injusta y desigual.

Rescatar ese significado político es importante en una etapa en la que el curso de las cosas hace que el pasado se desvanezca como el resto diurno de una pesadilla.