domingo, 20 de septiembre de 2020

CRISIS SANITARIA Y CONFLICTO SOCIAL EN MADRID

 

La crisis sanitaria es ya evidente en Madrid y se va a profundizar en los próximos quince días según todos los pronósticos. Fruto de la negligente y caótica actuación del gobierno regional, una realidad que no se puede ocultar ni invisibilizar pese al control de los medios de comunicación empotrados en el mismo, el avance de los contagios y de las hospitalizaciones causadas por la pandemia han sido explicados primero sobre la base del “modo de vida de los inmigrantes” y luego por las condiciones de vida de los barrios del sur, dos consideraciones que expresan claramente tanto la desresponsabilización por las carencias de las decisiones y omisiones del poder público regional como la proyección discriminatoria sobre el espacio donde habita la población trabajadora e inmigrante como el causante de la propagación del virus.

En este propósito coinciden sin ninguna fisura los dos partidos políticos que gobiernan la región, Partido Popular y Ciudadanos, tanto la presidenta como el vicepresidente – cortejado hasta ahora por la izquierda madrileña como futuro presidente a través de una moción de censura que descomponga la coalición – y el nutrido grupo ultraderechista que les sostiene, y las medidas extraordinarias adoptadas el viernes 18 de septiembre lo ha venido a corroborar ostensiblemente. El confinamiento de barrios y zonas del sur madrileño con la sola excepción de poder ir y volver al trabajo o llevar a los niños al colegio, ha generado una respuesta social muy amplia e inmediata. Ha sido fundamentalmente el movimiento vecinal, pero también los  sindicatos y las fuerzas políticas de izquierda los que han reaccionado de forma contundente mediante movilizaciones de respuesta contra la estigmatización y el contenido racista y clasista de este tipo de discursos y la culpabilización que se deduce de la población trabajadora, cuando por el contrario se trata de zonas en donde la desigualdad y la precariedad vital son más intensas y en las que los servicios públicos no son capaces de satisfacer las necesidades sociales  de la población que habita en ellos, en especial en lo que se refiere a la asistencia sanitaria y servicios sociales.  Hoy mismo, domingo, en prácticamente todos los barrios del sur se han convocado concentraciones ante los centros de salud para expresar esta protesta y la movilización ciudadana es notoria.

Es evidente que cualquier medida de restricción en la Comunidad de Madrid debe ir acompañada de refuerzos en ayudas sociales y apoyo sanitario, lo que justamente el Gobierno regional quiere evitar a toda costa, consciente de que la división entre público y privado no sólo se plasma en los distintos territorios de la ciudad y de la región, sino que se prolonga a través de la pertenencia a la clase social, puesto que en Madrid la sanidad privada es extraordinariamente potente y se nutre cada vez más de unos estratos de población que huyen de la asistencia sanitaria pública, desbordada y saturada, hacia la atención de las clínicas privadas. A través de esta crisis sanitaria, se pone d manifiesto de manera muy evidente que en el ideario neoliberal que impulsa al gobierno de la CAM, la red de asistencia primaria y hospitalaria pública no puede competir con la oferta sanitaria privada y por tanto debe ser infrafinanciada y progresivamente configurada como sanidad de segunda clase, accesible solo para quienes carecen de renta suficiente como para suscribir una póliza de seguro privado para ser atendidos por el complejo sanitario gestionado por las clínicas privadas.

A mediados de agosto de este año, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid , MEDSAP – Marea Blanca, planteó a la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección del Servicio Nacional de Salud del gobierno de España  la realización de una auditoría e inspección urgente a la Comunidad de Madrid sobre la situación del personal sanitario, es decir, sobre la falta del mismo tanto para atender la pandemia como para la atención de la ciudadanía, con los cierres de centros de atención primaria y de urgencia de AP, las listas de espera, sobre la carencia de rastreadores y la externalización al sector privado de los mismos, así como sobre la desviación de fondos públicos hacia entidades privadas, como emblemáticamente sucede con la construcción del Hospital de Valdebebas por cincuenta millos de euros, o el contrato con Telefónica e Indra de 421.000 €.  Los parámetros que se debían adoptar pasaban por el aumento de personal, la estabilidad de los recursos, la claridad operativa para todos los niveles asistenciales y la máxima dotación en Atención Primaria, así como una red de control de rastreadores "en relación al baremo de la Organización Mundial de la Salud". Una llamada a la intervención del Gobierno nacional que no fue recogida y que ahora de nuevo la Marea Blanca reitera en el contexto de las movilizaciones presentes, insistiendo en la imprescindible reacción ante el colapso sanitario y el derrumbe de la atención primaria, que es el “cimiento indispensable del sistema sanitario público”.

Es decir, la crisis sanitaria se ha convertido en la Comunidad de Madrid en una propuesta de segregación social y de descomposición del sistema público de salud. Por tanto, en una crisis de Estado Social, que constituye el elemento fundante de la cohesión política que da sentido a los derechos de ciudadanía. En esta región, la condición social y económica de las personas es el elemento diferenciador y discriminante en el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos. El acceso a la sanidad pública no está garantizado de manera universal, y todos los estímulos lanzados por el poder público conducen a la consolidación de un mercado de satisfacción de los cuidados sanitarios regidos por un principio de capacidad adquisitiva, un elemento este que choca directamente con la estructura de derechos y libertades reconocidos en la Constitución y que el gobierno de Madrid está obligado a respetar.

La segregación social de los barrios del sur no se configura realmente con criterios epidemiológicos, sino que busca consolidar en esas zonas la segregación espacial de una población que solo tiene valor en cuanto produce para otros, pero a la que se le priva de derechos sociales básicos. El confinamiento de la población en barrios periféricos de Madrid solo tendría algún sentido si se acompañara de medidas compensatorias y racionalizadoras establecidas con carácter general para toda la población, en especial respecto del transporte público – aumento de los trenes y autobuses para evitar las aglomeraciones que se producen – y la reformulación de los horarios de trabajo, mediante una escala horaria de entrada y de salida al trabajo que permita el reparto de personas a lo largo de las horas punta. Y en todo caso, reiterando que sería absolutamente imprescindible recuperar la atención sanitaria en esas zonas, reducir las listas de espera y revertir la crisis de desatención y de cuidados que afecta de manera muy intensa a estos barrios del sur, espacios de desigualdad inconcebible en términos políticos y democráticos.

Por eso la crisis sanitaria ha desembocado en un conflicto social que no ha hecho más que empezar. Pero los conflictos sociales tienen que ser explicados y canalizados hacia soluciones políticas que repongan a la ciudadanía en el goce de sus derechos y que actúen removiendo las situaciones insostenibles de desigualdad que se están plasmando de manera cada vez más abierta en la Comunidad de Madrid. Si la mediación política falla o no es capaz de ser comprendida socialmente como un proyecto emancipador y democrático real, las consecuencias pueden ser extraordinariamente negativas y conducir a una reacción de despego y de decepción frente al modelo de Estado social y democrático que se desmiente de manera patente cada vez más intensamente sin que quepa ninguna posibilidad de invertir esa tendencia opresiva y violenta de consolidación de un dominio de clase sobre otra.  


viernes, 18 de septiembre de 2020

NO SOLO LOS “RIDERS”: EL CERCO A LOS FALSOS AUTÓNOMOS

 


Es evidente que la calificación jurídica de los recaderos que entregan comida a domicilio con la mediación de una plataforma digital, los riders, constituye un tema de enorme interés y actualidad. Es ya muy extensa la serie de decisiones judiciales que han abordado este tema, y que desde una cierta ambivalencia en sus comienzos, se ha decantado por la inclusión de estas personas en la noción de trabajador que recoge el art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. En efecto, la mayoría de las decisiones judiciales de los Tribunales Superiores de Justicia  y una ya amplia muestra de decisiones de los juzgados de los social en la instancia están optando por declarar la condición de laboralidad plena a los riders, dejando de lado tanto la opción de TRADE digital que promovían las empresas de estas plataformas como la de relación laboral de carácter especial por la que se había decantado, ciertamente que de manera inestable, una parte de la doctrina académica, pero se espera el 23 de septiembre la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en unificación de doctrina para comprobar si esta mayoría de decisiones judiciales se consolida definitivamente, se mantiene en sus líneas generales con matices o si se desautoriza, aunque esta opción parece menos probable.

La cercanía del fallo del Tribunal Supremo repercute directamente en la iniciativa legislativa que el Gobierno ha incluido en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2020, comprometiéndose a elaborar una ley “para la protección laboral de las personas trabajadoras que llevan a cabo actividades de distribución a terceras personas haciendo uso de medios tecnológicos”. La visión que el Tribunal Supremo pueda firmar a partir de la legislación actual no tiene por qué condicionar el impulso legislativo del gobierno ni su concepción sobre este tema, aunque ya se ha registrado, como se ha recogido en este blog, ( https://baylos.blogspot.com/2020/09/de-nuevo-sobre-los-trabajadores-de.html),  una proposición no de ley de uno de los grupos que integran el Gobierno en la que se insiste en la plena laboralidad de estos trabajadores de plataformas, en un intento evidente de orientar el contenido de este proyecto de ley comprometido.

En este contexto, se ha recogido en algún medio de comunicación especialmente sensible ante la realidad laboral actual, que, tras una denuncia del sindicato de CCOO, la Inspección de Trabajo reclama 1,3 millones de euros a una empresa de seguros por fraude de falsos autónomos, correspondientes a las cotizaciones pendientes de un colectivo de trabajadores de una empresa (Seguros Santa Lucía)  desde octubre de 2015 hasta enero de 2020 que utilizaba el personal que vendía seguros para la misma, denominados “agentes externos”, mediante un contrato mercantil de agencia, cotizando en régimen de autónomos cuando en realidad desempeñaban una relación laboral común. (https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/laboral-inspeccion-trabajo-reclama-santalucia-milloneseuros-empresa-fraude-falsosautonomos/20200917124423179235.html ) Estos ”agentes externos”, en efecto, reunían todos los requisitos de ajenidad, dependencia y subordinación que impone la ley para ser considerados trabajadores. Como afirma la Inspección de Trabajo,  “desarrollan su trabajo en las propias oficinas de la empresa y utilizan herramientas y medios proporcionados por la empresa, todo bajo las órdenes de un “monitor” o “inspector” que supervisa su trabajo y que además les indica dónde y cómo deben realizar sus visitas para la captación de seguros; no disponen de cartera propia; no emiten factura por sus comisiones de ventas, sino que es la empresa quien lo hace, e incluso cumplen con un horario de trabajo concreto, debiendo solicitar a la empresa sus vacaciones o permisos”.

Esta lucha contra el fraude de los falsos autónomos ha sido también aludida en un reciente artículo de opinión escrito por Carlos Gutiérrez, Daniel Patiño y Carlos del Barrio, jóvenes dirigentes sindicales – Secretario confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO, Secretario de acción sindical de CCOO del País Valencià y Secretario de Políticas Sectoriales y Sostenibilidad de las CCOO de Catalunya respectivamente – poniéndolo en relación con las iniciativas legislativas de regulación anunciada de los trabajadores de plataformas. En efecto, el artículo publicado en La Vanguardia del 16 de septiembre (que puede consultarse en https://www.ccoo.es/7e0568e3aeeb2e763089db789bd754fe000001.pdf ) parte de la afirmación neta sobre la necesidad de regular el  proceso de digitalización y los nuevos modelos de negocio, y que sobre esa necesidad está desarrollándose un fuerte debate político “para intentar redefinir el perímetro de la relación salarial” a la baja. “Expandir las fronteras de la protección de los derechos tanto individuales como colectivos recogidos en nuestro marco laboral o estrechar el ámbito de aplicación del Derecho del trabajo, esa es la batalla que se libra”.

Siendo conscientes de la importancia de esta disputa política, estos dirigentes sindicales entienden sin embargo que la intervención legislativa no sólo puede ceñirse a la problemática de los trabajadores de plataformas sino que debe también incorporar al resto de situaciones de falsos autónomos. Por ello lo que procedería, en su opinión, es una actuación sobre el propio ámbito de aplicación del derecho del trabajo – el art. 1 del Estatuto de los Trabajadores – para definir de forma más precisa cuáles son los requisitos que determinan si una relación es laboral o independiente, “ampliando la cobertura del ET a las condiciones organizativas, económicas y productivas del siglo XXI”. Clarificar por consiguiente los conceptos de subordinación, dependencia y ajenidad propios de la relación laboral, siguiendo los criterios que establece la recomendación 198 de la OIT para, de esta forma, ”ofrecer una respuesta sistemática y global para atajar el fraude de los falsos autónomos”.

Lo más interesante de esta contribución es la forma extremadamente correcta en la que resalta la problemática de la utilización abusiva y fraudulenta de relaciones civiles o mercantiles como cobertura de verdaderas relaciones de carácter laboral, un mecanismo de huida del Derecho del Trabajo como forma de eludir las obligaciones de seguridad social y los derechos derivados de la relación de trabajo, especialmente los derechos colectivos de organización y acción sindical y la regulación del convenio aplicable. Es decir, se quiere integrar el debate sobre la calificación jurídica que se debe dar a los trabajadores de plataformas digitales en el más amplio de la lucha contra el fraude de los falsos autónomos. Un enfoque que enlaza con la práctica que lleva a cabo la Inspección de Trabajo, cuya actividad ha sido especialmente relevante no sólo en la consideración de la laboralidad plena de los riders – impulsando incluso las demandas de oficio ante la jurisdicción social – sino en su actividad constante de localización y sanción de otros supuestos de fraude laboral, como el que recientemente ha sido objeto de la noticia aludida, pero que también reivindica la actuación sindical a través de denuncias de estas situaciones o el impulso de acciones colectivas de denuncia y reivindicación, como ha sucedido emblemáticamente con el caso de las cooperativas cárnicas y falsos autónomos.

Sin embargo, la opción de política del derecho que parece decantarse como más segura y que consiste en la regulación específica de los trabajadores de plataformas y su consideración laboral en el marco de los nuevos modelos de negocio creados en los procesos de digitalización, tiene a su favor no sólo la relevancia que este aspecto sustancial de la producción de bienes y servicios ha merecido en los tiempos actuales sino también la tendencia comprada a su tratamiento específico en forma de instrumentos normativos que lo regulan de manera concreta. Pero además, la redefinición de la laboralidad de estos trabajadores que pueda efectuar la norma legal en ciernes se desprenderán nuevas formas de precisar los conceptos centrales que permiten el encuadramiento de las personas que prestan servicios a otro en el marco de la relación laboral, fortaleciendo así los indicios de laboralidad presentes en la Recomendación 198 de la OIT citada y avanzando en la precisión de un concepto amplio y no restrictivo de trabajador, que por otra parte coincide con la noción que de esta figura posee el derecho europeo tal como la ha ido delimitando la jurisprudencia del TJUE.  De esta manera una ley que confirme la consideración plena de trabajadores de los riders vigorizará a su vez el combate contra el fraude de los falsos autónomos.

 


lunes, 14 de septiembre de 2020

LA IMPORTANCIA CRECIENTE DE LOS ERTES COMO MECANISMO DE AJUSTE DEL EMPLEO ANTE LA CRISIS: CONOCER SU FUNCIONAMIENTO Y PROBLEMÁTICA

 


Es evidente la importancia creciente que han ido asumiendo los expedientes de regulación temporal de empleo como mecanismo de ajuste y amortiguamiento social tras la paralización de actividades derivadas de la crisis económica que siguió a la crisis sanitaria derivada del Covid-19. Los ERTEs por fuerza mayor y posteriormente por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP), fueron el instrumento prioritario empleado para lograr el mantenimiento del empleo hasta que se produjera la recuperación económica tras el cese de la pandemia. Se trata de un mecanismo que hasta el momento no tenía mucho recorrido pero cuya eficacia ha sido reconocida tanto por los interlocutores sociales como por las autoridades europeas.

 

Sin embargo, el diseño legal de la figura ha ido perfilándose de forma cumulativa que se ha ido plasmando en reformas legislativas adicionales, todas ellas mediante las normas de urgencia, que ha complicado lógicamente el manejo normativo al tenerse que integrar en un complejo panorama previo de reglas laborales y de Seguridad Social no necesariamente armonizadas. La prolongación de la situación de crisis derivada de la incidencia del Covid-19, los rebrotes de la epidemia y las consecuencias que ello ha tenido en las restricciones al turismo en el verano, plantea nuevos problemas no sólo respecto de la cuantía de la prestación por desempleo de quienes están desde hace más de seis meses con el contrato de trabajo suspenso en el ERTE, sino en cuanto a la continuidad y operatividad de las dos figuras en las que se descompone este mecanismo y sus diferentes reglas, sea derivado de fuerza mayor o de las causas ETOP.

 

La institución parece llamada a ocupar un lugar central en la regulación de empleo en el futuro, sustituyendo la preferencia del legislador, que se manifestó claramente en la reforma del 2012, por los despidos colectivos. Es por consiguiente muy útil ir conociendo en detalle la estructura y el desarrollo de la tutela que establece en el marco de un principio básico de mantenimiento del empleo, conectado con el derecho al trabajo del art. 35 de nuestra Constitución, que es el elemento que guía esta regulación, tanto en su inicio como en sus sucesivas prolongaciones hasta final de año, tal como se prevé.

 

No sólo la legislación sobre los ERTEs ha sido objeto de frecuentes – y en ocasiones disputados - comentarios por los exertos atentos a la producción legislativa, sino también ha merecido la atención de estudios académicos, publicaciones en revistas especializadas, e innumerables webinarios, en los que predominaba la perspectiva comparada. Los tribunales han comenzado asimismo a intervenir mediante la interpretación y aplicación de esta normativa, y de nuevo este momento interpretativo ha sido objeto de comentarios y reflexiones. Los interlocutores sociales han mantenido, e la práctica de sus experiencias concretas, posiciones contrapuestas sobre algunos aspectos, y se ha forzado la intervención de las autoridades administrativas, frecuentemente bajo la forma de “instrucciones” o “consultas” a la Dirección General de Trabajo.

 

Es por tanto extremadamente útil intentar condensar en un ciclo formativo especializado la exposición ordenada y esquematizada de la regulación de los ERTEs por fuerza mayor y ETOP. Este empeño lo va a llevar a cabo la UCLM a través de un curso organizado por la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete con la colaboración del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS), que para facilitar su accceso se propone en la modalidad a distancia (lo que en la jerga universitaria se conoce ahora como e-learning) y que se desarrollará desde el 6 de octubre al 21 de diciembre, es decir prácticamente durante el primer trimestre del Curso 2020-2021.

 

El profesorado del Curso se compone de los profesores Aparicio Tovar, Baylos Grau, Romero Rodenas y Trillo Párraga, con la  presencia como secretaria del mismo de la también profesora Gratiela Moraru, pero sobre todos ellos se sostiene sobre la presencia en la confección de los temas y en la exposición de los mismos, de Luis Collado García, bien conocido como profesor, abogado y editor de Bomarzo, que ha proyectado este producto formativo en detalle sobre la base de un webinario previo efectuado para CCOO de Castilla La Mancha.

 

No es preciso señalar la relevancia de este curso y su interés para la totalidad de las personas que actúan en el marco de las relaciones de trabajo, y en especial abogados y graduados en relaciones laborales, asesores sindicales, gestores especializados, funcionarios y en general profesorado universitario interesado. A continuación se incluye en esta entrad el programa del mismo par su general conocimiento y eventual aprovechamiento.

 

 CURSO E-LEARNING

 


 

ERTES FUERZA MAYOR Y CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y DE PRODUCCIÓN (ETOP), ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA INCIDENCIA DEL COVID-19

1ª edición

175 horas 7 créditos ECTS

  

DIRECCIÓN

Antonio Baylos Grau, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social UCLM.

Mª José Romero Rodenas, Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Decana de la Facultad de Relaciones Laborales y RRHH, UCLM.

 

SECRETARIA ACADÉMICA

Gratiela-Florentina Moraru, Prof. Ayudante Doctora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Facultad de Relaciones Laborales y RRHH, UCLM.

  

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y sus modificaciones legales posteriores establecen medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos, en particular las relativas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES), un gran número de empresas han iniciado o se plantean iniciar la aplicación de estas medidas como alternativa para superar la compleja situación laboral en la que se hayan, lo que genera frecuentes dudas tanto de carácter jurídico como procedimental.

Al cierre de julio había 1,11 millones de personas acogidas a un ERTE -932.609 de fuerza mayor y 185.933 por otras causas-, lo que suponía que dos de cada tres afectados por expedientes vinculados a la COVID-19 habían salido de esta situación, ello obliga a la UCLM a organizar este curso e-learnig, para comprender, interpretar y aplicar las normas sustantivas y procesales generales y específicas COVID-19 que afectan a todo tipo de empresas.

 

 

PROFESORADO

Joaquín Aparicio Tovar Catedrático Emérito UCLM

Antonio Baylos Grau, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, UCLM.

Luis Collado García, Profesor Honorario Derecho del Trabajo y Seguridad Social, UCLM

Mª José Romero Rodenas, Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, UCLM.

Francisco José Trillo Párraga, Profesor Contratado doctor (acreditado Titular) de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, UCLM.

 

DURACIÓN

Del 6 de octubre al 21 diciembre 2020

 

PLAZAS LIMITADAS, TASAS Y MATRICULA

La matricula se formaliza online en:  https://

https://cursosweb.uclm.es/index.aspx (código 158).

Admisión por orden riguroso de inscripción.

El pago y matricula estará abierto hasta cubrir las plazas o hasta 28 de septiembre.

Tasas 100 €.

 

DESTINATARIOS

Estudiantes y egresados en Relaciones Laborales y RRHH, Derecho, ADE, Economía. Graduados Sociales, Abogados, funcionarios y cualquier persona interesada en la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos en la materia.

 

 

PROGRAMA

 

Presentación del Curso por Antonio Baylos.

 

MÓDULO I: MEDIDAS LABORALES DE ADOPCIÓN PREFERENTE A LA TRAMITACIÓN DE ERTES (20 horas). 1. Carácter preferente del trabajo a distancia 2. Los derechos de adaptación y reducción de jornada de trabajo con ocasión del covid-19. Plan Mecuida

 

MÓDULO II: ASPECTOS COMUNES A LAS DISTINTAS MODALIDADES DE ERTES (30 horas).

1. concepto, caracteres y clases de ERTES. 2. sujetos legitimados y excluidos para la tramitación de ERTES. 3. Personal que procede incluir en los ERTE por fuerza mayor o causas ETOP. 4. Incidencia del ERTE en los contratos de trabajo. 5. prioridad de permanencia en la empresa en los supuestos de ERTES que no afecten a la totalidad de la plantilla. Evaluación módulo I y II.

 

MÓDULO III: ERTES POR FUERZA MAYOR (FM) (40 horas) 1. ERTE por FM derivada de causas ajenas al covid-19. 2. ERTES por fuerza mayor vinculada al COVID-19

 

MÓDULO IV. ERTES POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN (ETOP) (40 horas) 1. ERTES por causas ETOP ajenas al covid-19. 2. ERTES por causas ETOP vinculadas al covid-19. Evaluación Módulo III y IV.

 

MÓDULO V. SISTEMA DE RECURSOS (20 horas). 1 Recursos en los ERTES por fuerza mayor. 2 Recursos en materia de ERTES por causas ETOP 3. Impugnación de oficio por la autoridad laboral.

 

MÓDULO VI. PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR CAUSA DEL ERTE (25 horas). 1. Prestaciones derivadas de la suspensión del contrato o reducción de jornada con anterioridad al RDL 8/2020. 2. prestaciones por desempleo derivadas de ERTES COVID-19. 3. Otras medidas en materia de prestación o subsidio por desempleo derivadas del COVID-19. Evaluación Módulo V y VI.

 

Anexo I Normativa reguladora

Anexo II Documentación administrativa

 

METODOLOGIA Y SEGUIMIENTO

 A través de la plataforma campus virtual UCLM, accesible desde cualquier dispositivo y en cualquier momento, las personas matriculadas pueden acceder sin limitaciones a los contenidos modulares realizados por el profesorado UCLM altamente cualificado. se contará con todo tipo de apoyo teórico, práctico, foros y acceso a documentación administrativa y normativa que permita adquirir las competencias y conocimientos en la materia.

 

DIPLOMA

Se entregará diploma acreditativo del curso señalando la duración y créditos reconocidos a las personas matriculadas que hayan superado las correspondientes evaluaciones.