martes, 5 de junio de 2018

CONTRATACIÓN TEMPORAL. UN NUEVO FALLO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA. HABLA JOAQUIN PÉREZ REY


Es bien conocida la importancia que para el ordenamiento español ha tenido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia denunciando la inadecuación de la normativa sobre contratación temporal respecto de la Directiva 70/99 que traspone el Acuerdo Marco europeo sobre contratos de duración determinada. Un nuevo fallo de este Tribunal retrocede sobre las posiciones que él mismo había mantenido en la sentencia Porras, sin duda ante las enormes presiones que el Estado español ha efectuado contra esa jurisprudencia. A continuación publicamos en rigurosa exclusiva un comentario que efectúa Joaquín Pérez Rey, uno de los expertos más reputados en esta materia, sobre la nueva decisión del TJ, cuyas conclusiones ya anticipó en otra entrada publicada en este mismo blog respecto de las conclusiones del abogado general ante este tema en esta entrada ya premonitoria ¿Cambio de doctrina del TJUE ante los contratos temporales?


Porras ¿punto y final? Comentario de urgencia a las SSTJUE Montero Mateos y Grupo Norte Facility

Joaquín Pérez Rey

La saga de Diego Porras como la califican algunos de sus más atentos observadores, los profesores Rojo Torrecilla y Beltrán Heredia, parece llegar a su fin. Hoy mismo, día 5 de junio, se han conocido las sentencias Montero Mateos y Grupo Norte Facility que siguiendo en parte las conclusiones que en su día formuló la AG Kokott admiten la diferencia de trato indemnizatorio entre fijos y temporales.
Como a estas alturas es bien conocido frente al pronunciamiento de Diego Porras algunos tribunales españoles reaccionaron elevando nuevas cuestiones prejudiciales en las que, a decir verdad, más que dudar de lo que había dicho el TJUE se expresaba el disenso respecto de la solución adoptada. El propio TS siguió esta senda, sin perjuicio de asumir, indirectamente y sin declaración expresa, algunas consecuencias derivadas de la doctrina Porras para los indefinidos no fijos de la Administración.

La presión que sobre este asunto se ha cernido sobre el TJUE ha sido intensa y ha pasado incluso por la propia deslegitimación de los jueces que suscribieron la Sentencia Porras, a los que ha sido frecuente acusar de desconocer el ordenamiento laboral español.

Todo este revuelo respecto de la que sin duda es una de las sentencias más famosas de todas las que el TJUE ha dictado en relación con nuestro país ha dado sus frutos y ahora el TJUE parece enmendarse a sí mismo.

Las sentencias recién conocidas confirman la doctrina Porras en todos sus puntos excepto en uno.

Entre lo que confirman se encuentra:

·         Entender que el concepto de «condiciones de trabajo» sobre el que opera el principio de no discriminación de la cláusula 4 de la Directiva incluye las indemnizaciones por finalización de contrato.

·         Que dicho principio opera únicamente en lo que respecta a las diferencias de trato entre trabajadores con contrato de duración determinada y trabajadores con contratos por tiempo indefinido que se encuentren en una situación comparables, sin alcanzar por tanto a las diferencias entre temporales entre sí.

·         Que para comprobar si las situaciones son comparables hay que atender a un conjunto de factores, como la naturaleza del trabajo, los requisitos de formación y las condiciones laborales. Y en el caso de los interinos e incluso de los trabajadores relevistas dicha situación comparable se produce porque, en ambos casos, las tareas que desarrollan son las mismas que las de los indefinidos cuya vacante cubren o relevan.

Pero para apreciar discriminación es necesario finalmente que la diferencia de trato otorgada a las situaciones comparables no obedezca a «razones objetivas» y aquí es donde el TJUE se separa del pronunciamiento de septiembre de 2016, al entender “que el objeto específico de la indemnización por despido establecida en el artículo 53, apartado 1, letra b), del Estatuto de los Trabajadores, al igual que el contexto particular en el que se abona dicha indemnización, constituyen una razón objetiva que justifica la diferencia de trato controvertida”. Y también que las indemnizaciones del 49.1.c) y el 53 ET parten «de contextos fundamentalmente diferentes».

En este cambio de posición han influido tanto las posiciones del Gobierno español explicando la diferencia entre la extinción derivada del término y el despido objetivo, como las posiciones expresadas por la AG acerca de la previsibilidad o no de la extinción en el caso de contratos temporales e indefinidos.

A partir de aquí la conclusión del TJUE es permitir la diferencia indemnizatoria tanto extrema (ninguna indemnización para el temporal) como parcial (indemnización inferior que la del fijo despedido). Literalmente se advierte:

«La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no prevé el abono de indemnización alguna a los trabajadores con contratos de duración determinada celebrados para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del mencionado puesto, como el contrato de interinidad de que se trata en el litigio principal, al vencer el término por el que estos contratos se celebraron, mientras que se concede indemnización a los trabajadores fijos con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva» (en idénticos términos respecto del contrato de relevo concluye la sentencia Norte Facility, dando también por bueno el pago de una indemnización inferior).

No obstante, el TJUE, para el caso de la interinidad, no deja de mostrar cierta perplejidad, me atrevería incluso a decir que insatisfacción con su propio razonamiento. La insatisfacción derivada de comprobar que en realidad la interina en el momento en que se celebró su contrato no podía saber la fecha exacta en que se proveería con carácter definitivo el puesto que ocupaba, ni saber que dicho contrato tendría una duración inusualmente larga. Por ello encarga al juez nacional que verifique si, habida cuenta de la imprevisibilidad de la finalización del contrato y de su duración, inusualmente larga, ha lugar a recalificar el contrato como fijo. Esta llamada, que no deja de ser enigmática, podría constituir un intento, no demasiado eficaz, de promover en nuestros órganos judiciales una interpretación menos formalista de las causas de temporalidad y más abierta a verificar si con ellas en realidad se cubren necesidades permanentes por mucho que se respete literalmente la dinámica de la contratación temporal (es un camino que algunas sentencias ya han transitado como por ejemplo la STSJ Cataluña 2-5-2017). Parece querer impulsar así el Tribunal europeo una suerte de tránsito desde la temporalidad lícita en la que se movía la sentencia Porras a la ilícita en estos contratos inusualmente largos, una especie de trasvase desde la cláusula 4 de la Directiva a la 5, aunque no se olvide que esta última solo se muestra operativa en los casos de sucesión contractual sin afectar a la contratación aislada.

Naturalmente, para acabar con este comentario urgente, se debe reconocer que las decisiones del TJUE restan parte de su operatividad a la doctrina Porras y su acogida por algunos tribunales españoles. Sin embargo, el debate no parece cerrarse del todo. La razón objetiva que permite salvar la diferencia de trato es según el TJUE «el objeto específico de la indemnización por despido» y «el contexto particular en el que se abona dicha indemnización». Este último inciso no permite descartar del todo que cuando dicho contexto no permita establecer diferencias entre fijos y temporales el distinto trato indemnizatorio pueda seguir considerándose discriminatorio. Piénsese, como ya el lector habrá adivinado, en los supuestos de obras y servicios vinculados a contratas y concesiones, por ejemplo.

Último capítulo, por tanto, de una de las series más seguidas por el laboralismo español que requiere sin duda de mayor reflexión y que no descarta del todo que surja alguna entretenida spin-off.

Pero sean cuál sean las derivadas de estos pronunciamientos, lo que parece claro es que sería de una grave incorrección ver en ellos un aval a nuestro sistema de temporalidad que, fiel a su estilo, sigue protagonizando nuestro sonrojo en el conjunto de la UE. Téngase presente que los problemas de compatibilidad con el ordenamiento de la UE persisten, especialmente en el empleo público y tanto por lo que al uso abusivo de la contratación temporal se refiere, como al reconocimiento de condiciones distintas de trabajo para temporales y fijos. Y téngase en cuenta también que nuestro problema con la temporalidad va mucho más allá del terreno indemnizatorio y exige de una respuesta legislativa urgente y completa destinada a garantizar esa especie en peligro de extinción que en nuestro país es la estabilidad en el empleo.



domingo, 3 de junio de 2018

DESPUÉS DE LA MOCIÓN DE CENSURA: ALGUNAS CUESTIONES



Entre el 31 de mayo y el 1 de junio se consumó la moción de censura contra el gobierno Rajoy. Empleando el calificativo que muchas veces usurpa para si la derecha española, se puede afirmar que para los demócratas de este país fue un día de júbilo, largamente esperado, que la sentencia de la Audiencia Nacional - la primera de las que se espera sobre Gürtel – y la detención de Zaplana aceleró felizmente. Son 180 votos que expresan el amplio pluralismo político que ha optado por la regeneración democrática. Enfrente quedan los diputados del PP y de Ciudadanos que defienden la estabilidad de un gobierno con cinco ministros reprobados por el Parlamento, y que obstaculiza cualquier propuesta legislativa aprobada en el congreso para evitar que las mayorías democráticas puedan regular las relaciones sociales y económicas.

Las consecuencias de esta moción de censura y el nombramiento de Sánchez están siendo comentadas en todos los medios de comunicación, públicos, privados, oficiales o independientes, y los mensajes en las redes sobre estos temas se multiplican. Como suele suceder, hay más pronósticos y opiniones que información. Se habla del desplome del PP y el encumbramiento de C’s, pero lo que parece evidente desde un observador externo es que el discurso de Rivera y Arrimadas sobre la regeneración democrática ha quedado muy devaluado con su apoyo al gobierno tras la sentencia Gürtel y su descripción de la red permanente de extorsiones y cohechos que tenía organizada el Partido Popular. Su actual leit motiv contra el nuevo gobierno democrático se concentra en execrar el apoyo nacionalista que ha tenido el candidato, sostenido por independentistas – a los que normalmente se les define como supremacistas, nazis y fascistas, sin matices – y amigos de ETA – en referencia a Bildu. Un argumentario vetusto que repite cien veces el sagrado nombre de España y que coincide plenamente con el rudo discurso de Hernando el 1 de junio en el Congreso que llenó de exabruptos y de amenazas la sala: Aquí estamos con 137 diputados y con mando en el Senado, a ver quién nos toca, vino a advertir.

Esta hostilidad del frente popular y ciudadano – hay que ver como se invierte el significado de las palabras cuando se utilizan como expresiones políticas de las clases dominantes – contra el gobierno que está por formarse, se extenderá sin duda a los medios de comunicación – prensa escrita, radio, televisión – que ya han comenzado a describir la situación como “caótica” y que actualmente se empeñan en explicar que se trata de un gobierno imposible que no podrá gobernar. Fracasado el intento de que los indicadores económicos mostraran su desaprobación a la decisión democrática del cambio de gobierno, es muy probable que ahora sus esfuerzos se concentren en la deslegitimación de cualquier acción de modificación de la regulación económica, social y ciudadana que quiera emprender el gobierno de Sánchez.

Es fácil situar el éxito de la moción de censura en el contexto del declive irreversible del bipartidismo que ha mantenido la estabilidad política del sistema junto con los nacionalismos periféricos como fuerzas compensatorias de la pérdida de mayorías absolutas de uno u otro partido. La votación del 1 de junio ha evidenciado la existencia de un pluralismo político fuerte que coincide, por motivos muy diferentes, en el rechazo al gobierno y a las fuerzas políticas que lo sostenían – PP y C’s – en el que convergían la corrupción sistemática como fórmula de financiación del partido, el progresivo desmoronamiento de las libertades cívicas, la reconstrucción de un estado unitario con desprecio de las identidades nacionales, el reforzamiento de la desigualdad social y los privilegios de clase y de casta, la degradación de los derechos laborales y sociales. Cada fuerza política que ha acumulado su voto al resto de los 180 ha ponderado más uno que otro motivo, y algunas posiblemente han considerado todos en su conjunto, pero el objetivo irrenunciable era terminar con el gobierno de Rajoy sostenido por su partido y C’s, lo que se resume en el término regeneración democrática. Un proceso en el que el sindicalismo confederal no podía intervenir directamente, pero por el que había apostado explícitamente.

En el momento de escribir esta entrada en el blog no se conoce el gobierno que va a montar Pedro Sánchez. Todo lo que se lee son pronósticos sobre los temas que van a abordarse y los nombres que suenan para este nuevo gabinete. Es cierto que la convergencia parlamentaria que le ha hecho presidente no es la que le puede sostener en su acción de gobierno, porque los intereses que representa cada fuerza política divergen. Es previsible que la “cuestión catalana”, con toda su complejidad agravada por la intervención judicial que alimenta una represión muy incisiva a través de la prisión de los imputados, tenga un trato preferente en el programa de actuación del nuevo gobierno. Como previsiblemente atraiga su atención en los primeros momentos áreas de regulación en donde el consenso anti autoritario esté más extendido: la discriminación de género y la igualdad salarial, la derogación de normas extraordinariamente represivas de las movilizaciones sociales, como la Ley de Seguridad Ciudadana. Y no conviene olvidar que el cambio de gobierno deberá suponer el cese de millares de altos cargos, algunos de ellos personajes siniestros de la última política, como Trillo, embajador en Londres, o Wert en Paris, cuya remoción supone un acto de higiene democrática que ha de ser forzosamente muy bien valorada por todos los demócratas.

En el terreno laboral, el gobierno tiene que efectuar algún movimiento positivo que afecte directamente a la reforma laboral del 2012, que es la que el PP impuso sobre su mayoría absoluta contra el sindicalismo confederal y las y los trabajadores en general. Ocho años después de las políticas “de austeridad” la situación de degradación de los derechos colectivos e individuales laborales debe ser al menos parcialmente reformulada. La CEOE sin embargo ha declarado ya el mismo día de la moción de censura, que la reforma laboral debe ser irreversible. No están por tanto dispuestos a cualquier cambio, por nimio que fuera, en el conjunto normativo de las relaciones laborales. Esta declaración tan tajante puede que se transforme en otra, más inteligente, cuando se conozcan los nombres de las personas que en el nuevo gobierno ocupen las carteras de trabajo (confiemos en que le devuelvan ese nombre al ministerio, eliminando el de empleo) y economía. A saber, la de confiar al “diálogo social” los acuerdos que posibiliten la reforma de la reforma laboral, que sólo puede llevarse a cabo si cuenta con el consenso de los interlocutores sociales. Una fórmula insincera que no tendrá recorrido político, pero que es posible que se defienda, también y especialmente por parte de los grandes medios de comunicación oficiales.

El segundo gran tema sobre el que el nuevo gobierno deberá adoptar una decisión es el relativo a las pensiones. La gran movilización de los pensionistas no puede tan sólo acabar en los resultados hasta el momento muy decepcionantes del compromiso presente en los presupuestos tras el pacto con el PNV. Es muy previsible que la reforma del 2013 pueda abolirse, pero también sería muy conveniente que en el Pacto de Toledo se plantee comenzar a abordar una revisión en profundidad de elementos centrales del sistema de pensiones que reformulen las líneas guía de la ley aprobada en el 2011. Es un tema en el que seguramente habrán de adoptarse decisiones relevantes en los primeros momentos.

La vitalidad democrática del Parlamento ha sido agredida por el gobierno del PP al vetar de manera sistemática las proposiciones de ley que obtenían la mayoría de la cámara y que tenían que ver con derechos sociales o de ciudadanía. Incluso un Tribunal Constitucional de una fuerte mayoría conservadora ha reprochado al gobierno la utilización arbitraria e inmotivada de la facultad a la que le habilita el art. 136.6 de la constitución. La STS 44/2018, de 26 de abril, ha considerado que el veto a una proposición de ley del grupo parlamentario socialista sobre la  modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, no tenía conexión suficiente con los ingresos y gastos públicos. Liberar la capacidad legislativa de las cámaras en materia laboral es fundamental en estos momentos. Como lo es también acelerar los tiempos de tramitación de las proposiciones de ley, aceptadas por el pleno y siempre retrasadas en las comisiones, a lasque nunca se les aplica el procedimiento de urgencia y con el riesgo de que en la nueva situación el Senado, dominado por la bancada popular, ejerza una función de obstruccionismo legislativo sistemático.

Hay muchas más materias sobre las que se va a requerir una intervención del gobierno que altere el rumbo de las cosas que hasta ahora se había seguido. La lista de acciones que solo en materia de derechos laborales y sociales compromete al nuevo gobierno es inmensa, como inmensos han sido los efectos nocivos de la acción gubernamental del PP. Se abre un tiempo de revisión normativa y administrativa en el que el protagonismo del sindicalismo confederal ha de verse reforzado necesariamente. Imponer el punto de vista laboral a un proceso de regeneración democrática apenas iniciado es un objetivo claro en este nuevo tiempo político. Un nuevo horizonte que requiere una oscilación a la izquierda, buscar el apoyo parlamentario de los grupos que pueden sostener un marco normativo que revierta el actual y posibilite una mejora en puntos sensibles de las relaciones colectivas e individuales de trabajo. Estaremos atentos a los acontecimientos futuros en este blog.


viernes, 25 de mayo de 2018

MOVILIZACIÓN PERMANENTE SINDICAL Y AGITACIÓN POLÍTICA




(Las fotos pertenecen al acto de presentación del Liber Amicorum de Juan Terradillos celebrado en Jerez de la Frontera, los días 24 y 25 de mayo de 2018)


Esa última semana se ha caracterizado porque en su inicio ha coincidido una importante movilización sindical con una acción colectiva de jueces y fiscales contra el Ministerio de Justicia con la detención de un importante dirigente histórico del Partido Popular y una sentencia de la Audiencia Nacional en la que se describe la trama corrupta que vincula a grandes empresas con adjudicaciones públicas  y en la que Partido Popular, por primera vez en la historia, es condenado por beneficiarse "a título lucrativo" de dichos acuerdos. Esta última parte ha generado una agitación política sin precedentes, con la presentación de una moción de censura en el Parlamento.

En efecto, CCOO y UGT han protagonizado el día 22 de mayo una movilización basada fundamentalmente en los delegados sindicales, que se ha plasmado en concentraciones a la puerta de las sedes de la patronal CEOE y CEPYME con la finalidad de romper la parálisis en que se encuentran las negociaciones para un acuerdo salarial que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y de los derechos arrebatados por las reformas laborales.  Se ha organizado en cuarenta ciudades del Estado español este tipo de concentración, lo que ha supuesto que más de 20.000 personas han participado en estas acciones. La idea de los dos sindicatos confederales es la de ir alimentando un proceso permanente de conflictividad social que por el momento reposa en las propias estructuras sindicales y que previsiblemente se irá extendiendo por sectores convergiendo en posibles acciones de mayor enjundia, sin excluir incluso desembocar en una huelga general, con las dificultades que eso lleva y más en el momento actual, como luego se aludirá.

El eje de esta movilización se basa en la desigualdad creciente, la baja calidad del trabajo y la extensión de la precariedad en el empleo y salarial, frente a lo cual, la actitud del empresariado ha sido claramente reticente. Efectuando unas propuestas sensiblemente inferiores a las demandas sindicales, CEOE-CEPYME entiende que su propuesta es inmodificable y que, por el contrario, son los sindicatos quienes “hacen todo lo posible por buscar cualquier excusa para romper la negociación del IV Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva”. En esa cerrazón el empresariado apuesta por no desarrollar el espacio de la negociación colectiva como método idóneo de regulación de las relaciones laborales en los sectores y territorios, poniendo todo su interés en el mantenimiento de la legislación laboral derivada de la reforma del 2012 como un marco institucional inmodificable y el fortalecimiento del unilateralismo empresarial como ejes estratégicos en torno a los cuales se deben generar las reglas sobre el trabajo a partir de ahora. Es decir, defienden de forma muy rígida un statu quo que ya no es posible, ante una situación de postración salarial y de degradación de las condiciones de empleo y de trabajo.

“La patronal nos está diciendo que mientras los dividendos se incrementan en 17.000 millones y los beneficios en 36.000 millones, y el 80% de las pymes están en beneficios, los salarios tienen que seguir perdiendo poder adquisitivo. Esto es intolerable, y como esto es intolerable, no lo vamos a tolerar. Hay que repartir los beneficios”, ha resumido al respecto Unai Sordo, secretario general de CCOO. Pero la negociación se prolonga sin resultados, y no sería conveniente prolongarla si se llega al verano.  Por eso mismo la movilización sindical tiene que ir creciendo y asumir un carácter permanente si quiere ser efectiva. Pero también resulta importante anotar que un hecho tan relevante como la concentración ante las sedes de las organizaciones patronales en más de cuarenta capitales y ciudades del Estado español de 20.000 delegados sindicales de UGT y CCOO, no haya tenido ninguna recepción en los medios de comunicación, públicos o privados. La opción por invisibilizar el conflicto no solo supone la negación del derecho de libre información tal como este se concibe en términos constitucionales, el deber de proporcionar a la ciudadanía elementos sensibles para poder proceder a formarse una opinión consciente que les oriente política y socialmente. Implica también un ataque a la libertad de acción sindical por parte de los medios públicos, cuya opacidad al respecto supone desde luego una conducta material de obstaculización de ésta. Al carecer además de instrumentos y medios para poder ofrecer una queja ante los medios de comunicación que pudiera implicar una reparación de estas actuaciones, urge desarrollar un principio de participación sindical en el espacio mediático público que garantice un tratamiento equilibrado de la información sobre las relaciones laborales.

Esta movilización sindical que enlaza con conflictos de empresas en curso, ha coincidido con una agitación muy significativa en el área del aparato de estado de la justicia a cargo de jueces y magistrados convocados a la huelga el propio día 22 de mayo por la totalidad de las asociaciones del sector. Dejada ya atrás la polémica sobre la legalidad o no de la huelga de magistrados, resuelta en favor de su aceptación y su puesta en práctica de manera unánime desde la APM hasta Juezas y Jueces para la Democracia, los datos de los que se dispone – no muy completos, por otra parte – dan como resultado un amplio seguimiento de la misma, en torno a un 50% de la plantilla. En el centro del conflicto, se halla el disenso de los agentes de la justicia con una situación muy degradada del servicio público, con carencias importantes de personal y en medio de reivindicaciones retributivas que requieren un esfuerzo presupuestario en gasto de personal y de infraestructuras que el gobierno del PP no está dispuesto a aceptar. A eso se une una cierta crisis de confianza entre la cúpula del poder judicial y el gobierno fundamentalmente en razón de las turbulencias procesales a las que está sometido el Partido Popular en el caso Gürtel y la presencia de Mariano Rajoy como testigo en la misma, y la escasa credibilidad de un Ministro Rafael Catalá, reprobado por el Parlamento.

Pero este conflicto ha resultado literalmente engullido por dos hechos consecutivos de extrema gravedad para el PP. En primer lugar, la detención y posterior ingreso en prisión e incomunicación de Eduardo Zaplana, acusado de blanquear dinero y de cobro de comisiones por concesiones y obras públicas y que fue uno de los rostros más conocidos de la etapa aznariana del “milagro económico” experimentado en términos de especulación inmobiliaria y de burbuja financiera en el período 1996-2004. El segundo, el fallo de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel, en el que además de condenar a penas muy fuertes a los personajes que poblaron esta trama criminal de extorsiones y sobornos, se ha establecido la existencia de un “sistema de corrupción institucional” derivado del hecho de que el Partido Popular recibía donaciones opacas que no se hacían "de modo altruista por algunos empresarios" sino para "pagar favores" y como "contrapartida por adjudicaciones irregulares” de obras o concesiones administrativas. Por si fuera poco, la sentencia "pone en cuestión" la "credibilidad" del presidente y de los otros testigos que negaron en el juicio la contabilidad paralela y el cobro de sobresueldos, porque su testimonio no es "verosímil".

Este proceso, largamente esperado y con una sentencia de extensión desmesurada (más de 1.700 páginas) ha abierto una crisis política muy intensa, que se solapa con la cuestión irresuelta de Catalunya y que por tanto complica de manera importante la situación económica y social del país. El PSOE ha decidido presentar una moción de censura en el Parlamento, inmediatamente secundada por Podemos sin condiciones, aunque éste partido propone un programa social para asegurar y garantizar las pensiones, la igualdad de los permisos de paternidad y maternidad, el control del mercado de alquileres y diálogo en cuestiones territoriales, lo que parece corresponderse en parte con el propósito declarado del PSOE a través de su renacido secretario general Pedro Sánchez, de formar un gobierno socialista para el que reserva “la tarea de normalización y regeneración democrática”, además de poner en marcha “una agenda social que se ocupe de los que más han perdido durante la crisis”.  

Entramos por tanto en una etapa de turbulencia político-institucional que erosiona de manera muy directa la legitimidad del PP para gobernar el país, y que repercute muy negativamente tanto en su capacidad de gestionar la crisis catalana, ya de por sí endeble, como en la ordenación concreta de la gobernanza económica y política, que con el voto del PNV había conseguido sacar adelante a través de la aprobación de los presupuestos.

El sindicalismo confederal ha reaccionado inmediatamente ante esta eventualidad. La dirección confederal de CCOO se ha reunido el viernes 25 de mayo y ha hecho público un comunicado en el que solicita “a los partidos políticos” un compromiso institucional que prepare una transición corta hacia la convocatoria de nuevas elecciones que den lugar a una nueva regeneración democrática del sistema de partidos.

La declaración, tal como resulta de la nota de prensa que ha hecho público el sindicato – y que previsiblemente no será recogida por los medios de comunicación – es la siguiente:

“Estamos en un momento en el que este país requiere de importantes cambios legislativos y normativos que corrijan el actual modelo de crecimiento sin reparto. España no puede permitirse una parálisis institucional como la que previsiblemente va a provocar esta sentencia, con un Gobierno que no contará con apoyos para una acción legislativa que necesitamos.

CCOO advierte que no estamos ante otra sentencia contra la corrupción de miembros del Partido Popular. La Audiencia Nacional asesta un duro golpe a la imagen pública y a la trayectoria política del Partido Popular y del Gobierno, y de no actuar a tiempo para solucionar esta situación, podríamos asistir a un grave deterioro de la estabilidad política e institucional de la democracia española”. Recuerda CCOO que la sentencia no solo condena con singular dureza a 29 de los 37 acusados, sino que afirma rotundamente la existencia de una caja b de Partido Popular, en el marco de “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”, además de cuestionar el testimonio del presidente Rajoy.

Para CCOO “ya no es posible recurrir a la explicación de que estamos ante hechos aislados que afectan a unos cuantos dirigentes”. Igualmente, denuncia CCOO, “hemos asistido a una actividad empresarial perversa y despreciable, que ha primado la corrupción sobre proyectos empresariales basados en la transparencia, la profesionalidad y la oportuna competencia”.

Finalmente, la decisión del PSOE de registrar una moción de censura, merece, a juicio de CCOO, nuestro respeto, y más allá de expresar nuestro apoyo o rechazo, consideramos que la misma debe contribuir a buscar, como señalábamos con anterioridad, un compromiso de gobierno de regeneración democrática para preparar la convocatoria de elecciones generales. Sea como fuere, CCOO permanecerá vigilante y dispuesta a la movilización social y democrática para que los derechos de las trabajadoras/es, pensionistas y personas en peor situación, no sufran aún más las consecuencias de la actual convulsión política”.

La indeterminación política en la que entramos provocará posiblemente una situación de expectativa en las movilizaciones sociales que dependan fundamentalmente del gasto público, como las pensiones, o de decisiones presupuestarias, sin perjuicio de seguir presionando también en este sector, y aunque no influye muy directamente en el proceso de negociación de un acuerdo general sobre la negociación colectiva, es evidente que también este espacio de (des)encuentro sufrirá una dilación inevitable ante la inestabilidad política que se puede desprender de estos momentos y la indefinición de las soluciones de gobierno que se plantean, en especial por la postura siempre ambigua y oportunista de Ciudadanos que no sabe todavía cómo aprovechar mejor electoralmente este desmembramiento del Partido Popular.

Un momento por tanto de agitación política que no puede sustituir la movilización social, pero que si obtiene un resultado positivo en términos democráticos, podría suponer una oportunidad para iniciar la reversibilidad de los procesos de degradación de derechos individuales y colectivos que hemos ido soportando a partir de las reformas del 2010 y del 2012, y que vaya poniendo las bases de una estrategia de recuperación salarial y de reunificación de las colectividades del trabajo. Estaremos atentos en el blog a los acontecimientos que se desarrollen en los próximos días.