martes, 4 de junio de 2024

SOBRE EUROPA Y EL 9 DE JUNIO (II). IGNORANDO A EUROPA EN EL DEBATE MEDIÁTICO Y POLÍTICO


 

Continúa la campaña y la derecha insiste en considerar las elecciones del 9 de junio como unas elecciones generales, en las que se dirime plebiscitariamente la continuidad del gobierno PSOE-SUMAR, con especial aprensión hacia su presidente, Pedro Sánchez. Eso hace que la política nacional siga siendo el eje de los debates en los medios de comunicación. El segundo gran tema que surge es el crecimiento de la ultraderecha, que en esta cita electoral además se presenta representada no sólo por VOX sino por un conocido farsante y manipulador, un tal Alvise Pérez, que tiene una red de casi medio millón de seguidores y que en las encuestas aparece como la quinta fuerza de preferencia de los votantes.

La quiebra de la funcionalidad de los mecanismos de representación política y su corrupción a través de instrumentos de manipulación eficaces que degradan la cultura ciudadana democrática es un elemento ciertamente preocupante, pero que desvía el terreno de la discusión al de la lucha ideológica y la oposición entre modelos culturales de representación general de los intereses de la ciudadanía, un tema que se aleja de los elementos materiales que conforman la cotidianeidad de los problemas que acechan en la existencia de las personas. Sin embargo, no estaría de más recordar que se ha aprobado en abril de este año el Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo y del Consejo de 11 de abril de 2024 por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior y se modifica la Directiva 2010/13/UE (Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación), que aunque privilegia el enfoque de la libertad del mercado en los medios de comunicación como empresas, en la línea de considerar los medios de comunicación ante todo como una iniciativa económica sometida a las libertades de empresa y de servicios, no puede dejar de reconocer que también está en juego “el derecho a recibir o comunicar informaciones y la obligación de respetar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, con arreglo al artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, leído en relación con su artículo 22, que obliga a la Unión a respetar la diversidad cultural, religiosa y lingüística”,

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que, en un sector tan sensible como el de los medios de comunicación audiovisual, además de su deber negativo de no injerencia, los poderes públicos tienen la obligación positiva de establecer un marco legislativo y administrativo adecuado que garantice un pluralismo de los medios de comunicación efectivo, y dentro de esta efectividad, la comunicación fiable es esencial. Además de ello, “Los accionistas y otras partes privadas con intereses en prestadores de servicios de medios de comunicación podrían actuar de maneras que rompan el necesario equilibrio entre su propia libertad de empresa y la libertad de expresión, por un lado, y la libertad de expresión editorial y los derechos de información de los usuarios, por otro, al perseguir una ventaja económica o de otro tipo. Dado el papel social que desempeñan los medios de comunicación, esta injerencia indebida podría afectar negativamente al proceso de formación de la opinión pública”.

Por ello, “es crucial que los destinatarios de servicios de medios de comunicación sepan con certeza a quién pertenecen los medios de comunicación y quién está detrás de ellos, de modo que puedan detectar y entender posibles conflictos de intereses. Esto es un requisito previo necesario para formarse opiniones bien fundadas y, como consecuencia, para participar activamente en una democracia. Esa transparencia es asimismo un instrumento eficaz para desincentivar y por consiguiente limitar el riesgo de injerencia con la independencia editorial”. Desde este marco de sentido, es imprescindible que se establezca una norma que exija la transparencia en este sector de los medios de comunicación que se exigen para otras instituciones o corporaciones. Es importante en efecto conocer los gastos e ingresos contables de la empresa editorial y quienes son sus accionistas, sin que quepa seguir manteniendo la opacidad con la que hoy se despacha el tema en nuestro país. Hay fuertes evidencias que con dinero público se están financiando proyectos de intoxicación mediática, como ha señalado recientemente Unai Sordo (https://www.infolibre.es/videolibre/como-lo-ve/unai-sordo-llaman-medios-configuran-maquinas-mentir-manipular_1_1806707.html), y se generan verdaderas maquinarias de mentir y de manipular que incentivan posiciones claramente antidemocráticas que cuentan sin embargo con una multitud de seguidores, como en el caso de la lista electoral Se acabó la Fiesta a la que se ha hecho referencia.

Esa obsesión por ignorar Europa como espacio de debate y de construcción política, reduciendo el momento electoral a una reedición de los comicios nacionales que prolongan así las sucesivas convocatorias autonómicas que hemos tenido en Galicia, Euskadi y Catalunya desde comienzos de año, degradan el momento de decisión global de la ciudadanía europea a una fase mas de un cuestionamiento interno de los resultados obtenidos en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, y se corresponde con la continua lluvia de pronósticos electorales que se llevan realizando desde comienzos de año en una sucesión de encuestas realmente abrumadoras. De esta manera, se llega a una situación paradójica, porque  si bien las cifras dicen que el 83% de los españoles se consideran ciudadanos europeos, once puntos por encima del promedio de la UE, en el momento en el que se puede debatir sobre los proyectos que sostienen diferentes visiones sobre la función y los objetivos del espacio supranacional europeo, el discurso hegemónico entre los medios, que marcan fundamentalmente las fuerzas de la derecha y en especial el Partido Popular, se centra en la discusión nacional, sobre elementos muy limitados – corrupción, amnistía como cesión al chantaje separatista – sin que tampoco se aborden políticas concretas desarrolladas en este nivel – la situación de la economía, la fortaleza del mercado de trabajo, la política fiscal, etc.

Ignorando a Europa además se evita una reflexión crítica sobre los retos inmediatos que plantea el retorno a una “normalidad” en la gobernanza económica que impide la reforma de elementos centrales de la estructura constitucional europea, la inclusión de una cláusula social en los Tratados que inmunice la tendencia dominante a considerar el trabajo como la variable de ajuste ante las crisis económicas. La defensa de una Europa Social, que en esta última legislatura europea, con la suspensión del pacto de estabilidad y la adopción de los fondos Next Generation ha sabido desarrollar partes importantes del Pilar Social Europeo, al punto de que una parte significativa de los iuslaboralistas europeos hablan de un momento especialmente feliz en la producción normativa de la UE, tiene que ser considerada un elemento irrenunciable en la nueva conformación del Parlamento europeo, lo que sin embargo parece puesto en peligro por las preocupantes predicciones de voto.

Unas predicciones de voto que hablan de la renacionalización de Europa, del abandono de propuestas de desarrollo europeo estratégico fundamentalmente en el espacio geopolítico y económico global. Ese peligro es evidente. Pero también es necesario recordar que el giro armamentista y belicista de la Unión Europea en relación con la invasión rusa y la estabilización de la guerra en Ucrania plantea problemas muy acuciantes a las perspectivas pacifistas y progresistas de la izquierda, además de la complaciente actitud de los dirigentes de la Unión – y de los gobiernos de Alemania, Francia e Italia – ante la impunidad de los crímenes de guerra y del genocidio en Gaza.

Todo ello hace apasionante el momento político que propicia un debate profundo sobre Europa y que estas elecciones del 9 de junio deberían acoger. Lamentablemente, no parece esa ser la tónica general por la que se mueven las informaciones que posibilitan la creación de opinión de la ciudadanía. Y los mítines y encuentros electorales – entre los que destacan los de SUMAR como una formación que aborda críticamente la actuación política que se debe llevar a cabo en ese espacio supranacional – no consiguen aglutinar la suficiente masa crítica sobre este particular. Nada de extrañar, porque en este mismo blog se ha podido apreciar este desinterés. De hecho, la entrada anterior sobre las elecciones europeas ha sido la que menos visitas ha recibido de todas las publicadas en los últimos dos años.😌

Lo que no produce sin embargo un efecto disuasorio en esta serie de opiniones y comentarios sobre las elecciones europeas. À suivre le prochain numéro.

 

 

domingo, 2 de junio de 2024

SOBRE EUROPA Y EL 9 DE JUNIO (I): UN PLAN ECONÓMICO QUE NO PERMITA NUEVAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD

 


Nadie duda de la importancia de las próximas elecciones del 9 de Junio. Sin embargo, como siempre sucede en estas citas electorales europeas, el debate local discurre sobre acontecimientos estrictamente nacionales, de forma que el resultado de las elecciones se valora exclusivamente en clave interna. En este caso como un plebiscito dirigido contra la figura de Pedro Sánchez, blanco señalado de todos los ataques de la derecha y ultraderecha - cada vez más difícil de distinguir en sus planteamientos e incluso en sus formas de expresión -  que por tanto borra por acumulación otras referencias políticas a su izquierda y en especial la fuerza que forma parte de la coalición de gobierno, SUMAR. En la semana que queda hasta el día de la votación, en este blog se pretende analizar algunos de los elementos más interesantes del debate necesario sobre las consecuencias que va a tener la nueva formación del Parlamento europeo durante los próximos cinco años. Vamos con el primero de ellos.

Todos los medios de comunicación y en general los discursos de las fuerzas políticas activas en esta campaña que tiene la gran ventaja de ofrecer un colegio electoral coincidente con el perímetro del Estado español y en el que por tanto los 61 diputados por elegir se repartirán en razón del voto proporcional, sin otras mediaciones como sucede en las elecciones autonómicas o nacionales, es el del auge de las posiciones de ultraderecha. Coincide con una situación internacional en la que estas propuestas de regulación de la sociedad hostiles a planteamientos democráticos y culturales progresistas pueden tener un mayor espacio de reconocimiento ciudadano, especialmente en el caso de estados Unidos con la posible victoria de Trump en las elecciones de noviembre. En Europa, se teme el avance de las extremas derechas en los países fundadores, como Italia, Francia, Holanda y Alemania, además del fortalecimiento de las posiciones de gobiernos muy reticentes a la supremacía de las políticas de la Unión sobre las nacionales.

Sin embargo, la terrible masacre que se lleva produciendo en Gaza por parte del gobierno de Netanyahu, un criminal de guerra como le ha definido justamente Bernie Sanders , ha irrumpido como hecho político relevante en el debate que se está desarrollando en las elecciones europeas, y ello pese al apoyo decidido de Alemania y de los grupos dirigentes de otros países europeos a la acción criminal y genocida de Israel. Un debate en el que la izquierda está bien posicionada, como lo demuestra que el reconocimiento de Palestina como Estado por España ha generado un ataque desaforado del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, focalizado en la Vicepresidenta 2ª Yolanda Díaz, cuyo cese se exige como cómplice del genocidio…del pueblo judío. Una postura que ha secundado la fuerza de ultraderecha Vox con una reunión en Israel de apoyo decidido al gobierno israelita, incluyendo por tanto este tema en la agenda diaria de los debates electorales sobre Europa y la necesidad de que se de en este ámbito supranacional una respuesta adecuada

En efecto, la situación internacional y especialmente la masacre de Palestina que está llevando a cabo el estado israelí, enjuiciado por el Tribunal Penal Internacional como genocidio, plantea la necesidad de revisar el acuerdo de colaboración UE- Israel, cuyo art. 2 compromete a las Partes a respetar los derechos humanos y principios democráticos, algo que Israel está incumpliendo con sus ataques contra Gaza. Piénsese que en 2022 el 28,8 % del comercio de mercancías de Israel lo hizo con la UE, su principal socio comercial. Este objetivo concreto no lo incorporan en sus programas ni el bloque de las derechas ni el PSOE, y no es previsible que sea una postura que logre imponerse en la UE, pero su popularización como medida de la  exigencia democrática  que caracteriza las relaciones comerciales de la Unión Europea, es muy importante, en el contraste que se verifica a cada instante entre el tratamiento que se ha dado a Rusia por el incumplimiento flagrante del Derecho Internacional ante su agresión militar a Ucrania, y la impunidad de la que se rodea el comportamiento del estado de Israel ante sus crímenes de guerra en Gaza.

La actualidad del peligro ultraderechista se concentra sin embargo entre nosotros en su expresión nacional, con sus secuelas de noticias falsas, utilización sesgada de la judicialización de la política y estrategias de lawfare, exasperación creciente del lenguaje y del discurso tanto en el ámbito parlamentario como en el de los medios de comunicación, y acusaciones de corrupción contra la esposa del presidente, unido a la adopción de la Ley de Amnistía y la imputación consiguiente de lo que se proclama como acto inconstitucional decidido por las mayorías parlamentarias. Aunque el discurso está salpicado por expresiones xenófobas, claramente iliberales y antifeministas, el eje de este ataque ideológico estriba fundamentalmente en elementos que buscan subrayar la degradación democrática que prácticas de corrupción y de ilegalidad a la que está conduciendo el gobierno surgido de las elecciones del 23 de julio de 2023. Y la respuesta es justamente la contraria, es decir, insistir en la legitimidad democrática del gobierno y de los actos legislativos producidos sobre la base un principio de mayorías parlamentarias, negar la corrupción como un montaje sobre la falsedad y la utilización sesgada del aparato judicial, y anunciar el peligro que supone la previsible mayor audiencia de los planteamientos iliberales de las derechas en la convocatoria electoral, tras un largo y frenético proceso de elecciones autonómicas que han impedido que se desplegara el programa del gobierno durante lo que va de legislatura y en donde es palpable el cansancio del electorado.

Es evidente que las contra argumentaciones frente a las insidias de la ultraderecha y la derecha que funcionan al unísono, aunque con un mayor diapasón los miembros de VOX, tienen sentido y son más que razonables. Pero a su vez sitúa el espacio de debate de nuevo en la dimensión cultural e ideológica de democracia/autoritarismo y progresismo/reacción. Y eso impide hablar a fondo de los problemas reales que se plantean en la vida común a las personas a las que se debe interpelar para que sigan optando por las políticas que mejoren sus condiciones de existencia, además de hacer algo de pedagogía explicando la relación que eso tiene con el destino electoral de su voto, el Parlamento europeo.

Desde luego que es difícil escapar al impulso centrípeto que conduce a la advertencia y a la crítica frente a la ultraderecha, tanto en lo que respecta a nuestro país, como también en lo que el avance de estas posiciones supondría en el conjunto del desarrollo de la Unión Europea. Pero las fuerzas de la izquierda, y muy particularmente SUMAR como expresión de una propuesta plurinacional de ámbito estatal, deberían desarrollar un debate más articulado en torno al marco de regulación en el que se quiere interactuar mediante la presencia en el Parlamento Europeo de las personas que forman parte de esa candidatura.

Es cierto que en los mítines e intervenciones públicas, muchos de estos aspectos son apuntados, dentro naturalmente de la brevedad y el esquematismo que requieren estos actos electorales, pero habría que hacer un esfuerzo por trasladarlos como elementos dominantes en la opinión pública, y extenderlo a través de las mediaciones que se puedan efectuar con movimientos sociales y sindicatos, a su vez éstos extremadamente implicados en consolidar alternativas políticas que lleven a la Unión Europea un desarrollo comprometido del Pilar Social Europeo.

Quizá el primer punto sobre el que conviene insistir en el plan económico que han diseñado las reglas de la nueva gobernanza económica que son extremadamente insatisfactorias. Laura Pennacchi, desde las páginas de Il Manifesto subrayaba ayer la necesidad de hacer frente a la obsolescencia del modelo productivo europeo, caracterizado por el descuido de la demanda interna y la correspondiente proyección excesiva hacia la exportación, la dependencia energética y de otras materias primas, y el retraso tecnológico. Y añadía: “En esta situación de gran convulsión, en la que, por declaración explícita de los gobiernos de los países más poderosos, las reglas de la competencia ya no rigen las relaciones económicas mundiales, sería desastroso que la futura Europa se aferrara a principios restrictivos de gestión de las finanzas públicas y a una visión estrecha de la competitividad y del dogma de la competencia. La «reforma de la gobernanza», que acaba de lanzarse, es errónea precisamente por la contradicción entre unas nuevas reglas siempre muy restrictivas y la gran necesidad de inversión en la transición ecológica y en la reorientación de la demanda interna hacia los «bienes públicos europeos» (investigación básica, universidades, educación, cultura, sanidad, medio ambiente y reordenación territorial) que habría que satisfacer para hacer frente a la obsolescencia del modelo”.

Se trata de un aspecto no mencionado en el discurso de las derechas pero tampoco en el  del PSOE, que insiste en cuestiones más genéricas o en propuestas de transición digital y ecológica que sin embargo pueden estar lastradas por las rígidas limitaciones y condicionamientos de la nueva gobernanza. En los mítines Yolanda Diaz insiste en la importancia de frenar la austeridad 2.0 que se agazapa en este esquema, un planteamiento que coincide por cierto con el que mantienen los sindicatos europeos y CCOO y UGT entre nosotros. La apuesta por la Europa Social no es compatible con esta constitución económica reforzada a través del acuerdo sobre la nueva gobernanza que han aceptado los partidos del bloque popular, liberal y socialista, entre nosotros tanto el PP como el PSOE. Es difícil comprender cómo podrían mantenerse los principios de prohibición de ayudas estatales y de recurso al libre mercado financiero ahora que la Unión Europea debe fijarse objetivos de sostenibilidad medioambiental, tecnológica y social extremadamente exigentes y vinculantes, incluso en términos temporales.

Además, y como señala también Laura Pennacchi en el texto referido, hay problemas sin precedente en Europa referidos a la dinámica de la productividad y se plantean principalmente en términos de innovación: producto, proceso y estructura. “La atención debida a las cuestiones de la productividad y el estancamiento de los salarios también debería dar cabida a una relación inversa -del crecimiento de los salarios a la productividad- a la tradicional (de la productividad a los salarios), porque la productividad no puede crecer si los salarios no crecen. La cuestión de la innovación, debe plantearse en términos radicales. La fase actual de la evolución tecnológica conoce muchas turbulencias, vinculadas en particular a los procesos asociados a la Inteligencia Artificial, de la que también hay que señalar una militarización acuciante, y a los temibles monopolios de las Big Tech, a los que, por supuesto, hay que oponerse. La Inteligencia Artificial está siguiendo el mismo camino adoptado por el resto de las nuevas tecnologías, es decir, la orientación de sus mejoras, en lugar de al aumento del bienestar general y la expansión del empleo, a la reducción de costes y el ahorro de mano de obra que, en última instancia, resultan ser un freno al crecimiento de la productividad”. Por no señalar que la necesidad de la innovación tecnológica requiere instrumentos públicos que la promuevan e impulsen, fuera de la aplicación de los principios de la competencia.

Es esta una cuestión decisiva en el debate sobre Europa que se hurta a la discusión política y a la opinión pública. Jorge Uxó en una relativamente reciente intervención en la Revista de Derecho Social 102 (2023), ha explicado de manera clara los límites de esta reforma de las “reglas fiscales”  y la necesidad de evitar un segundo período de austeridad fiscal como el que se produjo en el ciclo 2010-2012 y la necesidad de encontrar, en el plan fiscal-estructural a medio plazo, el suficiente espacio para cada país para poner en marcha el incremento de la inversión pública que se requiere para hacer frente a la transición ecológica y digital, una necesidad que la interpretación de las reglas aprobadas pude que reduzca de forma significativa y con ello la posibilidad de lograr un bienestar más sostenible, ecológica y socialmente para Europa en estos cinco próximos años.

Desplegar ante las personas que tenemos que votar el 9 de junio este elemento crucial para avanzar en la construcción de una Europa Social es imprescindible. Seguiremos en estas páginas avanzando algunos análisis sobre estos retos de futuro que la izquierda política y social afronta en esta ocasión.


lunes, 27 de mayo de 2024

LAS REFORMAS CONTENIDAS EN EL RDL 2/2024, DE 21 DE MAYO RESPECTO DE MARCOS AUTÓNOMICOS DE RELACIONES LABORALES Y MAYOR REPRESENTATIVIDAD EN COMUNIDADES AUTÓNOMAS

 


Como es conocido, el RDL 7/2023 de 19 de diciembre fue una norma de urgencia que quería presentarse como la continuidad del impulso de las reformas laborales y del empleo que llevaba a cabo el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el nuevo gobierno formado tras las elecciones del 23 de julio que marcó la imposibilidad del Partido Popular de conseguir apoyos parlamentarios más allá de la extrema derecha. El elemento central de esta norma, la reforma del subsidio por desempleo, había sido negociado en el interior de las fuerzas que componían el gobierno como un compromiso que permitía la entrega a España de una nueva cantidad de dinero en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, pero no fue convalidado ante la unión al rechazo del PP y de Vox a este texto del voto contrario de los entonces cinco diputados de Podemos escindidos de la coalición SUMAR en la que habían sido elegidos, que de esta manera marcaban su propio territorio, confrontaban directamente con Yolanda Díaz en su doble posición de dirigente de la coalición y ministra de Trabajo, y exigían la negociación directa con el PSOE de este tipo de medidas. En este blog Maria José Romero explicó suficientemente por qué a su juicio esta propuesta de regulación no debería haber sido rechazada (https://baylos.blogspot.com/2024/01/razones-para-no-rechazar-el-rdl-72023.html). El punto de discordia además podía haber sido debatido mediante la convalidación del Decreto Ley tramitándolo como proyecto de ley, introduciendo en este procedimiento los cambios requeridos por Podemos, pero se eligió la opción de la eliminación de la norma.

La recuperación de esta iniciativa se ha logrado a través de la negociación tripartita con los agentes sociales de los aspectos relacionados con el desempleo, lo que ha llevado a cabo en estos meses, llegando finalmente a un acuerdo bipartito entre CC.OO. y UGT con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que no han suscrito por consiguiente las asociaciones empresariales, aunque en la Exposición de Motivos del recién promulgado RDL 2/2024, de 21 de mayo, se indique que el resultado final se ha nutrido de aportaciones de todas las partes. Se supone que el contenido de esta norma no tendrá esta vez los mismos problemas de convalidación que su antecedente el RDL 7/2023 al contar con el aval de los sindicatos más representativos.

Pero no todos los contenidos del presente Decreto-Ley han sido objeto de negociación en el espacio de la negociación tripartita. De hecho, las modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores que incorpora la norma actual reiteran los mismos preceptos que abordó el RDL 7/2023, sin que este contenido se haya incorporado a una mesa de diálogo social. La materia que ha concitado una mayor crítica de los sindicatos más representativos y las asociaciones empresariales, ha sido la modificación que se ha efectuado del art. 84 ET, que ha sido cuestionada sobre la base del argumento genérico de que cualquier modificación del Estatuto de los Trabajadores debe realizarse en el marco del diálogo social. Un cambio legislativo que era el fruto de una negociación política ligada a la propia conformación de las mayorías que sostienen al gobierno de coalición, para lograr el apoyo del PNV, y que ya se incorporó al texto antecedente del RDL 7/2023.

En principio pues, las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores que lleva a cabo el RDL 2/2024 venían a ser algo ya conocido para los especialistas en Derecho del Trabajo, un déjà vu que reitera lo que la no convalidación del RDL 7/2023 había derogado, con lo que bastaría una remisión a un comentario de las mismas que se efectuó en este blog una vez promulgada aquella norma (https://baylos.blogspot.com/2023/12/las-reformas-del-estatuto-de-los.html) . Sin embargo, hay un interesante cambio respecto de la partitura original en el nuevo texto legislativo, precisamente respecto del art. 84 ET al que se hará referencia a continuación. Es además el tema más interesante y problemático de esta reforma.

¿Marcos autonómicos de relaciones laborales o singularidad sindical vasca?

El origen del actual art. 84.3 ET se sitúa en la reforma de 1994, también en el contexto del apoyo del PNV a la extensa reforma laboral en la que se puso en práctica un intenso movimiento de flexibilización a través de la negociación colectiva y un fortalecimiento del poder unilateral del empleador en la reorganización productiva y económica a través del manejo de los acuerdos de empresa como instrumentos de gestión frente a las pulsiones del mercado y los ajustes del empleo. Se trataba de una excepción a la regla de la no modificabilidad del convenio colectivo vigente que rompía la prohibición de afectación de este por convenios de ámbito distinto, para cuya solución de conflictos entre convenios confluyentes se aplicaba el principio de prioridad temporal que establecía el art. 84.1 ET.

La norma de entonces preveía un mecanismo de secesión del convenio autonómico respecto del convenio sectorial de ámbito estatal como concesión a la posibilidad de crear marcos autonómicos de relaciones laborales, un tema que en aquellos años ocupaba una buena parte de la discusión no sólo de aquellos sujetos sindicales que restringían su ámbito de representación a una Comunidad Autónoma, como los sindicatos denominados nacionalistas de Euskadi y de Galicia, sino también en el seno de alguna confederación de ámbito estatal, como sucedía con la CONC respecto de la C.S. de CC.OO.

Sin embargo, este precepto no tuvo éxito alguno, en gran medida por la propia fuerza centrípeta que los grandes acuerdos interprofesionales de 1997 imprimieron a lo que sería el desarrollo de la reforma del 1994 a través del despliegue de un esquema de actuación de la negociación colectiva o de la cobertura de vacíos producto de la extinción de las ordenanzas y reglamentaciones laborales que colocaba el centro de gravedad en el ámbito estatal de donde irradiaba una visión centralizada de la posible articulación posterior de unidades de negociación y de los contenidos que correspondían a cada nivel territorial y funcional. Un esquema de actuación que se continuaría a partir del 2001 con los sucesivos Acuerdos de Negociación Colectiva entre CEOE-CEPYME y UGT y CC.OO. hasta el 2008.

La irrupción de la doble crisis financiera y de la deuda soberana indujo a una reforma de la negociación colectiva en el 2011 que incidió de nuevo en la redacción de este art. 84 ET. En él se preveía una secesión del ámbito estatal sectorial hacia el ámbito autonómico de nuevos convenios colectivos para cuya negociación se reunieran las mayorías exigidas por los arts. 87 y 88 ET, pero este movimiento podía ser impedido si así lo establecía un acuerdo interprofesional de ámbito estatal o un convenio colectivo sectorial también a nivel estatal, en razón del reenvío al art. 83.2 ET que efectuaba el precepto, preservando en todo caso la ley un grupo de materias excluidas de esta posible secesión de la unidad de negociación de Comunidad Autónoma.

La reforma que lleva a cabo el RDL 2/2024 del art. 84 ET reitera el planteamiento ya conocido en su antecesor derogado, de forma que utiliza el mismo término de la prioridad aplicativa que se ha empleado para la descentralización negocial a nivel de empresa en el art. 84.2 ET para esta iniciativa de creación de una nueva unidad de negociación que se separa del convenio colectivo sectorial de ámbito estatal. Es necesario para ello reunir dos condiciones: obtener “el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación”, y que el contenido de este nuevo convenio colectivo sea “más favorable” que el regulado en el convenio estatal, de manera que no se canalicen a través de este mecanismo objetivos de devaluación de las condiciones de trabajo establecidas en el convenio de ámbito nacional.

Esta “prioridad aplicativa” parece que se establece de manera incondicionada, sin que por consiguiente los sujetos pactantes de los acuerdos interprofesionales o convenios sectoriales estatales puedan establecer un control o vigilancia del proceso de creación de nuevas unidades de negociación autonómicas, porque la norma ha decidido proteger la descentralización negocial sobre la base del criterio de proximidad que refleja la relevancia de la distribución territorial del Estado en Comunidades Autónomas sobre la legitimación para negociar convenios colectivos. No es aplicable por tanto la prohibición de afectación del art. 84.1 ET a los convenios sectoriales de ámbito estatal vigentes, porque justamente el art. 84.3 supone una excepción a dicha regla. Es importante señalar que el convenio sectorial de ámbito autonómico es la unidad de negociación a la que se refiere el art. 84.3 ET, y no a posibles niveles de negociación inferiores, como serían los convenios provinciales de rama en el ámbito de una Comunidad Autónoma pluriprovincial.

Esta había sido una de las cuestiones que había suscitado dudas en la redacción presente en el RDL 7/2023. Se entendía que no era posible emplear este mecanismo para segregar unidades de negociación de ámbitos territoriales más restringidos, provinciales o comarcales, por tratarse de un instrumento que se conectaba con la relevancia que en la estructura territorial del Estado tienen las Comunidades Autónomas, que se manifiesta en las reglas especiales de la mayor representatividad de la LOLS y de la Disposición Adicional 6ª ET. Así lo afirmaba taxativamente la Exposición de Motivos del RDL 7/2023 subrayando que “dicha prioridad aplicativa queda condicionada ahora exclusivamente a que la regulación de los convenios o acuerdos autonómicos resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales, de modo que paralelamente se promueva el desarrollo de los ámbitos autonómicos de negociación y los derechos de las personas trabajadoras”.

Este tema ha sido modificado en la redacción que al art. 84 ha dado el RDL 2/2024, al añadir un nuevo apartado 4 a dicho precepto según el cual es posible utilizar este mecanismo de secesión del convenio estatal para convenios provinciales únicamente si esta posibilidad se contempla en un Acuerdo Interprofesional de ámbito autonómico, y de nuevo bajo la condición de que su regulación resulte más favorable que en los convenios o acuerdos estatales. Este añadido hace pensar que pese a que el texto no se ha sometido al diálogo social formalmente, ha sido de alguna manera revisitado incorporando medidas de contención ante lo que podría haberse interpretado como una dislocación incontrolada de unidades de negociación sub-autonómicas aprovechando la fórmula genérica empleada por la ley, que ahora se disciplinan a partir de la existencia de un acuerdo interprofesional de ámbito autonómico.

La prioridad aplicativa de los convenios autonómicos así configurada ha sido criticada desde posiciones que defienden el nivel de regulación estatal como la garantía de la construcción de una estructura de negociación colectiva “robusta y sólida” que evite un esquema de negociación heredado del franquismo con convenios provinciales de sector coexistiendo con convenios de grandes empresas. En este sentido se ha pronunciado algún dirigente sindical del sector de la Industria Química, Quim González, (https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/analisis-laboral-prioridad-aplicativa-convenios-autonomicos-estatales-sectoriales/20240523190902227189.html) y posiblemente puede ser el argumento que se emplee en otros sectores donde el convenio colectivo estatal sea el texto regulador único.

Sin embargo no parece que este reproche esté justificado, porque más allá de la generalidad con la que está concebida esta prioridad aplicativa del convenio autonómico, la realidad de nuestras relaciones laborales hace que sólo en los territorios en los que los sujetos legitimados para negociar son diferentes y mayoritarios respecto de los sindicatos más representativos a nivel estatal este instrumento de secesión del convenio estatal puede tener lugar, puesto que en otros supuestos la imposibilidad de lograr la mayoría de la comisión negociadora hace que los dos sindicatos firmantes del convenio estatal impongan esta opción e impidan cualquier “fuga” del mismo. El único lugar en el que los sindicatos más representativos a nivel estatal no tienen una audiencia electoral que les garantice la mayoría en todos los sectores y territorios es en la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde ELA-STV y LAB pueden en su conjunto iniciar este movimiento. Ni en Galicia con CIG ni tampoco en Navarra con ELA y LAB, esta mayoría de los sujetos sindicales más representativos a nivel autonómico está asegurada, por lo que el control de la articulación de los diferentes niveles de negociación reposa fundamentalmente sobre los sindicatos mayoritarios a nivel estatal, que tienen la llave para proceder o no a esta “prioridad aplicativa”.

Además, es también conocido que la estructura negocial de los convenios colectivos en España está muy descentralizada, y que los convenios provinciales tienen un peso muy importante en la determinación de la tasa de cobertura de la negociación colectiva, que en el 2024 se cifra en un 91,80%, teniendo en cuenta que el 88,47 % de las personas trabajadoras están cubiertas por un convenio colectivo de ámbito superior a la empresa. Una cifra que sin embargo desciende en el País Vasco, donde la tasa de cobertura de la negociación colectiva es de 85,73% y el 81,36% de las personas trabajadoras ven reguladas sus relaciones laborales por un convenio supraempresarial. Es importante recordar que el instrumento que regula el art. 84,3 ET busca la regulación de convenios autonómicos, mientras que para que se aplique a los convenios provinciales es necesario un acuerdo interprofesional de ámbito de Comunidad Autónoma y en todo caso que esta secesión se efectué sobre la condición más favorable respecto de la regulación establecida en el convenio sectorial estatal.

Finalmente, la cuestión de la norma colectiva más favorable requiere una comparación de la norma colectiva de ámbito estatal y la autonómica “en su conjunto”, y en cómputo anual en lo que respecta a los conceptos cuantificables, como señala el art. 3.3 ET. Es interesante destacar esta exigencia – que posiblemente tiene su origen en una reacción frente a la utilización de la preferencia aplicativa del convenio de empresa introducida en la reforma del 2012 en clave directamente devaluadora de salarios y de derechos laborales – porque el principio de norma más favorable no ha gobernado las relaciones internas de la negociación colectiva en nuestro sistema laboral, que se ha basado fundamentalmente en la decisión de los interlocutores sociales en la ordenación de las materias y los niveles de negociación, o en la asignación de determinadas materias a determinados ámbitos de negociación, cuestión en la que también ha intervenido la norma estatal de forma imperativa, incluso limitando o restringiendo la capacidad de regulación autónoma de los sujetos negociadores. La introducción de una regla de competencia al alza de los convenios sectoriales autonómicos respecto de los estatales como condición para su aplicación, es un elemento que merece ser resaltado como novedad respecto de las reglas tradicionales sobre prioridad aplicativa de los convenios colectivos de empresa, introducidos en la reforma del 2012 y corregida parcialmente imposibilitando el abordaje de la materia salarial en la reforma del RDL 32/2021.