1 DE MAYO 2013 EN ESPAÑA: DESARROLLAR EL PODER DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

Celebrar el 1 de mayo en el año 2013 en España implica ante todo manifestar por las calles de tantas ciudades españolas el grito de protesta y de resistencia de los trabajadores y de las trabajadoras frente a una política que está devastando el trabajo y anulando los derechos individuales y colectivos que han ido consiguiéndose con tanto esfuerzo a lo largo de nuestra historia democrática. El Primero de Mayo se inserta en un largo y continuado proceso de movilizaciones que no tiene parangón en nuestra historia reciente en donde se entrecruza la acción de los movimientos sociales y la del sindicalismo más representativo en unidad de acción, el cual a su vez hace de propulsor de este proceso unitario. Esta es una fecha que permite la visibilidad social de esta componente de la resistencia activa a un estado de cosas frente a la que el gobierno del Partido Popular exige la sumisión voluntaria de la ciudadanía basada en la desesperanza de la sociedad y en la impotencia de la política. Es por tanto un momento más en la exteriorización de un proceso de lucha que no sólo se define por el rechazo de los mandatos del gobierno, sino que opone a éstos un programa alternativo claramente viable y hacedero. 

Los manifiestos del 1 de mayo normalmente no se leen, porque la simbología de la fecha es tan evidente que no requiere más explicaciones. Pero en el de este año, UGT y CCOO han sintetizado los elementos básicos de sus líneas de actuación. Se trata de poner límites a la agresión que está sufriendo la ciudadanía española, y por eso se requiere otra política económica – la reactivación económica frente a la política del rigor presupuestario – la expansión del sector público y de los servicios de interés general como sanidad y educación frente a la preconcebida privatización y degradación de los mismos, la recuperación del garantismo de los derechos individuales laborales y del principio de autonomía y negociación colectiva, y, en fin, la defensa de la democracia frente a las tendencias involucionistas y autoritarias del poder público que se manifiestan no solo en la criminalización creciente de la protesta social, sino en un continuo incumplimiento y modificación ilícita del cuadro de libertades reconocidos en la Constitución.

En ese mismo manifiesto se habla de la necesidad de un acuerdo social y político para modificar radicalmente la situación de plena emergencia social en la que nos encontramos y de la que dan fe de forma dramática los más de seis millones de parados y el aumento de la desigualdad y de la pobreza. Es una réplica de la reivindicación de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) que exige un nuevo contrato social para Europa, en el que se establezca de una vez por todas la necesidad de una dimensión social fuerte en la Unión Europea y la sumisión de las reglas de la gobernanza económica al respeto de los derechos sindicales y sociales de los ciudadanos y ciudadanas europeos. Pero ese acuerdo social y político tiene necesariamente que tener en cuenta que nos encontramos en una situación generalizada de desigualdad y de vulneración de derechos laborales y de protección social, y por consiguiente invertir esta posición degradada y subalterna es la prioridad del contenido del mismo. La Confederación Sindical Internacional lo ha afirmado como eje del 1º de mayo en todo el espacio global: desarrollar el poder de trabajadores y trabajadoras.

En España, como en todas las periferias europeas, la situación es extremadamente grave. En un editorial de la Revista de la Fundación 1 de Mayo, Rodolfo Benito la ha sintetizado definiéndola como una situación de emergencia social. Para remediarla, “o se abre camino a otra política o el camino, no hay otro, es el del cambio en la dirección política de nuestro país”. Otra política es posible, pero no es probable que el Partido Popular, con su bagaje de cinismo, mentiras, corrupción y autoritarismo, pueda desarrollarla. Por eso la movilización sindical deberá ir incorporando elementos más “políticos” como condición necesaria para el desarrollo de su función de representación de los intereses de los trabajadores y trabajadoras de este país. 

Una repolitización de la acción sindical que incorpore la reivindicación de un amplio proceso constituyente cuyos términos están por definir en concreto más allá de  la necesidad de modificar el sistema electoral que sostiene el bipartidismo y el cambio en la forma de gobierno, pero que pasa de forma prioritaria por la desposesión de la conducción del estado español a sus gobernantes actuales, que arrastran en el aluvión de sus miserias la suerte de la mayoría de la población española, condenada así al sufrimiento, a la desesperanza y a la sumisión. De esta manera, el movimiento sindical español enlaza con su nacimiento en democracia, cuando reivindicaba amnistía y libertad junto a mejores condiciones de trabajo y de empleo, como condición necesaria para conseguir un compromiso que instaurara el trabajo y sus derechos en un marco democrático y tendencialmente igualitario. Desarrollar el poder de los trabajadores y trabajadoras, como señala el manifiesto del CSI, implica por tanto hoy en día en España exigir un cambio en la dirección del gobierno y una amplia coligación de las fuerzas sociales y políticas en un programa común que incorpore los elementos clave de las movilizaciones sociales y sus exigencias de cambio y de reforma alternativa.