Si nos
preguntáramos cuál había sido la noticia más relevante en términos de repercusión
ciudadana del día de ayer, sin duda optaríamos por la que se refiere a la
subida del salario mínimo acordada ayer por el Ministerio de Trabajo y Economía
Social con los sindicatos CC.OO y UGT. Sin embargo, de creer a las portadas de
los periódicos y a las entradas de los telediarios e informativos televisivos,
la noticia del día era la decisión de modificar el Código Penal – la ley del ”sí
es sí” – y las diferentes opiniones que sobre este asunto mantenían el PSOE y
Unidas Podemos en el Gobierno. Este fue además el argumento central y más
utilizado por el presidente del Partido Popular en el debate con el presidente
del gobierno en el Senado, y se reitera insistente en todas las tertulias y en
las columnas de los formadores de opinión, tanto en contra de la norma entendiendo
que debe ser inmediatamente reformada como a favor de la misma. Es una buena
muestra de cómo se construye el imaginario de la comunicación en nuestro país y
cómo se invisibilizan o se ocultan acciones fundamentales de mejora de las
condiciones de vida para las personas que trabajan para azuzar fantasmas de
violadores en libertad o no suficientemente castigados por obra de reformas erróneas
del Código Penal, extendiendo una discusión inabarcable sobre la interpretación
judicial y su orientación ideológica junto con propuestas de nuevas fórmulas de
tipificación y de punibilidad. Posiblemente eso se encuadre en el discurso
sobre cómo las fuerzas progresistas pierden el relato y son incapaces de comunicar
las realizaciones concretas de cambio social que están llevando a cabo.
El caso es que el salario mínimo
se ha fijado para el año 2023 en 1.080 euros mensuales, en 14 pagas. Algunas páginas
de diarios económicos recuerdan que hay que expresarlo como 1.260 € al mes, es
decir 15.120 euros al año, teniendo en cuenta que se consideran 12 pagas
anuales, que es la división habitual del salario anual en la mayor parte de los
países. Por lo tanto, el SMI ha subido 93,3 € mensuales respecto al salario
anterior, un 8% de aumento. Este incremento es mayor que el del IPC de 2022 que
es del 5,7%, de manera que se ha querido establecer una cifra – la banda alta
recomendada por los expertos – que mantuviera el poder adquisitivo de las
personas trabajadoras en el último año. Lejos todavía de las cifras de los
salarios mínimos cercanos a los dos mil euros, como Alemania, Bélgica, Irlanda,
Holanda o Reino Unido, o de los casi mil ochocientos de Francia, pero en la
práctica asumiendo el mandato del Comité Europeo de Derechos Sociales al
interpretar la Carta Social Europea y fijar el nivel de suficiencia del salario
mínimo de cada país en el 60% del salario medio del mismo. Este compromiso enunciado
en el programa del gobierno progresista en diciembre de 2019 se ha cumplido con
esta subida del SMI.
El Ministerio de Trabajo y
Economía Social recuerda que en los últimos 5 años se ha aumentado el Salario
Mínimo en un 47%, lo que supone en ese quinquenio un total de 344€ de subida.
Pero lo más interesante de este incremento, su campo de aplicación, ha sido
rigurosamente definido por el Gabinete Económico Confederal de CCOO, que ha
resumido en las redes sociales su Director, Carlos Martín Urriza. De
forma sintética, cabe decir que esta subida del SMI a 1.080 euros en 14 pagas, beneficiará
en torno a 2,27 millones de asalariados: 1,93 millones a jornada completa y
348.000 a jornada parcial. A su vez es una medida eficaz en otros sentidos. En
efecto, ayudará a cerrar la brecha salarial entre géneros, pues del total de
personas beneficiadas por el incremento, el 58% son mujeres.
Asimismo, los más jóvenes están
entre los más beneficiados por el aumento: la incidencia del SMI se calcula en el
31,7% de los jóvenes entre 16 y 24 años, y el 19,2% de aquellos entre 25 y 34
años. En cuanto a la variante de contrato, la incidencia es mayor entre
temporales (21,6%), aunque por volumen de beneficiados la mayoría son
indefinidos.
En línea con los estudios
europeos que se están realizando sobre la realidad de la pobreza laboral, y
como apuntó el 2º informe de la Comisión Asesora para el Análisis del SMI., el
incremento también tiene una mayor incidencia en los hogares pobres, mejorando
su renta. Y por sectores, la agricultura es donde la subida tendrá mayor
impacto (46,9%), aunque por volumen la mayoría está en los servicios. Desde el
punto de vista del impacto territorial, por Comunidades Autónomas, el mayor
impacto se da en Murcia (22,2%), Extremadura (22,4%), Canarias (20,6%) y
Andalucía (18,8%).
El incremento del SMI se inscribe
asimismo en las orientaciones de la reciente Directiva sobre salarios mínimos
adecuados en la Unión Europea de la que ya se ocupó este blog en esta entrada https://baylos.blogspot.com/2022/10/la-directiva-sobre-salarios-minimos.html
. En ella se recuerda que el salario mínimo posibilita el acceso a una vida
digna que aleja de la pobreza a una amplia capa de personas que son
especialmente vulnerables. Son descritos asi por el Preámbulo de la Directiva:
“Las mujeres, los trabajadores más jóvenes, los trabajadores migrantes, los
progenitores de familias monoparentales, los trabajadores poco cualificados,
las personas con discapacidad y, en particular, las personas que sufren
múltiples formas de discriminación siguen teniendo una mayor probabilidad de
ser trabajadores con salarios mínimos o con salarios bajos que otros
colectivos”. Por ello, los salarios mínimos pueden contribuir a reducir la
pobreza a escala nacional y a sostener la demanda interna y el poder
adquisitivo. Y, en líneas generales, “dada la sobrerrepresentación de las
mujeres en empleos poco remunerados, la mejora de la adecuación de los salarios
mínimos contribuye a la igualdad de género, ya que reduce la brecha salarial y
de pensiones de género y también saca a las mujeres y a sus familias de la
pobreza, y contribuye asimismo al crecimiento económico sostenible en la
Unión”.
Desde el punto de vista de la
interlocución social, y siguiendo lo que establece el art, 27 ET, para la determinación del SMI se ha abierto
una fase de negociación con los sindicatos más representativos y la CEOE-CEPYME.
Sin embargo, la asociación empresarial ha declinado acudir a la reunión a la
que estaba invitada sobre la base de que el Ministerio de Trabajo y Economía
Social no había contestado su propuesta de subir el 4% del SMI (es decir
exactamente la mitad de lo que se ha decidido), y en consecuencia no ha
participado en la misma, al entender que ya estaba decidida la Administración a
aceptar la recomendación de la Comisión Asesora de los expertos en su parte
alta, lo que en efecto ha sucedido. Ello no impide que esta actitud haya sido
criticada con razón por parte de los sindicatos más representativos, al
entender que revela una actitud no responsable e insolidaria que pretende
deslegitimar la práctica del diálogo social como fórmula prioritaria de regular
los intereses sociales y económicos de la ciudadanía. El acuerdo por tanto se
ha realizado en exclusiva con los sindicatos UGT y CC.OO.
Para el secretario general de
CCOO, Unai Sordo, el acuerdo se enmarca “dentro de una política de
pactos y acuerdos sociales por parte de las organizaciones sindicales que
protege a unas 16 ó 17 millones de personas en nuestro país” ya que además de
las personas que se van a beneficiar por la subida del SMI, hay que sumar a los
perceptores de las pensiones en España, que se han visto revalorizadas al 8,5,
el acuerdo alcanzado para los empleados y empleadas públicas y las personas
cuyo convenio colectivo se ha renovado en el año 2022 con subidas por encima
del 5%. En cualquier caso, el acuerdo deberá repercutir en la negociación
colectiva, todavía entorpecida por la resistencia patronal a encontrar una fórmula
centralizada de encuadramiento de los procesos de negociación en torno a una cláusula
que garantice que las personas trabajadoras no pierdan poder adquisitivo con la
inflación de este año, lo que ha generado un largo conflicto en empresas y
sectores por obtener esa garantía salarial. El acuerdo que suscribió la
CEOE-CEPYME con CCOO y UGT en 2020 para que no hubiera ningún convenio
colectivo en España con salarios inferiores a los 14.000 euros ha sido reivindicado
por los sindicatos como modelo de actuación en el futuro. “Si los salarios
mínimos de convenio hubieran subido como acordamos con las organizaciones
empresariales no sería tan relevante la cuantía del SMI”, ha señalado el
secretario general de CCOO. Por su parte
Pepe Álvarez, secretario general de la UGT ha recordado que el
aumento de los precios durante el último año ha generado una riqueza en las
empresas que no ha sido trasladada a los bolsillos de las personas trabajadoras,
y que por consiguiente es ineludible impulsar la subida de salarios en la
negociación colectiva como forma también de impulsar la actividad económica y
de impulsar el empleo.
Una noticia por tanto de extremo
interés para el conjunto de la ciudadanía, y en especial para los dos millones
y medio de personas sobre los que va a incidir este acuerdo con los sindicatos.
Debemos preguntarnos por qué este tipo de acciones no tienen la repercusión
mediática que sería natural, ni por qué no se traslada al conjunto de los
debates que atraviesan medios y redes sociales. Un esfuerzo por recuperar la
centralidad de los temas que afectan al trabajo y a la seguridad de la
existencia de las personas sería especialmente valioso en estos momentos. Que
cada uno de nosotros actúe en este sentido valorizando estos asuntos puede que cooperara
a que se ganara presencia en el relato de la comunicación.
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