Desde la
salida o retirada del Reino Unido de la Unión Europea, la ruptura
progresiva de la sociedad británica y el incremento pavoroso de la desigualdad ha
desembocado en un vaciamiento de la cantidad y calidad de los servicios
públicos que ha provocado una oleada de protestas y de huelgas que han
prácticamente paralizado el país desde los transportes, la educación o la
sanidad. En lugar de prever un incremento de las prestaciones sociales y de la
plantilla de las personas que trabajan en los servicios públicos, la reacción
del gobierno conservador ha sido la de proceder a la restricción del derecho de
huelga, en especial en lo que se llaman servicios esenciales.
Esta maniobra represiva ha sido
denunciada por la CES, pero quizá el hecho más significativo ha sido la
reacción colectiva del sindicalismo de las naciones europeas con una mayor
tradición y peso específico, es decir, el sindicalismo de Alemania, Italia,
Francia y España. Este movimiento de solidaridad con el TUC es muy interesante,
porque posiblemente da cuenta del valor que reviste la “marca” nacional de los
sindicatos de las principales confederaciones respecto de la propia percepción
por la opinión pública británica de la solidaridad europea, que sin embargo el
apoyo de la CES no logra transmitir.
De esta manera, el 20 de febrero
de 2023, los sindicatos italianos, junto con los franceses, alemanes y
españoles, firmaron una declaración de solidaridad con sus colegas del TUC, para
apoyarlos en las luchas que llevan semanas librando contra las políticas
económicas del gobierno británico, especialmente en los sectores públicos,
encabezados por los trabajadores del sistema sanitario y de la educación
pública, desde la primaria hasta la universidad. De hecho, sólo esta semana ha
habido movilizaciones contra el proyecto de ley antihuelga en más de 150
universidades, con piquetes desde primera hora de la mañana. Nueve de las
mayores confederaciones sindicales de Europa Occidental, CGIL, CISL y UIL por
parte italiana, CGT, CGT-FO y CFDT por Francia, CCOO y UGT por España y la DGB
alemana, han firmado una declaración
conjunta en la que denuncian que Gran Bretaña ya tiene "las leyes
antisindicales más draconianas del mundo democrático" y que el plan del
Gobierno "situará al Reino Unido aún más fuera de la corriente
democrática".
El motivo de este documento es que el gobierno británico, que históricamente ha
tenido posturas antisindicales, sea cual sea el partido que estuviera en el
gobierno, Tory o laborista, ha decidido presentar un proyecto de ley que limita
los derechos de huelga de los trabajadores, identificando "niveles mínimos
de servicio" que deben garantizarse incluso durante una huelga o
enfrentamiento, amenazando incluso con el despido, restringiendo así aún más el
derecho de huelga. Cabe señalar que la legitimación ideológica del gobierno es
incluso la alineación con las normas europeas, que, sin embargo, también
gracias a la acción de los sindicatos, siguen preservando en gran medida los
derechos sindicales. La CES, la confederación sindical europea, ya se ha
pronunciado en contra de estas políticas, recordando que la negociación y los
convenios colectivos son pivotes fundamentales de las sociedades democráticas.
Es importante responder al Brexit con políticas cooperativas, compartiendo
objetivos y prácticas, desde la lucha contra la precariedad hasta las
cuestiones de género. Todo el sistema de Educación e Investigación solo puede
mejorar con la contribución de toda la comunidad, con condiciones laborales y
salariales adecuadas, como señala la Directiva reciente sobre negociación
colectiva y salarios adecuados.
La solidaridad intersindical en defensa de la acción colectiva y el
derecho de huelga como un derecho irrenunciable, es un elemento básico que
integra la estrategia de los sindicatos de clase como son las confederaciones
sindicales firmantes. Dar a conocer esta declaración de solidaridad sindical
europea en un proceso de aislamiento de la ciudadanía social británica de los
derechos fundamentales reconocidos en el marco del derecho social europeo y en
un contexto de destrucción incontrolada de los salarios y de puestos de trabajo
en los servicios esenciales para la ciudadanía en el Reino Unido.
Declaración conjunta de las organizaciones sindicales francesas, alemanas,
italianas y españolas sobre el proyecto de ley de (niveles de servicios mínimos)
en caso de huelga
Nosotros, los abajo firmantes,
que representamos a millones de trabajadores en Francia, Alemania, Italia y
España, rechazamos la afirmación del Gobierno británico de que la Ley de
(niveles de servicios mínimos) en caso de huelga sitúa al Reino Unido en
consonancia con las "normas europeas". El derecho fundamental a la
huelga está protegido por medidas constitucionales y de otro tipo en todas las
demás democracias europeas avanzadas. El Reino Unido, que tiene las leyes
antisindicales más draconianas del mundo democrático, ya es un caso atípico en
este sentido. Más restricciones al derecho de huelga sólo alejan aún más al
Reino Unido de las normas democráticas, corren el riesgo de violar el derecho
internacional y empañan su reputación internacional. Apoyamos la declaración de
la CES que deja claro que estas leyes antihuelga propuestas sitúan al Reino
Unido aún más lejos de la corriente democrática.
La negociación, a nivel general y
sectorial y la concertación social son siempre la mejor manera de resolver un
conflicto. En el marco del sistema británico de relaciones laborales, la
imposición de niveles de servicios mínimos agravaría y prolongaría los
conflictos. Nos preocupa especialmente que se obligue a los trabajadores a
trabajar bajo amenaza de despido cuando se han pronunciado en una votación
legítima a favor de la acción sindical. A diferencia de los trabajadores del
Reino Unido, los trabajadores de Francia, Alemania, Italia y España disfrutan
de la protección de convenios colectivos negociados sectoriales y nacionales
que establecen normas mínimas sobre los derechos de los trabajadores para
sectores enteros.
Estos convenios se basan en la
libertad de huelga sin restricciones desproporcionadas. Observamos que en el
Reino Unido los trabajadores de los servicios de rescate ya ofrecen
voluntariamente protección al público mediante la cobertura de "vida e
integridad física". Antes de recurrir a ataques contra el derecho de
huelga, el gobierno británico debería ofrecer a los trabajadores de los
servicios públicos un aumento salarial digno y cubrir las miles de vacantes en
servicios como el NHS (servicio público de salud). Enviamos nuestra solidaridad
a los trabajadores del Reino Unido que se movilizan para defender no sólo sus
puestos de trabajo, su salario y sus condiciones en esta crisis creciente del
coste de la vida, sino también su derecho fundamental a la huelga.
Firman la declaración
CGT, CFDT y FO,
DGB,
CGIL, CISL y UIL,
CCOO y UGT.
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