La situación
de inestabilidad que sacude Europa tras la crisis energética y de suministros
que produjo la guerra de Ucrania, la inflación galopante en gran parte causada
por los combustibles pero fomentada por el incremento de los márgenes
empresariales de beneficio y el consiguiente aumento de los precios, se ha
unido a la emergencia de algunos graves supuestos de hundimiento de entidades
financieras y a la realización de políticas de recortes sociales, como en Francia
con la ampliación de la edad de jubilación, o de desvío de los recursos del
Plan de Recuperación y Resiliencia hacia fines incompatibles con la propuesta
de reconversión hacia la sostenibilidad ambiental y social que planteaba el
programa Next Generation, como sucede en Italia. Esta situación, que
tiene que ver con la coloración política de los gobiernos de estos países, contrasta
con la situación española, en donde las decisiones sobre la reforma laboral en
diciembre de 2021 están resultando plenamente eficaces en la reducción del paro
y de la precariedad, y el correlativo aumento de las personas ocupadas ha
permitido lanzar una reforma de las pensiones extremadamente positiva, que
incide sobre el incremento de los ingresos sin recortar las prestaciones, contando
ambas líneas de reforma con el apoyo de la Comisión Europea.
La situación en Italia es
diferente a la que ha propiciado la extrema conflictividad en Francia y la
subsiguiente crisis política en la que se haya sumido ese país, pero tras la
victoria de la coalición de derecha y extrema derecha en octubre de 2022, la
deriva antisocial se ha visto confirmada. No solo mediante la proclamada
eliminación de la renta mínima de ciudadanía – un ingreso mínimo vital – en el
2024, sino en la propuesta de una reforma fiscal que favorece de forma clara a
las rentas más altas. A ello se une la necesidad imperiosa de proceder a una
reforma del sistema sanitario italiano, extraordinariamente castigado tras la pandemia,
y la necesidad de proteger salarios y pensiones frente a la inflación. Eso
explica que los sindicatos italianos, y en primer lugar la CGIL a partir de su
Congreso en Rímini en marzo pasado, hayan decidido iniciar una movilización
unitaria para forzar un cambio de dirección del gobierno italiano en estos
asuntos.
La movilización debía de ser
unitaria entre CGIL, UIL y CSIL, las tres grandes confederaciones sindicales,
pero es sabido que la CISL se opone a una confrontación dura con el gobierno, que
se manifiesta en el rechazo a la convocatoria de huelgas generales en defensa
de sus reivindicaciones, como las que sin embargo a finales del año pasado
protagonizaron CGIL y UIL. En este supuesto, las conversaciones entre los tres
secretarios generales de las fuerzas sindicales han desembocado en un acuerdo,
firmado el 5 de abril, para emprender conjuntamente un proceso de movilización
consistente en la realización de asambleas conjuntas en todos los sectores de
la producción y de los servicios y en la convocatoria de tres grandes
manifestaciones regionales. La primera, para el centro de Italia – las regiones
“rojas” de un tiempo – en Bolonia, el 6 de mayo. La segunda, para el Norte – la
que reivindica hoy Salvini como una “autonomía diferenciada” – en Milán,
el 13 de mayo; la última, para el sur italiano – donde el Movimiento 5 Estrellas
recogió una importante adhesión popular a la iniciativa de la renta ciudadana –
el 20 de este mismo mes. Esta movilización se presenta como una primera fase,
su continuidad y su eventual mayor intensidad dependerá del resultado de la
negociación con el gobierno -y la patronal – sobre el contenido de la negociación.
Las reivindicaciones esgrimidas
son muchas y variadas, se ha querido incluir un amplio catálogo de propuestas que
constituyen una suma de las reclamaciones del movimiento sindical. Pero el
contenido principal de éstas se refiere de un lado a la reforma del sistema
fiscal anunciada por el gobierno y la inversión de sus términos, fuertemente favorables
a la imposición débil de las rentas y patrimonios más elevados, de otro a la resistencia
frente a la devaluación salarial incentivada por la alta inflación, una
devaluación que afecta también a las pensiones. En esa línea, se insiste en la
renovación de los convenios colectivos nacionales tanto en el sector público
como en el sector privado, sin que sin embargo se hable de la exigencia de
imponer un salario mínimo legal, que es un tema no pacífico especialmente para
la CISL partidaria de los mínimos salariales por rama de actividad pactados en
convenios nacionales como forma exclusiva – y excluyente – de regular la renta
salarial, aunque este será sin duda un tema de debate y discusión durante este
año ante la necesidad para Italia de trasponer la Directiva sobre salarios
mínimos adecuados de octubre de 2022. Además, la movilización quiere impulsar
el “potenciamiento” de empleo y de recursos públicos para el sistema
socio-sanitario público que garantice realmente la asistencia a la totalidad de
la población, junto con la educación pública.
Como puede comprobarse, las reivindicaciones
fundamentales del sindicalismo italiano tienen una cierta coincidencia con la
situación española en lo que se refiere a la necesidad de garantizar la renta
salarial a través de la conclusión de los convenios colectivos. Una situación
que en España se sigue arrastrando ante la negativa de CEOE-CEPYME en llegar a
un acuerdo interprofesional que integre una cláusula que permita garantizar la
compensación de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios por culpa de la
inflación, y ello pese a las propuestas muy acabadas que UGT y CCOO han realizado
como forma de llegar a un terreno de encuentro. La palabra de orden “Salario o
conflicto” ha sido muy eficaz en algunos sectores, en muchas ocasiones tras
luchas muy sostenidas en el tiempo, pero sigue una amplia porción de las
personas que trabajan con convenios colectivos sin renovar, y ello pese a los datos
de que se dispone según los cuales los beneficios de las empresas aumentaron un
91,3% anual en 2022, según el Banco de España, de manera que nunca antes se
había producido un crecimiento de esta envergadura en toda la serie histórica.
Es más, como ha señalado Carlos Martín Urriza comentando estos datos, la
mejora es generalizada para casi todas las ramas y por tamaño de empresa:
Comercio y hostelería experimentan el 20% de la subida; energía el 29%;
industria el 26%; información y comunicaciones el 4,4%; y el resto de ramas el
21%. Las medianas empresas elevan su beneficio un 26,8%. Eso explica el impulso
de la inflación con origen en estos beneficios empresariales y su
enquistamiento. Este experto, responsable del Gabinete Económico Confederal de
CCOO, considera oportuno por tanto que la Vicepresidencia primera del Gobierno
pusiera en marcha un Observatorio de Márgenes y enviara esta información a las
mesas de negociación de convenios para cuantificar de esta manera el incremento
salarial posible.
El paralelo entre la situación
española e italiana en materia de negociación colectiva y salarios tiene sin
embargo diferencias importantes gracias a la inserción en este esquema del
salario mínimo interprofesional, cuyo incremento a 1.080 € no sólo afecta a las
personas sin convenio, entre ellas fundamentalmente mujeres y jóvenes, sino que
atrapa los últimos niveles salariales de los convenios colectivos y por tanto
presiona al alza para la mejora salarial de los mismos en los convenios por
negociar. La previsión de otras reformas laborales convergentes como la que se
ha hecho con las trabajadoras al servicio del hogar familiar, o con
anterioridad, la laboralización de los repartidores al servicio de plataformas
digitales, o las medidas que establece la reforma laboral sobre la estabilidad
en el empleo o la aplicación del convenio de la actividad a las trabajadoras de
las contratas de servicios, entre otras, también funcionan en un sentido
garantista y de mejora de la renta salarial y de la ampliación de la protección
por desempleo.
Más señalada aún es la
divergencia en torno a las pensiones, puesto que en la primera parte de la
reforma de las mismas, las pensiones contributivas han subido un 8,5%, y las no
contributivas de jubilación e invalidez y la prestación del Ingreso Mínimo
Vital se han incrementado, de forma extraordinaria, un 15% en atención a la
subida media del IPC y con la finalidad de garantizar el poder adquisitivo de
las mismas. La comparación con el 0,25% de aumento que proponía la reforma de
las pensiones del Partido Popular del 2013 es verdaderamente impactante.
La movilización sindical en
Italia en definitiva, plantea al menos dos cuestiones. La primera, que la onda
neoliberal combinada con políticas de hostilidad ante la inmigración y
reforzamiento autoritario de la represión de libertades ciudadanas sigue con
gran fuerza en la Unión Europea, posiblemente alentada también por la guerra
provocada por la invasión rusa de Ucrania, como confirman las últimas
elecciones celebradas en Finlandia. En Italia, un sistema electoral
prácticamente mayoritario – pactado, de manera suicida, por el propio Partido
Democrático - ha permitido un gobierno
de derecha y extrema derecha sin una determinante mayoría popular medida en votos
emitidos, que mantiene posiciones muy contraproducentes en términos sociales que
proponen una salida en la etapa de recuperación económica actual muy diferente
a la que se está produciendo en España, claramente decidida por una salida de
consolidación democrática en la preservación de derechos laborales y sociales.
La segunda, la posición
determinante de la fuerza sindical en la defensa de los derechos de la mayoría
de la población que gana su sustento a través de las rentas salariales o tras abandonar
la participación activa en el empleo, mediante la pensión de jubilación. En esa
función de tutela de la renta de las personas que trabajan como clave de la
seguridad de la existencia colectiva y en la idea de ir construyendo una
sociedad más justa, los sindicatos confederales – de clase – son los interlocutores
por excelencia tanto de la representación general de las empresas – el asociacionismo
empresarial – como del poder público que impulsa los procesos de regulación en
el ámbito social y económico. Por eso el dominio de lo socio-político sigue
siendo el espacio propio y necesario de un sindicalismo “llegado a su madurez”
como diría el Tribunal Constitucional español en una muy conocida sentencia.
Ambas circunstancias ofrecen una
reflexión abierta a las fuerzas políticas que se reclaman de la reforma social
de progreso. Defender los planteamientos políticos que ensanchan y fortalecen
los derechos democráticos individuales y colectivos, garantizar la suficiencia
salarial y de las pensiones, ampliar la participación en las empresas, regular
el mercado de vivienda y garantizar el derecho a la vivienda y el derecho al
territorio, establecer ayudas sociales y erradicar la pobreza, también la
pobreza salarial, y luchar por recuperar la asistencia sanitaria y la educación,
también universitaria, como servicios públicos eficientes que garanticen el
derecho a la salud y el derecho a la educación, exige coincidencias en los
programas de acción que deben priorizarse sobre el cómo arbitrar las
confluencias políticas imprescindibles para tener éxito electoral y obtener
mayorías parlamentarias de apoyo. El panorama europeo – desde Inglaterra y
Francia hasta Italia y Alemania, pasando por las pseudodemocracias de Polonia y
Hungría o los resultados electorales de Suecia y Finlandia – debería hacernos
pensar que el modelo español de salida de la crisis, como modelo democrático y
social, bien merece una actuación fuerte de defensa del mismo ante los bárbaros
que esperan destruirlo y volver a reconstruir el planteamiento injusto de la
libertad de los desiguales fundada sobre un mercado que solo favorece a los que
más tienen.
1 comentario:
Excelente!
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