RESULTADOS ELECTORALES (PÉSIMOS) Y TAREAS POR HACER (INELUDIBLES)

 

Los resultados de las elecciones locales y autonómicas han generado frustración y bastante decepción entre la audiencia de este blog (y en tantas otras personas que habían ejercido su derecho de voto en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas). Casi sin dar tiempo al duelo correspondiente ante el resultado, el presidente del gobierno ha decidido disolver las cámaras y convocar elecciones para el 23 de julio de este año, adelantando así el ciclo electoral que correspondía en diciembre. Serán muchos los comentarios que esta convocatoria electoral genere, pero era previsible que también en este blog se intentara emitir alguna opinión aunque apresurada y no contrastada con otros pareceres amigos.

La primera aproximación ya la están haciendo las fuerzas políticas. Y es la necesidad de reorganizar las diferentes formaciones dispersas de la izquierda transformadora en el conjunto de SUMAR, donde el liderazgo de Yolanda Díaz es indiscutible, y generar un programa mínimo de acción que insista en las conquistas sociales efectuadas a la vez que articule un proyecto de reformas en sectores clave, como la vivienda o el territorio, además del fortalecimiento potente de los servicios públicos de sanidad y educación, y el despliegue de los derechos laborales en torno a la democratización efectiva de las relaciones laborales. Un movimiento que necesariamente tiene que abarcar a la totalidad de las figuras organizativas existentes, sin que quepa frente a ello resistencias ni reproches. La coalición de progreso que ha sostenido el gobierno ya puede darse por descontada ante la deslegitimación de estas elecciones, y es previsible que dentro del PSOE se esté manejando la posibilidad de una recomposición del bipartidismo, dado el ejemplo que suministra el propio PP con la anexión de Ciudadanos. Lo cierto es que el espacio a la izquierda del PSOE se encuentra en una posición complicada si no reacciona rápidamente en la línea señalada.

El problema de fondo es que el triunfo de las candidaturas del Partido Popular, la capacidad que ha tenido de absorber la totalidad del voto de Ciudadanos y de subsumir en sus filas a los intelectuales que militaban en ese partido, como recientemente ha sucedido con Luis Garicano, se acompaña de la apropiación del circuito democrático-representativo por una ideología neoliberal en lo económico y claramente iliberal en materia de derechos de ciudadanía, gracias a la normalización de la fuerza política de la ultraderecha, VOX, que entra de manera natural en la gobernanza del país en alianza con el PP. Es importante destacar este hecho, porque el mecanismo electoral ha permitido que el negacionismo de derechos fundamentales derivados de la igualdad de género, la exaltación de la xenofobia y de la agresión racial, el antisindicalismo  como programa, la banalización del cambio climático y la reivindicación del golpe militar y de la dictadura como reacción frente a las mayorías sociales, constituyan hoy un elemento legitimado por importantes partes de la población e integrado sin ninguna problematicidad por el partido de la derecha política española. Frente a esta conjunción del PP y Vox no se ha alzado ningún cuestionamiento profundo en torno a la evidente inconstitucionalidad de las propuestas de la extrema derecha que, por el contrario, están permeando y sustituyendo las propias del Partido Popular, como sucede con la de ilegalización de partidos políticos plenamente constitucionales.

Esta contaminación autoritaria que sugiere el resultado de las elecciones supone desde luego que el instrumento de verificación de la voluntad popular, organizado en torno a un sistema electoral que castiga las minorías, no es capaz de reflejar fielmente ésta, en un contexto de desinformación y de creación de opinión pública en manos de poderes económicos muy relevantes, pero a su vez llama la atención sobre la deriva del discurso de las fuerzas políticas de izquierda hacia cuestiones que posiblemente no afectan directamente a las condiciones de existencia de una parte importante de la población que normalmente debería reaccionar positivamente ante los proyectos de reforma de estas fuerzas de progreso.

El futuro que se describe a partir de una posible repetición de estos resultados en julio de este año interpela directamente a las personas que trabajan y a los sujetos colectivos que las representan. Es un momento crucial para mantener los derechos laborales que en estos cuatro años se han ido afirmando a través de un fatigoso proceso de diálogo social que ha conseguido además un cuadro económico extremadamente favorable y positivo. Un marco institucional que debería tener una segunda fase de despliegue de derechos que precisamente se quiere impedir, procediendo también a la cancelación de posiciones colectivas e individuales de respeto del derecho al trabajo, así como a la eliminación de prestaciones y ayudas sociales. El PP no habla de su programa laboral (que será económico) ahora porque en este proceso electoral el marco de su discurso tenía que evitar hablar de la situación económica general y de cómo evoluciona el mercado laboral, pero ya hay algunas señales muy directas. Su recién incorporado intelectual cimero ha indicado en un tuit que se trata de acabar con el “peronismo electoral”, consistente en “el reparto generalizado de ayudas y la criminalización de las empresas”, lo que a su juicio “es ampliamente rechazado por los ciudadanos”. Este ex diputado no parece atender a las recomendaciones del Parlamento del que formaba parte hasta que decidió su salto a la derecha política extrema, pero es bien indicativo del discurso antisindical y antisocial que nos espera.

 En efecto, el  Parlamento Europeo, que afronta a su vez su renovación dentro de un año pero que no se caracteriza por una contundente mayoría progresista, acaba de aprobar una resolución, el 11 de mayo de este año, sobre una “hoja de ruta sobre una Europa social, dos años después de Oporto”, (P9_TA(2023)0203) en la que coincide con la importancia de reducir las desigualdades de ingresos y luchar contra la pobreza, y esta misma resolución critica que el Pilar de Derechos Sociales no ha sido todavía suficientemente desarrollado y que por tanto son necesarias acciones legislativas en especial en el tema de protección social y de vivienda, además otras medidas en materia de salud y seguridad en el trabajo y las condiciones de vida de los ciudadanos, recalcando a su vez que “el diálogo social, la democracia en el lugar de trabajo y el derecho a la negociación colectiva son fundamentales para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y la consecución de una convergencia al alza de las condiciones de vida y de trabajo en toda Europa”. En concreto, la Resolución “pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales de la Unión, por tanto, que trabajen para alcanzar una mayor cobertura de la negociación colectiva, de al menos el 80 %, de aquí a 2030, con vistas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo en la Unión, lo que contribuirá al bienestar en el trabajo, a una convergencia social al alza y a reducir la pobreza de los ocupados, la exclusión social y la desigualdad salarial; señala que la pobreza de los ocupados debe abordarse garantizando salarios dignos; destaca la necesidad de impulsar la adopción de programas de mejora de las capacidades y reciclaje profesional para empoderar a los trabajadores y reforzar la competitividad”, recuerda que se han salvado miles de puestos de trabajo gracias al instrumento SURE que “debe seguir en uso durante toda la situación excepcional actual y seguir basándose en préstamos y activarse rápidamente en caso de nuevas conmociones financieras o económicas externas”, y señala  “la importancia de reducir las desigualdades de ingresos y luchar contra la pobreza, ya que el 21,7 % de la población de la Unión en 2021 (95,4 millones de personas) estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, y pide un compromiso para alcanzar el objetivo de reducción de la pobreza de la Unión a este respecto”.

Lo cierto es que el programa social y laboral que se ha ido puesto en marcha por el gobierno de coalición progresista a partir de noviembre de 2019 está en peligro tanto en cuanto que una buena parte de sus contenidos han sido objetados tanto por el Partido Popular como de la extrema derecha de VOX. Pero además la posible victoria de estas figuras políticas en julio de este año implicaría asimismo la imposibilidad de desarrollar y debatir un programa de reformas en materia laboral imprescindible. En este sentido, hay tres grandes campos de debate que se deben explorar y sobre los cuales tanto la Fundacion 1 de mayo como el grupo de profesores NET21 iban a trabajar tras el verano: en primer lugar, la recomposición y propuesta del sistema de despido, aprovechando el más que previsible fallo del CEDS sobre la incompatibilidad del sistema indemnizatorio basado exclusivamente en la antigüedad del trabajador con el art 24 de la Carta Social Europea resolviendo las dos reclamaciones colectivas de UGT y CCOO al respecto. El segundo tema para el debate, el relativo al uso del tiempo de trabajo y su relación con el tiempo de vida y de cuidados y en ese contexto el análisis de los mecanismos de flexibilidad contratada de gestión del tiempo y la reducción de jornada, y el tercero el muy decisivo debate sobre la democratización de la empresa, los procedimientos de negociación y consulta, la estructuración orgánica de la participación de los trabajadores y otras iniciativas. Son por consiguiente elementos centrales en un programa de reformas que evidentemente no podrían tener viabilidad en el contexto político que se diseña.

Un contexto político terrible que no se detiene en la frustración de estas expectativas, sino que, en razón de la mayor o menor aceptación del ideario político de Vox, supondrá el fin del diálogo social y la confirmación del cesarismo político que ya conocimos en el ciclo de la crisis 2012-2014 en nuestro país dirigido por el Partido Popular.  Junto con la restricción de la libertad sindical, de la participación institucional y del derecho de huelga, que forma parte del acquis político de la extrema derecha española que a partir de ahora se legitima electoralmente como fuerza de gobierno.

El sindicalismo confederal sabe que se encuentra ante una encrucijada. Debe volcarse en explicar a sus afiliados y en general a la población lo que está en juego, la pérdida de tantos derechos imprescindibles y la posibilidad de avanzar en el desarrollo de derechos básicos para las personas que trabajan. No debe confundir la autonomía de su proyecto político con la indiferencia ante el devenir político de figuras asociativas sustancialmente comprometidas con la defensa de la desigualdad y el desarrollo ilimitado de los poderes salvajes que acentúan la asimetría del dominio en la producción y la desprotección dispar en el área de la reproducción social. También para estos sujetos colectivos el tiempo electoral en lo político es un tiempo de compromiso en la defensa de lo social, manteniendo siempre la autonomía en su campo de acción, pero interviniendo en el debate desde sus propios planteamientos y en sus espacios privativos, los lugares de trabajo, los medios de información propios, los emplazamientos donde se realiza el trabajo de reflexión y de análisis.

Julio está aquí al lado. Esperemos que se sepa tejer una trama que no solo resista la irrupción del dominio autoritario, sino que ayude a construir un tejido fuerte y permanente que preserve los derechos individuales y colectivos ya obtenidos y ayude al desarrollo de un proyecto de reforma social fuerte y decidido. A ello hay que dedicarse a partir de mañana mismo.