En 1983, dos años después del fallido golpe de
estado del 23F y transcurrido menos de un año del triunfo por mayoría absoluta
del PSOE, nació a la vida pública la asociación Jueces para la Democracia –
una denominación que hoy amplía a las mujeres juezas y que se corresponde con
el acrónimo JJPD. Es una asociación profesional porque la norma constitucional
prohibió expresamente que quienes ostentan esa condición no puede afiliarse a sindicatos
en tanto se encuentren en activo, configurando así el espacio asociativo como
un lugar opara la composición de intereses exclusivamente profesionales,
alejados – como cuerpo separado – de los intereses sociales y económicos
que representan los sindicatos y que sin embargo si pueden ejercitar el resto
de funcionarios del servicio público de la justicia. JJpD es la heredera de un
movimiento sociopolítico fundamental en la transición, Justicia Democrática que
puso las bases para una renovación ideológica de la judicatura, un sector sin
embargo profundamente anclado en el pensamiento conservador y en la defensa de la
dictadura franquista.
La vitalidad de JJpD, tras estos cuarenta años de existencia, se manifiesta
principalmente en su capacidad para producir información y análisis relevante
del sistema jurídico, en una perspectiva crítica y alternativa que entronca con
el propósito central de esta asociación de extender y profundizar el sistema
democrático. Generosamente nos han cedido la intervención de la magistrada Amaya Olivas, que actualmente codirige con Ramón
Sáez la muy prestigiosa revista Jueces
para la Democracia. Información y Debate, que impulsara en su día Perfecto Andrés Ibañez, en la que se resume la historia, los valores
y los fines de la asociación evocados de nuevo ante el hecho feliz de su
aniversario. ¡Larga vida a JJpD y esperemos que podamos celebrar en el 2033 su medio
siglo de existencia!
En el 40 aniversario de JJPD
Solo el cumplimiento cotidiano por parte del juez de las funciones de
garantía de los derechos para que la Constitución le inviste de poder, solo la
ajenidad en la toma de decisión de todo aquello que no sea la ley, solo la convicción
en la importancia de su papel, firme y desesperanzada, propia del que no espera
nada a cambio, permite su afirmación
Luigi FERRAJOLI
De dónde venimos
Madrid, 1983, es un excelente ensayo de Arturo Lezcano[i] que refiere el momento
convulso que vivió España en la época de la postransición.
Efectivamente, si echamos un ojo
a las portadas de la prensa de aquella época, nos sorprenderá el cúmulo de
noticias relacionadas con las luchas vecinales por la defensa de un nivel justo
de salario en el contexto de una severa crisis económica, con las huelgas
obreras que reaccionaban a las reconversiones industriales sin apenas
alternativas, con las elevadísimas tasas de pobreza, donde miles de niños vivían
solos en el centro de las ciudades, con los reiterados atentados terroristas o con
las miles de muertes causadas por sobredosis de heroína. También, como no, con las
reacciones ultraconservadoras de los poderosos sindicatos policiales ante la
reforma Ledesma.
En ese año, marcado efectivamente
por un agudísimo conflicto político social, nace en el mes de mayo una corriente
“roja” dentro de la Asociación
Profesional de la Magistratura, que, finalmente, se constituye en Jueces para la Democracia (JPD), como
colectivo judicial independiente en 1984. ¿Cómo resumir el lema que unió a esos
valientes juristas que procedían en buen número de la clandestina Justicia Democrática (JD)? Quizás podría ser, el de los derechos en serio.
JPD nace en una débil e
incipiente democracia, muy unida a la inmensa labor realizada por los despachos
de abogados laboralistas, consciente de la barbarie de la dictadura y
decididamente enfrentada a oponer a la misma las razones del derecho. No en
vano muchos de sus integrantes coincidieron en ambas experiencias.
JPD, como fiel sucesora de JD, inicia
así su andadura en medio de una realidad judicial hermética, funcional a la
existencia de valores antidemocráticos, traducidos en la práctica en un general
corporativismo pretendidamente apolítico y neutral, ciego a su servilismo al derecho natural del régimen del 18 de julio
de 1936 y al amparo absoluto de los aparatos de control social del régimen
franquista.
La existencia de jueces
demócratas que pretendían legítimamente aplicar la Constitución de 1978 como la
superior norma de nuestro ordenamiento jurídico no se limitó a una declaración
de intenciones.
Así, su entrada en los
respectivos órganos judiciales supuso una transformación radical del estado de cosas: la desaparición de las
astillas y diversas corruptelas, de la entrada en las prisiones para intentar
dotarlas de humanidad y hacer efectiva la reinserción, de la puesta en contacto
con todo tipo de asociaciones comprometidas con la justicia social, de la
aplicación como norma procedimental del principio de la presunción de
inocencia.
Hablamos, muy sintéticamente, de
jueces que se esforzaron en construir un servicio público al que la ciudadanía acudiera sin miedo en sus entrañas. Y no resulta fácil
desmontar 40 años de servidumbre.
Durante los 40 años de andadura
que hemos realizado, nuestra asociación se ha esforzado en aprender y difundir
lo que llamamos una cultura democrática
de la jurisdicción: hemos debatido de forma incesante sobre los distintos
modelos de juez, diferenciando como no puede ser de otra manera el burocrático
napoleonista y pretendidamente técnico, de aquel que saca las patas al aire, a la manera acuñada por Zagrebelski, y que
pretende aplicar de forma efectiva los derechos fundamentales y sociales, como
el principio y fin más hermosos de nuestro oficio.
JPD ha sido, ha querido ser una
formación que rompe la odiosa separación impuesta con la sociedad civil. Ha
pretendido cuestionar las formas de elitismo histórico de la judicatura y
aprender de otras disciplinas: la historia, la economía, la psiquiatría, la
literatura, entre otras muchas.
Esta labor de transversalidad la
venimos practicando a través de numerosas jornadas y encuentros con mil y un
colectivos, desde los migrantes, los menores no acompañados, las sindicalistas
de la fresa, las trabajadoras sexuales, las víctimas de accidentes de trabajo,
los trabajadores precarios, y tantos y tantas otras…
Pero también, como no, con la
innegable aportación de nuestras publicaciones: el Boletín para el que escribo,
dirigido a toda la carrera, los editados por las Comisiones o nuestra querida
revista Información y Debate, Jueces para
la Democracia, que cumplió su número 100 en abril del 2021, con
aportaciones valiosísimas de las personas asociadas e intelectuales que nos han
acompañado y guiado en este difícil y nunca conseguido avance por el verdadero garantismo de los derechos.
Valores
Los apartados A y B del Art. 2 de
nuestros Estatutos refieren:
A) Contribuir
decididamente a la promoción de las condiciones que hagan efectivos los valores
de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político que la Constitución
proclama para reforzar el Estado social y democrático de Derecho y la defensa
de los Derechos Humanos universalmente conocidos.
B) Promover
la satisfacción del derecho fundamental a la justicia que garantice a toda
persona el derecho de protección jurídica y el acceso a los Tribunales de
Justicia en condiciones de igualdad.
Partiendo de ello, nuestras
preocupaciones, en la práctica, siguen siendo, entre otras muchas:
¿Por qué el acceso a la oposición
a la judicatura sigue siendo caro y excluyente?
¿Por qué el sistema en sí, basado
en la pura memoria acróbata, no incluye criterios de reflexión profunda y
valoración del caso concreto, en relación con la realidad social?
¿De qué manera se hace efectiva
la distinción entre autoridad y autoritarismo?
¿Por qué la tasa de jueces por
habitante sigue siendo en el Estado español de las más bajas en la Unión
Europea?
¿Somos jueces comprometidos en
serio con la legalidad y la jurisprudencia internacional?
Aportaciones de JPD
Creo que resulta innegable el
hecho de que el trabajo asociativo ha sido constante para dar respuesta a tales
preguntas.
Así, nuestra propuesta decidida
por un sistema público de acceso a la judicatura se ha visto reflejada en
nuestras constantes aportaciones ante los gobiernos del Estado, las consejerías
de justicia de las Comunidades Autonómicas, el CGPJ y la sociedad civil.
Más allá, ha sido gracias a
nuestro esfuerzo el conseguir la aprobación de un sistema de becas por el
Ministerio de Justicia, así como la actualización de nuestro sistema gratuito
de preparación para las oposiciones.
Por otro lado, ha sido igualmente
grande la impronta que los profesores de la Escuela Judicial ha dejado en el
bagaje teórico-práctico en las personas que tuvimos la fortuna de aprender con
ellos. Partiendo del método del caso,
integramos cuestiones esenciales como la motivación de las sentencias o la
correcta construcción de los hechos probados, que nos han permitido desempeñar
la labor judicial con la corrección técnica exigible a un modelo constitucional
de jueces demócratas.
En el mismo sentido, la
transmisión de valores intergeneracional y la apertura honesta a las voces de
la sociedad más activa nos ha permitido desprendernos de los pésimos hábitos
asociados al rancio autoritarismo. Con la reflexión acerca de la ética judicial, hemos constatado el
tremendo efecto nocivo que causa el modelo de juez que desprecia al servicio
público, con todo lo que ello conlleva. Hemos defendido y practicado, por el
contrario, un modelo de justicia amable, cercana, y que da fundada respuesta a
los problemas planteados. Practicando en serio la igualdad, la cercanía y la
educación como normas básicas de actuación en sala.
Hemos insistido, siguiendo el
hilo planteado, que los medios de la administración de justicia son manifiestamente mejorables,
desde la propia estructura, con demasiados rasgos decimonónicos que no se
corresponden con la actual organización del Estado y de las Comunidades
Autonómicas, hasta la situación lamentable de muchas sedes judiciales y la
imposibilidad de dar a cada asunto el tiempo de calidad que merece, por el
excesivo volumen de entrada.
Creo honesto poner de manifiesto
la labor generosa de todas y cada una de las Comisiones de la Asociación,
destacando su calidad técnica, atenta a las novedades legislativas y
jurisprudenciales, efectuando interpretaciones que hacen lo más efectivo
posible el contenido esencial de cada derecho.
Asimismo, las propuestas de
cursos en el plano de la formación inicial y continuada demuestran la
plasmación práctica de nuestras señas de identidad: garantizar la independencia
judicial como un derecho de la ciudadanía, no como privilegio, el respeto del
principio cognoscitivo, la batalla por el fin de la impunidad de crímenes como
la tortura, la defensa de la memoria democrática, y tantas otras.
A nivel europeo, podemos estar
igualmente orgullosos de los avances realizados tras la interposición de
diversas cuestiones prejudiciales en los distintos órdenes, que han obligado al
Estado a corregir prácticas contrarias al Derecho de la Unión.
Y a nivel internacional, nuestra
presencia activa en organizaciones como MEDEL o la Red Iberoamericana garantiza
la defensa de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras.
Por qué afiliarse a JJPD
Creo que ninguna asociación
judicial como la nuestra cumple con el mandato de que el poder judicial debe comprometerse a hacer
efectiva la función de garantizar los derechos y la cláusula de igualdad material
del Art. 9. 2 CE como un imperativo de su existencia: preservar los servicios
sociales y proteger a la población vulnerable.
Desde los primeros destinos, el
acompañamiento de las nuevas promociones es constante. Permite así que desde la
soledad o el lógico miedo a la toma de decisiones sea mitigado por la
experiencia de compañeros con más antigüedad.
La vida asociativa, encarnada en
los múltiples encuentros de las Secciones Territoriales y Comisiones, Jornadas
temáticas con colectivos sociales, el Comité Permanente o los Congresos
anuales, permiten el intercambio de ideas y criterios y el conocimiento de
compañeros que devienen en amistades imprescindibles.
La brillantez profesional pero
sobre todo humana de las personas asociadas hacen posible el proyecto. En estos
tiempos amenazados por la pérdida de libertades y conquistas sociales, JJPD es
hoy más necesaria que nunca.
[i] Lezcano, Arturo. 1983. Ed. Libros del K.
O. , 1ª Ed. Septiembre del 2021
1 comentario:
¡Felicitaciones a la asociación Jueces y Juezas para la Democracia - JJpD!
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