Esta
mañana se ha firmado el acuerdo entre PSOE y SUMAR que da vida al programa del
gobiernod e coalición para esta legislatura. A expensas de lograr los votos
necesarios en la investidura, el acuerdo en si resulta un paso muy importante
en la continuidad de un proceso de reformas iniciado hace más de tres años y
que se quiere continuar. Aunque es objeto de transcripción en una serie de
medios de comunicación, este blog presenta ahora a su audiencia en su
literalidad, la parte del mismo referida a las relaciones laborales, cuyos
compromisos se engloban bajo el título “más y mejores empleos, con más derechos
y mejores salarios”. Tiempo habrá de comentar sus contenidos, ahora tan solo su
descripción.
• El diálogo social seguirá
siendo una herramienta fundamental en el ámbito laboral, abriendo a la
participación de las organizaciones empresariales y sindicales los procesos de
toma de decisión sobre las materias que conforman el modelo de relaciones
laborales de nuestro país. En este sentido, las medidas laborales contenidas en
este acuerdo se llevarán a cabo en el marco del diálogo social.
• Apoyaremos la aplicación del
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para que los salarios ganen
poder adquisitivo tomando en cuenta la evolución de la productividad y de los
resultados de las empresas, utilizando la información del Observatorio de los
Márgenes de Beneficio de las empresas (OMB), poniendo a disposición de las
mesas negociadoras de los diferentes sectores información detallada.
● Culminaremos un Estatuto del
Trabajo del siglo XXI, que articule una red básica de derechos para todos
aquellos que prestan actividades profesionales, desde los autónomos hasta los
cooperativistas, y un desarrollo del trabajo por cuenta ajena que incorpore
expresamente la transición digital, incluido el gobierno de los algoritmos, y
la transición verde, a través de fórmulas de negociación colectiva que
garanticen la sostenibilidad. El Estatuto también incorporará, entre otros, los
siguientes contenidos imprescindibles:
- Reforzaremos las garantías de las personas
trabajadoras en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y
en los descuelgues. Revisaremos las causas para que solo en situaciones que
afecten a la viabilidad de la empresa se pueda recurrir a estos procedimientos,
que deberán ser negociados, dando prioridad a la negociación con las
organizaciones sindicales y garantizando el carácter reversible de las medidas
adoptadas.
- Establecer garantías para las
personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social
Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación
laboral.
- Mejoraremos la información económica a
disposición de los negociadores de los convenios colectivos de ámbito
supra-empresarial, para posibilitar un reparto más equilibrado de la renta y de
las ganancias de productividad.
● Reduciremos la jornada laboral
máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media
semanales. Su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta
las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025. A partir de entonces se
constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados
de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo
en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la
evolución de la productividad y las circunstancias económicas.
● Impulsaremos la firma de un
gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la
recuperación del poder adquisitivo de los salarios y que tiendan a la
convergencia con los países de nuestro entorno.
● El SMI seguirá creciendo a lo
largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, garantizándose en
el Estatuto de los Trabajadores que aumentará acompasado al 60% del salario
medio.
● Aprobaremos una Ley de usos del
tiempo que, en consenso con todos los agentes de la sociedad, permita avanzar
hacia una organización del tiempo más equilibrada entre mujeres y hombres fomentando
el bienestar de las personas, la eficiencia del tejido empresarial y
asociativo..
● Con el objetivo de garantizar
la igualdad de oportunidades entre nuestros jóvenes, continuaremos impulsando
las políticas activas de empleo para las personas jóvenes, dotándoles de una
protección adecuada a través del Plan de Choque contra el desempleo juvenil,
incluyendo los mecanismos de formación en alternancia con el empleo a través de
contratos laborales.
● Aprobaremos el estatuto del
becario.
● Se llevará a cabo un plan de
choque frente al paro de larga duración, atendiendo especialmente a los mayores
de 45 años. Se desplegarán los servicios garantizados por la Ley de Empleo para
que las personas en desempleo de larga duración cuenten con un perfil individualizado
a lo largo del año 2024, que les permita acceder a oportunidades de empleo,
emprendimiento o formación.
● Simplificaremos y mejoraremos
el nivel asistencial por desempleo, facilitando el acceso, la compatibilidad
con el trabajo, dotándolo de las prestaciones suficientes y reforzando los
incentivos al empleo.
● Se llevará a cabo una nueva
regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que garantice la
calidad en el empleo de los relevistas y que tenga en cuenta la mayor penosidad
del desarrollo de ciertas actividades (en muchos casos, fuertemente
feminizadas) a partir de cierta edad, especialmente de la industria
manufacturera.
● Consolidaremos y evaluaremos
las mejoras en protección social y prestaciones de los autónomos. Extenderemos
la posibilidad de aplicarse la cuota reducida (tarifa plana) en la cotización a
la Seguridad Social en los periodos posteriores al inicio de su actividad en
los que se produzcan una caída en sus ingresos, cuando declaren por estimación
directa, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, sin pérdida de
derechos de protección social.
● En línea con el artículo 129 de
la Constitución y en el marco del diálogo social, impulsaremos una
participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de sus
respectivas empresas.
● Se desarrollarán las reglas de
representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor
representatividad de las PYMES en el ámbito del diálogo social, la negociación
colectiva y la participación institucional. Asimismo, se actualizará la
representatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema basado en
principios democráticos.
● Impulsaremos una ley de
participación institucional que regule la presencia de los interlocutores
sociales en los diversos órganos de las Administraciones Públicas.
● Aprobaremos una Ley integral de
impulso a la economía social, relativa a la modificación de la Ley de
cooperativas, la Ley de empresas de inserción y la Ley de la economía social.
● Impulsaremos que las empresas
ofrezcan jornadas híbridas que combinen lo presencial con lo remoto, con
horarios más adaptables y flexibles.
● Reforzaremos los instrumentos
de registro horario con el uso de nuevas tecnologías para asegurar el
cumplimiento de las normas en todas las empresas.
● Garantizaremos que la
digitalización esté al servicio de las personas haciendo uso de la inteligencia
artificial y de la tecnología algorítmica para el control efectivo del tiempo
de trabajo, llevando las tecnologías digitales al ámbito de la protección de la
seguridad y la salud de las personas trabajadoras.
● Actualizaremos la legislación
de prevención de riesgos laborales. Para ello se actualizará el catálogo de
enfermedades profesionales, así como el procedimiento de notificación del
accidente de trabajo. Además, se evaluará con especial atención la prevención
de nuevos riesgos asociados al uso de las TIC, los psicosociales y de
determinadas sustancias químicas dañinas para la salud, así como la creciente
digitalización y robotización y las nuevas formas de organización del trabajo.
Asimismo, se incorporará la perspectiva de impacto de género en la prevención
de riesgos laborales.
● España seguirá cumpliendo con
sus compromisos internacionales en materia laboral, entre otros, los Convenios
167 y 184 de la OIT.
1 comentario:
La propuesta de reducción de la jornada laboral presentada en este acuerdo de gobierno es un paso significativo hacia la modernización de las relaciones laborales en España. Este cambio, que contempla reducir la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales sin reducción salarial, merece un análisis detallado.
Puntos clave a considerar sobre esta reducción de jornada:
Implementación gradual: La propuesta plantea una reducción progresiva (38,5 horas en 2024, 37,5 en 2025), lo que permitiría a las empresas adaptarse paulatinamente.
Evaluación continua: Se propone constituir una mesa con interlocutores sociales para evaluar resultados y considerar futuras reducciones, lo cual es fundamental para ajustar la medida según su impacto real.
Impacto en la productividad: Estudios internacionales sugieren que jornadas más cortas pueden aumentar la productividad. Será crucial monitorear este aspecto en el contexto español.
Conciliación laboral: Esta medida podría mejorar significativamente el equilibrio entre vida laboral y personal, un aspecto cada vez más valorado por los trabajadores.
Desafíos para las empresas: Es importante considerar cómo afectará esta reducción a los costos operativos y la competitividad de las empresas españolas.
Relación con otras medidas: La propuesta se enmarca en un conjunto más amplio de reformas laborales, incluyendo mejoras en salarios y condiciones laborales, lo que podría potenciar sus efectos positivos.
En conclusión, la reducción de la jornada laboral es una medida ambiciosa que podría tener un impacto significativo en el mercado laboral español. Su éxito dependerá de una implementación cuidadosa, un diálogo constante entre todas las partes implicadas y una evaluación continua de sus efectos. Es una oportunidad para España de liderar en la modernización de las relaciones laborales, pero requerirá un equilibrio delicado entre los intereses de trabajadores y empresas.
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