Es de
todos conocido que ante la posibilidad de que se logre la investidura de un
gobierno de progreso con un amplio programa de reformas, la derecha extrema y
la extrema derecha están rivalizando en una ofensiva contra la posibilidad de
que se articule una mayoría parlamentaria con el apoyo de los partidos
nacionalistas e independentistas. De especial gravedad ha sido la llamada del
ex presidente Aznar a una acción combinada de la movilización popular –
en la que se inscriben los escraches ante las sedes del PSOE dirigidos en
Madrid por la ex presidenta de la CAM Esperanza Aguirre – con la
intervención de los cuerpos de seguridad y la judicatura, y en general lo que
se denomina el Estado Profundo para evitar una nueva legislatura de
progreso. El leit motiv de este
ataque es la amnistía ante los hechos acaecidos en el otoño del 2017 en
Cataluña. Ante este ataque virulento a la democracia, una serie de juristas
hemos firmado el manifiesto que a continuación se acompaña, junto con una
dirección a la que se puede acudir para continuar la firma del mismo. Es la
hora de reaccionar exigiendo el respeto democrático frente a quienes lo
desprecian y pretenden invertir el resultado de las elecciones generales
celebradas el 23 de julio que impidieron la formación de un gobierno del PP y
de Vox.
MANIFIESTO. JURISTAS POR LA
AMNISTÍA, LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA
El Manifiesto que a continuación
se reproduce para que se adhieran -si lo consideran conveniente- cuantas
asociaciones de juristas y juristas a título individual lo deseen, surge del
encuentro de diferentes abogadas y abogados y operadores jurídicos preocupadas
y preocupados por los ataques a una posible y necesaria LEY DE AMNISTÍA, y por
la desestabilización de las instituciones democráticas organizada por la
derecha, en todas sus vertientes social, política y judicial.
Las y los promotores del
Manifiesto: "Juristas por la Amnistía, la Democracia y la
Convivencia" pretendemos remitirlo a las Instituciones europeas con el
respaldo y fuerza de cuantos firmantes se adhieran al mismo. (100 principales
juristas firmantes al final del manifiesto)
El texto que suscribimos,
promovemos y para el que solicitamos adhesión es el siguiente:
"Juristas por la Amnistía,
la Democracia y la Convivencia".
La Democracia y la Constitución
llegaron a España a pesar de la derecha política. El PP fue fundado por siete
ministros de la dictadura franquista, ha votado en contra de todas las
iniciativas para condenar la dictadura debatidas en el Pleno del Congreso, y
cuando en 1978 el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Constitución, la
mitad de los diputados de la entonces Alianza Popular (hoy PP) no votaron a
favor.
En el actual contexto se está
tratando de generar artificiosamente un problema jurídico por quienes vulneran
la Constitución cada vez que interesa a sus objetivos políticos, incumpliendo
el desarrollo de los derechos sociales, incumpliendo los derechos fundamentales
de las personas, e instrumentalizando las instituciones de forma partidista,
como ocurre con el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder
Judicial desde hace 5 años, manteniendo el órgano que se eligió durante el
gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2013, con mayoría conservadora.
Un CONSEJO GENERAL del PODER
JUDICIAL, que, en lugar de asumir su realidad caducada y contraria a la norma,
quebrantando su papel institucional, mientras incumple sus obligaciones y
plazos para los preceptivos informes sobre proyectos normativos de forma
sistemática, o es incapaz de regular la carga de trabajo de la judicatura,
realiza posicionamientos políticos ajenos a su función sobre futuribles textos
jurídicos y sobre la situación política como si de un partido político se
tratase.
El indulto, la renuncia a la
acción penal, la amnistía u otras figuras jurídicas equivalentes, se han
utilizado en distintos lugares del mundo. Igual que en España, con normalidad.
En Francia, en Italia o en Suiza hay leyes de amnistía. En Portugal, se aprobó
una amnistía para jóvenes el pasado 18 de julio, por la visita del Papa. La
amnistía es una figura recogida en Tratados Internacionales en vigor en España
y también en distintas leyes vigentes aprobadas en el periodo constitucional,
como el Reglamento general del régimen disciplinario del personal al servicio
de la Administración de Justicia, la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley de
Memoria Democrática. El único límite excluyente para la amnistía en nuestro
derecho, como en cualquier país civilizado, son los crímenes internacionales:
los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, etc.
Los objetivos de las amnistías,
según el derecho internacional vigente, son alentar la reconciliación social y
contribuir al restablecimiento de las relaciones normales en la vida de un
país.
La Constitución no prohíbe la
amnistía, que opera sobre las conductas, pero sí prohíbe los indultos
generales, que operan sobre las condenas penales firmes. La prohibición del
indulto general no impidió que el 1 de diciembre de 2000, un solo Consejo de Ministros
del Presidente Aznar (PP), aprobara 1.443 indultos, sin alegar ningún motivo de
interés general. Tampoco se opuso el PP al indulto del que se benefició el
general Armada en el año 1988, condenado a 30 años de cárcel por ser el máximo
responsable del intento del Golpe de Estado de Febrero de 1981 en el que
fuerzas militares secuestraron todo el gobierno y todo el poder legislativo.
La amnistía de delitos fiscales
ha sido utilizada profusamente en nuestra democracia por todos los gobiernos
menos el actual, incluidos los del PP, siendo las más importantes las de los
años 1984, 1991 y 2012.
No puede sino calificarse de pura
demagogia que organizaciones de juristas con meros fines partidistas califiquen
de trampas procesos normativos aún no iniciados, o definan apocalípticamente
como el principio del fin de la democracia, la aprobación de normas en sede
parlamentaria, y por mayorías cualificadas.
La amnistía no supone la
despenalización de una conducta, sino la aplicación excepcional de una
institución jurídica para normalizar una situación conflictiva, en este caso la
normalización de las relaciones entre Catalunya y el resto del Estado tras las
tensiones independentistas de la pasada década, tensiones que gracias a los
esfuerzos de la sociedad catalana y de la española los últimos años han ido
atenuándose, y que podrían desaparecer definitivamente gracias, entre otras
medidas, a una posible amnistía.
Estos motivos nos mueven a apoyar
públicamente que la mayoría parlamentaria pueda aprobar medidas como una LEY DE
AMNISTÍA para contribuir a normalizar la situación política entre Catalunya y
el Estado, así como pedimos que cesen los intentos desestabilizadores y los
ataques al normal funcionamiento de las instituciones constitucionales,
permitiendo que sean, respectivamente, los procesos parlamentarios y de control
constitucional por el Tribunal Constitucional, quienes decidan sin presiones ni
injerencias sobre la aprobación de leyes y el examen de su constitucionalidad,
si correspondiera.
Encabezan la firma de este
manifiesto los siguientes 100 juristas:
Javier Pérez Royo, Catedrático de
Derecho Constitucional, María José Fariñas Dulce, Catedrática de Filosofía del
Derecho de la UC3M, Antonio Baylos Grau, Catedrático de Derecho del Trabajo,
Guillermo Portilla Contreras,
Catedrático de Derecho penal, Joan J. Queralt, Catedrático de Derecho
penal, María José Romero Rodenas, Catedrática de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social, Nicolás García Rivas, Catedrático de Derecho penal, Jaume
Alonso-Cuevillas i Sayrol, Catedrático de Derecho Procesal, Amparo Merino Segovia,
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, María Carmen López
Aniorte, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Joaquín
Aparicio Tovar, Catedrático emérito de Derecho del Trabajo, Joan Carles
Carbonell Mateu, Catedrático de Derecho penal, Paz De la Cuesta Aguado,
Catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Cantabria, Hernán Hormazábal
Malarée, Catedrático jubilado de Derecho Penal, Joaquín Urías, Profesor de
Derecho Constitucional, Francisco José Trillo Párraga, Profesor de Derecho del
Trabajo, Gerardo Pisarello, Profesor de Derecho Constitucional, Fernando Fita
Ortega, Profesor de derecho del trabajo, María Eugenia Rodríguez Palop,
Profesora de Filosofía del Derecho, Carol Proner, Asociación Brasileña de
Juristas por la Democracia, Abogada y Profesora, Elena García Testal, Profesora
de derecho del Trabajo y SS, Ricardo Morón Prieto, Profesor de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, Emilio Camacho, Profesor de Derecho
Constitucional (Paraguay), Elizabeth Gómez Alcorta, Abogada y profesora de
derecho UBA (Argentina) Ex Ministra de Argentina, Emma Rodríguez Rodríguez,
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Matías Movilla
García, Abogado y Profesor de Derecho del Trabajo, Lídia Santos Arnau,
Profesora de Derecho Internacional Privado, Juan Manuel Alcoceba Gil, Profesor
de Derecho Procesal, Larissa Ramina, Profesora de Derecho y abogada, Maravillas
Espin, Profesora de Derecho, Javier Mira Benavent, Profesor derecho penal,
Andrés Boix Palop, Profesor derecho Administrativo, Antoni Llabrés Fuster.
Profesor derecho Penal, Carlos Amoedo Souto. Profesor Derecho Administrativo,
Iñaki Rivera Beiras, Profesor Derecho Penal,
Alberto Alonso Rimo, Profesor Derecho Penal, Joan Ridaó. Profesor de
Derecho Constitucional y Letrado del Parlament, Carlos H. Preciado Domènech,
Magistrado, Antonio Seoané García, Magistrado (jubilado), Faustino Rodríguez
García, Magistrado (jubilado), Antonio María Giménez Raurell, Juez jubilado,
José Antonio Mora Alarcón, Magistrado, Juan Pedro Yllanes Suárez, ex
magistrado, Félix Pantoja García, Fiscal de Sala jubilado, Baltasar Garzón
Real, Juez Audiencia Nacional (1988-2012), Concepción Sáez Rodríguez, Letrada
de la Administración de Justicia, Antonio Fernández Mata, Juez, Jordi Agustí
Julia. Magistrado emérito del TS, Verónica Martínez Barbero, Inspectora Trabajo
SS, Magdalena Márquez Martín, Técnica Junta de Andalucía, Consolación García,
Inspectora de Trabajo y SS, José Luis Rivera Arias, Letrado de la Administración
Local, Ana Martín Arahuetes, Inspectora de Trabajo y Seg. Social (Jubilada),
Engracia Rivera Arias, funcionaria de la AEAT, Primitivo Baquero Fuentes,
Funcionario jubilado, Ramón Enrique Lillo Pérez, Abogado, Aina Díaz Vargas,
Abogada, Ana María Cortés López,
Jurista, Enrique Santiago Romero, Abogado, Antonio Segura Hernández,
Abogado, Rafael M. Salazar Amat, Abogado, Carlos Vázquez Galán, Abogado, Raúl
Maíllo García, Abogado, Marta Balmaseda Franco, Abogada, Maria Luisa Turrion
Santa Maria, Abogada, Mauricio Valiente Ots, Abogado, Jaume Durà Tohus, Abogado, Jaume Asens Tolra,
Abogado, Manuel de la Rocha Rubí, Abogado, Víctor García Rivas, Abogado,
Altamira Gonzalo Valgañon, Jurista, Rafael Velasco Rodríguez, Abogado, Rosario
Guerrero Martin, Abogada, Maria Duran Febrer, Abogacia, Bernardo García
Rodríguez, Abogado laboralista, Sara Parra Alberca, Abogada, África Ortiz
López, Abogada, Carmen Cañedo Vega, Abogada, Pedro Feced Martínez, Abogado,
Harold Correa, Abogado Chile, Julio Santos Palacios, Abogado, Damián Loreti,
abogado, Jesús Mª Benito Suena, Abogado, Angel Martín Aguado, Abogado, Virgilio
Hernández Enríquez, Abogado/ Parlamentario Andino, Giovanna Erika Venegas
Benavides, Abogada, Jordi Pedret Grenzner, Abogado, Lola Montejo Bombin,
Abogada, Fuco Antas Pérez, Abogado, Juan Moreno Redondo, Abogado, José L.
Gutiérrez Aranguren, Abogado, Javier Blanco Morales, Abogado, Gustavo Ruiz de
Cenzano Macián, Abogado, Andrés Pérez Subirana, Abogado, Ramiro Rivadeneira,
Silva, Abogado, Júlia Senra Petit, Abogada, Enrique Lizarbe Iranzo, Abogado
jubilado, Anabel Segado Sújar, Abogada.
Para adherirse: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTYKcV_TPUU4_Mtcj12Xhz3WbrHXFKQYBAwOxZCEMxPtUWew/viewform
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