En el
editorial del número 103 de la Revista de Derecho Social cuando aún no se había
producido la votación de investidura del nuevo Gobierno, ya se advertía que “se
debe necesariamente desarrollar una amplia propuesta de creación de nuevos
derechos en la relación de trabajo, enlazando con lo que ha constituido las
señas de identidad de la coalición progresista desde su inicio”. Una
apreciación que ha resultado corroborada por la confirmación de Yolanda Diaz
como Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social,
confirmando de esta manera la continuidad de una política de reformas sociales
exitosa como la que se había desarrollado desde 2020, junto a un equipo de
trabajo que resultaba revalidado y ampliado en esta nueva etapa, con Joaquin
Pérez Rey y Amparo Merino Segovia como secretarios de estado.
La nueva etapa emprendida a
partir de las elecciones del 23 de julio se reitera en un compromiso de
regulación del espacio social y laboral en una línea claramente ampliatoria de
derechos, como se desprende del programa de la nueva coalición de gobierno
progresista cuyos principales hitos en materia laboral fueron comentados en
este blog (https://baylos.blogspot.com/2023/10/un-programa-solo-es-un-programa-es.html)
Como puede fácilmente comprobarse,
todos estos compromisos requieren cambios legislativos, lo que plantea el
problema básico ya experimentado en el pasado, respecto del método elegido para
la producción de normas en materia laboral. Las reformas efectuadas durante el
período del estado de alarma y su prolongación posterior durante 2022, se
desarrollaron en torno al diálogo social tripartito, en cuyo marco de
concertación se regularon no solo las normas específicamente concebidas para
dar solución a la terrible crisis económica y social producida, sino también
una reforma de amplio alcance del marco institucional – la llamada reforma
laboral de diciembre de 2021- y otras normas de gran importancia en lo que se
denomina transición digital, como la ley de trabajo a distancia y la ley rider.
El acuerdo social así conseguido se traducía, literalmente, en una norma de
urgencia, el Decreto Ley, que luego debía ser convalidado por el Congreso para,
en su caso, seguir su tramitación como proyecto de ley.
Este método de producción
normativa anticipaba la legitimación social lograda mediante la interlocución
política con sindicatos y asociaciones empresariales a la legitimación
parlamentaria que implicaba la negociación política con los partidos que integraban
la mayoría de apoyo al gobierno. De esta manera se venía a afirmar en la
práctica una suerte de principio de preferencia social en la regulación de la
materia laboral que se encarnaba en la concertación con los interlocutores
sociales representativos y que se entendía prioritaria respecto de la
negociación con las fuerzas políticas en sede parlamentaria. El consenso que se
obtenía mediante el acuerdo con sindicatos y asociaciones empresariales ofrecía
una legitimación fuerte a la norma laboral que presuponía el acuerdo posterior
en el parlamento. De hecho, la intervención de los sujetos reconocidos en el
art. 7 de la Constitución como portadores de los intereses económicos y
sociales que dan sentido al pluralismo social, implicaba un momento de participación
democrática que no solo resultaba recomendable para garantizar la estabilidad y
la aceptación social de las reformas pactadas, sino que era también preferible
en términos de práctica democrática de gobierno. Y ello aunque, como sucedió
emblemáticamente con la convalidación del RDL 32/2021, se produjera algún
desacoplamiento entre ambas formas de legitimación democrática de la producción
normativa laboral.
El panorama parlamentario actual
es mucho más complicado por fragmentario y, al menos sobre el papel,
contradictorio en términos de intereses contrapuestos. En esta materia, el
sesgo político de los partidos nacionalistas o independentistas no es significativo,
sino que sus decisiones aparecen más bien referidas a un planteamiento más
horizontal, de defensa de los intereses económicos del empresariado o de los
derechos laborales de las personas que trabajan. Por tanto lograr el acuerdo es
más complejo, a lo que se une la división en el seno de la izquierda
protagonizada por la escisión de SUMAR de los cinco diputados de Podemos una
vez constituido el Congreso y su pase al grupo mixto, que paradójicamente dificulta
aún más la adopción de consensos precisamente en el ámbito laboral. El recurso
por tanto al diálogo social como forma de solventar esta dificultad en el
espacio parlamentario puede que resultara eficaz, pero eso da más valor a la
capacidad de CEOE-CEPYME de llegar a un acuerdo y por tanto permite que la
asociación patronal intente equilibrar a su favor el resultado de los acuerdos,
y ni en esas condiciones es seguro que la diferente valoración de los mismos
desde los polos enfrentados en los partidos nacionalistas e independentistas de
País Vasco y Cataluña, unido a la incógnita Podemos, permita la convalidación
de estos acuerdos pactados.
En cualquier caso, en el programa
de la coalición de gobierno se establece el compromiso conforme al cual “las
medidas laborales contenidas en este acuerdo” se llevarán a cabo en el marco
del diálogo social, que revalida la apuesta por la concertación social
tripartita en línea con la resolución del parlamento europeo sobre la forma
apropiada en la que se debe llevar a cabo la recepción en cada país miembro de
las medidas e iniciativas en política social de la Unión Europea. Además de
este compromiso general, se insiste de manera específica en este punto en
paralelo al apoyo explícito a los compromisos del V AENC tanto sobre el
Observatorio de los Márgenes de Beneficios de las Empresas, al que ya se ha
aludido, sobre el tratamiento del tema salarial. Se anuncia así un gran “pacto
de rentas” que de estabilidad a los precios para mantener el poder adquisitivo
de los salarios, un objetivo importante ante la realidad de un pasado próximo
en el que se produjo una impresionante devaluación salarial y el pasado inmediato
en el que la inflación devoró el margen de recuperación salarial que se había
ido construyendo a lo largo del 2021.
Pero mientras que se negocia el
SMI, las primeras normas laborales que se han emanado no han seguido el camino
del diálogo social. Ha sucedido con el RDL 7/2023, de 19 de diciembre, por el
que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la
Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio
de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional
de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva
2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial
de la protección por desempleo, que ha reformado el Estatuto de los
trabajadores y ha generado un cambio en el alcance del nivel asistencial del
desempleo y la suficiencia de las prestaciones que por cierto dio lugar a
tensiones en el seno de la coalición gubernamental sobre el sentido de la misma,
a las que Joaquin Aparicio se ha referido también en este blog (https://baylos.blogspot.com/2023/12/el-debate-sobre-la-reforma-del-nivel.html)
. Pero ha sido la reforma del art. 84 ET sin abrir una mesa de negociación
sobre su contenido lo que ha causado las mayores críticas de los sindicatos y
de la CEOE-CEPYME, esta de forma especialmente intensa.
Más allá de esta modificación
concreta, pactada en el espacio parlamentario, parecería como si en esta nueva
fase de la producción normativa laboral el Gobierno hubiera invertido el orden
de preferencias respecto de la búsqueda de consensos fundamentales para su
acción legislativa, desplazando el centro de gravedad de la reforma desde la
legitimidad social que le da los acuerdos tripartitos con sindicatos y
asociaciones empresariales a la negociación directa con las formaciones
políticas en sede parlamentaria como forma de conseguir su apoyo a la
convalidación de normas de urgente necesidad, como la que supone el RDL 7/2023
citado. En sucesivos momentos se podrá comprobar si existe lo que los
sindicatos llaman la “tentación” de orillar el diálogo social y de prescindir
por tanto de esos procesos si no se tiene la seguridad de que su resultado
final sea satisfactorio, lo que actualmente, en un clima político de profundo
enfrentamiento de la derecha y la extrema derecha contra el gobierno,
posiblemente coopere a dificultarlo. Es decir, cabe pensar que el diálogo
social interese al gobierno en esta etapa en la medida en que éste culmine en
un acuerdo que pueda por tanto presentarse como una propuesta de regulación que
cuenta con el consenso de los interlocutores sociales, sin que la mera fase de
consultas o de negociación sin suscribir un texto normativo al respecto le
proporcione una legitimidad suficiente ante el control parlamentario. Pero a su
vez, acudir directamente al entramado de negociaciones con los distintos grupos
parlamentarios no garantiza, dada la confrontación de intereses que se puede
detectar entre ellos, que las propuestas de reforma legislativa vayan a salir
adelante, al menos en los términos en los que éstas se plantean desde la
coalición de gobierno. Una situación por tanto de difícil gestión política.
Por lo demás, se detecta una
cierta bifurcación en la percepción por la opinión pública del estado de la
situación en la que se halla el país. Los datos sobre el empleo que acaban de
hacerse públicos del año 2023 son espectaculares, con registros positivos que
marcan una mejoría en todos los puntos débiles de nuestro mercado de trabajo –
incremento del empleo femenino y juvenil, descenso del paro, aumento de la
afiliación, severa limitación de la precariedad – y es evidente que la reforma
laboral y las medidas sucesivas en torno a la crisis han propiciado este buen
panorama. Sin embargo el espacio de la política entendida como lugar de
confrontación y enfrentamiento radical en torno al cuestionamiento de la
legitimidad del gobierno de coalición, está produciendo un claro deterioro del
funcionamiento de las instituciones y desplaza hacia el campo de las grandes
opciones morales y nacionales la atención de la ciudadanía. En este sentido, el
foco está centrado en los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y en
la disputa entre los nacionalismos español y periféricos, especialmente catalán
y residualmente vasco, descuidando la importancia de la vertiente de los
derechos de las personas que trabajan y el escudo social frente a la
vulnerabilidad y la pobreza. Frente a las grandes teomaquias que se desarrollan
en los cielos, el dios de las pequeñas cosas es el que guía la acción de
reforma de la existencia de los comunes mortales que solo tienen su trabajo
como fuente de renta y como medio de relacionarse con la política a través de la
igualdad que deriva de su condición ciudadana. Cuidar ese aspecto resulta
fundamental y debería constituir el objeto de la atención prioritaria de todas
y todos quienes estamos interesados en ello.
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