DEBATES SOBRE LA HUELGA (III) EL MODELO REGULACIONISTA - ESTATAL

Continuando con la reflexión en alta voz sobre la huelga como medio de acción sindical por excelencia, revalorizado en la crisis como forma de resistencia y de límite a la desregulación emprendida por el poder económico, se presenta ahora una nueva entrega en la que se examina el modo más extendido de considerar la huelga, como el producto de una regulación estatal y no como una forma de acción privativa de la autonomía sindical y de la acción colectiva. 

Un elemento que distorsiona el tema de la huelga es la muy extendida consideración de la misma como un hecho regulado por el Estado que se define desde el espacio legal y no desde la autonomía sindical y colectiva. Se trata de una concepción que niega el anclaje de la huelga como derecho en los trabajadores y en su representación colectiva y sindical, determinando su contenido y objetivos no desde las posiciones de sus titulares, sino desde otros sujetos: los usuarios, los ciudadanos, la actividad empresarial. Todos ellos definen desde sus respectivas posiciones los límites y el  alcance de la huelga y en consecuencia la delimitan a través de su interés. Es el Estado además el llamado a regularla en atención a esos intereses, sin que por consiguiente resulte el punto de vista determinante el que suministra  el sindicato o la acción colectiva de los trabajadores. No se admite de esta manera que la huelga como acto de resistencia y de protesta organice sus fines y sus objetivos desde la autonomía organizativa y de actuación colectiva. Lo que lleva a que se priorice en la opinión pública y en la cultura política un enfoque eminentemente jurídico-regulativo de la huelga, que aprisiona su capacidad de irrupción y de  cambio definida desde la organización sindical y la acción colectiva.

Esta concepción dominante se agrava ante la anomalía histórica que acompaña al reconocimiento constitucional del derecho de huelga como derecho fundamental en España y su regulación pre-constitucional en el Decreto Ley de Relaciones de Trabajo de 1977, claramente hostil y deficiente que sin embargo no ha encontrado un desarrollo legislativo posterior acorde con la Constitución. La ley que promete el art. 28.2 CE no se ha producido, de forma que el marco regulativo del derecho de huelga lo constituye el texto post-franquista una vez depurado por el Tribunal Constitucional en la STC 11/1981 y la muy abundante jurisprudencia constitucional en esta materia. Ello conduce a una regulación judicial del derecho de huelga con un centro de imputación fundamental, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y su recepción diferida - y en muchas ocasiones combatida - en los tribunales ordinarios y en la doctrina legal  del Tribunal Supremo. Lo que provoca que haya numerosas dificultades en el conocimiento y en la sistematización de esta regulación judicial, que es por su propia naturaleza limitada al caso concreto y muy abierta, y que en la misma se sostengan aproximaciones extremadamente reductivas de un sistema de huelga-derecho. De forma muy recurrente, en efecto, se entiende que la huelga es un “derecho” solo en cuanto se ejercita en el marco de una relación contractual individual o colectiva y si resulta compatible con las exigencias de la actividad productiva y de la organización de la empresa. Desde otra perspectiva, por tanto, la huelga no debe rebasar el campo de “lo laboral” y la continuidad del servicio que la huelga pone en peligro, debe ser preservada como una exigencia democrática del funcionamiento de la sociedad y del mercado. 

Sin embargo, la forma de abordar la huelga como derecho fundamental tiene que partir de la “función” de este derecho, de su finalidad acorde con la lógica de expresión colectiva que lo sostiene. La huelga tiene por objeto alterar o paralizar la producción como forma de reivindicar un proyecto concreto de regulación del trabajo o impedir la efectividad de una propuesta empresarial restrictiva o contraria a los intereses de los trabajadores. Esto significa que la huelga consiste en subvertir la normalidad productiva a partir del rechazo del trabajo como instrumento de dominación ejercido por un poder privado sobre las personas. 

La huelga por tanto enlaza con el contrato de trabajo porque revoca temporalmente el consentimiento voluntario del trabajador en la producción dirigida y controlada por el empresario, y por tanto despliega sus efectos en términos suspensivos de la relación obligatoria recíproca del contrato laboral. Pero el espacio de desarrollo de la huelga es fundamentalmente organizativo, porque paraliza o impide la extensión de los poderes de organización y de dirección del proceso de producción de bienes y de servicios que tengan por objeto disponer del trabajo “en conflicto” – el trabajo negado por los trabajadores en huelga – y por tanto impide su utilización para anular la eficacia de la huelga. Desde su encuadre político-democrático, el derecho de huelga es reconocido constitucionalmente como instrumento para transformar la situación económica, social y cultural de los trabajadores en cuanto tales en un proyecto igualitario, que exige en su funcionamiento concreto impedir y restringir las prerrogativas ordinarias y extraordinarias del poder empresarial, derivadas del respeto a la libre empresa.

En este sentido, hay precisiones interesantes en la jurisprudencia constitucional que pueden ser aprovechadas en la determinación de los parámetros políticos dentro de los cuales se mueve el derecho de huelga. Se trata en efecto de una doctrina constitucional que no busca la preeminencia del derecho de huelga sobre la libertad de empresa sobre la base del criterio jerárquico que la Constitución establece al clasificar los derechos como fundamentales (la huelga, en el art. 28.2) y libertades cívicas (la libertad de empresa, art. 38), sino que establece una relación entre ambos derechos sobre la base de la eficacia y la función de ambos. El derecho de huelga implica la facultad de incidir restrictivamente sobre las facultades empresariales, y la libertad de empresa no incorpora facultades de reaccionar contra y de desvirtuar las consecuencias de la huelga. Es decir, que el derecho de huelga no es funcional al ejercicio de la libertad de empresa o a las libertades económicas de mercado. Ese es el sesgo equivocado de la jurisprudencia del TJ en los casos Laval o Viking y como tal han sido censurados por el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa por contrariar los arts. 6.2 y 6.4 de la Carta Social Europea. Para nuestro Tribunal Constitucional – y son conceptos asumibles desde la autonomía sindical – el derecho de huelga se inscribe en el reconocimiento del Estado Social de Derecho, legitima un medio fundamental de defensa de los intereses de las clases subalternas (de los “grupos socialmente dependientes” en la expresión del TC) y tiene por objeto reivindicaciones económicas, laborales, sociales y en general, es capaz de expresar “una protesta con repercusión en otras esferas o ámbitos” no laborales.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional que tiene una larga evolución en más de treinta años, ofrece puntos de interés que desarrollan esa visión de la huelga – derecho frente a las tendencias presentes en la jurisprudencia ordinaria a mantener una visión reductiva en términos contractuales y organizativos de esta medida de presión colectiva de los trabajadores. Así, las sentencias sobre la titularidad y la función del derecho de huelga en lo relativo a la tutela del trabajo materialmente prestado, con independencia de su consideración como trabajo regular o nacional (STC 259/2007), o la configuración de límites a la movilidad funcional ordenada por el empresario en casos de huelga, considerando que la disposición de trabajadores con la finalidad de evitar la eficacia de la huelga, es un acto que vulnera el derecho de huelga, como la contratación externa de sustitutos de los huelguistas (STC 33/2011) o la muy trascendente conformación de límites al poder organizativo de la empresa manifestado en la descentralización productiva del trabajo en contratas, responsabilizando a la empresa principal de la lesión al derecho de huelga producida por la rescisión de la contrata como consecuencia de una huelga en la empresa contratista (STC 75/2010). Tendencias que se han prolongado recientemente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo ante supuestos en los que el empresario utiliza procedimientos tecnológicos que no requieren sostén de mano de obra para evitar la eficacia de la huelga y lograr la continuidad de la actividad empresarial (STS 5 de diciembre de 2012).

Son todas éstas argumentaciones que caminan en la línea de preservar el ejercicio del derecho y su eficacia como parte del contenido esencial del mismo. La garantía judicial positivizada de forma más funcional a esta orientación garantista en la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social del 2011, con un ágil mecanismo de medidas cautelares que bloqueen los comportamiento empresariales antihuelguísticos, debe posiblemente ser utilizada más a menudo por los asesores de los sindicatos y representantes de los trabajadores que inician la convocatoria de huelga, y de esta forma dar un mayor rendimiento a esas líneas interpretativas que ayudan a favorecer su ejercicio.

Pero esto no agota el tema ni evita que se siga considerando el modelo regulativo la forma prioritaria de enfocar el tema de la huelga. Lo que abre además otro problema, el de la huelga en los servicios esenciales. Que es regulativo, pero también sindical. A ello se dedicará la siguiente entrega de esta serie.

 

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS SOCIALES Y LABORALES. UNA VÍA PARA EXPLORAR Y DESARROLLAR SINDICALMENTE.

La dimensión jurídica internacional que va construyendo un suelo mínimo de derechos en materia laboral y social, cobra un relieve mayor en los momentos presentes en los que las políticas de austeridad infiltran los ordenamientos nacionales europeos y producen normas en directa contradicción con los elementos centrales del Estado Social y del poder contractual de los sindicatos. Hay la consciencia de que se está afirmando de forma clara un sistema de estándares de tutela de derechos colectivos e individuales en donde la OIT desempeña un papel importante, y que pese al "constitucionalismo débil" europeo, es posible mantener que las políticas de la UE no pueden vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Desde esta consciencia, laFundación 1 de Mayo y el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO han abierto una línea de investigación y de debate que permita explorar y desarrollar sindicalmente ese espacio normativo como espacio de tutela de derechos. A continuación se incluye un texto del GEJUR que expone esta línea de acción.

La intensidad de las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años han venido erosionando gravemente no sólo al contenido de los derechos socio-laborales básicos,  como la estabilidad en el empleo, un salario justo, una adecuada protección social, la educación, la sanidad, la vivienda, o las políticas públicas de integración social.

Esto pone en evidencia la necesidad de analizar los nuevos fundamentos sobre los que se está estructurando nuestro sistema económico, político y social, y los efectos que están teniendo las opciones de política legislativa que vienen dominando, tanto a nivel nacional como en Europa, en los últimos años, y con particular intensidad, durante el desarrollo de la crisis económica que padecemos, que maximiza el beneficio de determinadas corporaciones y estratos sociales, a costa de los servicios públicos, y de la exclusión social y laboral de las personas con menor capacidad económica.

Desde CCOO y la  Fundación 1º de Mayo se viene desarrollando una línea de trabajo vinculada a poner en evidencia el marco internacional de la protección y garantía de los derechos sociales y laborales, su eficacia en la interpretación y aplicación de las normas estatales, así como la necesidad de dotar de un marco institucional adecuado, de dimensión internacional, para la garantía de estos derechos. 

En este sentido, durante 2013 se ha venido trabajando con el Gabinete Confederal de Estudios Jurídicos, en distintas Jornadas, sobre el Derecho de Trabajo y los fundamentos internacionales y europeos. El pasado 3 de diciembre se realizó una jornada de estudio, que dio a luz una Declaración sobre Trabajo y Ciudadanía en la Constitución española.

Desde los Servicios Jurídicos de CC.OO. se viene actuando en coordinación con otras organizaciones sindicales europeas, en el marco de la Confederación Europea de Sindicatos, para facilitar el acceso a los mecanismos internaciones de tutela, tanto en el ámbito de la Unión Europea como el Consejo de Europa.

En esta línea de trabajo, se pretende celebrar un encuentro con expertos provenientes de la Universidad, la judicatura, la Administración, la práctica profesional, y la experiencia sindical, que sirvan para identificar los temas sobre los que se pueden diseñar líneas para garantizar la protección de los derechos sociales y laborales, dotando de plena eficacia la garantía internacional de los mismos, utilizando todos los recursos de los que dispone tanto nuestro Ordenamiento como las instituciones internacionales, para preservar su cumplimiento y su plena efectividad.

1. Las normas fundamentales en materia social de la UE, van a estar en el centro de los debates.

No sólo incorporan determinados derechos de indudable proyección social y laboral, sino que además cuenta con un sistema institucional de garantía y aplicación de los mismos, a cargo de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero no podemos olvidar que determinadas orientaciones políticas de la Unión Europea han cuestionado seriamente la vigencia de los derechos sociales, subordinados a las consideraciones de la política presupuestaria, o simplemente, a la imposición de un modelo neoconservador, donde se reduce el papel del Estado y se rebajan los estandares de tutela de los derechos económicos, sociales y culturales. En este punto, actuaciones del Banco Central Europeo, o de la Comisión en la elaboración y diseño de los planes de ajuste a los países que han necesitado ayuda financiera, han prescindido en buena medida de la dimensión social que necesariamente tiene que formar parte del proyecto de la Unión  Europea. Y determinadas interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han venido a primar las libertades económicas como restricciones a la tutela de los derechos laborales y sindicales.

Por contra, igualmente el TJUE ha corregido graves deficiencias de nuestro sistema de garantías en materia de acceso a la vivienda, corrigiendo prácticas abusivas en la regulación de los préstamos y en la ejecución de las garantías hipotecarias. Lo mismo que ha asumido planteamientos más avanzados que nuestro Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo en materia de protección a los trabajadores temporales, o en las garantías ante el cambio de empresario.

Esto pone en evidencia la necesidad de profundizar en el análisis del Derecho de la Unión Europea y los mecanismos de tutela y garantía, poniendo en evidencia los déficits que presenta, y aprovechando su capacidad para dotarnos de mejores garantías.

2. Además las normas comunitarias, es necesario incorporar los criterios que derivan del conjunto de normas internacionales, que no sólo complementan la actuación de la Unión Europea, sino que pueden ser de límite a determinadas orientaciones políticas en este ámbito.

Así, todo el conjunto pactos del sistema de Naciones Unidas, como son: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos, el Pacto internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales, y las normas laborales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Igualmente, es decisivo tomar en consideración los tratados elaborados en el marco del Consejo de Europa:

• El Convenio Europeo de Derechos Humanos:  En el marco del Consejo de Europa se aprobó en 1950, concretamente en Roma el 4 de noviembre, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, que fue ratificado por España el 26 de septiembre de 1979 (BOE 10 de octubre), incorporándose así a nuestro ordenamiento interno, con la eficacia que le atribuyen los arts. 10 y 96 CE.

• La Carta Social Europea: Adoptada en Turín el 18 de octubre de 1961 y que fue objeto de diversas modificaciones mediante tres protocolos adicionales, lo que dio origen a una versión revisada de la Carta incorporando todos esos protocolos y adicionando algunos derechos nuevos. Esta versión revisada se aprobó el 3 de mayo de 1996.

España firmó la versión inicial de la Carta y la ratificó el 6 de mayo de 1980, y los dos primeros protocolos modificativos de 5 de mayo de 1988 y de 21 de octubre de 1991, ratificados el 24 de enero de 2000.

Pero España no ha firmado ni ratificado el tercer protocolo de 9 de noviembre de 1995, que establecía un procedimiento de reclamaciones colectivas.

Este tercer protocolo sí que aparece incorporado a la versión revisada de la Carta, que sí fue firmada por España el 23 de octubre de 2000, pero que se encuentra desde entonces pendiente de ratificación.

Esta situación es altamente incomprensible, máxime cuando, como se ha visto, la Carta Social Europea, incluso la versión revisada, se utiliza como instrumento interpretativo por el TEDH.

Como hemos, visto existen varios instrumentos internacionales que vinculan a España – en diferentes grados – y que reconocen los más importantes derechos sociales – y no sólo sociales – que, en consecuencia, pueden tener una aplicación considerable en el ámbito laboral, especialmente, cuando se producen retrocesos legislativos o fenómenos de desregulación interna, pues en ambos casos esos Tratados Internacionales pueden resultar aplicables; en unos casos, para controlar si el retroceso legislativo llega a entrar en contradicción con las obligaciones asumidas por el Estado español; en otros, para aplicar directamente el Tratado ante el vacío normativo que pueda producirse.

DEBATES SOBRE LA HUELGA (II) HABLA JAIME CABEZA

En el blog bilingüe de Jaime Cabeza, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Vigo, que se denomina Caderno Social Periferico y que como tal forma parte de la Federación de Bitácoras de Parapanda, se ha publicado un comentario al texto que se había difundido aquí como una reflexión sobre la huelga, que se puede consultar en Debates sobre la huelga. Un comentario. Con la habitual presteza en favorecer la circulación de los debates sobre las cosas que creemos que merecen la pena, se duplica ahora en Según Baylos esta intervención plenamente "concurrente", como el autor explica, a propósito del derecho de huelga.

DEBATES SOBRE LA HUELGA.- UN COMENTARIO CONCURRENTE

En el blog de Baylos está publicada desde ayer una muy importante entrada titulada “Debates sobre la huelga I” que tiene la gran virtud de sugerir una discusión intensa sobre cada una de sus afirmaciones. En realidad, con este comentario mío no tengo otra intención que plantear algunos pensamientos que me ha sugerido, desde luego a partir de un acuerdo de base muy grande sobre todo lo que dice.

Quisiera, primero que nada, poner en duda que sean los modelos más autoritarios los que conciben el derecho de huelga en términos de su relación con el convenio colectivo, en el denominado clásicamente modelo contractual. Estos modelos, en su versión originaria, no eran particularmente alérgicos al conflicto industrial. Si se parte de un sistema dinámico de dialéctica permanente entre negociación y conflicto, la huelga se entiende como un instrumento de recurso ordinario, al no concebirse un período jurídicamente interpretativo en el que no quepa plantear huelgas novatorias de convenio. No creo que N.A. Citrine o H. Samuels propugnaran una tesis restrictiva, sino que pretendían simplemente destacar la importancia de la huelga como herramienta de cambio en las relaciones colectivas de trabajo. Es solo nuestra tendencia tan typical Spanish excesiva a la juridificación del conflicto la que pretende convertir una relación dialéctica constante en una especie de sucesión de treguas en las que emerge este deber de paz inmanente al convenio colectivo, hoy expresamente reconocido en el art. 11 c) del Decreto ley de 1977. Hasta el punto de que, por la influencia de los juristas más autoritarios, incluso pretendió situarse en la ilegalidad la huelga interpretativa del convenio, hasta que el TC en 1981 salió al paso de esa postura.

Lo autoritario no es, desde mi punto de vista, vincular la huelga al convenio, sino generar amplios espacios prohibitivos del conflicto basados en una vigencia normativa. Hasta podría ser aceptable este deber de paz en un modelo en el que esa norma convencional era intangible, especialmente por parte de los convenios de ámbito inferior. Pero es ridículo en el actual modelo de negociación colectiva mantener el deber de paz cuando el convenio se desangra mediante concurrencias de convenios de empresa, inaplicaciones masivas, acuerdos de empresa, exclusiones del ámbito de aplicación y otros instrumentos colectivos o individuales. Habría que proponer, como mínimo, que tanto menos vale el deber de paz cuanto más vulnerable es el convenio colectivo.

Pero el modelo contractual no era refractario a otras huelgas diferentes, solo ponía de manifiesto una aproximación voluntarista a las relaciones laborales en la que la huelga es consustancial a la negociación permanente. No creo que a Citrine padre se le ocurriera dejar de convocar una huelga ante el despido masivo de trabajadores en una empresa.

Nuestra tradición autoritaria está muy marcada en otros aspectos. La sucesión de decretos de conflicto colectivo de 1960 y 1970 tuvo el efecto claro de que el último, el que formalmente está vigente, mantuviera una poco digerible tendencia a convertir al poder político en árbitro del conflicto. Por desgracia, esta tendencia ha conseguido permanecer en temas tan sensibles como la fijación de los servicios mínimos, en el que la parcialidad de la autoridad gubernativa es notabilísima. Y, para mayor desgracia, ni siquiera tuvimos la valentía en la última Ley de la Jurisdicción Social de convertir a ésta en revisora de los desmanes de la autoridad gubernativa, sino que la mantuvimos mimada por estos TOC (Tribunales del Orden Contencioso) tan complacientes con las triquiñuelas procesales de los abogados del Estado. Es muy gracioso comprobar cómo nos contentamos con el caramelo de una jurisprudencia constitucional y ordinaria más o menos respetuosa del derecho de huelga en temas como la sustitución de huelguistas a la vez que dejamos de criticar una jurisprudencia de la Sala 3ª del TS que merecería una crítica muy fuerte, sobre todo cuando han dejado de concederse sistemáticamente medidas cautelares suspensivas de los servicios mínimos.

El autoritarismo está en muchas otras partes. Qué poco se habla de los furgones policiales en la entrada de las grandes superficies, de las entidades de crédito y de las grandes empresas para “asegurar la libertad de trabajo” en las huelgas generales. ¿Están siendo neutrales las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? ¿No coaccionan a quienes quisieran ejercer el derecho fundamental de huelga? ¿Son estas grandes entidades las que más merecen ser protegidas, con tan profusa presencia de polis?

Es verdad que la huelga política ha sido uno de los asuntos más difíciles de traducir. Sobre ella está casi todo dicho. Pero habría que añadir que difícilmente puede concebirse como ilegal una huelga que tenga como objeto los fines propios de los sindicatos tal y como se definen en el art. 7 de la Constitución. A este tema el gobierno a la sazón ejerciente en el Reino de España le tiene una especial querencia, pero le va a resultar muy cuesta arriba plantear una normativa revisora del concepto y de tendencia restrictiva del derecho fundamental que sea compatible con la doctrina de OIT. Y, muy en particular, con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que por fin se ha decidido a ocuparse del derecho de huelga, con una doctrina muy recomendable.

Y por último está la ejecutoria sindical. Sobre este tema habría mucho que debatir y mucho que lamentar. Pero es muy cierto que la difamación del sindicato se ha convertido en una moda, propia de un poder político alérgico a la sociedad organizada. Merecería más comentario también el efecto de las huelgas generales en las últimas convocatorias. Sin embargo, no creo que pueda yo a este respecto aportar mucho más.