LIBERALISMO AUTORITARIO (NOTAS DE LECTURA III)

En la revista European Law Journal vol.21, nº 3, de mayo del 2015, se han publicado una serie de artículos en torno al texto de Herman Heller de 1933 que llevaba por título “Liberalismo autoritario” en el que criticaba la trayectoria del gobierno alemán en el año inmediatamente anterior a la instalación del nazismo y el final de la República de Weimar, con la intención de compulsarlo con la situación europea actual que está generando la gobernanza económica de la crisis, especialmente después de la negociación del tercer rescate de Grecia y las circunstancias que han rodeado éste. El debate contiene ante todo referencias útiles para una discusión sobre la naturaleza del liberalismo, pero también, como era la intención de los editores de ELJ, para suministrar pautas de análisis respecto de la gestión de la crisis llevada a cabo por el conglomerado político y financiero que gobierna realmente la Unión Europea. Lo haremos en este blog en dos entradas, para que no sea demasiada tediosa su lectura.

La relectura del artículo de Heller se inserta en una perspectiva que da relevancia a la historia y a la memoria constitucional europea que ha sido olvidada en las últimas décadas, y especialmente desde el comienzo de la crisis en la eurozona, cuando se enuncia que la gestión de la crisis requiere medidas “radicalmente innovadoras”. El problema que se plantea es el de que en qué forma estas “medidas”, el nuevo marco institucional que las encuadra y la propia consideración de los actores políticos y económicos sobre este proceso, están inmunizando el capitalismo liberal respecto de la política democrática o, si se quiere, en qué medida el “proyecto Europa” no estará deviniendo un proceso de destrucción de la democracia y de la legalidad. Esta cuestión plantea de nuevo la vieja relación entre capitalismo y democracia y provoca ciertas dudas respecto a la noción de liberalismo que se maneja comúnmente.

Es pertinente remontarse al último período de la República de Weimar y al artículo que Heller publica en 1933 – inmediatamente antes de su exilio, que finalmente le lleva a Madrid, donde morirá de un ataque al corazón al año siguiente – criticando la deriva política del Gobierno Von Papen (1932) que pretendía utilizar la crisis económica muy intensa que sufría Alemania para transformar la democracia de Weimar en un estado autoritario edificado sobre los pilares de la gran industria y las finanzas, lo ricos propietarios agrarios, el ejército y los altos cargos de la administración. En el artículo se hace una específica crítica a la teorización que Carl Schmitt realiza de esta propuesta política en una conferencia pronunciada ante la plana mayor de los empresarios de la industria pesada con un título bien expresivo: “Una economía sana en un Estado fuerte”, en donde se establecía un verdadero programa pro empresarial en materia social y económica. El gobierno alemán de la época había puesto en marcha mediante decretos de emergencia o de urgente necesidad, con el Parlamento retirado de la escena, estrictas medidas de austeridad que por un lado desmantelaban la política social y los subsidios de desempleo, a la vez que tendían a la supresión de los sindicatos y fuerzas políticas resistentes, consideradas como parasitarias del sistema que impedían la realización del crecimiento que generaba riqueza, con la consiguiente dosis represiva de las mismas. El Estado reconocía sin embargo necesarios límites a su intervención, cuando se pudieran ver afectadas las prerrogativas fundamentales de la propiedad privada. La crítica de Heller se dirige a ese verdadero y propio “estado de excepción” permanente, concebido como forma ordinaria de acción del Estado, en el que el rol de las reglas jurídicas democráticas y de las normas que encuadran el ejercicio del poder público resultaban “insignificantes” para éste.

Lo que este texto sugiere es una reflexión sobre la verdadera naturaleza del liberalismo y su actitud respecto a la democracia. De forma sintética, el Estado liberal es simultáneamente un Estado fuerte y débil. Débil en relación con el funcionamiento de la economía capitalista, fuerte en la obstaculización y eliminación de las interferencias democráticas en esa operación, lo que fortalece sus facultades represivas y capacidad normativa de restringir derechos ciudadanos. El mercado libre, en efecto, no es un estado de naturaleza, sino una categoría que debe ser políticamente construida, institucionalizada públicamente, y reforzada por el poder del Estado. La no interferencia (pública) con el mercado – un dogma liberal – se construye desde el Estado como política pública. Y este específico uso de una propuesta política – que es una construcción ideológica y política- tiene que ser defendido cultural e ideológicamente pero también mediante la actividad partidista y de gobierno para impedir o imposibilitar la utilización del espacio público en una dirección no-liberal, que subvierta o interfiera la centralidad del mercado.

El Estado liberal es fuerte en su función de protección del mercado  y de la economía frente a exigencias democráticas de redistribución de la riqueza o que interfieran sacando del mercado determinadas necesidades sociales, y es débil en su relación con el mercado en cuanto espacio designado para la búsqueda del beneficio autónomamente por el capital, que la política de gobierno debe proteger y si es necesario extender, sin entrar a definir este proceso económico (que se presenta como un actor autónomo, sin coerciones estatales ni de otro tipo). Esta bipolaridad del Estado liberal construye un estado autoritario en lo social y en lo político para garantizar el orden económico de la acumulación del capital. Más allá de la etapa histórica que señala Heller y la conexión de ésta con el “ordo-liberalismo” alemán de la posguerra de la segunda guerra mundial, lo importante es que no se puede concebir una economía de mercado independiente de la autoridad del Estado. La economía de mercado no es nunca independiente de la acción del gobierno y del poder público. Éste  procede a despolitizar el espacio de la producción mercantil y la capitalización financiera,  inmunizándolo respecto de las decisiones democráticas y de las garantías de los derechos ciudadanos, que por tanto no sólo se mantienen “fuera” de este ámbito, sino que se restringen en su eficacia general en la medida en que ello puede originar cambios o interferencias en ese espacio inmune a la democracia.

Por eso un liberalismo autoritario, que en definitiva es el modelo predominante en circulación, hereda la repugnancia de la dogmática alemana de los años 30 hacia la democracia pluralista, es decir la consideración del sistema democrático como un espacio de confluencia de diversos grupos sociales y de la clase obrera organizada que confluyen y confrontan en el espacio público para la realización (o transacción) de sus respectivos intereses. La democracia pluralista es un peligro para la “distorsión” del espacio inmune de la economía de mercado ante exigencias de justicia social o de derechos sociales que necesariamente colisionan con la eficiencia económica y reducen la base de la administración unilateral de las relaciones económicas y los derechos de propiedad. El liberalismo autoritario es la forma en la que se expresa hoy la ideología y la práctica neoliberal, y por consiguiente se trata de la práctica política extendida  en el pensamiento liberal tal como se presenta realmente, más allá  de su concreción en determinados partidos políticos.

El cambio que se produce en esta concepción de un estado autoritario para una economía de mercado libre tiene que ver en Europa con la creación de un marco institucional nuevo que interactúa con la clásica dimensión estatal-nacional. El liberalismo autoritario busca la neutralización de la democracia, es decir, pretende situar la economía de mercado fuera de las decisiones institucionales democráticas. El fortalecimiento de la represión ciudadana para lograr esta inmunidad democrática se ha relajado. Es más conveniente desplazar la política económica y las decisiones claves sobre ésta a un nivel “donde la democracia no la pueda seguir”, diseñando espacios institucionales que no admitan cuestionamiento ni contestación, a los que se les dé una capacidad de decidir que no dependa de la autoridad de la fuerza, sino de la autoridad de la teoría económica científica, una nueva legitimación no democrática que es clave para profundizar en el proceso de despolitización del capitalismo que en la Unión Europea ha encontrado un marco de actuación muy acabado.

Es además conveniente señalar que el proceso de despolitización de la economía de mercado busca asimismo deslegitimar los espacios organizados colectivamente que interfieren en la relación de poder que está en la base de una relación económica y que se quiere inmune a estas mediaciones. Cobra más relieve el esfuerzo cultural para resaltar el carácter contraproducente de estos elementos de pluralismo social que se insertan en una lógica económica que es reacia a la mediación o contratación de las decisiones que la sostienen. Un consenso de opinión al margen de la ideología y de la posición social sobre la dirección que debe seguir el proceso económico “liberado” de las intromisiones de la política y guiado por consideraciones avaladas por la ciencia económica es asimismo un elemento importante en ese aislamiento democrático.

La crítica a la gobernanza económica surgida en la euro-zona con especial virulencia a partir del 2010 se inscribe en este discurso sobre autoritarismo y liberalismo. Y establece una relación entre la “arquitectura institucional” de la gobernanza económica y la degradación democrática del Estado Social y del propio Estado de derecho en una perspectiva multinivel.

(Continua en un próximo post)

REVISTA DE DERECHO SOCIAL LATINOAMÉRICA. RENACER DE UNA REVISTA

(En la primera foto, Umberto Romagnoli presenta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el 2006, el número 1 de la Revista de Derecho Social - Latinoamérica. En la fotografía posterior, el consejo de redacción de la revista en Colonia (Uruguay) en el 2009). 

La Revista de Derecho Social – Latinoamérica nació en el 2006 como una aventura americana de la editorial Bomarzo que pretendía construir en el espacio cultural latinoamericano un instrumento de comunicación y de debate entre iuslaboralistas americanos y europeos sobre la base de un intercambio de elaboraciones doctrinales y de interpretaciones de los diversos sistemas jurídicos, a mitad camino entre el comparatismo y la reflexión común sobre la regulación del trabajo y, más en general, sobre la preservación de los valores democráticos y ciudadanos en el espacio de poder acotado por la prestación de trabajo en una economía de mercado.

Este propósito se pudo cumplir por la presencia de Oscar Ermida Uriarte, espléndido jurista uruguayo y reconocido experto en todo el continente americano, que desempeñó el cargo de director de la Revista junto con Antonio Baylos. La iniciativa contaba asimismo con el apoyo decidido de otros excelentes profesores como Joaquín Aparicio, Hugo Barretto y Guillermo Gianibelli en los puestos ejecutivos de la Revista, pero la actuación de Oscar Ermida y su capacidad de planear y llevar a cabo el proyecto y saber realizarlo en cada número fue determinante para el éxito de la empresa.

La revista, cuyo formato conscientemente se asemejaba a la Revista de Derecho Social que se publicaba en España – su “hermana mayor” – se estructuraba en seis secciones. En la primera, Estudios, se recogían artículos sobre la problemática teórica o práctica del derecho del trabajo y de la Seguridad Social en el formato clásico de cualquier revista jurídica. A continuación se abría la sección que se denominaba Conflictos, en la que se analizaban determinados conflictos sociales que tuvieran un cierto relieve y fundamentalmente que permitieran obtener indicaciones válidas sobre la apertura de nuevas opciones regulativas como consecuencia de los mismos, o que presentaran innovaciones en cuanto a la organización colectiva del conflicto y su relación con las instancias “ordinarias” de representación o de movilización. La tercera sección, Tendencias, buscaba expresamente concentrar intervenciones desde diferentes realidades nacionales sobre un mismo tema, valorizando la posible convergencia de las soluciones adoptadas en los respectivos ordenamientos internos, o mostrando por el contrario las líneas de divergencia que se planteaban y la relevancia doctrinal, política o ideológica de estas líneas de desarrollo. Una cuarta sección, Entrevista, quería rescatar mediante la técnica de la entrevista, a los grandes fundadores del Derecho del Trabajo a ambos lados del Atlántico, ofreciendo así una especie de “medallones” de quienes ya se habían jubilado de su labor como profesores o abogados pero seguían ostentando la condición de viejos maestros. La penúltima sección, bajo el rótulo de Noticias incluía documentos, manifiestos o sencillamente breves noticias de actividades que se podían considerar de interés y que no requerían un análisis más detallado en aquel momento. Una clásica sección de Libros cerraba el esquema de la Revista, en la que se comentaban de forma breve y más bien descriptiva, las novedades bibliográficas que se seleccionaban como de mayor interés.

La revista quería ser bilingüe, de manera que se publicara en castellano y en portugués, aunque la proporción de artículos en una u otra lengua fue muy desigual en perjuicio de este último, pero siempre se mantuvo esta regla de incorporar al menos dos aportaciones en esa lengua en cada número de la revista. Una revista que en la presentación de su primer número se reclamaba de la noción de Estado Social y del “rol sustantivo” de los sindicatos en la acción expansiva de los derechos laborales y su efectividad, y anunciaba que se implicaría en “la construcción cotidiana de un proyecto emancipador” que se habría de articular en todas las escalas posibles, reconociendo un “espacio común latinoamericano” de reflexión y de coordinación de los diferentes grupos que se identificaban con los valores e intereses que han generado el Derecho del Trabajo y los sistemas de Seguridad Social. Moviéndose en un “tiempo de derechos” sobre el trabajo que habrían de converger en el diseño de un “modelo democrático de relaciones laborales” a partir de cada uno de los espacios nacionales, que se basara en el trabajo como eje de ciudadanía y en los derechos colectivos e individuales de los trabajadores como instrumento de la realización material de este proyecto.

A partir de la Revista,  y bajo sus auspicios, se organizaron también seminarios de estudio bianuales siempre en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en Montevideo, donde se dieron cita un amplio plantel de estudiosos del derecho del trabajo de toda Latinoamérica. El primero se celebró en el 2007 bajo el título “Después del neoliberalismo: cambio político y derecho del trabajo” y hacía referencia a los cambios políticos que se estaban realizando en el continente tras la década neoliberal que había culminado con el “corralito” argentino y había determinado la victoria de la izquierda en Uruguay y en Brasil, además del área andina (Bolivia, Venezuela, Ecuador). El segundo se hizo dos años después, sobre la temática de los “Derechos laborales como derechos humanos”, en donde asimismo participaron exponentes académicos de una gran parte de países latinoamericanos. Con los materiales de estos encuentros se pretendía realizar un libro colectivo, pero por problemas editoriales esta iniciativa no puedo completarse. El último de los encuentros se celebró en 2011, siempre en Montevideo, sobre “el rumbo de las reformas”, que realmente se convirtió en un seminario de homenaje a la memoria de Oscar Ermida, que había fallecido poco antes. A partir de ahí la revista no volvió a salir, incapaz de superar la desaparición de aquel que había sido su principal impulsor.

Han pasado cuatro años desde entonces, y en el marco de la vigorización de la editorial Bomarzo, que comprende la construcción de una nueva página web y su salida a las redes sociales, se ha planteado la posibilidad de relanzar la Revista de Derecho Social – Latinoamérica en una nueva etapa, con cambios en el formato, haciéndola a partir de ahora una revista exclusivamente digital, y modificando en algunos aspectos su estructura.

¿Por qué es posible considerar esta nueva etapa de una revista de ámbito latinoamericano sobre el derecho social?  Son varios los motivos que permiten concebir que este proyecto es recomendable. En primer lugar, por el contexto político en el que nos movemos, en el que la resolución de la crisis que ha afectado fundamentalmente a USA y a Europa se ha desarrollado a partir de la aplicación plena de los parámetros económicos, sociales y políticos marcados por el neoliberalismo, que se está afirmando de manera centralizada con independencia de las diferentes opciones de gobierno o, en el caso de Grecia, aplastando cualquier planteamiento discordante de base democrática. Por su parte en América Latina, tras una década de cambios políticos en buena parte del continente, se desencadenan presiones muy fuertes hacia la involución con el apoyo pleno de unos medios de comunicación en manos de fuerzas económicas muy significativas que apuestan por terminar con las experiencias de una cierta nivelación democrática que se habían desarrollado, a la vez que se evidencian las señales de agotamiento del modelo político que se había implantado en países como Venezuela, Argentina o Brasil. El panorama del pensamiento crítico de lo que podríamos llamar izquierda política se encuentra en ebullición, ante la crisis de la socialdemocracia en Europa y la dificultad de concebir una profundización de los modelos políticos de fuerte base nacional estatal puestos en práctica en el marco latinoamericano, lo que es especialmente grave respecto de la izquierda social, ante la crisis del sindicalismo y el agravamiento de las cuestiones sociales ante la embestida del neoliberalismo que no sólo se aposenta en Europa sino que tiende a expresarse como fuerza de recambio en Latinoamérica. Las experiencias de Portugal y de España frente a las políticas de austeridad y el caudal de aportaciones críticas – y de realizaciones concretas – que estos procesos han inducido, puede ser asimismo de utilidad.

En ese contexto, la búsqueda de elementos comunes de identidad metodológica y crítica respecto de los mecanismos de regulación jurídica del espacio social, con especial atención al derecho del trabajo y a la conformación de la estructura de protección que suministra la seguridad social, es un objetivo que merece la pena intentar. Lanzar una revista que pretenda abordar el espacio cultural que habla en castellano y en portugués y que se especialice en el análisis de los procesos de regulación del trabajo y la construcción de ámbitos de ciudadanía social, privilegiando esa perspectiva comparada y, simultáneamente, pretendiendo extraer de las distintas realidades nacionales una cierta identidad basada en un proyecto  de emancipación que vea en el trabajo el eje de construcción de un modelo de democracia social, contribuye por tanto a interrogarse sobre los caminos de la libertad que pueden ser surcados para la progresiva eliminación de las desigualdades económicas, sociales y culturales que permite la explotación del trabajo y la sumisión voluntaria de los ciudadanos a poderes irresistibles y despóticos.

Una iniciativa de este tipo puede por tanto ayudar a la consolidación de un espacio cultural que vaya generando una línea de pensamiento crítico con implantación significativa entre los juristas del trabajo de las distintas naciones que componen esa comunidad, con especial mención de los profesores de universidad, los sindicalistas y expertos en relaciones laborales y aquellos que desempeñan su actividad en las diversas agencias institucionales de mediación social, especialmente públicas – magistratura, administración laboral – pero también privadas como organizaciones no gubernamentales o diferentes grupos y movimientos sociales. En ese universo es muy frecuente la división ideológica y corporativa, además de la inexistencia de un hábito de cooperación constructiva en la determinación de líneas de análisis y de compartir resultados. La revista quiere permitir el contraste libre y no condicionado de las diferentes miradas sobre la realidad social y la insatisfacción que producen las distintas experiencias habidas de resolución de la problemática planteada. Es en ese sentido en el que se puede hablar de un planteamiento pluralista como base de la acción cultural agrupada en torno a la Revista.

La presencia académica y la influencia de esta línea de pensamiento sobre la forma de producir teoría sobre el derecho social a la vez que analiza las experiencias prácticas que se están desarrollando sobre la regulación del trabajo y la protección social debería resultar vigorizada por la Revista como lugar de encuentro teórico y de examen de las realizaciones concretas en cada realidad nacional. Permitiría además una cierta visibilidad de formas de enfocar los problemas de la regulación laboral  y social – y la forma en la que ésta se despliega – que normalmente no se produce ni se resalta en otras publicaciones científicas. El predominio de enfoques decididamente neoliberales sobre estas cuestiones requieren un contrapunto fuerte, al cual puede servir en efecto la construcción de este espacio de debate y de elaboración teórica alternativa.

Todo ello explica por consiguiente las razones por las que vale la pena avanzar en el relanzamiento de esta Revista de Derecho Social Latinoamérica, en una nueva etapa. La restructuración de algunas de sus secciones y el cambio de formato, reposando en lo sustancial en una página web y en su carácter electrónico, permite una mayor flexibilidad pero asimismo una mejor distribución y alcance. Se prevé su lanzamiento para febrero del 2016, y para ello a su vez será precisa una remodelación de sus estructuras de dirección y de administración, que se irán oportunamente anunciando. Pero este tipo de pasos imprescindibles para que el producto final pueda estar a disposición de los lectores en el tiempo programado, no obsta para que ya se pueda apostar por la presencia de este nuevo instrumento de comunicación teórica, cultural e ideológica sobre el derecho social que busca afirmarse como un elemento importante de reflexión y debate en el espacio cultural latinoamericano que habla castellano y portugués. La Revista de Derecho Social – Latinoamérica es ya un proyecto en marcha. Una nueva etapa que comenzará en febrero del 2016. Lo que es una buena noticia, realmente.

¿PARA QUE SIRVEN LOS JURISTAS DEL TRABAJO?

La crisis ha inducido un universo de reformas denominadas del mercado de trabajo en el sur de Europa. Este tipo de intervenciones han sido criticadas por los especialistas en derecho del trabajo, pero sus críticas no han sido en nada tenidas en cuenta. En esta nota se cuestiona el valor que esta capa de expertos tiene en el conjunto de la sociedad y las consecuencias de su proclamada irrelevancia.

Desde el pacto del euro que marca el desarrollo de la crisis griega en el 2010 y el inicio de lo que hoy conocemos como un principio de gobierno económico de Europa fuera de y más allá de las instituciones políticas europeas, se han ido sucediendo las  llamadas reformas estructurales en el sur de Europa desde Grecia a Portugal, pasando por España e Italia, y afectando en una medida más reducida a Francia y Bélgica, entre otros países. En cada uno de ellos el tipo de intervención y el ritmo de los cambios normativos han ido variando, aunque las líneas de implantación siguen el mismo modelo, pero éste se descompone en diferentes fases en las que influye el tipo de resistencia ciudadana y su articulación con los movimientos sociales y la posición institucional que ocupan los sujetos colectivos que representan al trabajo asalariado. Por el contrario, la orientación política de los partidos que sostienen los respectivos gobiernos de tales países no han sido determinantes, salvo el caso excepcional de Grecia tras la victoria de Syriza.

El caso de Italia es muy significativo a este respecto. Las reformas han comenzado pronto, con el último gobierno Berlusconi (2011), y se han desarrollado bajo el gobierno “técnico” de Monti (2012), y cuando parecía que cabía esperar del voto popular a las candidaturas del PD – tras el intento fallido de Bersani de formar gobierno en el 2013 – una cierta reformulación de estas políticas, durante 2014 y 2015 la reforma laboral del gobierno Renzi ha insistido en la misma dirección que las anteriores, considerando que el centro de éstas debía ser la regulación del despido. Es decir, la protección del derecho al trabajo que el despido vulnera si se realiza de manera contraria a la norma, sustituyendo el sistema de estabilidad real por otro resarcitorio, de manera que el empresario tenga “licencia para despedir” – en la gráfica  expresión de Romagnoli – aunque el trabajador pueda percibir una indemnización si el acto de extinción fue ilegítimo o no se sometió a la causa fijada por la ley o el convenio colectivo. Ese es el sentido del muy publicitado “contrato de tutelas crecientes” que ha sido la estrella de este conjunto de reformas y que es un producto muy semejante al que entre nosotros se denomina “contrato único”.

Renzi ha hecho suyo el planteamiento ideológico de un bien conocido senador del PD - aunque en las elecciones del 2013 fue en las listas del Presidente Monti – Pietro Ichino, muy activo en la aproximación del PD a la “tercera vía” de Blair, según el cual se debe pasar de la propiedad del puesto de trabajo (que, como buen italiano llama job property) y que cifra en la readmisión forzosa ante el despido improcedente, a la responsabilidad o liability del empresario que ha privado injustamente del puesto de trabajo al trabajador despedido. En el fondo lo que hay es la aceptación convencida del “modelo mediterráneo” de flexibilidad (¿o alguien todavía la llama flexiseguridad?) según el cual la rigidez, frigidez e inadecuación o insensibilidad al mercado del derecho del trabajo (Martelloni) se concentra en las tutelas previstas respecto de la extinción unilateral del contrato de trabajo. El otro elemento del modelo es el de la rigidez salarial y tiene que ver con la negociación colectiva sectorial que se sustituye por la negociación “descentralizada” y los acuerdos de empresa, pero esto no viene ahora al caso.

Lo más llamativo para quien ve las cosas desde lejos es que la reforma Renzi en Italia ha generado una respuesta muy crítica por parte de los intelectuales que teorizan sobre el Derecho del Trabajo, los juristas italianos del trabajo, más fuerte y con juicios de valor más extremos que respecto de reformas precedentes salvo quizá respecto de la llevada a cabo por el gobierno Berlusconi en el 2011, por cierto actualmente en vigor, sobre la capacidad de los acuerdos de empresa de derogar in peius lo establecido en los convenios sectoriales nacionales y en la propia norma estatal.

Basta acudir al último número de la revista Lavoro e Diritto (nº 1/2015) para comprobar este extremo criticismo. Para Umberto Romagnoli la reforma del 2014-2015 persigue cuatro grandes objetivos: glorificar la primacía de la autonomía dispositiva de las partes dentro del sistema de fuentes que regula la relación laboral, marginar la tutela jurisdiccional de los derechos, relegitimar la asimetría histórica de la relación laboral con la “eutanasia” de la readmisión forzosa que preveía el art. 18 del Estatuto de los Trabajadores, y en fin, restaurar el poder unilateral de mando en la relación de trabajo, un juicio demoledor en su conjunto. El “itinerario regresivo” de la legislación italiana lo subraya Mariucci en una contribución imprescindible para conocer y comprender el sentido de la reforma, su relación con el proceso histórico de ésta y las bien fundadas dudas sobre su constitucionalidad. Éstas no sólo tienen que ver con la forma de la delegación legislativa y la transgresión de los límites que el sistema constitucional le impone, sino con la transformación del despido de un poder empresarial que debe ser regulado por la norma y la autonomía colectiva a su consideración como un derecho del empresario cuyo ejercicio no debe encontrar obstáculos desproporcionados. A la inconstitucionalidad se suma el incumplimiento de la normativa europea considerada básica, como la Carta de Derechos Fundamentales, hard law, que se tiene que distinguir de los actos de la gobernanza económica, expresión de soft law que “no son fruto de procedimientos democráticos, ni siquiera en el sentido más genérico del término” (Guazzarotti). En definitiva, y como expresará Maria Vittoria Ballestrero, “cuando se coloca al trabajador ante una cantidad (por lo demás modesta) de dinero como sustitución de la readmisión en el puesto de trabajo que injustamente se le ha privado, se viola el significado constitucional del trabajo (arts. 1 y 4 de la Constitución Italiana) y también su dignidad, porque el trabajo es parte esencial de su personalidad”.

Este es el tenor general de la valoración de la reforma laboral, una mirada crítica y negativa sobre la misma que puede seguirse detalladamente en el número señalado de la revista Lavoro e Diritto, donde, además del encuadramiento doctrinal de Romagnoli y el examen histórico y político de la misma llevado a cabo por Mariucci, es posible explorar otros aspectos que abordan otros juristas de prestigio. Así, sobre los perfiles de inconstitucionalidad y el quebrantamiento del principio de igualdad (Ballestrero), la resistencia al control jurisdiccional de los despidos y el intento de evitarlos sustituyéndolo por un pacto indemnizatorio (Martelloni), el ejercicio fuerte del poder unilateral del empresario y la subsistencia agravada de diversas formas de contratación temporal y de suministro de mano de obra (Lassandari) o las limitaciones del sistema de desempleo que la nueva normativa pone en práctica (Renga).

El muy señalado desapego respecto de la legislación reformista – la reforma del trabajo – de los juristas italianos es un dato sobre el que merece detenerse. En prácticamente todos los ordenamientos reformados la capa de los iuslaboralistas ha reaccionado criticando este tipo de reformas. Y en todos ellos el poder político ha desoído estas consideraciones, en la mayoría de los casos ignorándolas en cuanto opiniones doctrinales, aunque criticándolas con fuerza en la medida en que eran asumidas por la interpretación judicial. El caso español de la revisión doctrinal de los despidos colectivos o de la ultra-actividad de los convenios puede servir de ejemplo. Solo son atendidas y criticadas con saña por el Gobierno en la medida en que penetran en la interpretación judicial del Tribunal Supremo. Un horizonte de voces concordantes con el poder económico propaga esa opinión en los medios oficiales, públicos y privados, al servicio del poder económico, silenciando cualquier otra discordante.

En el caso italiano, la separación de las opciones de gobierno de esta bien desarrollada y potente elaboración teórica del iuslaboralismo que en si mismo ofrece un muy valorado asidero a los actores sociales – los sindicatos – y a las fuerzas políticas en el proyecto de sus programas de acción, es un signo inequívoco de la “transformación profunda” que está experimentando el curso de las cosas. Que naturalmente no se mide en las mismas dimensiones que en España puesto que los anclajes del iuslaboralismo en el campo sindical – aunque con la división que se da entre las distintas organizaciones hace que sea la CGIL el principal referente del mismo – y en el conjunto de las instituciones laborales, son diferentes y están más sólidamente implantados. La posibilidad de poner en práctica “políticas constitucionales” sobre el trabajo (Ballestrero) es más practicable por obra de un marco constitucional mucho más decidido y seguro en cuanto a la tutela del trabajo que el ofrecido por la Constitución española, pero asimismo las garantías jurisdiccionales funcionan en Italia de forma más democrática, como se puede comprobar de la lectura de los dos fallos de la Corte Constitucional de aquel país ante dos temas centrales para la gobernanza de la crisis, la inconstitucionalidad de ciertos aspectos de la reforma de las pensiones (sobre la que Borja Suarez ha hecho un comentario en la revista Derecho de Relaciones Laborales 4/2015) y el muy reciente sobre el bloqueo de la negociación colectiva de los empleados públicos.

Lo que sugiere ese desapego es algo más que la prescindibilidad del derecho, de la perspectiva que ofrece el derecho del trabajo como un componente fundamental del estado democrático y como conjunto normativo que asigna espacios libres a la acción política del ciudadano que trabaja. La ignorancia de la relevancia que tiene la titularidad de derechos que deben preservarse en el espacio de autoridad y dominio que es la empresa, en los lugares donde se lleva a cabo la actividad laboral es en sí misma un dato muy significativo.

Se conecta ciertamente con el cambio de perspectiva sobre el propio sentido y funcionamiento del Derecho del Trabajo, concebido ya desde hace tiempo como “orientado al empleo” (Jeammaud) o en la formulación británica de los tiempos blairianos, como el derecho del mercado de trabajo que debe buscar el buen funcionamiento del mismo, de manera que sus normas son deseables o indeseables en razón de su propensión a hacer funcionar mejor el mercado (Dukes), produciendo en consecuencia el desplazamiento de la protección del trabajo desde la relación laboral al mercado de trabajo (Mariucci). Pero en el curso de estas reformas “estructurales” el tema va más allá, rompiendo el significado de la noción de derecho de los trabajadores. Estos no se conciben como posiciones activas de poder jurídico, sino como reflejo pasivo de las capacidades y de las facultades del poder privado que se residencia en la titularidad de la empresa, cuyas decisiones organizando el trabajo y ajustando el empleo requerido son las que integran el plan de gobierno de la economía y determinan el conjunto de posiciones en las relaciones de trabajo.

El tema es interesante porque el gobierno de la economía es una potestad hoy recentralizada en estamentos de mando y de dirección de un conglomerado político y financiero de carácter intergubernamental e institucional que enerva la soberanía estatal, y se coloca fuera de cualquier control democrático, o , más aun, en plena oposición a él, como se ha comprobado en el caso del referéndum griego y la imposición a esa nación de las terribles condiciones subsiguientes como castigo. Si este gobierno supranacional – la “gobernanza económica” – se coloca al margen de las instituciones europeas y  no tiene en cuenta o incluso se construye contra el espacio democrático de derechos basado en la libertad y la igualdad de las personas y de los sujetos colectivos que las representan y en los que éstas se integran, ¿cuál es entonces la viabilidad de quienes trabajan teóricamente sobre este espacio si su actividad cae en el vacío, carece de incidencia y se desliza sobre una narrativa que no se concreta en la realidad nacional, puesto que todas las construcciones de sistema son consideradas prescindibles y sin valor, o confrontadas a los valores que deben materialmente realizarse?

En gran medida la conciencia de la inutilidad del esfuerzo teórico y doctrinal frente al desapego del mismo por el poder político legitimado electoralmente, que es ignorado y contrariado directamente por la producción legislativa de origen cada vez más gubernamental y afectada de severa bulimia normativa, y que solo encuentra parcial acogida en el argumentario sindical impotente frente a esta acción de cambio institucional, genera un cierto pesimismo de oficio. En el caso español además la sumisión entusiasta del órgano de control constitucional ante el diseño autoritario de las relaciones laborales acentúa esa condición de desasosiego de la doctrina laboralista, de la que hay frecuentes ejemplos. Un pesimismo docrianl que sin embargo no ha impedido que se reforzara la capacidad de argumentación crítica y el juicio de valor negativo sobre los aspectos técnicos y la significación autoritaria y antidemocrática de las reformas en acto.

Cabe preguntarse si ese caudal crítico que acumula la opinión de los juristas del trabajo de ambas culturas, italiana y española, tiene visibilidad en los discursos que se confrontan en el espacio público. No sólo en la medida en que se incorporen a los programas de los sindicatos y de las fuerzas políticas en su condensación como propuestas de acción, sino en cuanto sean capaces de abrir un terreno de debate y de confrontación pública y ciudadana sobre la manera de comprender el trabajo y la empresa como lugares en donde se despliegan los derechos de las personas que trabajan y que les corresponde como ciudadanos de un Estado democrático.

Es este un reto importante de los próximos meses, en especial en la situación española en la que forzosamente se tienen que habilitar lugares de intercambio de opiniones y de comunicación ciudadana desde donde quepa enunciar proyectos generales de convivencia y de regulación política y jurídica en los que el Derecho del Trabajo se rediseñe en el contexto de esa relación desigual y asimétrica que funda la relación jurídico-laboral  politizándola en un sentido más libre e igualitaria, restringiendo en términos democráticos el poder privado sobre las personas que lleva consigo el sistema de trabajo asalariado. En ese nuevo diseño los juristas del trabajo tienen mucho que decir. De hecho lo llevan diciendo ya hace tiempo y es hora que se les escuche.