Vuelve la normalidad cotidiana y se acaba el tiempo de las vacaciones. El relativo apagón informativo que se tiene durante este período se termina asimismo y retornan los viejos problemas esta vez ante un proceso electoral casi permanente, primero en Catalunya y luego a nivel de todo el Estado. A continuación, una reflexión sobre los presupuestos generales y las nuevas mayorías que pueden conformar los próximos procesos electorales.
El significado de los presupuestos generales del Estado es el de acompañar una línea política determinada
surgida de las mayorías que se han expresado en las elecciones generales. Desde
el inicio de la democracia, el control del presupuesto ha sido un elemento
central en la definición de un Estado moderno, y la manera en la que se
adecuaba técnicamente la posición política de las mayorías democráticamente
elegidas. Por consiguiente los Presupuestos del Estado materializan, año tras
año, los programas de gobierno del partido o de la coalición de partidos que
han sido votados por la población. Están directamente relacionados con los
procesos de formación de las mayorías políticas que conforman el sistema
democrático liberal.
La situación actual rompe claramente con este planteamiento básico en los
sistemas democráticos. El martes 25 y miércoles 26 de agosto se han sometido a
votación en el Pleno del Congreso de los Diputados los PGE, con la defensa de
las enmiendas a la totalidad – y su consiguiente rechazo por el partido que
detenta la mayoría parlamentaria - y antes
del 4 de septiembre tendrá que estar aprobado el informe de ponencia, que se
elevará a la Comisión. Esta tendrá hasta el 11 de septiembre para aprobar el
dictamen, que deberá volver al Pleno del Congreso ente los días 14 y el 16 de
septiembre. Una vez aprobado pasara al Senado.
El problema principal no es este calendario que reduce de forma inmediata
la capacidad del parlamento de discutir a fondo sobre las posibles opciones de
gasto público y por consiguiente del sentido real de un programa de gobierno,
sino el de que el Partido Popular quiere expresamente impedir que el resultado
de las elecciones generales que deben convocarse para su realización a finales
de este año 2015 puedan decidir nada sobre la acción del estado durante un año,
en el que se adoptan las decisiones más significativas del cambio. Es decir, el
partido del gobierno quiere impedir que el nuevo Parlamento que surja del
proceso electoral de noviembre del 2015 pueda establecer las condiciones
técnicas de materialización de su programa de acción durante todo un año. El
gobierno de Rajoy enajena así la voluntad
democrática del pueblo, la anula temporalmente para que no pueda ser eficaz.
Una vez más demuestra su pulsión autoritaria.
Poco importa que en esa operación Rajoy
cuente con el aval de las autoridades financieras y políticas de Europa, y
que actualmente, como ha señalado Tusk,
las preocupaciones del Consejo Europeo sean mucho más políticas que económicas,
intentando por todos los medios que en el Consejo se sienten opciones contrarias
a las políticas de austeridad para lo que es preciso blindar la situación en
los territorios colonizados por las orientaciones antisociales de la Troika, como señaladamente lo es la
provincia española gobernada por el PP. Lo que es denunciable claramente es el
desprecio a la democracia que estos gobernantes mantienen, y que no sólo se ha
manifestado en el caso griego y su castigo expreso a la insolencia democrática
de consultar al pueblo, sino que en el supuesto español acompañan la operación
antidemocrática de anular el principal instrumento a través del cual se expresa
el cambio político en un país tras las elecciones.
No se puede por consiguiente juzgar estos Presupuestos desde los parámetros
habituales de los años anteriores, cuando la mayoría parlamentaria del PP
imponía su ideario – ya que no su programa electoral, que en noviembre del 2011
lo ocultó conscientemente en una operación de fraude electoral bien conocida –
año a año y recorte a recorte. Hay análisis muy interesantes y exhaustivos sobre
la orientación actual de los PGE actualmente en debate, que restringen la inversión
pública y el gasto social real – salvo los incrementos naturales del gasto en
pensiones por el envejecimiento poblacional – a la vez que reducen los impuestos
a quienes más tienen, y leer algunas de las enmiendas a la totalidad
presentadas por la Izquierda Plural, o, dentro del Mixto, por Amaiur, ERC, BNG, Compromís,
o algunas reflexiones interesantes de la del Grupo Socialista o del PNV,
permite hacerse una idea de los defectos importantes de esta Ley de
Presupuestos y sus omisiones sintomáticas. Pero esa crítica, con ser
importante, no alcanza a objetar de raíz lo que la operación implica: un hecho
clamorosamente antidemocrático que quiere impedir la capacidad de acción de las
nuevas mayorías que se expresen en las elecciones generales.
En un Parlamento que aprueba, según hemos sabido, una ley semanalmente, sin
debate público, como una máquina de registrar las decisiones ya tomadas por un
gobierno legislador que, como en los tiempos de la Ley Orgánica del Estado del
extinto Caudillo, dirige y gobierna la actividad legislativa y normativa del
país, la aprobación de la Ley de los Presupuestos generales del Estado para el
2016 significa no solo despreciar el mecanismo electoral que expresa el sentir
de la mayoría de los españoles, sino desconfiar directamente del mismo y
traicionar su fundamento. Un acto antidemocrático de excepcional relevancia que
debe ser recordado y, en la medida de lo posible, enmendado tras el resultado
de las elecciones generales que vienen.
