EL INDICE GLOBAL DE LOS DERECHOS: LA (MALA) SALUD DE LOS DERECHOS SINDICALES EN EL MUNDO

La Confederación Sindical Internacional elabora cada año un informe sobre el estado de los derechos sindicales en el mundo, que toma el pulso a las tendencias antidemocráticas y autoritarias que se producen en las distintas regiones del planeta. Se trata de una información especialmente interesante de la que se pueden deducir correlaciones muy importantes, como las que se pueden dar entre neoliberalismo y restricción de derechos, o, en América Latina, cambios políticos recientes e inmediata degradación de derechos sindicales.

El Informe clasifica a los países en seis grupos, desde aquellos en los que las violaciones de los derechos sindicales son esporádicas u ocasionales (grupo 1) a aquellas en las que éstas son “repetidas” (Grupo 2), a aquellos otros dos en los que las violaciones son “regulares” (grupo3) y “sistemáticas” (Grupo 4). Finalmente, el Grupo 5 incluye a aquellos Estados en los que los derechos sindicales “no están garantizados” y se ha añadido un grupo 5+ en los que los derechos no están garantizados debido “a la destrucción del Estado de Derecho”.

La mayoría de los países europeos occidentales se encuentran en el Grupo 1 salvo España, Portugal, Bélgica e Irlanda, que el Informe sitúa en el Grupo 2. El cambio político sucedido en Argentina y el golpe de estado institucional en Brasil con la destitución de la presidenta elegida democráticamente, ha llevado aparejada una situación de degradación correlativa de derechos sindicales, y Argentina y Brasil están ahora situados en el Grupo 4 de los países en los que se constatan violaciones sistemáticas de derechos, grupo que comparten con el Reino unido, que asume el neoliberalismo como política autoritaria de estado. En líneas generales, es preocupante que el número de países donde se han registrado casos de violencia física y amenazas contra los trabajadores y trabajadoras se ha incrementado en un 10 por ciento en apenas un año, y como era previsible, las áreas más turbulentas del norte de África y Oriente Medio, donde el Estado ha desaparecido como referencia de la legalidad, son aquellas en las que sistemáticamente se violan los derechos sindicales.

Para los europeos, es importante constatar que la desertización política y económica que generaron las políticas de austeridad en Grecia, coloca a este país en el grupo 5 del informe, y que la privación de la libertad sindical acompaña a prácticas muy extendidas de trabajo forzoso en las monarquías de la península arábiga con las que mantenemos excelentes relaciones comerciales que ignoran el aplastamiento de los derechos humanos que en tales países se producen.

A continuación se inserta la introducción al Informe que realiza Sharan Burrow, la secretaria general de la CSI, en la que se ofrece una visión panorámica del mismo:

El Índice Global de los Derechos de la CSI aporta una perspectiva de las violaciones de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que tienen lugar en todo el mundo, y que siguen siendo considerables, siendo particularmente preocupantes los casos de detenciones y violencia contra sindicalistas. Sabemos que cuanto mayor es el nivel de respeto de los derechos sindicales por parte de Gobiernos y empleadores, mayor será el nivel de igualdad y justicia en la sociedad. Así pues, es importante que las violaciones de los derechos de los trabajadores y trabajadoras se registren, analicen y publiquen con vistas a lograr ese objetivo.

Oriente Medio y el Norte de África continúan siendo lugares altamente peligrosos para los sindicalistas en lo que respecta a la violencia, arrestos arbitrarios y detención injustificada. Ha sido una vez más la peor región del mundo para los trabajadores y trabajadoras. El simple hecho de ser sindicalista en muchos países de la región resulta peligroso, y el ejercicio de la libertad sindical resulta imposible en la práctica. De hecho, en nuestra lista de países incluidos en la categoría 5+ donde no existe garantía alguna de los derechos debido a la desintegración del Estado de derecho, figuran Palestina, Siria, Iraq, Yemen y Libia. Otros países clasificados en la categoría 5 y donde los derechos no están garantizados a causa de la exclusión de millones de trabajadores/as migrantes en base al sistema de la kafala incluyen Qatar, los EAU, Arabia Saudita y Kuwait.

En África, los países que entran en la categoría 5+ son la República Centroafricana, Eritrea, Somalia, Burundi, Sudán del Sur y Sudán. La tendencia registrada en África es la falta de reconocimiento de los sindicatos con vistas a la negociación colectica y la violenta represión de los actos de protesta por violaciones de los derechos de los trabajadores, como el impago de salarios. Se recurre con frecuencia a arrestar y encarcelar a los trabajadores como táctica para oponerse a las reivindicaciones reclamando mejores salarios, un empleo decente y garantizado y condiciones de trabajo seguras. Zimbabwe, Benín y Nigeria han sido los peores países de la región, donde muchas veces se demoniza a los sindicatos acusándolos de actuar contra el Estado o contra el desarrollo económico del país por el simple ejercicio de sus derechos internacionalmente reconocidos.

En Europa, los sindicatos gozan de más respeto y apoyo en la sociedad, beneficiándose de una firme cultura y tradición de relaciones laborales, especialmente dentro de los Estados miembros de la Unión Europea. Esto queda reflejado en el menor grado de violaciones en la ley y en la práctica en nuestro Índice. Los sindicatos europeos muchas veces son calificados por la élite y la extrema derecha como obstáculos a la competición económica y al progreso, especialmente desde el estallido de la crisis económica. Con demasiada frecuencia en los últimos años estas presiones han derivado en restricciones en la capacidad de los sindicatos, debilitándolos en la práctica a pesar de las salvaguardias legales existentes. En el Reino Unido la peor legislación antisindical en una generación fue debatida en el Parlamento, aunque algunos de los peores excesos del proyecto de ley remitido a la Cámara serían eliminados gracias a la efectiva labor de la central sindical TUC.

Los diez peores países para los trabajadores son Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Filipinas, Colombia, Kazajstán, Corea del Sur, Guatemala, Turquía y Bangladesh. Otros países han descendido en su clasificación este año, incluyendo Ecuador y Myanmar (del 3 al 5), Argentina (del 3 al 4) y Brasil (del 2 al 4).

El número de países donde se ha asesinado a trabajadores/as por sus actividades sindicales aumentó, pasando de 10 a 11 (Italia, Bangladesh, Filipinas, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Perú, Venezuela y Mauritania) y el de países donde los trabajadores/as se han visto expuestos a la violencia se incrementó de 52 países en el informe de 2016 a 59 en el de 2017. Esta violencia incluyó amenazas, secuestros y agresiones físicas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y matones a sueldo de las empresas.

Los derechos a la libertad de expresión y de reunión fueron vulnerados en 50 países en 2017. Este es un hecho preocupante, dado que son importantes derechos habilitantes para los trabajadores y trabajadoras. Resulta particularmente importante en la era Internet que se haga oír un mensaje de igualdad, derechos humanos y solidaridad, y que se transmita lo más ampliamente posible para influir en las políticas y conseguir aumentar la membresía sindical.

Estos son los resultados que se desprenden del Índice Global de los Derechos de la CSI. A lo largo de 2016 y en lo que va de 2017, la CSI ha venido investigando y documentando casos de represión y abusos sufridos por los trabajadores y trabajadoras que se alzaron reclamando derechos y libertades democráticas, igualdad y justicia social. En base a las pruebas recogidas, se ha elaborado esta cuarta edición del Índice Global de los Derechos, donde se clasifican 139 países en función del grado de respeto hacia los derechos de los trabajadores.

El Índice Global de los Derechos cubre las normas fundamentales del trabajo internacionalmente reconocidas, concretamente derechos civiles, el derecho a la negociación colectiva, el derecho de huelga, el derecho de sindicalización y derechos procesales.

La posibilidad de organizarse permite a los trabajadores utilizar su poder colectivo para conseguir mejoras en los derechos laborales, la salud y seguridad en el lugar de trabajo, el derecho a no ser discriminados y la garantía de que no se recurra al trabajo infantil o al trabajo forzoso. 

La primera parte de la publicación ofrece un análisis más detallado del Índice Global de los Derechos 2017, además de incluir una breve descripción de la metodología empleada. La segunda parte del informe presenta ejemplos ilustrativos de las pruebas recopiladas a lo largo del año. Podrán encontrar más información en el sitio web del Informe de la CSI sobre las violaciones de los derechos sindicales (survey.ituc-csi.org)  

UN CIERTO MALESTAR: EL PROBLEMA CATALAN

La revista gallega Luzes prepara para el número de octubre un monográfico sobre “El laberinto catalán”. A través de un buen amigo que sugirió mi nombre, han tenido la amabilidad de solicitarme un texto en el que reflexionara de manera genérica sobre tres preguntas a propósito de cómo se ha desarrollado este tema hasta la actualidad, si su continuación puede originar fenómenos de regresión democrática y si cabría alguna solución dentro del marco constitucional al respecto. Este es el resultado.

I

Es un tema molesto, que genera a muchos de los que vivimos fuera de Catalunya un cierto desasosiego, que no comprenden los amigos y amigas que viven allí todos los días urgidos por las noticias y los sucesos que conforman lo que aquí llamamos “el problema catalán”. No basta con explicarles que la cuestión no radica en que “en el centro” no tengamos una información verosímil de lo que está sucediendo, porque nosotros también nos reímos de que televisión, radio y periódicos ofrezcan noticias y valoraciones de expertos formadores de opinión en las que continuamente se advierte sobre los peligros que acechan a la unidad de la patria y las provocaciones del independentismo frente a las que se requiere una compacta respuesta de los partidos que conforman el “bloque constitucional”. Ni tampoco porque no comprendamos que el problema de la identidad nacional se expresa con absoluta urgencia en una cierta graduación desde el independentismo y soberanismo hasta el federalismo, en una amplia mayoría de catalanes que lo consideran un elemento decisivo en la determinación de su inmediato futuro, que exige un cambio político en esa dirección.

Se trata más bien de la sensación de contemplar impotentes una estructura circular cerrada, en la que se están afrontando posiciones políticas de imposible realización presentadas por el contrario como inamovibles por las partes en liza, y en donde los planteamientos de transformación social que caracterizan a las posiciones de izquierda y progresistas resultan permanentemente bloqueadas y hostigadas. Tiene una gran virtualidad rupturista pero bloquea el desarrollo de otros procesos emancipatorios en el resto del Estado. Esa es la base del malestar con el que tantas personas contemplamos las vicisitudes del proceso de “desconexión” que se está planteando en Catalunya.

II

El impulso soberanista catalán se inscribe en el contexto de los procesos destituyentes que tuvieron lugar entre 2014 y 2015 en España y que se centraron en el cuestionamiento no sólo de las medidas concretas en las que se había encarnado la política de austeridad y la construcción autoritaria de la salida a la crisis, sino en la impugnación de aspectos esenciales del marco constitucional exigiendo un cambio político profundo que alcanzaba la forma y la estructuración del estado, pero también la opacidad de la política y la degradación de las condiciones de vida y de trabajo. La reivindicación del derecho a decidir sobre la integración de la nación catalana en el conjunto del estado español o como estado independiente implicaba afirmar no sólo el carácter plurinacional que se quería rescatar de la visión de España como “nación de naciones”, sino asimismo la pluralidad existente en la sociedad catalana que se proyectaba así sobre la “vieja” y la “nueva” política, constituyendo un punto de partida mayoritariamente aceptado por motivos sin embargo muy diferentes por los distintos sujetos políticos y sociales más relevantes en Catalunya.

El resultado electoral a nivel del Estado que se produjo en diciembre del 2015, mostraba una correlación de fuerzas muy inestable, pero con una presencia hasta el momento desconocida de las fuerzas partidarias de un cambio político profundo. Como se sabe, el desarrollo de ese período parlamentario no tuvo la solución que debería haber obtenido y la repetición de las elecciones en junio del 2016 desembocó en la peor de las fórmulas posibles, con la continuación del gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE, que era plenamente inidóneo para enfocar, entre otros muchos temas, el problema catalán. Que a su vez iba conformando un polo independentista de manera irregular e inconstante, desde la declarada innecesariedad del referéndum al comienzo y las elecciones “plebiscitarias” después, que no lograron su objetivo, hasta la recuperación del referéndum posteriormente, con el compromiso de la desconexión del Estado español y la creación de una república catalana, acompañado de una reformulación de las identidades políticas de la antigua Convergencia y la explosión de fenómenos de corrupción asociados a esa “marca política” a través del fundador de la misma que se acumulaban al panorama general que asediaba al PP desde las diferentes operaciones judiciales que estaban en marcha.

Se ha ido produciendo a partir de ahí un proceso de apropiación del derecho a decidir como opción política que compartían amplias capas de la población catalana por parte de los grupos que conforman la mayoría parlamentaria del parlamento catalán, de manera que se ha presentado el referéndum convocado para el 1 de octubre como la expresión única de este derecho de autodeterminación. La pluralidad de opciones políticas soberanistas o federalistas que reivindicaron ese derecho a decidir han sido excluidas de este proceso, mientras que enfrente se fortalece un polo – dentro y fuera de Catalunya – que niega el referéndum y su virtualidad dirimente y que utiliza el mecanismo de apropiación empleado por el independentismo catalán para rechazarlo de plano. En ese proceso de condensación, las posiciones alternativas que reclaman que todas las opciones políticas se sientan llamadas a participar y que objetan que el referéndum convocado carece de garantías suficientes para poder ser aceptado tanto desde el punto de vista político como desde el reconocimiento internacional, son hostigadas por parte del independentismo como “traición” a la identidad nacional  - subrayando las coincidencias entre la izquierda y la derecha españolista – y por parte del otro polo conservador por su “ambivalencia cómplice”, en una convergencia que tiene en el Ayuntamiento de Barcelona su objetivo principal.

La operación de desconexión plantea problemas jurídicos muy importantes, que en el estado actual de las cosas sólo admite una resolución negativa por parte del Estado español con el aval del Tribunal Constitucional cuya ley ordenadora se ha reformado de manera expresa para poder dirigir y controlar estos movimientos. El gobierno de España desplaza al Tribunal Constitucional la responsabilidad en la toma de decisiones sobre este asunto, que por otra parte, al gozar de toda la atención mediática, impide que la opinión pública conozca la deriva cada vez más recentralizadora de este órgano en sus últimas decisiones sobre aspectos importantes de la asistencia sanitaria o del gasto farmacéutico, por ejemplo.  En cuanto a la producción jurídica de la Generalitat, la ley de convocatoria del referéndum, que no requiere un quorum de participación para considerar vinculante el resultado, y la ley denominada de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana, que la mayoría parlamentaria catalana ha impedido que se admitieran y debatieran enmiendas a la misma y cuya entrada en vigor se pospone a una publicación sin fecha cierta, son textos de eficacia jurídica incierta y de validez remota para el ámbito de aplicación al que van destinadas. A su vez, sin que exista una negociación sobre las materias competencias del Estado, es ilusorio afirmar una transición ordenada de prestaciones sociales y de impuestos desde el Estado español, y la relación con la Unión europea como futuro estado miembro es algo inconcebible sin que previamente se haya iniciado un proceso de organización de la posible secesión de Catalunya del Estado español.

Además, para un iuslaboralista, el problema de la independencia requiere considerar aspectos que normalmente no se mencionan en el debate político actual. Uno de ellos se refiere a la posición que Catalunya puede ocupar en el proceso avanzado de globalización, puesto que cada vez más los procesos globales pueden prescindir de la jerarquía de los estados-nación y articularse directamente con cierto tipo de territorios y de actores locales, lo que es especialmente cierto respecto de las ciudades globales, donde la economía global es organizada, gestionada y financiada. La reflexión sobre el soberanismo y sus consecuencias en orden a la conexión o desconexión del territorio de Catalunya respecto del resto del Estado español tiene que tener en cuenta esta relación con el sistema económico global y en qué medida la opción elegida es más funcional a la inserción en éste, lo que converge con la discusión sobre la incorporación a Europa y a la zona euro, pero lo trasciende y afecta fundamentalmente a los agentes económicos e instituciones financieras que contemplan el proceso en curso.

El segundo tema es el de la contigüidad histórica y material de las clases trabajadoras catalanas con las del resto del Estado español. Las figuras sociales a través de las cuales éstas se organizan son compartidas con el resto de España, en una perspectiva confederal que resulta muy interesante tener en cuenta en orden a comprender que una parte significativamente decisiva de la sociedad catalana no se expresa de manera diferente en los diversos territorios del Estado y que por tanto no pueden concebir una estructuración administrativa y política que escinda de manera definitiva los vínculos de nacionalidad entre Catalunya y España. El hecho de que los sindicatos más representativos, la Comisión Obrera Nacional de Catalunya y UGT – Catalunya, reivindicaran el derecho a decidir en el 2016 y en el momento presente hayan rechazado el referéndum del 1-0, revela los límites de este proceso de apropiación de una perspectiva plurinacional del Estado español por parte del independentismo catalán desde el punto de vista de los sectores organizados de las clases trabajadoras.

III

Todos los casos que se conocen de ejemplos democráticos de reivindicaciones de autodeterminación de territorios de un estado, como Quebec respecto de Canadá o Escocia respecto del Reino Unido, han sido precedidos de una negociación amplia y exhaustiva tanto sobre las condiciones del referéndum como, fundamentalmente, sobre los elementos transicionales que se pueden desarrollar si la consulta diera un resultado favorable a la separación del Estado al que antes pertenecía. Esta es asimismo la condición previa que requiere el reconocimiento internacional de estas consultas populares, además del envío de los correspondientes observadores de la imparcialidad del acto electoral. Estos presupuestos faltan en España, y el gobierno del PP no está dispuesto a entablar un diálogo que le sitúe más allá de los márgenes de autogobierno que establece el actual Estatuto de Autonomía, interpretados de la forma restrictiva que establece el Tribunal Constitucional. El gobierno sabe además que el manejo inteligente de este enfrentamiento institucional con la Generalitat refuerza las posiciones españolistas mayoritarias en el resto del Estado que el PP hegemoniza, por lo que no está tampoco interesado en abrir ninguna vía al diálogo, que no le reporta nada en términos de consolidar su base social. Desde el independentismo catalán, se está alentando un proceso que se da por seguro cuando es evidente que su realización es más que problemática y puede poner en riesgo a funcionarios y empleados públicos cuya participación en el referéndum no puede ser sino a título voluntario y no en función de su relación de empleo. Un creciente número de ciudadanos y ciudadanas catalanas han anunciado públicamente que no irán a votar en el referéndum del 1-0, y esa desafección voluntaria puede multiplicarse ante las dificultades evidentes para abrir las sedes electorales y custodiar las urnas.

Casi de común acuerdo, todos los actores políticos están pendientes de lo que vaya a suceder después del 1-0, perdiendo interés por lo que arroje un referéndum que todos dan por amortizado. Y mientras que para el gobierno del PP el resultado será en todo caso un triunfo de la legalidad nacional y de la posición de firmeza y autoridad sostenida, para la Generalitat marcará la convocatoria forzosa de unas elecciones en las que es muy posible que se produzca una polarización del voto en las listas de Esquerra Republicana, desplazando la hegemonía que en el nacionalismo catalán tenía CiU con el PdeCat como heredero forzoso, de una parte y de otra, en paralelo, un fortalecimiento de Ciudadanos como la lista no independentista más clara y radical, sin que haya un papel muy preponderante para las opciones socialistas o de Catalunya en Común aplazando por tanto la apertura de un proceso de discusión colectiva, política y social, sobre esta problemática.

La cuestión más complicada es que en ese momento la izquierda progresista carece de un proyecto al respecto que tenga influencia decisiva en la sociedad catalana ni en la española, más allá de sostener principios muy fuertemente anclados en valores de respeto democrático y de la pluralidad ideológica que la caracteriza. Tampoco a nivel del Estado tras el 1-0 se prevén cambios significativos en el horizonte político, sin que el previsible incremento de la conflictividad salarial en torno a la negociación colectiva, y la continuidad de las luchas contra la privatización y la precariedad, junto con la reivindicación de los servicios públicos en especial sanidad y educación, vaya más allá de esta dimensión socio-política en la que se despliegan y  pueda ser un detonante de un rumbo diferente que construya alianzas políticas capaces de alterar el equilibrio actual de poderes.

Ese estancamiento de la situación política, unida a la frustración de sectores del independentismo que han sido convencidos de la irreversibilidad de las decisiones adoptadas por su gobierno en torno a un nuevo estado catalán organizado en forma de república, contribuye al enrarecimiento evidente del clima de convivencia civil en Catalunya a partir de estos últimos acontecimientos y plantea serios interrogantes respecto a la solución democrática del mismo. La Constitución española tampoco ayuda a encontrar una salida, clausurada ante un esquema de organización territorial que ha sido progresivamente cerrado por una jurisprudencia extremadamente centralizadora y antiautonomista del Tribunal constitucional, cuya composición no parece poder desmentirse en años sucesivos y que está condicionado por un sistema de reforma que dificulta extraordinariamente cambios importantes en sus estructuras centrales.

No se ve por tanto cómo sea posible romper esa estructura circular cerrada en las circunstancias actuales. Pero hay que eludir las situaciones de anquilosamiento político porque suelen dar lugar a soluciones autoritarias que pretenden poner fin a las mismas. El sistema democrático tiene que encontrar formas de sortear esta posibilidad más que probable si el estancamiento persiste y el problema catalán no se reconduce a unos cauces de negociación y de debate del nuevo modelo de integración en el Estado español, como deseamos muchos.   

EL FUTURO DEL TRABAJO QUE QUEREMOS

Acaba de publicarse, en la colección Historia y Cultura del trabajo de la Editorial Bomarzo, un libro colectivo, coordinado por Laura Mora Cabello de Alba y Mari Luz Rodríguez Fernández que lleva por título "El futuro del trabajo que queremos", en la línea del debate que la OIT está planteando con vistas a su centenario en el 2019. El libro fue precedido de las intervenciones de sus autores en el Seminario que se organizó en Madrid a finales de marzo de 2017. A continuación, se inserta la crta que mandaron las coordinadoras a los autores para preparar la publicación del libro y el índice del mismo. Merece la pena su lectura, ya lo verán.

Queridas y queridos compañeros: os escribimos porque vamos a confeccionar un libro con las contribuciones que hemos presentado ya al Debate Nacional sobre el Futuro del Trabajo que Queremos, que organizó la OIT en Madrid el pasado 28 de marzo. Creemos que la participación en esta Conferencia por parte de l@s profesor@s de la UCLM fue verdaderamente relevante y que, por ello, publicar un libro con nuestras aportaciones a un debate tan importante puede ser de mucho interés en nuestro País, pero también en Latinoamérica.

El libro estará compuesto por las contribuciones de todas las compañeras y compañeros de la UCLM (Marta Olmo, Paco Trillo, Joaquín Aparicio, Antonio Baylos y nosotras mismas, que lo coordinaremos) más la de Margarita Isabel Ramos Quintana y un Prólogo de Joaquín Nieto.

Todos los trabajos están ya presentados y escritos y una de las claves de este libro es que pueda ser el primero que se edite en nuestro País como contribución al debate sobre el Futuro del Trabajo que Queremos, que, como bien sabéis, va a estar presente a lo largo de este año y el siguiente, para culminar en la celebración del Centenario de la OIT en 2019.

Vamos a intentar hacer un libro de consulta ágil y que respete lo más posible el propio formato que había marcado la OIT para su debate. De ahí que los textos deban tener como máximo 15 páginas.

Todos los textos deberán contener un resumen en español y en inglés, así como un sumario. Tipo de cita continental y a pie de página. Letra Times New Roman 12 puntos para el texto y 10 puntos para la nota.

Contamos con la colaboración de tod@s vosotr@s para hacer un libro magnífico y que pueda aportar perspectivas desde una visión pro labor al debate que acaba de iniciar la OIT.

Muchas gracias por vuestra colaboración y un cordial saludo,

Laura Mora                                                 María Luz Rodríguez

El futuro del trabajo que queremos

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Precio: 24 €

ISBN: 978-84-16608-85-0FECHA DE EDICIÓN: 2017 FORMATO: 17x24NÚMERO DE PÁGINAS: 152 COLECCIÓN: Historia y cultura del trabajo

AUTOR/ES: Mora Cabello de Alba, Laura y Rodríguez Fernández, María Luz (Coordinadoras); Ramos Quintana, María Isabel; Olmo Gascón, Ana Marta; Trillo Párraga, Francisco José; Baylos Grau, Antonio y Aparicio Tovar, Joaquín

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El futuro del trabajo que queremos hoy. Laura Mora Cabello de Alba.

Emancipación y trabajo de las mujeres: el futuro igualitario que queremos. Margarita Isabel Ramos Quintana.

Tratamiento del empleo verde en la normativa internacional y europea (especialmente en el Pilar Europeo de Derechos Sociales): la precisa reconfiguración de sus elementos jurídico-laborales. Ana Marta Olmo Gascón.

Trabajo decente y economía digitalizada. Francisco José Trillo Párraga.

Plataformas, microworkers y otros desafíos del trabajo en la era digital. María Luz Rodríguez Fernández.

El futuro de las normas del trabajo que queremos. Antonio Baylos Grau.

La Seguridad Social, un valor universal en un mundo incierto. Joaquín Aparicio Tovar.