viernes, 4 de febrero de 2022

PUNTO FINAL A LA INCERTIDUMBRE JURÍDICA. LA REFORMA LABORAL ES CONVALIDADA EN EL CONGRESO.

 


Todos conocen ya el resultado, que es lo importante. Un conocido laboralista comenta que la votación final le ha recordado las victorias de la selección peruana de fútbol: agónicas, pero con tres puntos al marcador. El debate en el Congreso ha sido brillante, la Ministra de Trabajo ha realizado un verdadero tour de force en la defensa del texto legal, su alcance y significado. La presencia en la tribuna de invitados de los dos secretarios generales de CCO y UGT indicaban de manera fehaciente la relevancia laboral que poseía el texto, cuestionado a derecha y a izquierda del hemiciclo.

La votación final ha reunido todos los ingredientes de una situación disparatada. Una serie de diputados que votaban No lo hacían con la seguridad de que su voto reflejaba una posición de principio y una seria divergencia con el método de negociación política y con los contenidos a su juicio limitados que regulaba el RDL 32/2021, pero sin que en ningún caso esa posición suya pudiera imponerse al final con la consecuencia ya conocida de derogar la reforma laboral impulsada por el gobierno progresista sobre la base del acuerdo social tripartito del 2021. Ello supondría reponer en su vigencia el texto impulsado por el PP nueve años antes, lo que paradójicamente suponía el parámetro para juzgar la insuficiencia de un texto legal que no procedía a su derogacíón “íntegra”. El triunfo de esta posición, por lo demás bastante incoherente y, a juzgar por algunas intervenciones, no muy seguras, sin duda por el hecho contradictorio de aceptar que se trataba de un texto valioso cuyo rechazo implicaría la vuelta a la legislación denostada del 2012, podía estar asegurado en la medida que unía sus fuerzas con la corpulenta y vigorosa posición del PP que agigantaba su rol de oposición radical a expensas de una cierta subordinación en el esquema del discurso de la extrema derecha de Vox.

La defección de Ciudadanos del bloque de la derecha alineándose como fuerza política que se remitía a la defensa de las posiciones en el pacto de CEOE-CEPYME y la suma de multitud de votos de pequeños partidos, con la incorporación feliz de otras izquierdas minoritarias, hacía que incomprensiblemente una norma con un amplio consenso social y que introducía evidentes mejoras de los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo no tuviera una clara mayoría de progreso en el resultado final. Para que el relato fuera más truculento, el acuerdo alcanzado con UPN, el grupo político navarro aliado del PP con dos representantes en el Congreso, fue desobedecido en contra de sus propias declaraciones de “acatamiento” por los diputados de esta formación, con lo que el resultado final podría haberse inclinado hacia el NO de no ser porque, de forma extraordinaria, un diputado del PP se equivocó en el voto electrónico y, a lo que parece, inclinó la balanza en favor de la convalidación del texto legal cuestionado. Para que nada quedara dentro de la normalidad, el Letrado Mayor del congreso pasó a la Presidenta de la Cámara en el recuento final un resultado que no se correspondía con el que había establecido el marcador electrónico, de forma que la presidenta declaró derogado el RDL 32/2021 para, a continuación, y tras los vítores de la derecha y extrema derecha – y la estupefacción de algunos de los diputados del star system que se habían distinguido en la debelación de la reforma laboral como la obra de la derecha económica y política – establecer que el recuento no era el proclamado sino su contrario, y considerar convalidada la norma debatida.

Este accidentado recorrido del trámite de convalidación de la reforma laboral es el que privilegiarán las noticias del viernes 4 de febrero. El editorial de El Mundo resume el proceso tal como lo percibe: “Fiasco inicial” – el del carácter limitado e insuficiente de la reforma – “esperpento final”, es decir el espectáculo al que se ha aludido en el Congreso.  Sin excluir los clásicos titulares de los medios de ultraderecha – “Éste es el vídeo que prueba el pucherazo del PSOE: el PP reclamó a tiempo corregir el voto erróneo”  (OK diario) – los periódicos insistirán en la “polémica” del voto y el “error” del diputado: “La reforma laboral se aprueba con un polémico voto de un diputado del PP” (ABC);  “El Congreso convalida la reforma laboral por un voto por error”  (La Razón); “Aprobada en el Congreso la reforma laboral por un error de un diputado del PP” (Antena 3). Más detallada, La Sexta: “Votación de infarto en el Congreso . La reforma laboral sale adelante por el error de un diputado del PP después de que UPN votara 'no' por sorpresa. Los diputados de UPN han votado en contra del mandato de la directiva de su partido, pero un parlamentario del PP ha salvado la reforma sin querer en el voto telemático. La formación sostiene que ha sido un error informático”. (La Sexta)

En otros digitales ya se recoge que el error será aprovechado por el PP para impugnar la votación y, de paso, extender sobre la validez de la norma una fuerte sombra de duda. “El PP recurrirá la votación de la reforma laboral a la Mesa del Congreso y al Constitucional” (El País); “Un error del PP salva la reforma laboral de Yolanda Díaz y la derecha intenta impugnar el resultado de la votación” (Publico); “El Congreso aprueba la reforma laboral de rebote en una jornada de "taquicardia", traiciones y errores fatales. El PP dice que Alberto Casero votó 'sí' por un "error informático" y Abascal habla de "pucherazo" (Infolibre). Más propositivo, “El Congreso aprueba por un voto la reforma laboral tras el viraje de los diputados de UPN y el error de uno del PP. Socios habituales critican al Gobierno por convalidar el texto gracias a Ciudadanos, PDeCAT o UPN, pero muestran su disposición a seguir sosteniendo la mayoría progresista”. (El diario.es)

Es razonable que estas perturbaciones muy llamativas sean objeto de seguimiento informativo. Pero lo más importante no se deja ver entre tanto ruido. Lo más importante es que finalmente los elementos de cambio que la norma enjuiciada plantea, pueden comenzar a desarrollarse y llevarse a término con plena normalidad. Un proceso de puesta en práctica a lo largo del cual se tienen que ir entrelazando las disposiciones legales con su tratamiento en los convenios colectivos, un espacio de creación de reglas que además debe encontrar un marco también autónomo que lo estructure y articule, y a lo largo del cual una buena parte de las reivindicaciones que se han esgrimido como causas de oposición a la reforma laboral se verán superadas y asumidas al menos parcialmente,  en especial lo referido al marco autonómico de los convenios y su entrelazamiento con los convenios sectoriales de ámbito estatal. Un proceso que se encadena a otros nuevos horizontes de negociación, como inmediatamente la relativa al salario mínimo, o a otros debates en marcha ya anunciados, entre ellos el de la participación democrática en la empresa, o la reconsideración del sistema indemnizatorio sobre la base de la aplicación de instrumentos internacionales alguno de ellos recientemente adoptados como la versión revisada de la Carta social Europea y el Protocolo de reclamaciones colectivas.

Al obtener plena vigencia jurídica, el RDL 32/2021 elimina en gran medida los cuestionamientos políticos que se le han efectuado, algunos de ellos con evidente tosquedad envuelta en formas demagógicas inconvenientes. Ahora es el momento en el que la norma se presenta a la apropiación ideológica y técnico-jurídica de los intérpretes, en un territorio en el que la intervención de los tribunales será con toda seguridad muy incisiva y en donde se confrontarán posiciones bien fundamentadas y opuestas sobre el alcance y la intensidad de los cambios legislativos. En esta fase interpretativa, los juristas críticos tenderán a establecer una fuerte conectividad social de los derechos reconocidos en la norma, desarrollando principios de regulación que modifiquen algunas líneas jurisprudenciales apegadas a una concepción liberal autoritaria que la norma actual no puede avalar.

Es el momento por tanto de la creación del derecho. La interrelación entre acción colectiva y diseño institucional que obliga a los agentes y operadores del derecho a un nuevo esfuerzo de configuración del tejido normativo, a un repensamiento de algunos aspectos centrales de la regulación laboral.

Y, sobre todo ello, el gran debate sobre la reforma laboral ha logrado algo tremendamente trascendental: situar la problemática del trabajo y de su regulación, de la noción de trabajo decente, en el centro del debate político y ciudadano de nuestro país. Un debate que impulsa la centralidad del trabajo como eje crucial de un proyecto de reformas que tiene un largo recorrido en nuestro país. Ese es el mejor resultado de la votación de ayer, descontando los aspectos pintorescos y extravagantes del relato de los hechos.

 

 


miércoles, 2 de febrero de 2022

MANTENER LA VIGENCIA DE LA REFORMA NEOLIBERAL DEL 2012

 


Los iuslaboralistas permaneceremos atentos y nerviosos a la pantalla de la televisión que retransmita el debate sobre la convalidación del RDL 32/2021, de reforma laboral. A lo que parece, su convalidación no resulta asegurada por la mayoría que sostiene al gobierno. De esta manera, se plantea la posibilidad de que decaiga la norma de urgencia y recupere su vigencia la normativa derogada, es decir, el conjunto normativo que se impuso en el contexto de las políticas de austeridad.

La situación es inquietante. Por muchos motivos. Ya se ha debatido hasta la saciedad sobre el contenido y el alcance del RDL 32/2021, también sobre la importancia del acuerdo social tripartito sobre el que se basa. Sin embargo, solo ahora se ponen en primer plano las consecuencias de la votación de mañana jueves.

La primera y más elemental es la de constatar que la ruptura del acuerdo de investidura se produce justamente ante una norma que reconoce y desarrolla derechos laborales individuales y colectivos que superan y reforman, de manera muy relevante, la legislación actual en el área de la contratación temporal, donde se produce un cambio fundamental, pero asimismo los mecanismos de ajuste temporal de empleo para evitar despidos y la negociación colectiva. Es decir, que la norma que deroga puntos clave de la disciplina legal del 2012 es el punto sobre el que se ha concentrado el rechazo de los partidos políticos que configuraban un bloque de mayorías frente a la derecha política por considerar la reforma “insuficiente”. De esta manera, se ha elegido una norma progresista para romper el acuerdo político que comprometía la realización de políticas progresistas porque estas no son lo bastante incisivas.

La segunda consecuencia es que la rechazar la reforma laboral se lesiona directamente el compromiso del gobierno con la Comisión Europea que condicionaba políticamente los recursos del plan de recuperación, transformación y resiliencia, abriendo por tanto un espacio nuevo de revisión de este en el que los contenidos del nuevo acuerdo pueden variar en un sentido más regresivo o introducir elementos hasta el momento excluidos, que sin embargo forman parte del arsenal de medidas que propone la tecnocracia europea y que reclaman los partidos de centro derecha y liberales.

El tercer resultado es el de dinamitar el acuerdo social tripartito e imposibilitar la continuidad del diálogo social. El voto negativo supone una desautorización directa desde la política parlamentaria a la interlocución social, censurando no solo sus contenidos sino también el método. La censura política del acuerdo social impide que éste se vuelva a producir ni a desarrollar, dado que la seguridad de lo pactado no se mantiene en el ámbito de la gobernanza política. El rechazo del RDL 32/2021 supone por tanto la muerte del diálogo social como método de gobierno de las relaciones socio-económicas en el marco de la interlocución política de los sujetos sociales representativos y el confinamiento de la autonomía colectiva en el marco estricto de la negociación de las condiciones de trabajo y empleo. Un hecho que no sólo va a surtir efectos en el ámbito estatal, sino que refuerza la subalternidad del intercambio entre gobiernos y agentes sociales en las Comunidades Autónomas.

Muy ligado a lo anterior, el No al Acuerdo Social Tripartito no solo desautoriza la continuidad del diálogo social que ha ido conduciendo a resultados positivos desde el inicio de la pandemia, sino que supone una desaprobación directa de los sujetos que la han protagonizado. No solo de la dirección de la CEOE, personificada en la actitud de Garamendi frente a otros sectores de la patronal mucho más alineados con la estrategia del Partido Popular de deslegitimación política del gobierno, sino muy especialmente, de la dirección de CCOO y UGT como representantes del conjunto de los trabajadores, cuya capacidad de establecer reglas vinculantes en la determinación del marco institucional de las relaciones laborales del país queda directamente comprometida. Se comprende que este sea un objetivo del sindicalismo nacionalista tanto en Galicia, donde la CIG compite con los sindicatos confederales en la audiencia electoral de los diferentes sectores, como en el País Vasco, donde el sindicalismo de ELA es mayoritario y atrae a su estela a LAB, y solo contempla las relaciones con CCOO y UGT en el País Vasco en términos de enemistad y exclusión. En el País Vasco, la fuerza del sindicalismo nacionalista como tracción del voto y apoyo popular a las dos opciones políticas con representación en el parlamento ha resultado ser decisiva hasta el momento, pese a que la movilización del día 30 contra la reforma laboral no obtuvo el seguimiento que se prometía.

Pero esa opción no tiene sin embargo sentido en Catalunya, donde no existe este fenómeno. La desautorización por tanto de los planteamientos sindicales de la CONC y de UGT-Catalunya por parte de la izquierda republicana catalana se basa en la consideración del escaso coste electoral o político que para el partido que gobierna la Comunidad Autónoma tiene mantener una posición frontal contra lo pactado y sostenido por estos sindicatos. O si se quiere en términos más crudos, para ERC mantener una posición de enfrentamiento con los sindicatos no supone merma alguna de su discurso de izquierda y progresista porque es capaz de convencer a la ciudadanía de que su oposición se debe a que se trata de “la reforma de la CEOE” y que la capacidad sindical de crear un relato alternativo es inexistente. Para ERC el sindicalismo catalán es políticamente irrelevante.

La no convalidación de la reforma laboral conduce, como se ha dicho hasta la saciedad, a reponer en su vigencia la normativa derivada de la Ley 3/2012 presente en el Texto Refundido actual del Estatuto de los Trabajadores. Se mantiene la regulación del despido, los recortes en la negociación colectiva, el ajuste económico a través de la eliminación de puestos de trabajo, se derogan los cambios fundamentales en materia de restricciones a la contratación temporal. Un retorno al pasado que modeló el Partido Popular y que se propulsa desde el rechazo al cambio legislativo “insuficiente”.

Este efecto derogatorio que repone la vigencia de la reforma laboral que el bloque nacionalista dice rechazar a la vez que la consagra, supone además algo más, a saber, la imposibilidad de modificarla en el medio plazo, al haber fracasado el proyecto de transformación normativa que supone el RDL 32/2021. No es creíble que se pueda volver a empezar sobre la base de un diálogo social que se ha desacreditado, y bajo la dirección del Ministerio de Trabajo, precisamente liderado por una persona extremadamente relevante en el bloque de la izquierda del gobierno, a la que la no convalidación la coloca en una posición de debilidad tanto ante los actores sociales como, y de manera muy importante, en el interior del gobierno.

Hay más argumentos para criticar esta postura de las fuerzas que, reclamándose de una posición progresista, hacen imposible una solución de progreso. Pero no son redundantes en gran medida con las penosas conclusiones que se han esbozado. El debate de mañana en el Parlamento, en lo que se refiere a este autodenominado “frente del NO” , es una muestra del doble lenguaje del relato político, de la tremenda separación entre lo que se dice y lo que resulta de lo que se ha dicho.

Todo confluye pues en el mantenimiento de la norma de la austeridad, a la desautorización del diálogo social como método de gobierno de las relaciones laborales, a la afirmación de la irrelevancia política de la intermediación sindical. Un panorama que con entusiasmo – y no con cierto asombro, se supone. suscribirán los representantes del Partido Popular secundados por Vox, festejando su triunfo gracias a los llamados “nacionalismos periféricos”. Y un negro presagio para la democratización de las relaciones laborales en nuestro país.


martes, 1 de febrero de 2022

LA REFORMA DEL TRABAJO EN ESPAÑA: UN WEBINARIO DE LA CGIL


Resulta llamativo el interés que en otros ordenamientos y áreas culturales está despertando la reforma laboral española por su alcance y orientación, en comparación con los reproches que dentro de las fronteras españolas cosecha este acuerdo social tripartito como “maquillaje” del cuadro normativo o denunciando la ”inanidad” del cambio legislativo. En esta ocasión, ha sido la Confederación General Italiana del trabajo (CGIL), el principal sindicato italiano, quien ha organizado un seminario en su sede de Roma, abierto también a intervenciones en remoto y retransmitido por las redes sociales, para conocer y discutir sobre el RDL 32/2021 y el acuerdo social tripartito. El titulo del webinario era muy elocuente: Más Derechos: Ahora Sí. La reforma del trabajo en España.

El acto lo proponía el Área de Políticas Europeas e Internacionales de la CGIL, cuyo coordinador, Salvatore Morra, introducía y conducía el debate, señalando cómo tras decenios de políticas neoliberales, especialmente reforzadas con ocasión de las políticas de austeridad en la terrible crisis financiera del 2010 que demolieron el espacio de regulación del trabajo a través de la acción de las partes sociales, aparece en este momento un cierto cambio de paso que puede constituir el inicio de un cambio generalizado en la evolución del derecho del trabajo europeo. En esa perspectiva, la reforma laboral española resultaba especialmente relevante.

El acto se retransmitía en streaming por Collettiva.it y contaba asimismo con la colaboración del Área Negociación y Mercado de trabajo de la Confederación y del Gabinete Jurídico de la misma – la Consulta giuridica – interesados directamente en el análisis de la reforma española, cuyo texto había sido distribuido como material de trabajo. A la sesión asistían además responsables de federaciones de sector estatales, y la secretaria confederal Tania Scacchetti, que era quien debía clausurar el evento.

Por parte española, Cristina Faciaben, como secretaria confederal de relaciones internacionales de CCOO, intervenía señalando la importancia y la complejidad del proceso de negociación desde la perspectiva sindical, un proceso de negociación que duró desde marzo a diciembre de 2021, su inserción en el proceso de elaboración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que permitía la entrega de los recursos prometidos por la Comisión Europea en el marco del programa Next Generation para resaltar finalmente la importancia del texto objeto del acuerdo social y la necesidad de que éste se convalide en el Congreso el próximo 3 de enero. A continuación, correspondió a Antonio Baylos la descripción de los contenidos de la norma, señalando los elementos más destacados de la misma en torno a lo que podrían constituir los tres grandes bloques normativos que se correspondían con otros tantos principios de acción opuestos a la lógica regulativa que se había ido imponiendo en España desde las primeras reformas de la legislación laboral, desde 1984 hasta la actualidad.

 

A partir de ahí, la exposición insistió en la importancia de las modificaciones legislativas establecidas, con especial hincapié en la reforma de la contratación temporal y en el objetivo de hacer descender de forma drástica la tasa de temporalidad, con ejemplos y cuadros sobre la rotación y sustitución de los contratos de duración determinada en España y los elementos centrales de las nuevas figuras previstas. La importación de lo que supusieron los ERTEs en la gestión de la crisis de la pandemia a la fase post-covid disponiendo un mecanismo de amortiguación social de las crisis y de las transiciones tecnológicas y ambientales en evitación de los despidos fue el segundo punto abordado, para culminar con las reformas en materia de negociación colectiva, desde la aplicación del convenio de sector de la empresa principal en el tema de las contratas de servicios, a la exclusión del tema salarial de los procesos de creación de nuevos convenios de empresa en concurrencia con los convenios sectoriales, y a la muy importante recuperación de la ultra actividad de los convenios. Finalmente, junto a la enunciación de algunos elementos de las disposiciones transitorias y otras medidas adicionales, la intervención discurrió sobre el significado del acuerdo tripartito como mecanismo de legitimación y de gobierno de las relaciones laborales.

La presentación de la reforma española a continuación comentada por Antonio Loffredo, profesor de la Universidad de Siena y miembro de la Consulta Giuridica de la CGIL, profundo conocedor del sistema español del que subrayó sus diferencias con respecto al sistema italiano de negociación colectiva (la eficacia general y normativa de los convenios colectivos y la importancia de las estructuras de negociación intermedias, provinciales y autonómicas) para poner en valor la importancia de la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz en este proceso, y recordar asimismo a Joaquín Pérez Rey, amigo y colega desde los tiempos dela realización de sus sendas tesis doctorales, resaltando que justamente la de Pérez Rey se dedicó al estudio de la contratación temporal y del principio de estabilidad en el empleo.

Terminadas las tres intervenciones, una serie de dirigentes sindicales efectuaron algunas preguntas sobre el detalle de algunos de los elementos reformados, con especial interés por la figura del fijo discontinuo y de la regulación dela subcontratación, además de solicitar una opinión sobre un hecho sindical desconocido en Italia como el sindicalismo nacionalista.

Finalmente Tania Scachetti puso fin al Webinar con una reflexión en la que comparaba el empuje del diálogo social durante la crisis en España con las experiencias en paralelo, más modestas, que se habían efectuado en Italia, revalorizando el hecho de que la reforma española implicaba la existencia de una estrategia sobre el trabajo y, como había subrayado Loffredo, llevaba al trabajo al centro de la acción política.

El desarrollo de la sesión está grabado y puede visionarse en este enlace : https://www.collettiva.it/copertine/internazionale/2022/01/31/news/piu_diritti_adesso_si_la_riforma_del_lavoro_in_spagna-1828379/