jueves, 2 de noviembre de 2023

MODELOS REGULATIVOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: LA ORDEN EJECUTIVA DEL PRESIDENTE BIDEN

 


Todos hablan de la Inteligencia Artificial (IA). Da lugar a relatos de ciencia ficción y a distopías que se previenen inminentes. El tema tiene una dimensión geoestratégica muy importante, y desde luego incluye “amenazas al tejido mismo de la democracia”, como señalaba Anthony Giddens en un reciente artículo publicado en La Vanguardia (https://www.lavanguardia.com/vida/20180506/443286426188/una-carta-magna-para-la-era-digital.html) Son muchas las iniciativas para que este ámbito de la llamada revolución digital no se atrinchere en el espacio privado y deje entrar a lo público y al Estado regulando su desarrollo. Por eso ahora se están poniendo en marcha diferentes modelos de regulación que parten de una suerte de cartismo digital o carta de derechos, una declaración de derechos que permita al menos en via de principio equilibrar los avances de la tecnología con el respeto a derechos democráticos básicos.

En este proceso, es evidente la relevancia que tiene un país como Estados Unidos en donde se propulso a partir de la experiencia de Silicon Valley el paradigma de la inversión libre en innovación digital solo sometida al mercado global. Este período se ha terminado, en gran parte por la concurrencia en el mismo de grandes potencias como China que ha influido en la imposición de fuertes restricciones a la exportación a aquel país de semiconductores y chips de inteligencia artificial, pero a su vez genera en el llamado Occidente un razonable temor ante el uso sin más restricciones que las que nacen de los mercados financieros y de inversión de los mecanismos de aprendizaje automático. Estos, se dice, deben ser desarrollados “en aras del bien común, operar sobre la base de principios de inteligibilidad y justicia, respetar los derechos a la intimidad, basarse en amplios cambios en el sistema educativo y no valerse de un poder autónomo para dañar, destruir o engañar a seres humanos”, como resume Giddens en el artículo citado.

En Estados Unidos, la forma de abordar este tema ha sido la de impulsar una declaración de derechos de IA, basado en 8 grandes puntos. El informe sobre esta propuesta de Bill of Rights se puede consultar en este enlace https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Blueprint-for-an-AI-Bill-of-Rights.pdf y se remonta a hace un año. Sobre la base de estos trabajos, el pasado 30 de octubre el presidente Biden ha promulgado una Orden Ejecutiva en la que recoge lo fundamental de este trabajo, estableciendo un calendario de actividades y de compromisos que deben llevar a cabo diversos organismos de su administración y que se puede consultar aquí: (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/10/30/executive-order-on-the-safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial-intelligence/)

En esta entrada hemos traducido la introducción y los principios que sostienen esa Orden Ejecutiva, por entender que se trata de un documento de gran interés. Resalta en el mismo la continua referencia a la necesidad de que Estados Unidos hegemonice el proceso de desarrollo de IA a nivel mundial, con la consecuente hostilidad hacia la concurrencia de naciones como China en la acumulación de inversión en la innovación tecnológica. Pero hay otra cuestión que merece ser atendida, y es que frente a una mirada frecuentemente centrada en el respeto a los derechos individuales, que es el leit motiv de la gran mayoría de las regulaciones de protección de datos de las que se dispone y que también impregna las proyectadas declaraciones de derechos sobre IA, el texto del Presidente norteamericano hace un extraordinario hincapié en la necesidad del control sindical en la introducción de nuevas tecnologías y la importancia de la negociación colectiva en la empresa como uno de los ejes que garantizan el respeto a los derechos democráticos. Un elemento que sin duda debería subrayarse en la plasmación de un modelo regulativo de la IA que se acomode a los derechos democráticos, tanto individuales como colectivos y sindicales.

Orden Ejecutiva sobre el desarrollo y la utilización segura y fiable de la inteligencia artificial

Por la autoridad que me confieren como Presidente la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, por la presente se ordena lo siguiente:

     Sección 1. Objeto.  La inteligencia artificial (IA) encierra un extraordinario potencial, tanto prometedor como peligroso.  El uso responsable de la IA tiene el potencial de ayudar a resolver retos urgentes al tiempo que hace que nuestro mundo sea más próspero, productivo, innovador y seguro.  Al mismo tiempo, el uso irresponsable podría exacerbar daños sociales como el fraude, la discriminación, los prejuicios y la desinformación; desplazar y restar poder a los trabajadores; ahogar la competencia; y plantear riesgos para la seguridad nacional.  Aprovechar la IA para el bien y hacer realidad sus innumerables beneficios exige mitigar sus considerables riesgos.  Esta empresa exige un esfuerzo de toda la sociedad que incluya al gobierno, al sector privado, al mundo académico y a la sociedad civil.

     Mi Administración concede la máxima urgencia a regular el desarrollo y el uso de la IA de forma segura y responsable, y por ello está promoviendo un enfoque coordinado de todo el Gobierno Federal para hacerlo.  La velocidad a la que avanzan las capacidades de la IA obliga a Estados Unidos a liderar este momento por el bien de nuestra seguridad, economía y sociedad.

     Al final, la IA refleja los principios de las personas que la construyen, las que la utilizan y los datos sobre los que se basa.  Creo firmemente que el poder de nuestros ideales, los cimientos de nuestra sociedad y la creatividad, diversidad y decencia de nuestra gente son las razones por las que Estados Unidos prosperó en épocas pasadas de rápidos cambios.  Son las razones por las que volveremos a triunfar en este momento.  Somos más que capaces de aprovechar la IA para lograr justicia, seguridad y oportunidades para todos.

     Sec. 2. Política y principios.  La política de mi Administración es impulsar y gobernar el desarrollo y el uso de la IA de acuerdo con ocho principios rectores y prioridades.  Al emprender las acciones establecidas en esta orden, los departamentos y agencias ejecutivas (agencias) deberán, según proceda y de conformidad con la legislación aplicable, adherirse a estos principios, al tiempo que, en la medida de lo posible, tendrán en cuenta las opiniones de otras agencias, la industria, los miembros del mundo académico, la sociedad civil, los sindicatos, los aliados y socios internacionales y otras organizaciones pertinentes:

     (a) La Inteligencia Artificial debe ser segura.  Cumplir este objetivo requiere evaluaciones sólidas, fiables, repetibles y estandarizadas de los sistemas de IA, así como políticas, instituciones y, en su caso, otros mecanismos para probar, comprender y mitigar los riesgos de estos sistemas antes de que se pongan en uso.  También requiere abordar los riesgos de seguridad más acuciantes de los sistemas de IA -incluidos los relacionados con la biotecnología, la ciberseguridad, las infraestructuras críticas y otros peligros para la seguridad nacional-, al tiempo que se navega por la opacidad y la complejidad de la IA.  Las pruebas y evaluaciones, incluida la supervisión del rendimiento posterior al despliegue, ayudarán a garantizar que los sistemas de IA funcionan según lo previsto, son resistentes frente a usos indebidos o modificaciones peligrosas, se desarrollan y operan de forma ética y segura, y cumplen las leyes y políticas federales aplicables.  Por último, mi Administración ayudará a desarrollar mecanismos eficaces de etiquetado y procedencia de los contenidos, para que los estadounidenses puedan determinar cuándo los contenidos se generan utilizando IA y cuándo no.  Estas acciones proporcionarán una base vital para un enfoque que aborde los riesgos de la IA sin reducir indebidamente sus beneficios.

     (b) Promover la innovación responsable, la competencia y la colaboración permitirá a Estados Unidos liderar la IA y liberar el potencial de la tecnología para resolver algunos de los retos más difíciles de la sociedad.  Este esfuerzo requiere inversiones en educación, formación, desarrollo, investigación y capacidad relacionados con la IA, al tiempo que se abordan cuestiones novedosas de propiedad intelectual (PI) y otros problemas para proteger a los inventores y creadores.  En todo el Gobierno Federal, mi Administración apoyará programas para proporcionar a los estadounidenses las habilidades que necesitan para la era de la IA y atraer el talento mundial de la IA a nuestras costas -no sólo para estudiar, sino para quedarse- de modo que las empresas y tecnologías del futuro se hagan en Estados Unidos.  El Gobierno federal promoverá un ecosistema y un mercado justos, abiertos y competitivos para la IA y las tecnologías relacionadas, de modo que los pequeños desarrolladores y emprendedores puedan seguir impulsando la innovación.  Para ello es necesario poner fin a la colusión ilegal y abordar los riesgos derivados del uso por parte de las empresas dominantes de activos clave como los semiconductores, la potencia de cálculo, el almacenamiento en la nube y los datos para perjudicar a los competidores, y es necesario apoyar un mercado que aproveche los beneficios de la IA para ofrecer nuevas oportunidades a las pequeñas empresas, los trabajadores y los emprendedores.

(c) El desarrollo y el uso responsables de la IA requieren un compromiso de apoyo a los trabajadores estadounidenses.  A medida que la IA crea nuevos empleos e industrias, todos los trabajadores necesitan un sitio en la mesa, también a través de la negociación colectiva, para garantizar que se benefician de estas oportunidades.  Mi Administración tratará de adaptar la formación y la educación laboral para apoyar una mano de obra diversa y ayudar a proporcionar acceso a las oportunidades que crea la IA.  En el propio lugar de trabajo, la IA no debe desplegarse de forma que socave los derechos, empeore la calidad del empleo, fomente la vigilancia indebida de los trabajadores, reduzca la competencia en el mercado, introduzca nuevos riesgos para la salud y la seguridad o cause perturbaciones perjudiciales en la mano de obra. Los próximos pasos críticos en el desarrollo de la IA deben basarse en las opiniones de los trabajadores, los sindicatos, los educadores y los empresarios para apoyar usos responsables de la IA que mejoren la vida de los trabajadores, aumenten positivamente el trabajo humano y ayuden a todas las personas a disfrutar de forma segura de los beneficios y las oportunidades de la innovación tecnológica.

     (d) Las políticas de Inteligencia Artificial deben ser coherentes con la dedicación de mi Administración a promover la equidad y los derechos civiles.  Mi Administración no puede tolerar, y no lo hará, el uso de la IA para perjudicar a aquellos a los que ya se les niega con demasiada frecuencia la igualdad de oportunidades y la justicia. Desde la contratación hasta la vivienda y la atención sanitaria, hemos visto lo que ocurre cuando el uso de la IA agrava la discriminación y los prejuicios, en lugar de mejorar la calidad de vida. Los sistemas de Inteligencia Artificial desplegados de forma irresponsable han reproducido e intensificado las desigualdades existentes, han causado nuevos tipos de discriminación perjudicial y han exacerbado los daños físicos y en línea. Mi Administración se basará en los importantes pasos que ya se han dado -como la publicación del Plan para una Declaración de Derechos de la IA, el Marco de Gestión de Riesgos de la IA y la Orden Ejecutiva 14091 de 16 de febrero de 2023 (Fomento de la Equidad Racial y Apoyo a las Comunidades Desatendidas a través del Gobierno Federal)- para tratar de garantizar que la IA cumpla todas las leyes federales y promover evaluaciones técnicas sólidas, una supervisión cuidadosa, el compromiso con las comunidades afectadas y una regulación rigurosa. Es necesario responsabilizar a quienes desarrollan e implantan la IA de las normas que protegen contra la discriminación ilegal y los abusos, incluso en el sistema judicial y el Gobierno Federal.  Sólo entonces podrán los estadounidenses confiar en que la IA promueva los derechos civiles, las libertades civiles, la equidad y la justicia para todos.

     (e) Deben protegerse los intereses de los estadounidenses que utilizan, interactúan o compran cada vez más IA y productos con IA en su vida cotidiana. El uso de nuevas tecnologías, como la IA, no exime a las organizaciones de sus obligaciones legales, y las protecciones al consumidor que tanto ha costado conseguir son más importantes que nunca en momentos de cambio tecnológico. El Gobierno Federal hará cumplir las leyes y principios existentes de protección de los consumidores y promulgará las salvaguardias adecuadas contra el fraude, los prejuicios involuntarios, la discriminación, las infracciones de la privacidad y otros daños derivados de la IA. Estas protecciones son especialmente importantes en ámbitos críticos como la sanidad, los servicios financieros, la educación, la vivienda, el derecho y el transporte, donde los errores o el mal uso de la IA podrían perjudicar a los pacientes, suponer un coste para los consumidores o las pequeñas empresas, o poner en peligro la seguridad o los derechos. Al mismo tiempo, mi Administración promoverá usos responsables de la IA que protejan a los consumidores, aumenten la calidad de los bienes y servicios, reduzcan sus precios o amplíen la selección y disponibilidad.

     (f) La privacidad y las libertades civiles de los estadounidenses deben protegerse a medida que la IA sigue avanzando.  La Inteligencia Artificial está facilitando la extracción, reidentificación, vinculación, inferencia y actuación sobre información sensible acerca de la identidad, localización, hábitos y deseos de las personas. Las capacidades de la Inteligencia Artificial en estas áreas pueden aumentar el riesgo de que los datos personales puedan ser explotados y expuestos. Para combatir este riesgo, el Gobierno Federal se asegurará de que la recopilación, el uso y la retención de datos sean legales, estén protegidos y mitiguen los riesgos para la privacidad y la confidencialidad. Las agencias utilizarán las herramientas políticas y técnicas disponibles, incluidas las tecnologías de mejora de la privacidad (PET) cuando proceda, para proteger la privacidad y combatir los riesgos legales y sociales más amplios -incluido el enfriamiento de los derechos de la Primera Enmienda- que resultan de la recopilación y uso indebidos de los datos de las personas.

(g) Es importante gestionar los riesgos del propio uso de la IA por parte del Gobierno Federal y aumentar su capacidad interna para regular, gobernar y apoyar el uso responsable de la IA para ofrecer mejores resultados a los estadounidenses. Estos esfuerzos comienzan con las personas, el mayor activo de nuestra nación. Mi Administración tomará medidas para atraer, retener y desarrollar profesionales de la IA orientados al servicio público, incluidos los procedentes de comunidades desatendidas, en todas las disciplinas -incluidos los campos de la tecnología, la política, la gestión, la contratación, la regulación, la ética, la gobernanza y el derecho- y facilitará el camino de los profesionales de la IA hacia el Gobierno Federal para ayudar a aprovechar y gobernar la IA. El Gobierno Federal trabajará para garantizar que todos los miembros de su fuerza de trabajo reciban la formación adecuada para comprender los beneficios, riesgos y limitaciones de la IA para sus funciones laborales, y para modernizar la infraestructura de tecnología de la información del Gobierno Federal, eliminar los obstáculos burocráticos y garantizar que se adopte, despliegue y utilice una IA segura y respetuosa con los derechos.

(h) El Gobierno Federal debe liderar el camino hacia el progreso social, económico y tecnológico global, como lo ha hecho Estados Unidos en épocas anteriores de innovación y cambio disruptivos. Este liderazgo no se mide únicamente por los avances tecnológicos de nuestro país. Un liderazgo efectivo significa también ser pionero en los sistemas y salvaguardias necesarios para desplegar la tecnología de forma responsable, y construir y promover esas salvaguardias con el resto del mundo. Mi Administración se comprometerá con aliados y socios internacionales a desarrollar un marco para gestionar los riesgos de la IA, liberar el potencial de la IA para el bien y promover enfoques comunes para los retos compartidos. El Gobierno Federal tratará de promover principios y acciones responsables de seguridad y protección de la IA con otras naciones, incluidos nuestros competidores, al tiempo que lidera conversaciones y colaboraciones globales clave para garantizar que la IA beneficie a todo el mundo, en lugar de exacerbar las desigualdades, amenazar los derechos humanos y causar otros daños.


martes, 31 de octubre de 2023

LA CUMBRE MUNDIAL DE #MAKEAMAZONPAY EN MANCHESTER


 

Los días 27 y 28 de octubre, coincidiendo por cierto con el Congreso organizado por la Fundación 1 de mayo sobre la extrema derecha en Valencia al que se refería la última entrada del blog, se ha celebrado en Manchester un congreso mundial convocado por UNI Global, la federación sindical mundial para el sector servicios, que reúne sindicatos nacionales y regionales en todo el mundo y cuenta con sindicatos afiliados en 150 países que representan a 20 millones de trabajadores. La Cumbre mundial se convocaba como una iniciativa del movimiento sindical en torno a la construcción de una red de representantes de las personas que trabajan para la poderosa empresa transnacional Amazon que ha desarrollado desde 2020, en plena pandemia, la marca #makeAmazonpay como una campaña de acción colectiva a nivel global.

Como subrayan sus impulsores, Amazon es una de las corporaciones más poderosas de la historia. Está rehaciendo el modo en que funciona la economía en el siglo XXI, exprimiendo hasta la última gota que pueda en todo momento.

Pero el modelo de negocio de Amazon:

Explota a los trabajadores: mientras triplica sus ganancias en el tercer trimestre de 2023, Amazon somete a los trabajadores del almacén y a los conductores a un entorno de alta presión que les destroza físicamente y, en última instancia, los obliga a renunciar.

Exprime a la ciudadanía: aunque recibe enormes subsidios y subvenciones de los distintos estados en los que localiza a sus sedes, la principal división de Amazon en el Reino Unido no pagó el impuesto de sociedades por segundo año consecutivo.

Exprime al planeta: si bien Amazon celebró una caída del 0,4% en las emisiones totales en 2022, la empresa aún necesitaría hasta el año 2378 para alcanzar su objetivo declarado de cero emisiones netas para 2040.

Por ello, a partir de 2020, la campaña Make Amazon Pay reúne a más de 80 organizaciones que trabajan por la justicia laboral, fiscal, climática, de datos y racial, y a más de 400 parlamentarios y decenas de miles de simpatizantes de todo el mundo. Desde 2020, hemos organizado cuatro días globales de acción, cada vez haciendo crecer nuestro movimiento planetario para evitar que Amazon exprima a los trabajadores, las comunidades y el planeta.

En este sentido, la campaña tiene dos objetivos muy claros. De una parte, organiza todos los años una acción transversal que pretende afectar a la actividad de la empresa a lo largo del globo. En este caso, durante el llamado Black Friday, el 24 de noviembre de 2023, quiere plantear “el mayor desafío a los abusos de Amazon en su historia: Somos trabajadores y ciudadanos divididos por la geografía y nuestro papel en la economía global, pero unidos en nuestro compromiso de hacer que Amazon pague salarios justos, sus impuestos y su impacto en el planeta”.

Pero el otro elemento que sostiene esta acción es la de conseguir la participación de una serie de personalidades influyentes en la actividad política que formen parte de esta campaña como una forma de reivindicar una plataforma de acción que incorpore a la lucha sindical en Amazon un pensamiento político alterglobalizador, en el sentido de caminar hacia “otro mundo posible” en donde la codicia corporativa no se reproduzca sobre la explotación laboral, la injusticia fiscal y la degradación de la sostenibilidad ambiental del planeta.

En estos días de octubre, este segundo aspecto de la campaña se ha plasmado en la convocatoria por primera vez en la Campaña, de esta Cumbre mundial que se ha celebrado en Manchester en un lugar especialmente simbólico, el Instituto de Mecánica de Manchester, Reino Unido, el edificio donde el movimiento laboral del Reino Unido encontró expresión política en la formación del Congreso de Sindicatos ( TUC) en 1868. La sede de esta Cumbre quería ofrecer un apoyo directo a los trabajadores de Amazon de Gran Bretaña, pero se inscribe en un proceso largo en el que las representaciones sindicales de los trabajadores de esta gigantesca corporación, han ido desarrollando estrategias eficaces para mejorar los derechos de los trabajadores.  Una cuestión que también tiene que ver con las reformas en el marco institucional que regula aspectos esenciales para el trabajo de esta empresa transnacional, como la propia convocatoria reconoce. “Sobre la base de recientes victorias progresistas, como la legislación de protección de los trabajadores de almacenes en los Estados Unidos, el impuesto a Amazon de Barcelona y la Ley de Jinetes de España, la Cumbre desarrollará soluciones políticas a nivel municipal, nacional e internacional para el abuso de Amazon: derechos de los trabajadores, impuestos, medio ambiente, monopolio. – así como estrategias para convertir el poder popular en cambios legislativos y regulatorios progresistas para hacer que Amazon pague”.

Eso explica la trascendencia que en esta Cumbre se da a las personalidades – delegados – que asisten a la misma. Entre ellos, personas muy conocidas como Bernie Sanders, senador en Estados Unidos, junto a congresistas por Minessota y de Nueva York y Andrea Orlando, diputado y ex Ministro de Trabajo de Italia, junto con una amplia nómina de diputados de los parlamentos de Francia, Holanda, Bélgica, Irlanda, Reino Unido, e Italia en Europa, además de otros diputados de Brasil o de India. A este conjunto de personas se unen una buena representación de sindicalistas – globales y nacionales – y otro buen número de exponentes de organizaciones no gubernamentales (ver la nómina completa en https://makeamazonpay.com/summit/)

La participación española ha sido muy relevante. No solo han asistido dos diputadas de SUMAR, Tesh Sidi y Verónica Martínez Barbero, sino también la Vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Esta intervino en remoto e incidió en lo que a su juicio constituía el elemento más valioso de la reunión, “reforzar las alianzas internacionales entre progresistas, pensar y actuar con perspectiva global para ofrecer nuevas certezas y derechos”, porque este hecho en laza con una constante en su discurso sobre “la necesidad de construir una internacional democrática que ponga los intereses de las personas trabajadoras por encima de los intereses de aquellos que siempre han gozado de privilegios en nuestros países”. Se trataría así, de ir construyendo una “internacional democrática”, que en definitiva tendría que ser “antes que nada, una internacional laborista. Una internacional, esto es, con el sindicalismo como motor de cambio y los derechos laborales en el centro”.

Esta constatación de la importancia de la coordinación de la acción sindical en el espacio global fue de nuevo reiterada por la Vicepresidente de Gobierno y líder de SUMAR: “Hemos visto nuevas formas de organización, innovadoras vías para reivindicar nuevos y viejos derechos laborales, como vuestra campaña en el Black Friday. El movimiento sindical, en todas sus formas, es hoy más necesario que nunca. Hoy, el sindicalismo, ecologismo y feminismo nos demuestran que las luchas por el trabajo decente, la igualdad de género y un planeta habitable son una y la misma lucha (…) Hoy vivimos, como en tantos otros momentos históricos, un conflicto por quién paga los costes de la inflación, un conflicto entre beneficios y salarios, entre la avaricia de unos pocos y la posibilidad de una vida digna para la mayoría social. No es exclusivo de Amazon. Va mucho más allá. Por eso es tan importante alzar la voz y pedir cosas que, aunque poco comunes, son de sentido común: que las grandes empresas respeten los derechos humanos; que tengan un impacto positivo en las comunidades en las que se asientan; que paguen lo que deben; que contribuyan más y mejor al principal desafío que tenemos hoy como humanidad, la emergencia climática”.

Sin perjuicio de reivindicar la escala nacional – estatal en la construcción y fortalecimiento de derechos, la intervención de Yolanda Díaz insistía en el objetivo implícito en la Cumbre convocada por UNI Global. “Ahora, debemos estirar la imaginación y pensar en nuevas fórmulas para financiar una planificación ecológica que sea realmente democrática y justa, a la que Amazon, y tantas otras corporaciones, contribuyan de verdad. Pensemos, por ejemplo, en la tasa climática a las grandes fortunas que proponen Chancel y Piketty; en el gravamen a los beneficios extraordinarios de la industria fósil del que hablaba, ni más ni menos, el Secretario General de Naciones Unidas; o, por qué no, en una tasa global a la riqueza que puede tomar muy diversas formas. Sigamos pensando en nuevas alternativas, desarrollándolas. Sigamos trabajando juntos y juntas, movimientos sociales, sindicatos, fuerzas políticas y, sí, también Gobiernos, para empujar en la dirección correcta”.

Aprovechar por tanto la organización del espacio colectivo del interés de las personas que trabajan dentro y alrededor de la gran corporación transnacional a la que la pandemia de 2020 consolidó como una de las grandes empresas globales, como uno de los territorios donde se puede intentar formar una opinión común y una coordinación de esfuerzos que oriente hacia posiciones de tutela de derechos e introducción de procedimientos de negociación y de participación en la práctica de una de las mayores corporaciones mundiales, a la vez que se edifica un edificio entero de representación y de acción sindical  en esta dimensión global. A su través, y cumulativamente a la estrategia concreta del sindicalismo en la empresa, contribuir a la creación de un nuevo espacio de discusión y de la correlativa agregación de consensos sobre las reformas fundamentales en este aspecto en la escala global en donde la estrategia sindical, la acción política y el ideario de grupos, coaliciones y partidos, tiene que desempeñar un papel ampliamente relevante y dirigente.

Este es el reto, la campaña mencionada un paso adelante en la buena dirección.

 

 

domingo, 29 de octubre de 2023

HABLANDO DE LAS EXTREMAS DERECHAS

 


Este fin de semana, los días 27 y 28 de octubre, se ha celebrado en Valencia, organizado por la Fundación 1 de mayo de CCOO, el congreso Sociedad, Derechos y Extrema Derecha: la sombra del capitalismo en el siglo XIX, que quería analizar el ideario y los mitos de la extrema derecha, con especial atención a la posición que frente a este tipo de ideología y de práctica política tiene el sindicalismo de clase. En la realización del Congreso han colaborado los tres diarios digitales de referencia, Público – y la Fundación Espacio Público – Infolibre y Eldiario.es. En el congreso se presentaba el libro, coordinado por Steven Forti, y publicado por La Catarata en coedición con la Fundación 1 de mayo, Mitos y cuentos de la extrema derecha, e intervinieron además una larga serie de expertos analizando las diversas facetas del pensamiento ultraderechista sobre diferentes aspectos de la vida económica y social.  Se presentó también un manifiesto de más de 60 intelectuales contra la extrema derecha, cuyo texto leyó Luis García Montero, y se contó asimismo con la participación de sindicalistas de Italia, Francia y Brasil que explicaron sus experiencias frente a la extrema derecha.

El libro editado por Forti, que es un especialista en la crítica a este pensamiento, recoge una serie de intervenciones que pretenden señalar las múltiples facetas del pensamiento ultraderechista, con especial atención, como no podía ser menos, al fenómeno de Vox en nuestro país. Entre ellos hay algunos especialmente sugerentes, como los relativos a “la batalla del campo” o “la conquista del mundo rural”, que conciben a Vox como un partido agrarista, pero en general predominan los temas más llamativos como la inmigración, la batalla cultural sobre la historia y el lenguaje, su postura antiecologista y la llamada Agenda 2030. Sin embargo, como señala el editor en el primer capítulo, permite un análisis más completo del asunto la “macrocategoría declinada en plural” de las “extremas derechas 2.0”, en la que podríamos incluir en el espectro europeo a todas las formaciones políticas que forman parte de los grupos parlamentarios Identidad y Democracia y Conservadores y Reformistas Europeos, a los que se añadiría algún verso suelto como Fidescz, el partido húngaro expulsado del Partido Popular Europeo. Se trata de formaciones que “superan los obstáculos conceptuales del fascismo y del populismo” (p.22) y que reúnen dos elementos cruciales: el dominio de las nuevas tecnologías – internet, redes sociales, Inteligencia Artificial, machine learning – que han sabido utilizar antes y mejor que los demás “para aumentar la desconfianza en las instituciones , los expertos y la democracia, y erosionar la idea de que existe una verdad y una realidad compartida” (p.23). Y, unido a lo anterior, la creación y el manejo de una red transnacional muy fluida de relaciones directas y bien subvencionadas con significativos laboratorios de ideas en América del Norte y en Europa.

Las extremas derechas mantienen las mismas referencias ideológicas en todas partes. Marcado nacionalismo y nativismo identitario, defensa de la recuperación de la soberanía nacional perdida, coherentemente antiglobalismo y crítica al multilateralismo, euroescepticismo, defensores de las políticas de ley y orden, islamofobia, xenofobia y condena de la inmigración considerada como invasión y ruptura del marco de vida nacional, y toma de distancia formal de las experiencias históricas del fascismo europeo. A lo que se une la importancia que asignan a las guerras culturales frente a un universo de sentido supuestamente hegemonizado por la izquierda (pp. 23-24). Pero frente a este bagaje común, hay otras diferencias no desdeñables en tres ámbitos: la economía – y el trabajo – los valores sociales y la geopolítica. En el primer punto, las opciones se centran en la asunción plena de las coordenadas neoliberales o por el contrario, reivindicar una lógica de protección individual de las personas trabajadoras desde la posición relevante y de autoridad del Estado, denunciando el abandono del que han sido objeto por los gobiernos de centro izquierda y centro derecha y señalando la inmigración como un elemento que pone en peligro el bienestar de los nacionales que viven de su trabajo. En el segundo punto, la asunción de valores tradicionales – dios, patria, familia – y una marcada hostilidad hacia el feminismo, pueden confrontarse con otras formaciones en las que se asuma como parte del ideario libertades básicas como la contracepción o el aborto. En el plano geopolítico, en fin, aunque la mayoría de estos grupos profesan un atlantismo entusiasta y cierran filas en torno a la OTAN como conglomerado político y militar al servicio de los Estados Unidos y el “mundo libre”, hay también partidos que se sitúan claramente en el lado de la defensa de la Federación Rusa como sucede claramente en el supuesto de Viktor Orban en Hungría, pero también con Salvini en Italia, incluso tras la invasión de Ucrania y la reacción europea frente a la misma.

El caso de Vox en España no parece que se despegue mucho de estas líneas generales compartidas con las extremas derechas europeas. Su hostilidad al feminismo va en paralelo a la reivindicación de los valores tradicionales de la familia, y su atlantismo es inquebrantable. Solo parece haber dudas, en el último período de su evolución, respecto de su programa e ideario económico. Vox aparece oscilando entre “dos almas”: la del Partido Popular del que proviene y un llamado “neofalangismo” que al menos en ciertas declaraciones parece desprenderse una corrección de la ruta claramente neoliberal extrema que había protagonizado en los debates en el Congreso de diputados y en su propio programa electoral del 2019.

Este es el tema que abordan Adoración Guamán y Joaquín Pérez Rey en el capítulo del libro titulado “Vox contra el trabajo. Una aproximación a la propuesta (anti)laboral de la extrema derecha en España” (pp. 124 ss). El inicio de su texto incorpora el programa del sindicato Solidaridad – una referencia a lo que supone la lucha contra el comunismo de su homónimo polaco más que al contenido real de esta palabra en castellano – que está cuajado de invectivas contra los “sindicatos corruptos”, los liberados sindicales, la prohibición de subvenciones públicas a los sindicatos, quienes “no podrán cobrar de los ERE y de los ERTE”, junto con la “prioridad” de los españoles sobre los extranjeros en el empleo, acabar con la inmigración ilegal y promover la “adaptación cultural” del inmigrante. En definitiva, un programa de acción en el que resaltan como líneas fundamentales un pensamiento profundamente hostil a las organizaciones de clase que, con buen criterio, los autores retrotraen al universo cultural del franquismo, caracterizado fundamentalmente por ese odio intenso al fenómeno organizativo de las y los trabajadores en sindicatos de clase que implicó la continua represión de sus manifestaciones durante los cuarenta años de dictadura. En la propuesta de la extrema derecha la virulencia del lenguaje se une a la injuria y al desprecio por los activistas sindicales – los denominados “comegambas” que incluso dan nombre a una página web – en una “ofensiva antisindical” (p. 126) que afecta a todas las facetas de la acción de estas organizaciones. A ello se une – también con fuerte anclaje en la cultura del franquismo – el tono profundamente patriarcal y antifeminista del discurso.

Sin embargo, es más preocupante la audiencia electoral que encuentra la extrema derecha en formaciones sindicales presentes en las fuerzas de orden público que esta extravagante y plenamente residual asociación sindical de implantación residual en las empresas. La importancia de JUSAPOL, y su audiencia mayoritaria en el Consejo de la Policía a través de JUPOL, solo reducida en este año a raíz de investigaciones sobre su contabilidad, y en el de la Guardia Civil a través de JUCIL, plantea la cuestión de la fuerte instalación de la extrema derecha en los aparatos policiales de estado, en donde llevan a cabo una fuerte labor de contestación pública de las decisiones del Gobierno de coalición progresista. Es importante recordar que estos sindicatos reivindican los medios de acción colectivos de que disponen en una estrategia de conflicto que ha llevado a protagonizar espectaculares acciones frente al Congreso de Diputados y a aparecer como un grupo de extrema agresividad frente a los poderes públicos, amenazando con entender como actos antisindicales cualquier injerencia, advertencia o apertura de expediente por su actividad. Es decir, en estos casos se reivindica con fuerza la libertad sindical como plataforma de contestación política frente al gobierno. Un tema que excede desde luego a la problemática estrictamente sindical, pero que resulta muy preocupante en términos democráticos.

El examen del programa electoral de Vox para las elecciones del 23 de julio de este año, además de las vaguedades evidentes del mismo, se basa en “una política de protección a los trabajadores españoles”, proponiendo subir el SMI pero a la vez “reducir drásticamente” las cargas sobre las empresas que perjudican la generación de empleo. Un elemento importante de este programa era la derogación de la reforma laboral que llevó a cabo el RDL 32/2021 sobre la base del diálogo social tripartito, que deberá sustituirse por una reforma que escuche “a los verdaderos agentes sociales”, en una retórica comunicativa que desde luego carece de referencias reales. Además de ello, el programa sigue insistiendo en el mantra de la cancelación de las subvenciones a los sindicatos y reducción de los liberados sindicales como piezas habituales de la programación de la ultraderecha. Con el añadido reciente del contencioso sobre la eliminación del SERCLA en Castilla y León, cuyas vicisitudes no han terminado todavía. A ello se añade la obcecación contra la Agenda 2030 y lo que se denomina “fanatismo climático”. A la crítica de esta propuesta antilaboral, Guamán y Pérez Rey añaden la necesidad de que la respuesta democrática a la misma no sólo se lleve a cabo en el plano de lo político, sino también en el espacio de lo social, y que en especial los sindicatos deben actuar de manera decidida posicionándose públicamente contra la misma, lo que de alguna manera anticipaba ya la temática del Congreso de Valencia.

Hay también un aspecto de esta estrategia antilaboral de Vox que merecería un análisis detallado, y es el de la utilización, durante toda la pasada legislatura, del recurso de inconstitucionalidad de las leyes como una pieza central de su estrategia política. Mediante la interposición del recurso, la extrema derecha pretendía devaluar y dificultar la acción legislativa del gobierno y de la mayoría parlamentaria, pero fundamentalmente perseguía la erosión de la legitimidad constitucional de ésta, prolongando así su tesis de la ilegitimidad del gobierno que buscaba ser confirmada posteriormente por el TC. En esta estrategia han sido pioneros gracias a sus 50 diputados, y han coincidido con el Partido Popular en varios momentos, pero manteniendo su autonomía y su enfoque propio.

La actividad de Vox a la hora de plantear recursos de inconstitucionalidad ha sido enorme. Salvo error u omisión, se pueden contar a partir del 2021 hasta la actualidad 14 recursos que han dado lugar a sendas sentencias del Tribunal Constitucional, las primeras de ellas de extrema importancia que fueron falladas afirmativamente. Todo el andamiaje del estado de alarma fue puesto en entredicho por la ultraderecha como un acto político autoritario que impedía el ejercicio de las libertades de los ciudadanos – fundamentalmente la libertad de circulación  – o la función representativa de los diputados y senadores ( Ver la muy importante STC 148/2021, pero asimismo la STC 183/2021, y las STC 168/2021, con fallo favorable,  y STC 116/2023, contrario) pretensión que obtuvo el amparo del Tribunal Constitucional y por consiguiente privó parcialmente de legitimidad constitucional a las decisiones del gobierno sobre el estado de alarma y a la votación parlamentaria que las sostuvo. Posteriormente Vox también cuestionaría, ya sin éxito, las reglas sobre promesa o juramento de la Constitución por los diputados (STC 125/2023), o la regulación del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones (STC 128/2023).

Junto a estas iniciativas que buscan definir la ilegitimidad de la acción de las mayorías que sostienen el gobierno por vulnerar el orden constitucional, hay otros recursos cuyo objetivo es eliminar derechos sociales reconocidos por las normas en el lapso 2020-2023. Así, contra el uso del bable en el parlamento asturiano (STC 75/2021), o contra la limitación de la explotación agrícola como medida de protección del Mar Menor (STC 112/2021), frente al reconocimiento de víctimas del terrorismo de extrema derecha en Navarra (STC 108/2021, un recurso que se presenta compartido con el PP), contra la reforma de la norma civil sobre la discapacidad (STC 106/2022), cuestionando la suspensión por el juez, en las circunstancias de la pandemia, de la orden de lanzamiento de la vivienda habitual (STC 15/2023), objetando la ley de muerte digna (STC 19/2023), o las reformas sobre la educación efectuadas durante el estado de alarma (STC 34/2023), o, finalmente, refutando el uso incorrecto del Decreto Ley 26/2021 sobre el impuesto de incremento de valor de terrenos urbanos (STC 35/2023).

Ahora bien, quedan todavía por fallar por el Tribunal Constitucional algunos recursos de Vox que buscan fundamentalmente impedir la efectividad de normas laborales muy importantes. Hemos sabido por la nota de prensa del TC del 27 de octubre (https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2023_089/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2089-2023.pdf), que el pleno del mismo ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad contra la norma que limitaba la temporalidad en el empleo público. Pero quedan algunas normas legales relevantes impugnadas por este partido. La primera, la modificación del ET para declarar la laboralidad de los repartidores de mercancías al servicio de plataformas digitales, en un movimiento que pretendía negar la urgencia en la regulación de este tema tras su debate y acuerdo en el marco del diálogo social tripartito. La segunda, de mayor calado, la reforma del ordenamiento laboral llevada a cabo por el RDL 32/2021, cuya inconstitucionalidad supondría la eliminación de dicha norma del ordenamiento jurídico. En esta operación de derrumbe de las normas que reconocen derechos laborales, Vox está siempre acompañado del Partido Popular. Y por el momento esta tentativa no ha sido recogida por el TC. En lo que se refiere al Decreto Ley rider, se ha hecho público en esta misma semana que el Pleno del Tribunal ha desestimado el recurso promovido por el Partido Popular, por lo que es previsible que el de Vox corra el mismo destino. Pero queda abierto ante el TC el contencioso sobre la reforma laboral, en donde concurren dos recursos por parte del Partido Popular y otro de Vox para declarar la inconstitucionalidad de la norma de urgencia y del procedimiento de votación en la convalidación del mismo.

La relevancia del resultado electoral del 23 de julio no solo debe medirse por la imposibilidad de que el tándem PP-Vox pudiera tener los suficientes apoyos para formar gobierno, sino también porque la ciudadanía ha privado a la ultraderecha de la posibilidad de utilizar el recurso de inconstitucionalidad, un elemento siempre importante de inestabilidad y cuestionamiento ante la opinión pública de las medidas del gobierno y de la mayoría parlamentaria que lo sostiene. Pero la ultraderecha está hoy en el gobierno de varias Comunidades Autónomas y principales ciudades de nuestro país. Tiene un poderoso aparato mediático a su servicio, y goza de una fuerte audiencia en los aparatos policiales y en una parte del poder judicial. La amenaza que esta permanencia augura para el sistema democrático y las organizaciones sociales es muy actual y está activa. Analizar sus raíces, su funcionamiento y sus medios de acción en el contexto político actual y elaborar alternativas críticas que anulen su influencia y su proyección mediática y cultural es una tarea comprometida pero imprescindible. El Congreso de Valencia y el libro colectivo que se ha comentado en esta entrada van así por el buen camino.