EUROPA, EUROPA. HABLA GERARDO PISARELLO

En el último número de Sin Permiso, revista amiga de este blog, se publica una intervención muy oportuna de Gerardo Pisarello en la que resalta la importancia de las elecciones al Parlamento Europeo como un momento relevante en el proceso de contestación de las políticas de la austeridad y de la movilización que frente a ellas se ha venido impulsando desde diferentes sujetos colectivos, sindicatos y movimientos sociales. En España, el debate parece dirigirse por el momento a una discusión sobre las candidaturas que pueden encabezar una propuesta alternativa que sintonice con los movimientos sociales existentes, centrándose en prmer lugar en la necesidad (o no) de primarias abiertas entre militantes. En otros países, como en Grecia, las elecciones europeas son un test para la consolidación de la izquierda real y alternativa. en Italia, hay un amplio movimiento impulsado por varios intelectuales, para crear una lista cívica que acudiría a las elecciones europeas para apoyar la candidatura de Tsipras a la presidencia europea. La iniciativa está en marcha y a ella tendremos ocasión de referirnos en próximas entradas. 

El texto de Pisarello, del que ofrecemos a continuación un amplio extracto, está dirigido a las personas que sostienen críticamente estos movimientos pero que expresan un fuerte escepticismo respecto a la importancia o ni siquiera al interés de las elecciones europeas en relación con los problemas propios en el espacio nacional o local, o incluso que contraponen de manera ingenua el trabajo político "en la base" frente a la acción parlamentaria. Orientar los resultados de ese momento electoral hacia la izquierda alternativa serviría directamente al fortalecimiento y vigorización de la movilización social y permitiría afianzar las posiciones político-democráticas que estamos reivindicando en la calle y en las plazas como forma de resistir ante la involución democrática del gobierno y los poderes económicos y como manera de experesar la necesidad de un nuevo proyecto de reforma y de cambio social y político que abra y consolide espacios de democracia real. He aquí el artículo de Pisarello, que lleva por título el muy sugerente Disputar Europa

Para un sector importante de la población, las elecciones europeas son una convocatoria inservible. Si la clase política local se encuentra bajo severa sospecha, en el caso europeo el juicio es aún más duro. El Parlamento Europeo es percibido como una institución lejana, con competencias misteriosas pero más bien inútiles y un papel marginal en el entramado institucional de la Unión Europea (UE). En parte del imaginario colectivo, su mayor servicio al bien común consiste en haber acogido a políticos retirados, asegurándoles una jubilación plácida, sin sobresaltos. Son este tipo de imágenes las que alimentan, no sin razón, las previsiones abstencionistas. De ahí la tendencia a minimizar la importancia de estos comicios, a tratarlos si acaso como una oportunidad para medir fuerzas locales y para ganar músculo de cara a pugnas electorales posteriores.

Y sin embargo, todo ello ocurre en un momento en el que Europa se ha convertido en un terreno de batalla decisivo. Más, sin duda, que hace cinco años, cuando la expropiación política y económica de las poblaciones del continente -sobre todo del Sur y del Este-, no era tan drástica. Es en la UE, de hecho, donde se fraguan parte de los rescates a entidades financieras que hincharon las burbujas especulativas y que ahora se benefician impunemente de su estallido. Es en la UE donde los hombres de negro y el club de amigos de Goldman Sachs ultiman los planes de austeridad que condenan a millones a la precariedad y a la exclusión. Es en la UE donde los lobbies de las principales transnacionales presionan para limitar la libertad de expresión en la red y otros medios o para laminar los estándares laborales, sociales y ecológicos.

(...) 

Este alejamiento, sumado al creciente protagonismo de instituciones sin legitimidad democrática como la Comisión Europea, el Banco Central o el Tribunal de Luxemburgo, acabó por dinamitar el carisma del Parlamento. Daba igual que cada nuevo Tratado recordara la conquista de unas cuantas competencias. La percepción generalizada era que allí había poco que hacer. Esto se reflejó de manera nítida en la participación electoral. En 1979, fue de un 63%. Desde entonces, no ha dejado de caer. 61% en 1984; 58,5% en 1989; 56,8% en 1994; 49,8% en 1999; 45,5% en 2004; 43% en 2009.

Para algunas posiciones críticas, esta tendencia señalaría una línea de actuación: dejar languidecer el Parlamento y replegarse en el ámbito local. El europapanatismo profesado por las elites que se han rendido a la Troika y que en estos días desfilan en los salones de Davos hace comprensible esta reacción. Pero afirmarse sin más en ella puede resultar peligroso.

De entrada, ninguno de los partidos responsables de la actual deriva antidemocrática y autoritaria de la UE -incluidos el PP y el PSOE- dejarán de ir a Estrasburgo a cumplir su papel. La extrema derecha de Marine Le Pen o de Geert Wilders tampoco resignará este espacio. Aborrecerá en público la pérdida de “soberanía nacional” en beneficio de la “tecnocracia de Bruselas”. Pero hará todo lo posible por conseguir en el Parlamento un altavoz que le permita propagar sus causas: atacar a la “plutocracia” mientras pacta con banqueros y grandes empresas, convertir a la inmigración en chivo expiatorio de la crisis o azuzar el chovinismo y la islamofobia.

Los movimientos sociales y sindicales partidarios de una radicalización democrática y las fuerzas transformadoras de izquierdas y ecologistas no pueden dejar el campo libre a estas iniciativas. Ni aquí, ni en Grecia, ni en Portugal, ni en Alemania. Quizás el Parlamento europeo cuente poco y su presencia mediática sea escasa. Pero también puede ser una caja de resonancia y un espacio de contrapoder y resistencia. La experiencia de los últimos años lo atestigua: mientras más controladas estén las instituciones europeas por fuerzas tecnocráticas o reaccionarias, mayor será el sufrimiento y la impotencia de las poblaciones locales, comenzando por las más vulnerables.

Dar batalla en las instancias supraestatales no está reñido con la defensa de la organización desde abajo y de las iniciativas cooperativas en el territorio, en los lugares de trabajo, o en las pequeñas escalas en general. Por el contrario, el fortalecimiento de la democracia en estos ámbitos depende estrechamente de lo que se consiga en escalas más amplias. Para revertir el fraude y la regresividad fiscal, para poner fin a las deudas ilegítimas e impagables, para combatir la xenofobia y la homofobia o para contrarrestar, sencillamente, la oligarquización de la vida política y económica. Llevar la necesidad de una ruptura democrática más allá de las fronteras, denunciar los cantos de sirena del repliegue estatal y crear las condiciones para un proceso constituyente, también europeo, no es sencillo. Pero o se hace desde premisas solidarias, internacionalistas, o la serpiente incubará su huevo racista y anti-igualitario también en el corazón del continente.

JAVIER KRAHE Y PAUL LAFARGUE

El último CD de Javier Krahe se llama Las diez de últimas, y viene envuelto en un celofán acompañado de El derecho a la pereza de Paul Lafargue. Esta versión impresa de la conocida obra del yerno de Marx tiene una introducción a la vida y a la obra de Lafargue extremadamente interesante, que ha escrito Diego Guerrero, el conocido profesor de economía de la UCLM. La traducción es de Javier Alvarado.

La presentación conjunta de ambos productos es muy sugerente y potencia la unión entre música y literatura política. Javier Krahe lo ponía de manifiesto en una entrevista de promoción que le hicieron en el digital Público el 5-12-2013:

 “La conexión mía con el libro es grande porque yo reivindico lo mismo que Paul Lafargue y las canciones son producto mío y de esa pereza. Porque la pereza que defiende Lafargue no es exactamente ‘me pongo aquí y no hago nada', que la incluye, sino de enriquecerse espiritualmente o culturalmente disfrutando del arte, la vida sentimental... todas esas cosas que el trabajo ahoga, entendiendo trabajo como el típico empleo de asalariado que no te interesa y lo haces para mantenerte". El libro defiende que el trabajo del asalariado te quita el tiempo necesario para vivir, contemplar el mundo y disfrutar de cada momento. "La gente llega un momento en el que sólo trabaja y cuando llega a casa está tan cansada que pone la tele. Como plan de vida no es nada envidiable", asegura Krahe, que se suma a la propuesta de Lafargue de establecer horarios de trabajo de tres horas diarias, las suficientes para mantener una estructura productiva y un equilibrio con la felicidad del individuo dentro de una sociedad. Y ello en esta España en la que algún dirigente empresarial - hoy en prisión por cierto - señaló que para salir de la crisis era necesario trabajar más, perder vacaciones, suprimir derechos, y donde nuestros gobernantes incumplieron una a una todas sus promesas electorales. 

Un escenario que permite leer los "nuevos vientos, la nueva canción" del régimen de la pereza que pronostica Lafargue con renovado interés y actualidad, como una firma de reivindicar el tiempo propio. Un momento por tanto de recuperación de la vida, de la existencia colectiva y del valor de uso del tiempo. Y eso pese a que (o quizá justamente porque)

¿Qué nos traerá el futuro?

Anuncia desolación

desolación y pan duro

Frente a lo cual solo cabe seguir en marcha, en movimiento.

Y quizá evitar repeticiones desde la izquierda de viejos errores que permitan que la política se escinda en una esfera subalterna, no influyente, la de los sujetos colectivos y sociales, sin que llegue a traducirse en un impulso general que se manifieste en el terreno electoral. Que no debe ser el que satirizaba Lafargue en su "nueva canción":

"Bajo el régimen de la pereza, para matar el tiempo que nos mata segundo a segundo, habrá espectáculos y representaciones teatrales permanentemente. Se trata de una labor adecuada para nuestros burgueses legisladores, quienes irán en cuadrillas por las ferias y los pueblos ofreciendo representaciones legislativas (...).En la barraca, se comenzará por la Farsa Electoral.

Ante los electores con cabeza de madera y orejas de burro, los candidatos burgueses, con vestidos de paja, bailarán la danza de las libertades políticas limpiándose la cara y el trasero con sus programas electorales  plagados de promesas, hablando con lágrimas en los ojos de las miserias del pueblo y con voz estentórea de las glorias de Francia. Y las cabezas de los electores rebuznarán fuerte y a coro: jijau! jijau!

Pero después comenzará la obra principal: El robo de los bienes de la Nación..."

No hay nada mejor por tanto en este fin de semana que comienza esta tarde (al menos para el titular de este blog) que escuchar a uno y leer a otro como ejercicio de ocio activo. Un antídoto contra el pesimismo tan actual que oscila entre el escepticismo y el posibilismo.

 

EL (NEO)LIBERALISMO NIEGA VOZ Y SUBJETIVIDAD AL TRABAJO

Siguen las movilizaciones sociales. El último ejemplo, el de Gamonal en Burgos, ha sido el ejemplo más repetido de cómo una lucha social y ciudadana puede conseguir éxitos muy señalados.Aunque en algunos comentarios lo más destacado fuera la capacidad de rebelarse de un barrio popular, más incluso que esa movilización hubiera logrado una importante victoria frente al autoritarismo y la corrupción municipal. A propósito de ello, surge una reflexión objeto de este comentario. 

El (neo)liberalismo niega al trabajo capacidad de interlocución política. Lo cosifica, considerándolo una mercancía, y a los portadores del mismo, los trabajadores, los esconde tras imágenes deformantes. Son individuos libres que pactan entregar sus energías a cambio de un salario. Es el salario el elemento decisivo para su calificación como sujetos de derechos. Expectativas que se deducen de un contrato sobre el valor de su trabajo medido en términos de salario y conceptuado como coste del proceso productivo. El sindicato es un mediador – aceptado o impuesto – en la determinación salarial y del tiempo de trabajo. Anclado en el mercado laboral y en la relación contractual que consagra la libertad del intercambio salarial, el trabajo no puede ingresar en la esfera de lo público, de la determinación del interés general, como interlocutor político. No tiene voz porque no es un sujeto político ni sus representantes –los sindicatos de trabajadores- alcanzan la condición de generalidad necesaria. Son siempre “particulares”, “profesionales”, “laborales”. Y las determinaciones que se producen en las relaciones materiales de la existencia de las personas que trabajan – los conflictos que las atraviesan, las reglas que las disciplinan – son siempre privadas, de carácter esencialmente económico, no políticas. Es un mundo aparte que se mantiene opaco ante las perspectivas de emancipación derivadas de la consideración democrática y ciudadana. El trabajo asalariado se desarrolla en un espacio de autoridad incontestada a la que no puede exigírsele que se adecue a las formas democráticas. A ello se ha unido en los últimos tiempos una perspectiva que enlaza el trabajo con el empleo, relacionando la cantidad de éste con la devaluación del valor económico de aquel. Cuanto menos valga el trabajo, más empleo habrá.

Frente a ello, todos los esfuerzos del discurso antiliberal han ido dirigidos a la politización del espacio del trabajo y a considerarlo como un terreno decisivo para la configuración del status de ciudadanía. El paralelismo entre la lucha de la burguesía por el reconocimiento de sus libertades y la necesidad de una trayectoria paralela de los trabajadores por la conquista de la democracia en la empresa y en los lugares de la producción no ha tenido la continuidad histórica ni cultural que habría sido precisa para afirmarse en el discurso político común de las fuerzas reformistas. 

El ciudadano es por el contrario una figura aceptada por la escisión liberal como un sujeto abstracto, no cualificado por su posición subalterna social y económicamente, que coopera a la conformación del interés general y que goza por tanto de la aceptación condicionada a su empleo funcional al desarrollo de la riqueza de todos y a la preservación de las libertades económicas que la encuadran. El discurso antiliberal se ha beneficiado de esta figura abstracta y universal y la ha completado con otro contenido activo y exigente que requiere prestaciones públicas que nivelen las desigualdades sociales, sitúen fuera de la lógica del mercado determinadas exigencias de vida e involucren el espacio público en los intereses de la mayoría, en los bienes comunes de la población. En ese mismo discurso el trabajo se presenta como la condición necesaria de esa ciudadanía social, pero es muy difícil aproximar el espacio de la ciudadanía al de un trabajo fragmentado, dislocado y precario que progresivamente se afianza como el único horizonte real posible de empleo. Inestable y devaluado.

Esta apreciación diferente se comprueba en el discurso actual frente a las políticas de austeridad frente a la crisis. La narrativa de contestación de estas políticas que se basa sobre la reivindicación de una ciudadanía activa, participativa, es mucho más fuerte que la que incorpora a este discurso el elemento de la subalternidad del trabajo, la erosión de los derechos laborales y la devaluación progresiva del salario. Y ello con independencia de que esa narración la efectúen los movimientos sociales o el sindicalismo de clase. 

La debilidad del argumentario que reposa sobre la centralidad del trabajo y la remoción de las situaciones de autoritarismo y explotación es algo detectable también en el discurso sindical, mucho más compacto en la reivindicación de la ciudadanía social, como si se diera por descontado que el dogma liberal de la opacidad del trabajo a la democracia tuviera tal carga de realidad que fuera improbable su remoción en la acción política de los sujetos sociales. Como también se manifiesta en la actividad cultural de los juristas críticos que actúan en este marco antiliberal y democrático, mucho más interesados en el desarrollo de las técnicas de garantía y de los contenidos de los derechos sociales ciudadanos que en la disciplina jurídica del trabajo, que cuenta con técnicas e instrumentos ya consolidados dogmáticamente que sin embargo son reconfigurados y devaluados en las últimas reformas laborales.

La opacidad democrática del trabajo se expresa asimismo en las formas de conflicto que adoptan las movilizaciones sociales. La sublevación de la ciudadanía en cuanto partícipe de un territorio y de unas necesidades de vida en la ciudad, o de unos servicios públicos son los elementos más subrayados como modelos para la acción. Por mencionar los ejemplos más relevantes, la actuación de la PAH por el derecho a la vivienda se mueve en esa dimensión, aunque hace referencia más precisa al desarrollo y garantía de un derecho social que está construyendo en gran medida la propia presión popular y las formas especiales de dar visibilidad al conflicto, como los “escraches” emprendidos con tanto éxito y participación. Las “mareas ciudadanas” y fundamentalmente la de sanidad y enseñanza, gestionan y expresan un descontento en relación con la prestación de un servicio público y saben estar presentes en las calles con una vistosidad muy notable. La referencia a la posición social de estos ciudadanos marcada por el desarrollo de una actividad laboral asalariada o de cuidados, por la prestación de un trabajo, se coloca en un lugar muy residual. Los ejemplos que podrían insertarse en ese proceso de rechazo y resistencia, como la lucha victoriosa de los trabajadores de la limpieza de Madrid a través del ejercicio de su derecho de huelga, no se mantienen en el discurso explícito que alimenta la contestación a las políticas de austeridad en la mayoría de sus exponentes más cualificados. La huelga es un modo de acción lejano de las pautas preponderantes de la movilización ciudadana e incluso no se considera que forme parte de ésta. 

Parecería que el propio sindicato se aparta de los moldes clásicos que canalizan y expresan el disenso frente a las políticas públicas de recortes y de reformas estructurales a través de la huelga general. Por un lado el sindicato español tiene dificultad en expandir el conflicto más allá de la empresa – aunque sea muy eficaz en dirigir y gobernar el conflicto en la misma – pero además sabe que la huelga que subvierte la normalidad productiva de los trabajadores y sólo de éstos no alcanza el grado de presión social necesario para involucrar a la ciudadanía como categoría popular, política. Dejando de lado el problema de la eficacia de la huelga y por tanto de su percepción como instrumento central de la participación de los trabajadores en un proyecto de reforma social – tema al que posiblemente se dedicará una reflexión específica en breve – la huelga general ha dejado de ser un acto de resistencia general que expresa el rechazo del trabajo prestado en régimen de explotación y de autoridad incontestada. Se considera más bien un trabajoso momento en el que se hace presente la representación colectiva del trabajo y su capacidad de influencia entre un amplio número de trabajadores, una reivindicación del sujeto colectivo que representa el trabajo y que se exhibe como interlocutor político. Pero ese proceso de exteriorización es penoso y agotador, gasta muchas energías personales y medios materiales y no obtiene un éxito ciudadano entendido como afectación del consumo y de la cotidianeidad de la vida de las personas.

Posiblemente es esa convicción la que ha llevado a los sindicatos españoles a compartir sus formas de movilización con las que se expresan desde la esfera de la ciudadanía social, a fundir sus reivindicaciones con las que manifiestan los movimientos ciudadanos, a los que por cierto el sindicato da organización y estructura. Exhaustos ante la movilización “particular” frente a la degradación del trabajo, las últimas huelgas que reivindican un tratamiento garantista del derecho al  trabajo se detienen ante la Ley 3/2012 de reforma laboral. Las últimas medidas en esta materia  – el RDL 16/2013 – han sido criticadas de forma contundente pero sin arbitrar una respuesta en el campo del conflicto. Tampoco han sido muy consideradas en el discurso alternativo de la movilización social contra las medidas de austeridad. 

Aunque lo importante para los sujetos que reciben y resisten las consecuencias de las políticas de austeridad es percibir las formas a través de las cuales se expresa un claro rechazo a las mismas, es también conveniente prestar atención no sólo a los hechos o a las prácticas llevadas a cabo colectivamente, sino a la manera en que se produce la deslegitimación de la actuación de los poderes públicos y privados, la repulsa a la corrupción y al autoritarismo, en definitiva, la narrativa que emerge de estos sujetos frente a la sucesión brutal de acontecimientos y su imposición violenta por las autoridades de gobierno y el poder empresarial. 

Y el discurso es diferente en uno y otro supuesto, el de los recortes sociales y el de la degradación de los derechos derivados del trabajo. En este último caso, se ha actuado desde las sucesivas reformas legislativas favoreciendo la fragmentación, la variabilidad y la atomización de los intereses de los trabajadores para romper la capacidad de agregación de la forma sindicato y difuminar su poder contractual. Con el poder público el diálogo social ha quedado prácticamente desactivado ante una política definida de manera unilateral frente a la que solo cabe una intervención adhesiva por parte de los sujetos que representan el trabajo en una sociedad determinada. El trabajo sigue siendo considerado como un espacio opaco a la consideración democrática, un territorio donde la autoridad del poder privado no puede ser contestada ni colectiva ni individualmente, un momento secundario en la movilización social y política de los proyectos reformistas. 

Recomponer esa asimetría es importante. Ante todo para el propio sindicato, que necesita seguir construyendo un modo de estar en el trabajo que no implique la anulación de los derechos del trabajador y del ciudadano y que por tanto debe repolitizar democráticamente ese espacio de actuación. También servirá para reformular la relación con los movimientos sociales recuperando el lado oculto del trabajo como eje de explicación de la desigualdad social y la remercantilización de la existencia. Ayudará en fin a que la izquierda política supere las demasiadas inseguridades que denota respecto del proyecto de reforma que encarna, tanto en el nivel europeo como en el plano nacional.