SOBRE EL ANTISINDICALISMO COMO RASGO CULTURAL DE LA ÉPOCA

No dejen de leer los seguidores de este blog las lecciones que el maestro López Bulla extrae del resultado de la vicenda griega para las izquierdas españolas, El gran estratego y el pitufo gruñón , y dejemos para más adelante el análisis de la noción de Europa que está siendo diseñada, con el concurso de la derecha cristiano-demócrata y la social democracia, en torno al concepto de gobernanza económica y de supremacismo alemán. La imagen que se inserta es una buena estampa de la obscenidad de los vencedores que retrata perfectamente la violencia de la que son capaces de mostrar en la opresión de los pueblos y de las personas.  Ahora sin embargo se propone para esta entrada unas reflexiones sobre el antisindicalismo fruto de la lectura de un libro relativamente reciente sobre este punto. Aunque muchos dirán que no, este es también un tema muy relacionado con el diseño de Europa y la necesidad imperiosa de detener la violencia brutal del dinero contra las personas.

Una de las cosas más chocantes que se experimenta cuando se entra en una librería inglesa es que sólo se pueden encontrar libros que hablen sobre sindicalismo en la sección de historia. Es una materia acotada que no es reconocida por los estudios sobre el presente del derecho o de las relaciones sociales. Pasa algo semejante con el derecho del trabajo. Han desaparecido los (escasos) libros sobre derecho social europeo, y apenas se encuentran manuales sobre el derecho del empleo. Uno sólo sobre Derecho del Trabajo con ese título, de Collins, Ewing  y McColgan, data del 2005 y la segunda edición de 2010.

Sin embargo todos saben que el sindicalismo en Gran Bretaña es un fenómeno social, que con el liderazgo de Milliband los sindicatos han ganado peso en el interior del Partido Laborista y que actualmente, frente a la política de recortes, están llevando a cabo importantes acciones no sólo en la calle con manifestaciones muy corpulentas, sino a través de una serie de huelgas que han afectado fundamentalmente al sector público. El metro de Londres, algunas compañías ferroviarias del mosaico que surgió de las privatizaciones thatcherianas, museos como la National Gallery, o inminentes convocatorias en la enseñanza frente a recortes salariales y pensiones, son los últimos supuestos de este mes de julio. Esta presencia de la acción colectiva sindical encuentra una respuesta muy fuerte por los sectores conservadores del país y sus medios de comunicación. Algunos columnistas – como el exlaborista Leo McKinstry, desde las páginas de The Spectator – braman contra este atentado “contra los trabajadores” – al tratarse de huelgas que afectan al conjunto de la población – y exigen el endurecimiento de las leyes sindicales recortando al máximo “los privilegios” de los sindicatos. Durante un tiempo se sabía que la rudeza antisindical de los medios conservadores británica era proverbial – recordaba un tanto a los medios pinochetistas hablando de los sindicatos – pero para un español hoy estas actitudes nos resultan lamentablemente familiares.

Por eso el encuentro en la biblioteca central de Cambridge de un trabajo colectivo dedicado al estudio del antisindicalismo como objeto de estudio académico ha permitido constatar no sólo la relevancia del fuerte rechazo frente a esa figura, sino relacionarlo con una cierta “repulsión” hacia la forma de representación concreta – una asociación voluntaria y permanente de personas que trabajan – que ha adoptado el sindicato como expresión histórica de la necesidad de representar el interés colectivo.

La “repulsa” del sindicalismo, una categoría social que da sentido a la cohesión social y económica y agrega consensos en la comunidad política de un país determinado, tiene sin duda una base liberal. El antisindicalismo es una noción decididamente liberal que tiene más fuerza cohesiva que la desconfianza hacia el Estado y la preservación de una esfera individual de libertad de los individuos que construye la idea de libertad negativa que está en la base de las doctrinas liberales de origen anglosajón. Permanece y se refuerza conforme se debilita la influencia de un sistema de pensamiento construido sobre la solidaridad y la politización democrática de la economía, la sociedad y el trabajo.

Es muy común pensar que el antisindicalismo liberal se basa en la hostilidad hacia lo colectivo como opuesto a lo individual, aunque naturalmente lo que se combate es el carácter clasista de la noción de representación y la capacidad de ésta para presentarse dinámicamente como acción colectiva. Se considera así incompatible con las libertades de empresa y de la economía que rigen la sociedad civil, aunque posteriormente se presente más bien como un “obstáculo”, una “restricción” a las libertades económicas fundamentales que sostienen la sociedad y que por tanto debe ser “justificadas” como excepción a la regla. La única forma de integrar lo colectivo en este esquema liberal más “permisivo” es en el marco de una relación bilateral contractual, como un elemento de estabilidad del negocio que se genera a partir de las obligaciones recíprocamente asumidas.

Hay también un antisindicalismo autoritario – lo que no impide que el anterior también lo sea – que se manifiesta mediante la oposición a lo colectivo de la categoría de lo público-estatal, como la remoción necesaria de un interés de grupo que pretende ser general porque aspira a representar a la mayoría social a partir del trabajo, del hecho material de trabajar, y que por consiguiente se aparta de – y conspira contra – la capacidad del Estado de crear y poner en práctica el interés general sobre la base de una peculiar síntesis de intereses de sectores o de grupos sociales. La hostilidad antisindical desde lo público-estatal expresa la repulsión frente a lo colectivo-clasista que se fundamenta en una consideración autónoma, desde la clase social, del proyecto social global y de la concreta relación salarial como base del sistema económico y que por consiguiente se confronta con la determinación estatal del interés general a través de mecanismos de representación cerrados y prefijados por el poder público.

Estas dos determinaciones pueden converger y coincidir en un argumentario común. Es el que aúna individualismo económico y libertad de empresa como expresión genuina de este individuo-propietario y el rol integrador y resolutivo del Estado frente al particularismo egoísta y corporativo del sindicalismo de los  trabajadores. Son manifestaciones culturales de liberalismo autoritario, un concepto posiblemente clave en adelante para entender el desarrollo de la UE y que se podría verificar en algún estudio de caso.

Ambas versiones objetan el mecanismo de la representación que está en la base de la forma – sindicato. No es una representación civil de propietarios ni es una representación política de ciudadanos libres e iguales, sino un híbrido entre ambas que busca otro espacio por cubrir, el de las personas que someten su trabajo y el tiempo de vida a la explotación laboral.

Sin que muchas veces se mencione expresamente, éste es el tema que recorre el problema de la eficacia de los convenios colectivos o de su fuerza vinculante en la expresión de la constitución española, la discusión sobre los sujetos legitimados para negociar y la diferente posición de quienes son titulares del derecho de huelga, y se presenta como solución específica a través de la elaboración de la noción de la representatividad sindical.

Actualmente este rechazo del elemento representativo se detecta también en relación con el ámbito propio del trabajo objeto de representación, como si éste se hubiera inmovilizado en un espacio cada vez más despoblado, dejando fuera a un gran número de personas que no construyen su identidad ni primaria ni fundamentalmente a partir del trabajo. Esta carencia determina una incapacidad de la forma sindicato para cumplir su función integrativa de un interés colectivo que tiende a percibirse como general a partir de una representación del trabajo también global. El antisindicalismo aquí se nutre de las propias carencias del sindicato, pero se alimenta de la ganga ideológica liberal que puede explicar sus frustraciones mediante la deslegitimación de la figura social que debería representar a estos sujetos.

El antisindicalismo como cuestionamiento de la capacidad del sindicato para representar colectivamente el hecho social del trabajo implica necesariamente negarle legitimidad para ello y por tanto también negar su presencia en el espacio donde se desarrolla el trabajo. A través de esta doble negación se produce en muchas ocasiones la confusión entre planteamientos antisindicales y aquellos que buscan remplazar el mecanismo de la representación colectiva por otros modelos de adhesiones individualizadas o de relaciones interpersonales plurales. Se viene a estudiar principalmente como un conjunto de prácticas sostenidas tanto por el Estado y las agencias públicas como por las empresas y su personal directivo y que se someten a una serie de patrones o de moldes que pueden analizarse y sistematizarse en paralelo a otras aproximaciones más fundadas en el análisis de la represión y de sus formas de expresión.

Pero el antisindicalismo ante todo es una ideología, una marca cultural de la época que aborrece en la esfera privada la posibilidad de ser representado en sus intereses mediante instancias de solidaridad y de nivelación contrarias a un planteamiento de progreso extraordinariamente anclado en el esfuerzo y el emprendimiento individual, y que no permite intrusiones en el espacio público de sujetos que concurran a representar a un grupo social desde la densidad del trabajo, impidiendo un contraste más nítido y general entre ciudadanos desprovistos de más coerciones que las que pueden derivarse de su conciencia y libre expresión de sus creencias.

Hay mucho que desarrollar a partir de estos esquemas.

ESPACIO GLOBAL Y EMPRESA TRANSNACIONAL

A falta de algún tiempo para examinar el resultado final de la negociación del tercer rescate de Grecia, se incorporan a esta bitácora algunas reflexiones realizadas en el contexto de la investigación de Arturo Luque, doctorando cuya tesis es dirigida por Juan Hernández Zubizarreta (EHU/UPV) y Agustín Galán (UH), sobre la subcontratación en la cadena de valor de las empresas del textil. Las reflexiones discurren sobre la Empresa Transnacional y su existencia en el marco del espacio global. En la foto, se puede apreciar el interés que este debate ha suscitado entre varios y conspicuos exponentes laboralistas patrios.

El espacio global se mueve, desde el plano de las reglas, a partir de la voluntad de ese sujeto global que es la Empresa Transnacional (ETN). Las normas nacionales – que corresponden al Estado como centro de imputación normativa – son empleadas por la ETN como estímulo o desincentivo a la inversión, y hay listas de países especialmente señalados por instituciones financieras internacionales como especialmente recomendados para invertir en ellos porque la legislación nacional es débil o inexistente o el control judicial es deficiente y de difícil acceso. En estos países además los sindicatos están perseguidos o tienen una reducida implantación. La vigencia de las normas internacionales, como los Tratados o Convenios de la OIT requieren una trasposición al ordenamiento interno, por lo que también en este supuesto el elemento nacional es clave para la elusión de derechos. Desde el ámbito internacional, solo queda por consiguiente el recurso a medidas de “soft law” que son funcionales al dominio hegemónico de la ETN en cuanto creadora de reglas o sujeto legislador en el espacio global. De esta manera el espacio global es un ámbito privatizado, en el que sin embargo podría entrar – como así sucede paulatinamente a partir de la presencia del sindicalismo global – el esquema bilateral del contrato, mientras que rechaza la cualidad imperativa de la norma pública (internacional y nacional por defecto). Por eso el sindicato, en la medida en que se construye y organiza en su dimensión global, puede entrar en el espacio privado de las reglas que domina la ETN, e intentar en él la realización de acuerdos colectivos. Esta es una vía de acción muy prometedora, si bien desplazar paulatinamente el espacio de regulación privado de las ETN hacia la esfera internacional y por consiguiente hacia vínculos normativos o contractuales con control público – tribunales internacionales, relocalización de la responsabilidad de la ETN en el ordenamiento jurídico del país de la empresa matriz de ésta, etc – es asimismo un elemento crucial para construir los fundamentos de una civilización global que tenga en cuenta el espacio de los derechos como un eje fundamental.  

El territorio peculiar de la ETN en materia de derechos laborales y medioambientales sigue siendo conocido como el espacio de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE),  y se expresa en los Códigos de Conducta de estas empresas, progresivamente sustituidos por Acuerdos Marco Globales pactados con los sindicatos.

Es sabido que los Códigos de Conducta tienen un origen claramente defensivo por parte de las Empresas Transnacionales  que buscan proteger su imagen ante consumidores y usuarios informados que pueden apartarse de la marca que ha sido reconocida como vulneradora de derechos fundamentales básicos, el trabajo forzoso o el trabajo infantil. El caso de Nike es emblemático a estos efectos. Pero al tratarse de un compromiso unilateral y voluntario de la empresa, surte más efectos en el espacio de su imagen mercantil que en la esfera de la producción, que es siempre opaco y en donde la eficacia real de estas medidas es muy débil y no deja espacio a la dimensión colectiva del trabajo como eje de relación y de mediación de la reparación o prevención de tales abusos.

Hay que tener en cuenta que cada vez es mayor el número de trabajadoras y trabajadoras formales, es decir, considerados formalmente como trabajadores asalariados, en el mundo. La embestida neoliberal contra los derechos de los trabajadores en los países desarrollados no debe hacer olvidar los avances que sin embargo se realizan, en términos de estándares de derechos, en otras partes del globo, como podría suceder si miráramos Latinoamérica, por ejemplo, y lo comparamos con la situación en cuanto a derechos laborales y sociales en la década de los 90 respecto de la situación actual. Asimismo, y pese a su anquilosamiento y debilidad, el sindicalismo global se ha desarrollado mucho y tiene una capacidad de información muy relevante, aunque los medios de comunicación globales la combatan o la invisibilicen. En especial el sindicalismo internacional tiene una cierta capacidad de proyecto y de interlocución global y conoce bien el diseño de la estrategia de las grandes ETN. Por eso la incorporación a los Acuerdos Marco no sólo de los estándares laborales básicos de la OIT sino cada vez más de otras condiciones laborales y medio ambientales resultan relevantes para rellenar mediante la autonomía contractual colectiva esta esfera desregulada.

Es importante asimismo que el sesgo medio-ambiental (que parece más pronunciado que el laboral, menos visible) ocupe una parte del discurso de la empresa transnacional. Pero este hecho está en la base de la creación de la noción de RSE y su relación con la imagen de la ETN con vistas a las reacciones negativas que puede provocar en el consumo mundial de sus productos en el mundo desarrollado. Los medios de comunicación social fortalecerán esa “toma de posición” como forma de robustecer la presencia de estas ETN en el mercado mundial señalando su sintonía con importantes sectores de consumidores (jóvenes y mujeres fundamentalmente). El debate sobre este aspecto se tiene que llevar a cabo en este espacio de comunicación, lo que es problemático, y abre el problema de la utilización de las redes sociales como una forma alternativa de “poner en evidencia” las afirmaciones “positivas” de las ETN respecto de sus compromisos medioambientales y laborales. En ocasiones la lucha laboral ha permitido, como en el caso de Coca Cola, confrontar el mundo feliz y cool de un producto mercantil en sintonía con los mejores valores sociales, con una práctica de corrosión de derechos y de denigración de las personas que trabajan, rompiendo el espejo de virtud en el que la multinacional quería ser admirada.

El tema de la RSE ha tenido un momento de esplendor hasta el inicio de la crisis mundial del 2010 y posteriormente se ha ido reduciendo, aunque la aprobación de las normas Ruggie por las Naciones Unidas en el 2013 – que no han sido suficientemente comentadas – implican que sigue teniendo una cierta relevancia. Lo decisivo de la RSE (que es un término preferible respecto de la Responsabilidad Social Corporativa, más situado en la unilateralidad mercantil de la corporación y su “administración”) es  que se sitúa más allá de los parámetros imperativos de la norma laboral o medioambiental, mejorando o desarrollando sus contenidos, por lo que es necesario ante todo asegurar una malla de derechos mínimos garantizados legalmente y un espacio de poder colectivo gestionado sindicalmente que despliegue esos derechos a través de la negociación colectiva. El margen de movimiento de la RSE en este escenario es sin embargo importante, pero naturalmente que la condición necesaria para que despliegue sus funciones es la existencia previa de ese marco legal y colectivo de preservación de derechos y de estándares salariales y de condiciones de trabajo.

Hay además mecanismos de control de las inversiones públicas y privadas en el sector público en los que la apelación al cumplimiento de los estándares laborales o ambientales puede ser muy útil, como lo sería la apreciación del cumplimiento de estándares apropiados de RSE, y en ese sentido no tiene por qué considerarse una medida puramente efectista. Naturalmente que este tipo de iniciativas – no las de los “valores sociales” o “impacto social” de las empresas, que es una noción vaporosa y manipulable, mucho más que la ya asentada de RSE – no pueden suplantar el esquema básico ideal ya referido: una red de derechos sociales garantizados por la norma estatal y un importante margen de cobertura por la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de un país.

A fin de cuentas, sin embargo, el problema de la regulación del espacio global se remite a la consideración conjunta de una serie de niveles posibles de regulación, que naturalmente no están coordinados ni pre-ordenados en la actualidad. El núcleo de la problemática de la globalización está siempre en una relación entre escalas, es multiescalar, en la medida en que entra en juego lo local o territorial concreto, lo nacional /estatal, lo internacional y lo propiamente transnacional o global. La clave está en la combinatoria de estos elementos. Y no solo para las empresas transnacionales, su capacidad ectoplásmica de desplazarse por los lugares de producción y su resistencia problemática a cualquier intento de control de sus decisiones, considerado como un obstáculo impertinente a su libertad de circulación, de establecimiento y de prestación de servicios. También es un esquema pertinente para explicar los mecanismos de fabricación de reglas vinculantes desde y para el capital financiero en relación con espacios regulados sobre la base de un principio democrático radicado fundamentalmente en alguno de estos niveles territoriales. El caso de Grecia es emblemático al respecto.

La deslocalización empresarial internacional, el empleo de firmas contratadas o subcontratadas en diferentes partes del planeta por las grandes corporaciones transnacionales tiene que ver, desde luego, con el diferencial salarial total, entendiendo por tal no solo la remuneración sino la carencia de costes o contribuciones sociales y lo que eso implica, la inexistencia o inviabilidad de organizaciones colectivas de defensa de las personas que trabajan, sean sindicatos u otras formas de contestación permanentes. Es funcional a este proceso la debilitación o inexistencia de los elementos básicos de una democracia social avanzada en un territorio estatal determinado. Es decir, la carencia de derechos democráticos está en la base de estos procesos de producción y de creación de riqueza. No se debe olvidar por consiguiente que la contraposición entre apropiación de la riqueza y de los recursos naturales e instituciones democráticas fuertes es el fundamento de estos procesos que impulsan de modo irresistible hacia la asunción de instrumentos regulativos que privaticen y anulen los espacios normativos públicos y colectivos. El ejemplo del TTIP es en estos momentos suficientemente ilustrativo.

Además, la corrupción, que constituye una característica del sistema económico regular en muchos países, constituye asimismo una oportunidad de negocio en el plano de decisión de las inversiones y de “localización” de la empresa, es decir, se comporta como un dato más a la hora de decidir económicamente, junto con la carencia de derechos en un país determinado o la imposibilidad de ejercitarlos. Hay varios Acuerdos Marco Globales que incluyen un compromiso de lucha contra la corrupción que es supervisado por los instrumentos contractuales de administración del acuerdo, pero no hay que olvidar que en gran medida las ex metrópolis coloniales necesitan la corrupción de sus ex colonias para garantizar su presencia económica y militar en la zona. Por otra parte, la narrativa dominante sitúa la corrupción en lo público – y en la “política” – por lo que reivindicar la privatización de este espacio se presenta, paradógicamente, no como la consecuencia, sino como la solución a la corrupción.

Por último, es preciso analizar el contexto cultural de las ETNs y en general de las grandes corporaciones nacionales para entender la disociación que se produce entre formación de directivos y su práctica social. El estilo de vida, el uso del tiempo y la inmersión en una cultura de la productividad del dinero, propia de la financiarización de la economía que caracteriza la época, hace que su horizonte cultural se base en la desigualdad y en la separación emulativa de sus trayectorias vitales respecto de las del resto de la población. Su fuerte autoestima como casta dirigente, su desprecio e ignorancia respecto de las condiciones de vida y de existencia de los “naturales” de los diferentes países en los que se instalan, y un cierto confesionalismo fundamentalista en el poder del dinero explica en gran medida el aislamiento y la falta de empatía con el resto de la población de esta capa de directivos transnacionales que se reconocen como plenos protagonistas de los espacios globales que riega el capital financiero.

LAS ELITES EUROPEAS ENFURECIDAS CON GRECIA. HABLA JOAQUIN APARICIO

Joaquín Aparicio ha publicado en su blog y luego en el digital Nueva Tribuna una acertada reflexión sobre los acontecimientos que se están desarrollando en Europa tras la victoria del no en el referéndum griego. Se reproduce en esta bitácora con prontitud, puesto que suministra un análisis convergente con las últimas entradas en el mismo que examinaba la encrucijada que Grecia había planteado a las políticas de austeridad europeas y a los grupos socialdemócratas de la UE ante los cuales se agita la contradicción entre la aplicación inflexible de las políticas de austeridad en un país ya saqueado por el "gobierno de los banqueros" - como señaló Habermas - y el respeto a la voluntad popular expresada en el referéndum que rechaza esas mismas políticas en lo que supone de imposición de un estado de excepcionalidad social que deroga derechos y reduce a la nada las condiciones de vida y de existencia de la gran mayoría de la población.

Leamos ahora lo que escribe Joaquín Aparicio

La amplia mayoría del pueblo griego, con su NO, OXI, ha dado una lección de democracia y dignidad a las élites europeas del dinero, a sus servidores en las instituciones gubernamentales, de la Unión Europea y de los medios de comunicación y a todo el mundo. Como casi siempre, los más aduladores se han apresurado a alzar la voz para repetir la misma canción: el referéndum no cambia nada, al contrario, aleja la posibilidad de acuerdo. Pero si hubiese ganado el si, bien que habrían dicho que las cosas habrían cambiado, como que el Gobierno de Syriza  tendría que dimitir. Ahí están las voces de la primera ministra de Polonia (“tienen que dar pasos en el duro camino de las reformas”), de dirigentes de letonia, de Eslovaquia, etc…. Si hubiera coherencia tendrían que dimitir varios sujetos, como el presidente de la Comisión europea o el del Parlamento europeo, activos propagandistas del si. El caso de Valdis Dombrovskis, letón y vicepresidente de la Comisión, ha sido asombroso al llegar incluso a negar legitimidad al referéndum. Como buenos vasallos estaban intentando adelantarse a lo que digan desde Alemania, en donde, como era de esperar, no han tardado en mandar el mismo mensaje: No hay ayudas si no hay reformas ¿Qué reformas? Como siempre no se dicen abiertamente, pero si en las negociaciones: eliminar derechos laborales, aumentar los poderes empresariales, subir los impuestos indirectos, no aceptar que se graven las grandes fortunas ni controles a los bancos, privatizar servicios públicos… Eso, precisamente, es a lo que los votantes griegos han dicho por aplastante mayoría NO. El vicepresidente Dombrovskis, frente a ese incontestable ejercicio de democracia, ha dicho que hay otras 18 democracias en Europa, como diciendo que 18 son más que una y que hay unos contribuyentes europeos a los que les deben los griegos, pero ¿Se les ha preguntado a los ciudadanos de esas 18 democracias si están de acuerdo con los recortes de derechos sociales  y se les ha explicado que los recursos económicos entregados en el caso griego no fueron para la población griega sino para convertir deudas privadas de los bancos (sobre todo alemanes y franceses) en deuda pública?

La furia de las élites contra Grecia no ha hecho sino empezar, porque el referéndum griego ha puesto sus vergüenzas al aire, por eso la solidaridad con Grecia en las calles y ágoras de Europa, hasta ahora más bien escasa, debe ser una necesidad para quienes quieran salvar la democracia en Europa. El ateniense Teseo acabó con el Minotauro que exigía en su laberinto de Creta el sacrificio de jóvenes que le tenían que ser entregados con regularidad para ser devorados.  Hoy el Minotauro anda por los laberintos de Bruselas, Washington, Frankfurt y Berlin y exige el sacrifico de jóvenes y mayores. Los ciudadanos europeos no podemos dejar solos a los griegos, cual Teseo, en su lucha desigual con el monstruo porque nos va mucho en ello.