DIGITALIZACIÓN Y REFORMA PROCESAL EN EL RDL6/2023: UNA JORNADA DE ESTUDIO DEL GEJUR DE CC.OO.

 

Tradicionalmente el Gabinete de estudios Jurídicos de CC.OO. que dirige Francisco Gualda en Albacete, organiza dos grandes Jornadas o Encuentros entre abogados laboralistas, estudiosos del derecho laboral, magistrados y sindicalistas. La primera, que es la que tiene más solera, es la Jornada de Albacete que suele celebrarse en las primeras semanas de junio con el concurso de la Facultad de Relaciones Laborales y de Recursos Humanos de la UCLM. La segunda se realiza en Madrid, y tradicionalmente comparte la organización de la misma la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, en una interesante experiencia de intercambio y de debate entre los agentes privilegiados del momento interpretativo, abogados y asesores sindicales y magistrados y jueces de lo social.

Este año la Jornada de Estudio tiene como objetivo el análisis sobre la digitalización y la reforma procesal tras el RDL 6/2023, como concreción de las nuevas vías de intervención legal sobre los conflictos laborales. En esta ocasión en la organización del encuentro no sólo intervienen los dos promotores clásicos, el GEJUR de CCOO y la comisión de lo social de JJpD, sino también el Área de Derecho del Trabajo del Departamento de Derecho del trabajo y Trabajo Social de la Universidad de Castilla La Mancha que dirige Rosario Gallardo. La Jornada se realiza exclusivamente en formato presencial y tendrá lugar el 14 de marzo en el Auditorio Marcelino Camacho, en la calle Lope de Vega 40. Se ajusta a un programa con el que se pretende tomar conocimiento de las últimas cuestiones novedosas generadas por la práctica judicial, las reformas normativas, y articular un debate sobre las dificultades que presentan a la hora de intervenir en los conflictos laborales desde la perspectiva jurídica y sindical

Como señalan sus organizadores, el tema elegido tiene una evidente trascendencia. La reforma llevada a cabo por el RDL 6/2023, de de 19 de diciembre, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 20 de marzo 2024, no se limita a aspectos meramente de ordenación de los trámites procesales, sino que ha pretendido abordar dos retos fundamentales: la digitalización del conjunto de las actuaciones procesales, que afecta a como se relacionan los ciudadanos y profesionales con los órganos judiciales, y una batería de medidas para hacer frente a los retrasos estructurales que padece la Jurisdicción Social. Se pretende así en esta Jornada analizar el alcance de las medidas disuasorias al incumplimiento empresarial, como la imposición de gastos del proceso a la empresa, la incorporación de reglas más intensas de acumulación, la agilización del proceso monitorio para ser una vía que permita la reclamación efectiva de las deudas laborales, y todo un sistema para abordar los procesos laborales en masa. A su vez, se quiere efectuar un análisis sobre el impacto de la digitalización en el control legal y sindical de las actuaciones del empresario, y como abordar la intervención en los conflictos en que la empresa utiliza los sistemas de inteligencia artificial y algoritmos.

Como es costumbre en esta actividad, el acto lo abrirá la Secretaria General de la USMR -CCOO, Paloma López, junto con Amaya Olivas, por JJpD y Carlos Gutierrez, secretario confederal de eStudios y de Formación, a los que seguirá una intervención de Unai Sordo , Secretario General CCOO, para tratar la posición sindical ante los problemas básicos del actual marco de relaciones laborales, y que vienen generando un importante debate social sobre el salario, la reducción del tiempo de trabajo y la protección frente al despido.

A continuación, la primera ponente de la sesión de mañana es Mari Luz Rodriguez Fernandez , Catedrática Derecho del Trabajo UCLM, analizará los retos a la tutela judicial ante la digitalización en las relaciones laborales, en concreto, las garantías frente a las decisiones empresariales automatizadas y la inteligencia artificial. El impacto de la digitalización igualmente es un reto para los sistemas de participación sindical en la empresa y solución de conflictos. A continuación la profesora Gemma Fabregat Monfort, Catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, analizará toda una serie de medidas adoptadas en la reforma del proceso social, como es el papel de la conciliación y los supuestos excluidos, con particular referencia a las empresas públicas, el alcance del nuevo régimen sancionador y de condena de honorarios a cargo de la empresa, cuando vea estimada la demanda, la ampliación de la tutela judicial en materia de dependencia y el tipo de acciones que se contemplan de reconocimiento, de prestaciones y servicios, el alcance de la previsión de la acumulación de la acción de daños a las demandas de despido, asi como los supuestos de acumulación de acciones ante la reorganización empresarial y despidos objetivos, en el marco de la reforma procesal inducida por el RDL 6/2023.

Ya en la sesión de tarde, se analizarán las reformas introducidas en el proceso monitorio, con la finalidad de hacerlo una vía efectiva para canalizar las reclamaciones de cantidad frente al impago de la empresa, por Jorge Juan Guillén Olcina, Ex Magistrado Juzgado de lo Social núm. 23 Madrid, dando cuenta de la flexibilidad de los requisitos para el requerimiento de pago de las deudas laborales, los efectos de la oposición al pago por la empresa y en particular, de la nueva competencia del órgano judicial para imponer la condena sin necesidad de un nuevo proceso ulterior. La última sesión tratará de exponer las nuevas vías de intervención legal ante los conflictos sociolaborales en masa, mediante dos figuras que incorpora la LRJS, como son el proceso testigo y extensión de efectos de sentencias, que tienen encomendada la canalización de las controversias que afectan a una pluralidad de personas. Otra vía para articular estos supuestos ha consistido en la previsión de suspensión de procesos ante cuestión prejudicial europea. Todo ello será analizado por Ricardo Bodas Martín ex Magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo.

Cada mesa cuenta con una persona moderadora, especialistas del ámbito del Derecho del Trabajo y de la intervención sindical, que además de ofrecer el marco de comprensión de cada punto del programa, ordenar las intervenciones de los ponentes y asistentes, fijaran sus propias aportaciones y las conclusiones operativas más relevantes.

La sesión termina a las 18,30.

La cuota de inscripción a la Jornada varía en función de la afiliación al sindicato de CCOO o a la asociación JJpD, y comprende la asistencia presencial a las sesiones, entrega de material y resumen de las intervenciones. Se debe enviar el comprobante de la inscripción a la dirección electrónica del Gejur: gejur@gejur.ccoo.es

- Afiliación, organizaciones y personal CCOO y JJpD: 40 € IVA incluido.

- Otros asistentes: 125 € IVA incluido.

Ingreso en cuenta: ES46 2100 2185 4413 0037 1126

Boletín de inscripción ONLINE: https://forms.gle/UTtQf69X8mb3oVLo8

 

Este es el programa detallado:

P R O G R A M A:

14 MARZO 2024. JUEVES.

 Sesión de mañana.

9:30 h. PRESENTACIÓN DE LA JORNADA.

PALOMA LÓPEZ BERMEJO. Secretaria General CCOO de Madrid. 

AMAYA OLIVAS DÍAZ. Juezas y Jueces para la Democracia. 

CARLOS GUTIERREZ CALDERÓN. Secretario Confederal Estudios y Formación Sindical CCOO.

9:45 h. SALARIOS, JORNADA, DESPIDO Y ACCIÓN SINDICAL.

UNAI SORDO. Secretario General. CS de CCOO

10:30 h. LOS RETOS A LA TUTELA JUDICIAL ANTE LA DIGITALIZACIÓN EN LAS RELACIONES LABORALES.

• GARANTÍAS FRENTE A LAS DECISIONES EMPRESARIALES AUTOMATIZADAS Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

• LOS SISTEMAS DE IA, PARTICIPACIÓN SINDICAL Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Ponente: MARI LUZ RODRIGUEZ FERNANDEZ. Catedrática Derecho del Trabajo UCLM.

Modera: FRANCISCO GUALDA ALCALÁ.

12.00 h. Descanso

12:30 h. OBJETIVOS GENERALES DEL RDL 6/2023:

• EL PAPEL DE LA CONCILIACIÓN Y LOS SUPUESOS EXCLUIDOS.

• NUEVO RÉGIMEN SANCIÓN Y DE CONDENA DE HONORARIOS A CARGO DE LA EMPRESA.

• TUTELA JUDICIAL EN MATERIA DE DEPENDENCIA: ACCIONES DE RECONOCIMIENTO, PRESTACIONES Y SERVICIOS.

• ACUMULACIÓN DE LA ACCIÓN DE DAÑOS EN DESPIDO.

• ACUMULACIÓN DE ACCIONES ANTE LA REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y DESPIDOS OBJETIVOS

Ponente: GEMMA FABREGAT MONFORT. Catedrática Derecho del Trabajo Universidad de Valencia.

Modera: EVA URBANO BLANCO. Directora Gabinete Jurídico Confederal CCOO.

14.00 h. Fin sesión de mañana.

Sesión de Tarde

16.00 h. EL PROCESO MONITORIO COMO NUEVA VÍA DE LA ACCIÓN DE CANTIDAD.

 LA FLEXIBILIDAD DE LOS REQUISITOS PARA EL REQUERIMIENTO DE PAGO DE LAS DEUDAS LABORALES.

LOS EFECTOS DE LA OPOSICIÓN AL PAGO POR LA EMPRESA.

LA NUEVA COMPETENCIA JUDICIAL PARA IMPONER LA CONDENA.

 Ponente: JORGE JUAN GUILLEN OLCINA, Ex Magistrado Juzgado de lo Social núm. 23 Madrid.

Modera: ALEJANDRO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, Abogado y Director técnico de los SSJJ de CCOO Madrid.

 

17:15 h. LAS NUEVAS VÍAS DE INTERVENCIÓN LEGAL ANTE LOS CONFLICTOS

SOCIOLABORALES EN MASA:

• EL PROCESO TESTIGO Y EXTENSIÓN DE EFECTOS DE SENTENCIAS TRAS EL RDL 6/2023.

•SUSPENSIÓN DE PROCESOS ANTE CUESTION PREJUDICIAL EUROPEA.

 Ponente: RICARDO BODAS MARTÍN. Ex Magistrado Sala Social Tribunal Supremo.

Modera: JOSE JUAN MARÍN SÁNCHEZ. Coordinador Confederal de SSJJ CCOO.

18:30 h. Clausura y Fin de las Jornadas

INFORMACIÓN A PROPÓSITO DEL SEMINARIO SOBRE DESPIDO FUNDACION 1 DE MAYO

 

Como ya se anunció en este blog (https://baylos.blogspot.com/2023/08/debatiendo-la-reforma-del-despido-una.html) el tiempo de reformas que promete la nueva legislatura iniciada tras las elecciones del 23 de julio tendrá necesariamente que hacer una valoración de conjunto del ciclo de cambios legislativos que se han efectuado en materia de relaciones laborales y de seguridad social en el ciclo del estado de alarma y la fase post- pandemia, en donde sobresale la importante y muy positiva regulación llevada a cabo en el RDL 32/2021 de reforma laboral, en paralelo a ir avanzando en las materias concretas que se han priorizado como ejes del cambio, señaladamente el tema del tiempo de trabajo y la reducción de la jornada, sobre las que se está trabajando ya en el marco del diálogo social. Pero junto a ello, es evidente que se requiere una intervención específica sobre el área de la extinción del contrato, es decir, la regulación del despido, que es una asignatura pendiente desde las intervenciones legislativas en el contexto de las políticas de austeridad y especialmente de la reforma laboral del 2012. Hay que tener en cuenta que el principio regulador que inspiraba aquellas modificaciones normativas se contradice directamente con el principio de mantenimiento del empleo que ha caracterizado a la legislación del estado de alarma y los mecanismos de ajuste temporal para evitar despidos regulados en este período y posteriormente recibidos en la regulación de empleo temporal vigente. Es por tanto ineludible adaptar la regulación del despido, especialmente colectivo, a estas nuevas indicaciones legislativas.

Lo ineludible del planteamiento de esta reforma se ha entendido correctamente por la Fundación 1 de mayo de CCOO en su nueva etapa de renovación en la que ha fusionado en su organización otras fundaciones sindicales y se ha dotado de una nueva dirección en torno a su presidente, Fernando Lezcano y su director-gerente Vicente López, desplegando una amplia e importante red de investigaciones, debates y eventos. Dentro de ellos, este tema de la reforma del despido ha ocupado un lugar relevante.

En efecto, a mediados de 2023 se incluyó en el plan de actuación de la Fundación 1 de Mayo la realización de un seminario sobre la reforma del despido bajo la dirección de Antonio Baylos junto con un grupo de académicos, abogados y sindicalistas. Tras la reforma laboral llevada a cabo por el RDL 32/2021 y el despliegue de sus efectos sobre la reducción de la temporalidad y la consolidación del contrato por tiempo indefinido, junto con los datos sobre la importante creación de empleo entre 2022 y 2023, era el momento de abordar, desde el espacio de reflexión sindical que proporcionaba la Fundación 1 de mayo, un análisis del despido como forma de extinción del contrato de trabajo y las reformas del marco institucional que lo regulaba. Este era un tema sobre el que habían incidido las reformas en cascada de las políticas de la austeridad, principalmente la reforma laboral del 2012, y que había sido recurrente en las propuestas de “derogación” de ésta y posteriormente en el debate sobre la reforma legislativa del 2021 que no abordó directamente esta cuestión.

Para ello, en noviembre del 2023, se convocó a cuarenta personas, docentes universitarios, miembros jubilados de la magistratura, abogados y sindicalistas de CCOO a una primera sesión celebrada el 20 de diciembre de 2023 en el que se debatió el plan general de actuación que se planteaba analizar críticamente el sistema de despido en su totalidad, sin centrarse exclusivamente en el problema del coste del despido y de la cuantía indemnizatoria, que era el tema sobre el que previsiblemente deberá decidir el Comité Europeo de Derechos Sociales ante las reclamaciones colectivas de UGT y de CCOO, sino abordando todos los aspectos que en nuestra legislación laboral y procesal plantea este tema.

Para su desarrollo, se dividió el trabajo en siete áreas de discusión y de propuestas: En la primera se debían tratar las causas de despido derivadas de la organización de empresa, (ETOP, el despido como última ratio y la conformación de los ERTES  como un “achique de espacios” del despido colectivo); la segunda examinaría las causas inherentes a la persona del trabajador no disciplinarias, entre ellas el tema muy importante de la enfermedad y otras “ineptitudes” del art. 52 ET, la incapacidad permanente y la falta de adaptación a las innovaciones tecnológicas. Una mención especial se destinaba al examen del período de prueba y la extinción libre durante el mismo. El área número 3 enfoca las causas de despido disciplinario y tiene que discutir en primer lugar sobre la conveniencia de un sistema tasado de causas como el actual o bien un sistema abierto sobre fórmulas o estándares (buena fe, causa real y seria, grave y culpable), además de decidir las consecuencias de los llamados despidos sin causa en los que no comparece el hecho base del despido. El grupo de trabajo 4 se dedica al examen de los requisitos formales en el plano individual, es decir, la indefensión del trabajador y la “posibilidad de defenderse” del art. 7 del Convenio 158 OIT,  la prohibición de despedir de las directivas de transparencia y conciliación, los compromisos de mantenimiento de empleo en Leyes y convenios colectivos y el papel del sindicato y la exigibilidad de su intervención en este tema, junto con las consecuencias de su omisión.

El área de trabajo que ocupa el quinto lugar se dedica al análisis del despido colectivo y los requisitos formales que la acompañan, es decir, el fortalecimiento de los derechos de información y consulta, el rol de la Inspección de Trabajo y la incorporación plena de lo establecido en las directivas europeas en esta cuestión. Además se debe tratar un tema clásico en la discusión sindical, el posible restablecimiento, en determinados supuestos, de la autorización de la Autoridad Laboral que había caracterizado el régimen de los EREs hasta la ley del 2012. Junto a ello, se planteará el tratamiento específico de los despidos colectivos en el supuesto de las deslocalizaciones. El sexto lugar lo ocupa un grupo de trabajo que debe hacerse cargo del tema que posiblemente más acapara hoy la atención del discurso político y mediático en este asunto, el de la tutela obligacional y tutela real como garantía de la reparación adecuada frente al acto del despido incorrecto. Lo que implica hablar sobre la nulidad del despido y los supuestos que la habilitan discriminatorios, contrarios a los derechos fundamentales y sin causa. Pero también sobre la improcedencia del despido y los efectos que produce, con especial atención a la indemnización adicional que están ya concediendo varios tribunales y el tema pendiente de los salarios de tramitación. Finalmente, el área de trabajo número 7 se dedica a la reparación frente a los efectos del despido, donde se incluyen varios temas como la graduación ERTE / ERE, el plan social, las medidas paliativas de recualificación y formación y las jubilaciones anticipadas.

En la discusión de estos grupos han participado 28 personas, algunas de ellas participantes en dos de las áreas de trabajo, que provienen de 11 universidades (Vigo, Sevilla, Málaga, León, Granada, Autónoma de Barcelona, Castilla La Mancha, Salamanca, Complutense de Madrid. Oviedo y Córdoba) además de personas del Gabinete Jurídico Confederal, abogados y sindicalistas con gran experiencia y dirigentes de la Fundación. En la segunda sesión del seminario que se celebrará el 23 de febrero, se pretende poner en común ese debate y discutir y acordar las líneas generales de un documento que contenga los análisis y las propuestas de reforma que surgen de la discusión de estos grupos. El seminario se efectuará en la modalidad hibrida – presencial y remoto – y previsiblemente durará todo el día.

En una tercera sesión, que se pretende celebrar a finales de abril, se presentaría el resultado de este debate y las conclusiones del mismo. Se trataría de un acto en el que se procedería a explicar los contenidos del seminario y las propuestas de reforma que se ofrecen como un material de discusión tanto por los sindicatos como por las fuerzas sociales y políticas que se sientan concernidas, en especial el grupo plurinacional SUMAR. Y, sobre este material base, se programará la realización de un libro colectivo, publicado por la editorial Bomarzo en coedición con la Fundación 1 de mayo, en el que se recojan de manera articulada estos contenidos. El libro a su vez permitirá, ya después del verano, prolongar el debate sobre la reforma del despido en sucesivas presentaciones y debates públicos.

Todo un ambicioso programa de trabajo y de análisis que concentra la atención de los juristas del trabajo en el marco de la programación de la Fundación 1 de Mayo. Naturalmente este blog irá dando cumplida cuenta de su desarrollo y de sus propuestas.

 

ELECCIONES EN GALICIA. TIEMPO DE CUARESMA

 

Como es noticia en todos los medios, en las elecciones celebradas ayer domingo 18 de febrero en Galicia, el Partido Popular retuvo la mayoría absoluta con 40 escaños, el Bloque Nacionalista Gallego obtuvo 25, y el Partido Socialista de Galicia-PSOE logró 9. Un partido local, Democracia Ourensana se alzó con otro escaño. En comparación con el resultado de hace cuatro años, el Partido Popular ha perdido dos escaños, que ha ganado en su conjunto el bloque BNG-PSOE, con una distribución sin embargo muy diversa en cuanto al peso específico de cada opción puesto que el PSG pierde cinco diputados y el BNG gana seis. De otros partidos de ámbito nacional, ni Vox ni SUMAR obtuvieron representación. Faltan por escrutar unas 30.000 papeletas del exterior que no alterarán el resultado.

El Partido Popular gana en todas las provincias al resto de los partidos en votos y escaños. Ha obtenido en su conjunto 700.491 votos, frente a 467.074 del BNG y 207.691 del PSG-PSOE, lo que implica superar al bloque de oposición en casi 26.000 votos. SUMAR, que fiaba sus posibilidades en las provincias de Coruña y Pontevedra, ha logrado tan solo 28.171 votos, por encima de Vox en Pontevedra, pero no en Coruña, donde Vox obtuvo más de mil votos que la lista encabezada por Marta Lois.

El resultado, expresado sintéticamente, es el siguiente: El Partido Popular consolida su hegemonía política y cultural en Galicia que data de hace veinte años y que se prolonga hacia sus bodas de plata, a la vez que refuerza la posición de liderazgo de su antiguo presidente Nuñez Feijoo a nivel nacional como dirigente del PP, frente a quienes ya anunciaban su inminente destronamiento y la promoción del príncipe de Gales Moreno Bonilla. En la izquierda, se ha producido una recomposición importante de las figuras políticas y la izquierda nacionalista del BNG se configura como la alternativa de gobierno en un rol dirigente de las fuerzas de oposición al PP. Sobre la personalidad y la trayectoria histórica de Ana Pontón se ha concentrado el voto útil que ha trasvasado tanto sufragios del PSG-PSOE como de la coalición SUMAR. Las fuerzas de izquierda que gobiernan en coalición a nivel nacional, PSOE y SUMAR, han obtenido un resultado pésimo en estas elecciones, pese a que en ella se han comprometido muy activamente el propio presidente del gobierno y la vicepresidenta, junto a destacados ministros. El PSG-PSOE ha perdido cinco diputados y ha retrocedido en todas las provincias, quizá con la excepción relativa de Lugo donde se sitúa en torno al 17%. SUMAR, que ha concentrado sus candidatos en Coruña y Pontevedra, no ha logrado colocar a ninguno de éstos, pese a tratarse de personas muy relevantes no sólo en el ámbito del movimiento. Finalmente, Podemos, que rechazó presentarse en coalición con los partidos que apoyan el movimiento SUMAR, apenas ha superado el número de los inscritos que votaron desvincularse de este proceso unitario (2.513 frente a 3.800 votos obtenidos).

En periódicos, radios y televisiones, la amable audiencia del blog encontrará matices y detalles además de una mucho mayor atención al significado de estas elecciones. En esta entrada, sin embargo, simplemente se intentará reflexionar sobre ciertos elementos que su realización sugiere como comentario al margen.

El primero de ellos es algo ya antiguo y se refiere a la progresiva sensación de que los mecanismos de representación política que deberían garantizar la formación de una opinión informada como presupuesto de la participación electoral, no funcionan correctamente. Tradicionalmente este reproche iba dirigido – y todavía lo debe ser  – al procedimiento electoral, es decir, a la capacidad técnica de inducir una sobrerrepresentación de determinados sectores en demérito de otros, como en efecto sucede en el caso gallego con la sobre representación de Ourense y Lugo en perjuicio de Coruña y Pontevedra, más pobladas y de orientación más a la izquierda. Pero hay muchos más síntomas. No se comprende en efecto que el presidente del gobierno autonómico y candidato a las elecciones por el partido gobernante decline acudir a un debate con las otras fuerzas políticas con representación parlamentaria y que esta ausencia no tenga repercusión alguna en la expresión del voto y en el propio proceso electoral. La inserción en el debate del hecho demoscópico, la presencia ubicua de las expectativas de voto que orientan y predeterminan el campo de juego de las opciones posibles y los jugadores admitidos al campo, es otro de los elementos que caracterizan ahora el marco de desarrollo de los procesos de representación política y que construyen una forma de aproximarse al mismo que excluye el pluralismo político como forma de educar a la opinión pública. Un decisionismo de mercado impregna este espacio de formación del interés general y de indicación de bienes comunes que supone el derecho de participación política. Las estrategias de comunicación que se apoyan fundamentalmente en las redes sociales y en los mensajes cortos y contundentes degradan la capacidad del discurso político de generar debate articulado en torno a posiciones complejas y matizadas. Y la capacidad de enervar el contenido real del proceso de participación electoral mediante la introducción de noticias falsas o simplemente a través de elementos emocionales ligados a acontecimientos pasados o a ideologemas mediáticos, es una constante actual del contexto electoral, patrocinado y favorecido por un conjunto de medios de comunicación que acaparan la atención de la opinión pública.

Esa preocupación va más allá de lo sucedido en las elecciones gallegas, pero se proyecta como inquietud en los restantes procesos electorales pendientes – 2024 además de año bisiesto es año electoral en todo el mundo, como se sabe – y en especial respecto de las previsibles elecciones en el País Vasco que se rumorean para finales de abril y las elecciones europeas de junio. En unas y otras parece seguro que se va a asistir a un nuevo enfrentamiento entre las formaciones políticas a la izquierda del PSOE, que al presentarse por separado Podemos y SUMAR volverán a luchar por una representación exigua o por quedarse sin representación, en un juego que en esta ocasión podría beneficiar al PSOE como izquierda estatal y en consecuencia ayudar a reeditar la entente PNV y PSOE en el gobierno, convirtiendo a Bildu en el polo central de la alternativa de izquierda de Euskadi.

Pero si los resultados de las elecciones al País Vasco son previsibles – incidiendo en la difícil inserción de la izquierda del PSOE que se autodenomina plurinacional en un contexto de sujetos políticos soberanistas e independentistas fuertemente implantados en el territorio – más complicado se presenta el panorama de las elecciones europeas. En ellas está en juego la orientación de la política europea en materia social y económica por los próximos cinco años, y la composición de una Comisión que gestione más allá del 2027 la problemática trascendental de las reglas fiscales de la gobernanza económica. En vez de situar Europa en el centro del debate, es previsible que el bloque de la derecha compuesto por Vox y el PP quiera aprovechar el momento electoral para intentar deducir de el un plebiscito contra el gobierno de coalición y en concreto contra su presidente Pedro Sánchez, de forma que se marque ese territorio como el que tengan que recorrer los dos partidos que conforman el gobierno. Podemos por su parte quiere centrarse en la elección de Irene Montero como el germen de una suerte de renacimiento y por tanto con proyección fundamentalmente nacional, y SUMAR tiene dificultades, por el marco en el que le quieren situar desde tantos lados, para cuestionar la constitución económica europea exigiendo que el trabajo y la política social no se considere una proyección de la libertad de acceso al mercado unificado que se condiciona necesariamente a la realización de las libertades económicas fundamentales de establecimiento y de prestación de servicios. El fracaso de la directiva de los trabajadores de plataformas y el previsible desmoronamiento de la directiva sobre diligencia debida y sostenibilidad dice mucho de la reanimación del proyecto neoliberal que no tiene problemas en aliarse con las versiones nativistas que sostienen sujetos políticos en alza en diferentes países europeos.

Esperemos por tanto estos nuevos momentos en los que se expresará la voluntad de los ciudadanos. Hoy habrá en Galicia una razonable alegría por parte del nacionalismo gallego al configurarse como la primera fuerza de oposición y consolidarse como un gran proyecto nacional y progresista que se ha impuesto frente a las versiones políticas que provienen de las fuerzas que componen el gobierno de concentración, en franco retroceso una e irrelevante parlamentariamente la otra. Pero desde La Mancha profunda desde la que se escribe esta entrada, y simpatizando con esa razonable alegría, conviene recordar que el Partido Popular ha ganado las elecciones por mayoría absoluta y que el objetivo fundamental de las fuerzas de izquierda, impedir que gobierne Alfonso Rueda, no se ha logrado.

Tras el carnaval, el Entroido, llega la cuaresma. No lo olvidemos.