El fin de semana nos ha
sorprendido con varios mensajes del gobierno según los cuales debemos mirar el
futuro con optimismo. El jueves, el presidente del Gobierno declaró con
contundencia que “la crisis es ya historia pasada”. A su vez la ministra de empleo
Fátima Báñez, instó a los ciudadanos
a estar “alegres” y el sustituto de Ana
Mato en el Ministerio de Sanidad, Alonso
de manera más compulsiva, prescribió a las masas populares a que empiecen a
“sonreír ya”.
Así que todos contentos. Los
titulares de las carteras de Empleo y Sanidad celebran el fin de la crisis
económica, y Báñez, en su papel de
vidente, vaticina que España será "el país que más empleo va a crear en
toda la zona euro" el próximo año. Qué importa que, como señala el blog
hermano Metiendo Bulla, con datos del
Informe mundial de OIT sobre salarios 2014-2015, «España es el país desarrollado en que más
sube la desigualdad entre el 10 por cien más rico y el 10 por cien más pobre». Lo
que – concluye con razón López Bulla – “es
un jarro de agua helada contra los telepredicadores del poder: los datos frente
(y contra) la jerigonza y tergiversación del lenguaje político; los datos
contra el libelo de la agitación propaganda gubernamental”.
Son sin embargo mensajes que se
habían lanzado antes, una cantinela que ya es conocida. Recordemos las
hemerotecas: La narrativa de la recuperación la inició el difunto gran banquero
de España, Botín, al afirmar que
"es un momento fantástico para España. Llega dinero de todas
partes" (Cinco Días, 17-10-2013).
Dos días después, el ministro de Economía, Cristóbal
Montoro, afirmó que 2014 será el año
"del crecimiento y la creación de empleo" y que "estamos en las
puertas mismas del crecimiento y de la creación de empleo" (Efe, 19-10-2013). El presidente Mariano Rajoy no podía ser menos, y el
mismo día proclamaba desde Panamá, en la Cumbre Iberoamericana de entonces, que
España "está saliendo ya de la crisis con una economía saneada y
reforzada" (ElDiario.es,
19-10-2013). La coordinación con los medios estaba garantizada, el primero, El
País, que titula: "Los mercados atisban la recuperación", y afirma a
continuación que "la economía española despide la recesión más prolongada
de su historia reciente" (El País,
19-10-2013). Al día siguiente, ABC se apunta al toque triunfal y sale a toda
plana en portada con "Brotes
verdes. Esta vez, Sí" (ABC, 20-10-2013).” (Pascual Serrano en El
Diario.es (http://www.eldiario.es/zonacritica/crisis-acabo-enterado_6_188341182.html)
Hace un año esta oleada de
declaraciones se acompañó de los comentarios muy favorables de los responsables
económico-financieros europeos respecto del modelo español, que salía de la
crisis gracias a la aplicación estricta de las políticas de austeridad. Pero ha
pasado un año y las consecuencias del desastre, el paisaje desolado en el que
nos hallamos, es algo evidente. Los mismos mensajes del naufragio enviados en
otra botella. Es, de nuevo citando a López
Bulla, “el lenguaje de la justificación de las promesas incumplidas, el de
la mentira incontinente, el de la hipérbole, que tiene su origen en la noche de
los tiempos políticos”.
Esta vez sin embargo el gobierno
insiste en el optimismo con más énfasis porque las citas electorales del 2015
están muy cercanas y las perspectivas con las que afronta este momento son tan
sombrías para el PP como esperanzadas para la mayoría de los ciudadanos
españoles. Por eso Rajoy quiere
acompañar este discurso con algunos gestos nuevos, que le permitan exhibir
algún elemento de realidad conectada con unas declaraciones en las que nadie
puede creer.
Es el llamado “giro social” del
gobierno que se manifiesta en algunas medidas imprescindibles para no seguir
profundizando en la desesperación social de tantos ciudadanos y ciudadanas en
el umbral de la pobreza. Ese es el sentido del acuerdo que el Gobierno ha
realizado con CCOO, UGT y CEOE han firmado el lunes 15 de diciembre en La Moncloa,
que tiene el objetivo de insertar en el mercado laboral a los parados de larga
duración con cargas familiares que llevan al menos 6 meses sin cobrar
prestaciones. De la ayuda, de 426€ mensuales, los sindicatos creen que se
beneficiarán cerca de 450.000 personas. Con ello el gobierno muestra una cierta
recuperación del diálogo social – que ha
negado en la práctica durante todo su gobierno – y presume de su capacidad de
interlocución con el movimiento sindical en estos momentos de “bonanza económica”,
lanzando el mensaje ya conocido de que cuando la crisis desaparece, retorna la
concertación. Y la alegría, diría la
Ministra de Empleo. Naturalmente el acuerdo ha sido saludado con grandes
alharacas por los medios de comunicación empotrados en el poder político y en
los grandes grupos económicos. “Un gran pacto social en el tercer año de
mandato” del gobierno Rajoy, exultan
los periódicos y acompañan su contento con numerosas fotografías de la firma
del acuerdo.
La operación sin embargo no
llegará a buen fin. No sólo porque los sindicatos ya han explicado que entablan
estas negociaciones por responsabilidad, al tener necesariamente que intentar
que el problema de la pobreza y de los desempleados de larga duración sea en la
medida de lo posible amortiguado. O, por emplear las palabras del presidente
del gobierno matizando sus declaraciones del fin de semana, para mitigar las “secuelas”
de una crisis que ya es historia. El acuerdo es limitado en su objeto y en su
alcance, y forma parte de un grupo de propuestas sindicales presentadas antes
del verano en las que se proyectaba una serie de medidas de urgencia ante el
desmantelamiento social que habían causado las políticas de austeridad puestas
en marcha por el gobierno del Partido Popular.
Además, el efecto legitimador de
este movimiento es prácticamente inexistente. En efecto, hoy el campo prioritario de juego
es el terreno de las opciones políticas, y el espacio social ha quedado en la
retaguardia del debate que agita la opinión pública. La percepción de la
corrupción como lógica de las grandes empresas y grupos económicos y sus
conexiones necesarias con los resortes del poder político, el incremento de las
medidas represivas de las movilizaciones populares a través de la retorsión
autoritaria de la incriminación penal y la regulación antidemocrática de la llamada
“seguridad ciudadana”, la crisis de la organización territorial del Estado en
la cuestión catalana, la emersión de nuevos sujetos políticos y de nuevas
agregaciones de ciudadanos que pretenden elaborar reglas para un uso
democrático del territorio y de los servicios de interés general, a la búsqueda
de una nueva institucionalidad, la puesta en cuestión del marco de las
decisiones clave en materia económica y social, son todos ellos elementos que
ocupan el centro de las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos.
Se ha producido por tanto un
desplazamiento desde lo social y económico al campo de la política,
redescubriendo ese espacio como un terreno de lucha que es productivo en
términos democráticos, es decir, que puede controlar los poderes económicos y
financieros, combatir la lógica del empobrecimiento y de la desigualdad que
acarrea la política de austeridad, y anular las fuertes tendencias autoritarias
que se están poniendo en marcha para reprimir la movilización social. En ese
contexto de radicalización democrática que diseña un cuadro de democracia
expansiva, la narrativa optimista del gobierno no tiene sitio, y resulta
contraproducente para sus propios intereses. Es bastante notorio que la
recuperación de la política como base de la democracia se asocia en cada vez
mayores capas de la población a un cambio de modelo de gobierno y a la apertura
de nuevas reglas institucionales, con participación amplia de la ciudadanía, en
un proceso que en muchos casos está desembocando en la presión por la apertura
de un proceso constituyente.
La dimensión laboral y social,
que ha ocupado un papel extremadamente relevante en 2012 y 2013, en cuyo
período constituía el eje de las movilizaciones populares, forma ahora parte
del fondo del razonamiento que devuelve a la política su capacidad de modificar
las cosas y no sólo la de impedir los daños irreparables de las decisiones
adoptadas fuera de las instituciones democráticas que se imponen a éstas. En
ese sentido, el sindicalismo confederal ha asumido implícitamente esta posición
secundaria, concentrado por otra parte como está en revalidar su presencia
electoral entre los trabajadores mediante las elecciones a los órganos de
representación de los trabajadores en las empresas y centros de trabajo, en
cuyo proceso entiende con razón que se juega su implantación y su influencia
social. Debería sin embargo hacer un esfuerzo por presentar públicamente su
posición en el contexto actual, señalando el proyecto democrático en el que se
inscribe y su realización concreta a través de la lógica representativa y del
poder de negociación, explicándolo y haciendo participar en él al conjunto de
las trabajadoras y trabajadores de este país. De esta manera se revalorizaría
políticamente su capacidad de representación de los intereses colectivos y la
necesidad de que ésta se concrete en algunos aspectos concretos de tutela de
derechos sin que ello implique legitimar una estrategia del poder público que
está destinada al fracaso.
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