MEDIDAS DE PRESIÓN CONTRA LA REFORMA LABORAL EN FRANCIA

Hay una fuerte resistencia contra la reforma laboral en Francia. La Ley El Khomri es contestada frontalmente por una amplia confluencia de figuras sociales y personalidades, entre las que destaca el sindicato CGT que, personificada en su secretario general, Martínez, ha sabido aglutinar un frente sindical de oposición con la única excepción de la CFDT.

Dentro de la Ley – que tiene un alcance mayor del aquel con el que se presenta, como una norma para invertir la tendencia al aumento de del desempleo – el artículo 2 de la misma, que contiene una subversión de la jerarquía normativa clásica del Código del Trabajo privilegiando la negociación de empresa sobre la de rama o sector, ha sido el elemento más combatido y simbólico de la reforma. Se trata, como se sabe, de una pretensión neoliberal muy constante, que proviene de las conclusiones del Pacto del Euro del 2011 y que integró el contenido de la carta que el gobernador del BCE mandó a Berlusconi y a Zapatero y que se tradujo en las correspondientes normas internas, tanto en Italia – donde el convenio de empresa puede incluso disponer de los derechos que se reconocen por ley – como en España, primero en la versión débil de junio del 2011 y luego ya plenamente desarrollada por la reforma laboral del 2012 y la construcción del principio de preferencia aplicativa del convenio de empresa. En Francia, desde las posiciones sindicales, la norma debe ser eliminada. En efecto, esta es la pretensión de la CGT, y algunos como el sindicato CFE-CGC han venido a señalar que la norma es un instrumento de dumping social, y que desde luego no tiene que ver con el “impacto sobre el trabajo”.

En cualquier caso, este es un punto sobre el que el presidente Hollande ha asegurado repetidamente  que no aceptará modificarlo, mientras que intenta simultáneamente fragmentar el movimiento  de protesta mediante la concesión de créditos presupuestarios especiales para poder satisfacer algunas reivindicaciones parciales de estudiantes e investigadores, trabajadores de ferrocarriles y otros sectores en lucha, a la vez que advierte el peligro para la copa de Europa de futbol que debería celebrarse a finales de junio, culpabilizando a los sindicatos y en especial a la CGT de su eventual fracaso. La figura de la CGT, encarnada en su Secretario General, Martínez, se presenta como el antagonista por excelencia, y es por tanto objeto de agresiones muy fuertes por parte de sus oponentes. Por ejemplo, el presidente de la patronal francesa, Gattaz, no dudó en definir a la confederación sindical CGT el calificativo de “terroristas” – aunque luego se ha excusado y lo ha retirado públicamente al considerarlo “inapropiado” – y en comparar al líder de la CGT francesa con Marchais, secretario general del PCF considerado un modelo de dirigente estalinista. François Fillon, antiguo primer ministro con Sarkozy ha ido más lejos y ha expresado claramente su visión de los “sindicalistas”. “Son precisos sólo los sindicalistas que trabajan en las empresas, pero tenemos que acabar con los sindicalistas a tiempo completo”. Naturalmente no se cuestiona aplicar esa misma manera de pensar a los políticos.

En el conflicto contra la reforma laboral, que por tantas cosas se asemeja a los que ya hemos vivido en España entre el 2010 y el 2012, hay sin embargo un aspecto interesante que se relaciona con la necesidad de buscar formas del conflicto que sean más eficaces y funcionales a los objetivos pretendidos. Sobre este tema recientemente López Bulla ha hecho notar que la conflictividad sindical en Italia se planteaba como un proceso fragmentado territorialmente y largo en el tiempo, a través de una especie de huelgas generales intermitentes en diversas regiones italianas, prolongando así el conflicto y haciéndolo visible con mayor intensidad, lo que resulta plenamente apropiado para protestas políticas frente a decisiones gubernamentales. En el caso de Francia, el mecanismo empleado por la CGT viene siendo también interesante. Además de acciones de carácter general, especialmente focalizadas sobre las marchas y manifestaciones, la CGT diseña un plan de huelgas en determinados sectores clave en los que tiene una amplia implantación: los transportes, en especial los trenes, o la producción de combustible. Se trata de huelgas sectoriales que se plantean como acciones dirigidas contra el proyecto de ley, y que se enlazan con algunas reivindicaciones específicas del sector, pero que tienen una repercusión ciudadana evidente.

Una última forma de conflicto ha sido muy polémica, y es extraño que no haya sido comentada por la prensa empotrada en los grupos económicos de poder. Se trata de la convocatoria de una huelga contra la reforma laboral en el sector de la prensa impresa, sobre la base de la fuerte implantación del sindicato en las empresas de impresión, en la que la CGT advertía que podían exceptuarse de la misma aquellos periódicos que reprodujeran – gratis, naturalmente – el comunicado de la CGT en el que se criticaba la reforma laboral. Es decir, el sindicato podía desconvocar la huelga en aquellos periódicos que dieran publicidad a la opinión de la CGT expresada en un manifiesto contra la reforma laboral. La iniciativa fue rechazada por toda la prensa escrita, salvo L’Humanité, órgano del PCF, y por tanto no se imprimieron ni distribuyeron los periódicos ese día. Para los directivos de los periódicos, se trataba de una “intrusión escandalosa del sindicato en los contenidos de los media que debe ser denunciada como un atentado deplorable a la democracia”, porque publicar bajo presión un comunicado supone un ataque a la libertad de prensa. Es una medida polémica, pero indica la búsqueda de formas de expresión añadidas a la tradicional de la cesación del trabajo con medidas de refuerzo de los objetivos de la misma, y puede entrar por consiguiente en el debate necesario sobre las nuevas formas de conflictividad laboral y sindical.

Tanto en el caso italiano como en el de la CGT francesa, la clave de esas formas de presión se encuentra en la implantación sindical en los sectores o territorios que se determinan como la base del proceso general de conflictividad y la propia noción de solidaridad que lleva a que puedan plantearse un diseño organizado de conflictos. En España por el contrario, esta dislocación del conflicto como plan de acción no se ha intentado. Es posible diagnosticar que salvo en relación con la negociación colectiva, no hay una práctica de conflictividad por sectores o ramas de producción. La base del trabajo sindical para la huelga se produce en las grandes empresas o en la preparación de acciones sectoriales para la negociación del convenio, mientras que para las reivindicaciones generales se acude a la huelga general y a la convocatoria de manifestaciones. Es ahí donde se expresa la idea de solidaridad entre trabajadoras y trabajadores y la necesidad de sostener mediante una acción de masas, un proyecto de regulación de las relaciones laborales del que es portador el sindicato, pero este impulso no se traslada a los sectores. La huelga es una práctica colectiva y hay dificultades para implantar nuevos hábitos, más aun en un tiempo de crisis profunda de empleo. En algunos sectores clave, como la Administración o las instituciones financieras, la convocatoria de huelga no tiene el seguimiento que sería procedente, posiblemente porque la defensa de sus intereses colectivos se representa ante los trabajadores de los mismos completamente desconectada de la idea de solidaridad.

 

Hablar por tanto de nuevas formas de expresión del conflicto dirigido por los sindicatos, valorando y debatiendo experiencias comparadas como las de Italia o Francia requiere necesariamente una reflexión sobre la solidaridad en el seno del sindicato entre sus distintos componentes, su reflejo en las formas organizativas del mismo y la necesaria articulación de prácticas sociales que la viabilicen. En todo caso, un tema sobre el que seguir reflexionando en adelante.