Sorprende la cantidad de interpretaciones y comentarios
que ha suscitado el anuncio por parte de la dirección de Podemos y las
confluencias de una moción de censura en el Parlamento. Las críticas han sido
especialmente ácidas, insistiendo en que tal iniciativa “no es seria”, además
de alinearla discrecionalmente bien como una ayuda al gobierno de Rajoy, bien como forma de romper el
frente democrático contra la corrupción que representaban PSOE y Ciudadanos.
Esta es la tesis que sostenía la muy comentada portada de El Pais, pero su intencionalidad ha sido recogida en lo esencial
por esos mismos actores políticos. Otras voces, más afinadas, plantean dudas
sobre el método y la forma de presentar esta iniciativa, sobre la
interpretación que lamentablemente puede darse a la misma, y otros en fin
comparan esta propuesta con el debate de la legislatura fallida en la que Sánchez no obtuvo los votos de Podemos
y las confluencias en su pretensión de ser presidente del gobierno. A
continuación se desgranan algunas consideraciones sobre este tema. (En la foto,
cuatro representantes de los nobles oficios de Parapanda en la librería Anselmo
Lorenzo de la capital debaten sobre este asunto mientras esperan que el librero les haga llegar un ejemplar de No tengáis miedo de lo nuevo, el inminente best seller de J.L. López Bulla y J. Tébar)
Ante todo la situación en la que nos encontramos. Los últimos
acontecimientos – la operación Lezo –
no sólo ha puesto de manifiesto ante la ciudadanía que en Madrid ha habido “todo
un gobierno de la ciudad y el PP sostenido por una organización criminal”, como
ha sintetizado acertadamente Manuela
Carmena, y que algunas empresas públicas como el Canal de Isabel II eran utilizadas como un cajero automático por el PP, sino que además se ha hecho público un entramado de intereses y de
presiones que involucran a miembros relevantes del gobierno de la nación – nada
menos que al Ministro de justicia y al secretario de estado de interior – y del
poder judicial, en especial al titular de la fiscalía anticorrupción. Gobierno
y poder judicial se blindan ante cualquier participación o debate de partidos
políticos y desde luego de la ciudadanía en general, que cuestionen
directamente este tipo de relaciones viscosas, sobre la base de la negativa o
de la remisión al procedimiento judicial en curso.
A su vez, los mecanismos ordinarios del control parlamentario, son notoriamente
insuficientes. No sólo porque el reglamento de las Cortes y la propia actuación
de los grupos parlamentarios cortocircuiten personaciones de relieve, como la
del presidente del gobierno. En efecto, el intento de que Rajoy compareciera en un pleno del Congreso dedicado
monográficamente a las últimas manifestaciones de la corrupción ha sido
expresamente rechazada con el apoyo del bloque autodefinido como “institucional”
del PP, PSOE y C’s, que prefieren derivar el tema al estudio de una comisión de
investigación cuyo contenido y funciones se está negociando. Cuando se ha
podido ver el resultado de la comparecencia del secretario de estado de
interior, Jose Antonio Nieto, se ha
comprobado el extraño sentido que para este miembro de gobierno tiene una
comparecencia ante el Parlamento, donde se permitió atacar a los diputados que
le preguntaban sobre el tema de la conversación y los acuerdos a que llegó con
uno de los relevantes dirigentes de la trama criminal, sobre la base de desacreditar
sus ideas políticas.
En la normalidad parlamentaria, por otra parte, desde la formación del
gobierno del PP con el apoyo de C’s y la abstención del PSOE, hay una práctica
convergencia en torno a un bloque central entre estos tres partidos que marcan
el ritmo de los debates y el contenido de los mismos, expulsando de cualquier espacio
de encuentro al grupo de Podemos y las confluencias de Galicia, Valencia y
Catalunya. Es decir que el aislamiento parlamentario de las nuevas izquierdas
es muy evidente, y su posible visibilidad se deriva necesariamente hacia las
intervenciones de sus portavoces en el pleno del congreso, que es cuando pueden
tener más receptividad social. La labor de producción de normas, al margen de
las proposiciones no de ley, están severamente cuestionadas por los preceptos
que posibilitan el veto del gobierno a la iniciativa legislativa del
parlamento. El art. 134.6 de la Constitución establece que “toda proposición o
enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos
presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”, y
sobre esta base, desarrollada reglamentariamente de manera muy amplia, el
gobierno ha ejercido su derecho de veto sobre las propuestas aprobadas en la
cámara. En abril de 2017, siete meses después de su toma de posesión, son ya 28
las proposiciones de ley vetadas. La Mesa del congreso, donde el PP no tiene
mayoría, sólo ha dado vía libre a sendas proposiciones de ley del PSOE para
paralizar la Ley de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) y para
equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas, pero
en estos casos el Gobierno ha impugnado estas decisiones del Congreso como
conflicto de competencias ante el Tribunal constitucional, que será quien
decida si el Parlamento tiene en nuestro país el derecho de legislar o si esta
iniciativa está supeditada a la autorización del Gobierno.
Quiere esto decir que en la nueva legislatura, el rol de Podemos en el
Parlamento es extremadamente reducido, lo que explica en parte la insistencia
de este partido en golpes de efecto que le permitan ganar presencia mediática y
participar de esta forma en la creación de opinión pública. Aunque el resultado
en términos de eficacia y de ampliar consensos sea dudoso.
Es en ese contexto en el que se comprende la presentación de una moción de
censura. En el sistema parlamentario español, se requiere para ello contar tan
sólo con un 10% de los diputados, aunque obsesionado el constituyente con el
ejemplo italiano que se entendía “disfuncional” a un diseño político organizado
desde el gobierno con un parlamentarismo de control, pero no directivo de la
acción del mismo, se optó por la llamada “moción de censura constructiva” que
requiere presentar un candidato a presidente de gobierno y obtener la mayoría
de los votos de los diputados del Congreso. La moción de censura se ha
contemplado por tanto hasta la actualidad en el contexto del bipartidismo
corregido que ha caracterizado al sistema español – al punto que ningún grupo
de ámbito estatal podía reunir el 10% de diputados requerido – y todavía hoy
muchos de los comentarios que se pueden leer parten, implícitamente, de esta
contemplación.
El debate al que obliga la moción de censura abre por consiguiente un
espacio de discusión que el Parlamento ha querido reducir y amortiguar sus
efectos. Lo importante de esta iniciativa no es que culmine con el éxito de su
pretensión, la censura del gobierno y su sustitución por el que liderara el
candidato propuesto por Podemos, sino poder forzar un cuestionamiento público,
que naturalmente acaparará la atención de los medios, del gobierno y de la
actuación de mismo en relación con el fenómeno de la corrupción como un método
de financiación y de gobernanza de
partes importantes del sistema, junto con la propuesta de medidas de
resaneamiento y de regeneración y participación democrática.
Este es por otra parte el valor que desde el sindicalismo confederal se ha
dado a esta iniciativa. En opinión de Ignacio
F. Toxo, la moción de censura
es un instrumento “perfectamente válido, como podría haber sido otro para
llevar al Parlamento un debate que está en la sociedad en clave de alarma”. En
efecto, la situación de la corrupción debe ser abordada en el Parlamento con
seriedad – no a través de una Comisión de investigación opaca – y esta es también
la opinión de Pepe Álvarez, porque “de
una manera u otra” este debate debe llevarse a cabo. Pero la consulta de Podemos
a los sindicatos y a algunas otras instancias de relieve, no sólo busca una
legitimación social que en el Parlamento ve negada por el rechazo casi instantáneo
de su propuesta por parte de PSOE y de C’s, sino la posibilidad de abrir el
debate – la censura – a otros aspectos que siguen siendo fundamentales aunque
no se consideren en el centro de la atención pública.
Se trata de una oportunidad para volver a recuperar las propuestas
de cambio que se habían ido enunciando durante los períodos electorales de
diciembre de 2015 y junio de 2016 y han caído en el olvido inexplicablemente. Temas
como la derogación de la Ley mordaza, la derogación del art. 315.3 del Código
Penal, la necesidad de una reformulación enérgica del sistema jurídico laboral
tras el ciclo de retrocesos sociales del 2010-2015, y otras reivindicaciones
que deben ser esgrimidas como motivos de cuestionamiento al gobierno, aunque en
realidad lo sean también a todo el sistema de partidos que ha dado la espalda a
un momento de cambio importante. Es una constatación que se hace desde el
sindicalismo de forma muy clara: “La oposición tiene que tener una posición
mucho más firme en aquellos elementos relevantes para la vida de la ciudadanía”,
- ha declarado Ignacio F. Toxo -
porque “una acción parlamentaria mucho más firme doblaría la voluntad de un
Gobierno que se ha instalado en la austeridad”.
Este es pues el objetivo. Un debate político extenso que se
aproveche de este mecanismo, la mocíón de censura, y le de otro significado en
un momento histórico en el que el bipartidismo está cuarteado y el gobierno del
PP carece de mayoría absoluta. La iniciativa ha molestado a C’s porque para
este partido pone en peligro la estabilidad del gobierno que es, en su opinión,
el elemento central de la recuperación económica, pero su electorado es especialmente
sensible al tema de la corrupción. Y al PSOE fundamentalmente, que vive esta
iniciativa como un ataque dirigido al proceso de definición y de liderazgo en
el que está inmerso. Sin embargo, es posible que el PSOE aproveche también este
espacio de debate para poder presentar ante la opinión pública sus alternativas
de gobierno y la crítica a la actuación del que soportamos, remarcando con fuerza
su posición claramente contraria a la corrupción como fórmula de financiación
de los partidos políticos y de regir las relaciones con el ejecutivo y el
judicial, en un intento de impedir el funcionamiento de los mecanismos
preventivos y represivos de la actuación criminal de las personas interesadas.
En la medida en que todas las fuerzas políticas
desvinculen el debate de su resultado, se puede buscar seguramente elementos
comunes que garanticen una cierta inmunización del sistema judicial frente a
las presiones partidistas que encubren tratos de favor evidentes y obstaculizan
la respuesta del sistema, además de otro tipo de compromisos que pueden
resultar beneficiosos desde el punto de vista del ecosistema político. Pero
también es el momento de volver a debatir sobre opciones de gobierno reales,
sobre la necesidad de replantearse cambios legislativos, revisar la asfixia
programada de los ayuntamientos delas candidaturas ciudadanas sobre la base de
las exigencias del capital financiero, repensar la capacidad de actuación en la
estabilidad monetaria europea con políticas sociales, formar parte de un amplio
movimiento por la democratización de Europa.
Esperemos por tanto como se desarrollan los
acontecimientos. Mientras tanto, hay que valorar positivamente la propuesta de
lanzar una moción de censura como forma de abrir un debate político sobre la
corrupción y las formas de gobierno.
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