NO HABRÁ ACUERDO SOBRE SALARIOS PARA EL 2017

Aunque todos los editoriales e informaciones de ayer, miércoles 26 de julio reposan sobre la presencia del presidente del gobierno, citado como testigo del primero de los procesos que enjuician la financiación empresarial del Partido Popular y la red de corrupción que eso generaba, se ha deslizado otra muy importante que, como quiera que se refiere al “mundo del trabajo” no se le dará ninguna relevancia ni destaque. Se trata de la ruptura de las negociaciones que se estaban llevando a cabo entre la patronal y los sindicatos sobre el incremento de los salarios en la negociación colectiva del año 2017.

Como todos los lectores y lectoras de este blog seguramente conocen – puesto que se trata de un colectivo de seguidores que están normalmente bien informados – la CEOE-CEPYME se ha negado a llegar a un acuerdo en los términos que querían los sindicatos.  CCOO y UGT habían insistido en la necesidad de garantizar un incremento estimable de los salarios después de seis años de pérdida de capacidad adquisitiva, y propusieron una banda del 1,8 al 3% de subida salarial y una cláusula de revisión que garantizara el mantenimiento del poder adquisitivo de los mismos en función de la inflación posible. La CEOE respondió con una propuesta inicial de incremento entre el 1 y el 2%, más tarde maquillada al 1,2-2%, con un 0,5% adicional “en función de las circunstancias de cada sector”. Sin embargo, y como advirtiera el secretario general de CCOO, Unai Sordo, el requisito central del pacto salarial era la inclusión “de una cláusula de revisión de los salarios para compensar la subida de la inflación o, en su defecto, contempla unas bandas que permitan esa compensación para que los salarios recuperen poder en la distribución de la renta y poder adquisitivo para que el crecimiento se reparta más equitativamente”. El mantenimiento del empresariado en sus posiciones ha inducido la imposibilidad del acuerdo.

La CEOE-CEPYME ha hecho además llegar una carta a los sindicatos más representativos en la que realizan unas “reflexiones finales” sobre el Acuerdo de Negociación Colectiva para 2017. En ese análisis, la política de la patronal española se explicita de manera diáfana. La idea, resumida es la siguiente: como los salarios tuvieron “un importante incremento entre 2000 y 2008”, la crisis ha generado una fuerte devaluación salarial que ha permitido la recomposición del capital, de forma que actualmente, ya siete años después de 2010, “la buena noticia es que vuelven los márgenes empresariales”, es decir las ganancias logradas sobre la reducción de los costes salariales de todos estos años unido a una flexibilidad “fuera de la norma” que ha conseguido más cantidad de trabajo por un coste extremadamente más reducido. Para la CEOE-CEPYME esta “buena noticia” permitirá en el futuro repercutir los incrementos en productividad sobre los salarios, pero sin que éstos queden referidos a una revisión salarial que posibilite que no se debilite la ya mermada capacidad adquisitiva de éstos ni se logra una paulatina recuperación de los mismos. Por eso, la reflexión final de la CEOE-CEPYME es muy enfática al respecto: “… y ya nunca más los salarios tendrán que ver con la inflación”. El razonamiento es sin embargo ambivalente, porque CEOE-CEPYME se basa para ello en estimar que con las cifras actuales la negociación de este año 2017 finalizará con incrementos medios de entre el 1,6% y el 1,8%, es decir, con aumentos superiores a la inflación prevista (1,5%) por lo que considera que no tiene sentido poner como “condición definitiva y fundamental” la cláusula de revisión salarial, tal y como plantean los sindicatos, “que ha ido desapareciendo en los últimos años desde el 47,40% del total de los convenios en 2010 hasta menos del 20% en 2016”. Pero esa confianza plena en que los salarios no serán alcanzados por la inflación oculta la voluntad de no compensar a partir de la recomposición del excedente empresarial la brutal reducción de salarios que las trabajadoras y los trabajadores de este país han sufrido en los últimos siete años.

Es evidente que no sólo la crisis ha sido la causante de esta degradación salarial que ha recorrido todos los estratos del trabajo asalariado, pues, aunque ha sido mucho más acusado en los niveles bajos lindantes con la precariedad, también se ha notado en los medios y altos, y con especial incidencia no sólo en el sector privado sino también en el empleo público. La reforma laboral ha sido el vehículo más eficiente para conseguir la degradación de los niveles salariales en nuestro país, debilitando el poder contractual del sindicato y la capacidad uniformadora de los convenios colectivos. Se trata de un fenómeno generalizado en todos los países a los que se ha aplicado las políticas de austeridad, que ha originado una campaña de la Confederación Europea de Sindicatos en la que se afirma que Europa necesita aumentos salariales.

Pero el empresariado español no acepta esta recuperación salarial. Encastillada en la conservación del modelo productivo previo a la crisis, insiste en la reducción de los costes salariales y en la flexibilidad del uso del trabajo contratado – tanto la que permite la norma como la que se obtiene “fuera de” ella -  como elementos clave de sus beneficios. Y defiende esta postura desde un análisis de la correlación de fuerzas en la que se encuentra frente al sindicalismo confederal. En efecto, la patronal entiende que esta negativa a cerrar un acuerdo que contuviera la posibilidad de una cierta recuperación salarial no les va a generar ningún coste social, puesto que los procesos más importantes de negociación de convenios colectivos para este año 2017 – que se encuentran todavía encuadrados en el AENC 2015-2017, en cuyo contexto se ha abierto la negociación salarial fracasada – están en su opinión “sellados”, de manera que no teme una conflictividad generalizada por sectores dado que una gran parte de estos – el último, el de la Construcción – han sido ya firmados. Entiende por consiguiente que UGT y CCOO no están en condiciones para presionar y sostener una movilización con la suficiente entidad como para “hacer pagar” a la patronal su negativa a un acuerdo de aumento salarial que sin embargo resulta imprescindible.

Es posible sin embargo que la organización representativa del empresariado español subestime la capacidad de reacción sindical, no sólo en cuanto que puede dar inicio a una movilización entre los trabajadores y trabajadoras en el próximo otoño más allá de los convenios colectivos aun no firmados, sino porque en otoño, como la propia patronal recuerda, se deberían iniciar los contactos para un nuevo acuerdo interconfederal que sustituya al AENC 2015-2017, y al que los sindicatos no van a acudir de la misma manera que si hubieran obtenido satisfacción a sus pretensiones en materia salarial en la negociación que ha fracasado. La clave de este cambio posible en la correlación de fuerzas en la negociación colectiva se encuentra en la participación real de las trabajadoras y trabajadores en la elaboración de las plataformas reivindicativas y en la discusión de las mejores formas de presión para obtenerlas, junto a una estrategia general que diseñe el sindicalismo en unidad de acción en cuanto a la articulación de las negociaciones.

El acuerdo social que la patronal quiere  ”retomar” en septiembre es muy ambicioso, porque junto al tema salarial – sobre el que ya sabemos cuál es su planteamiento – se plantea todo un catálogo de “asuntos pendientes” que CEOE-CEPYME cifra en 10: la Comisión consultiva Nacional de convenios colectivos y el arbitraje, el diseño de la formación,  lo que denominan “modernización de las leyes laborales”,  una nueva norma de prevención de riesgos laborales, la financiación de los sindicatos ( y de las asociaciones empresariales), la reforma de las mutuas, las pensiones, la Seguridad Social y los servicios públicos de empleo. Es decir un amplísimo abanico de temas en los que se mezclan algunos que interesan especialmente al sindicalismo confederal junto a otros en los que las posiciones de ambas partes son necesariamente divergentes.

¿Es este esquema de trabajo actualmente válido y provechoso para el sindicalismo? La virtualidad “defensiva” de los acuerdos estatales con la patronal, que comenzó con los Acuerdos Interprofesionales coetáneos a la reforma laboral del 2012, fue muy reducida, pero sin embargo el AENC 2015-2017 ha permitido la recuperación de una negociación colectiva muy afectada por los cambios normativos que restaban poder colectivo al sindicato y fragmentaban la fuerza vinculante de los convenios, junto con la amenaza de la ultra actividad a plazo y la desaparición del régimen colectivo de las condiciones de trabajo. Sin embargo, la negativa patronal a la simple aceptación de la distribución del excedente empresarial a través de un posible incremento salarial y el compromiso de una paulatina recuperación del poder adquisitivo perdido, puede permitir un cuestionamiento del modelo de diálogo social que se ha ido estableciendo entre nosotros tras la pérdida de vigencia de los Acuerdos de 1997. Preguntarse sobre las  nuevas formas de encarar la negociación colectiva a partir de ahora, desplazando las negociaciones centralizadas por otro tipo de consultas y de acuerdos más dinámicos y que permitan una reflexión previa de las bases del sindicato sobre el programa reivindicativo que pueda contratarse con la patronal, y separar determinados aspectos de ciudadanía social de los que están más directamente relacionados con la regulación de las condiciones de trabajo, podría resultar un ejercicio útil para lograr una mayor eficacia y recuperar capacidad de intimidación ante un poder económico que ha sido el directo beneficiario de estos largos años de políticas de austeridad que aún continúan.

En cualquier caso, septiembre está ahí al lado y los sindicatos han advertido que el otoño será “difícil”. Reflexionar sobre las formas de agregar consensos a su posición, impulsar una duradera movilización en torno a sus planteamientos y  discurrir sobre las vías que debe asumir el diálogo social con el empresariado en esta nueva situación, puede resultar funcional a una contundente respuesta que permita iniciar la recuperación progresiva de los derechos que en estos siete años han ido retrocediendo al socaire de la crisis y mediante la fuerte intervención del poder político en ese sentido degradatorio.