Hay
algunos datos extraídos de la realidad que resultan muy llamativos. Han
transcurrido más de diez años de las restricciones enormes del gasto público
que se adoptaron como efecto de la gran crisis financiera conocida como la Gran
Recesión y que tomaron el nombre de las políticas de austeridad. Un recorte
de salarios y una reducción de personal que se ensañaron sobre los servicios
públicos, en especial sobre sanidad y educación, no sólo a nivel del Estado
sino en todas las Comunidades Autónomas. En la de Castilla La Mancha, la
presidencia de Maria Dolores de Cospedal resultó especialmente agresiva
contra este sector. Los universitarios recordamos todavía los despidos del
profesorado asociado – que el gobierno definía como “no renovación” de contratos
– la supresión de las becas de formación universitaria, y la espantosa
reducción del presupuesto de investigación en más de un 60%. Datos para no
olvidar que se han ido prolongando en el tiempo – la tasa de reposición, la dificultad
de encontrar un acuerdo para salvar la orgánica de la UCLM – después de la
derrota del PP en las siguientes elecciones autonómicas y que aun lastran de
manera muy grave la recuperación de la UCLM, uno de los objetivos a abatir por
parte de la acción política del Partido Popular como enseñanza pública de
calidad.
La irrupción de la crisis
sanitaria derivada del Covid19 y sus terribles consecuencias parecía haber generado
un cambio de paradigma, dada la conciencia colectiva y generalizada de que sin
la existencia de servicios públicos fundamentales, en especial los socio
sanitarios, los efectos de la pandemia habrían sido devastadores. Toda la
población se volcó en sostener moralmente y reconocer el esfuerzo del personal sanitario
y de los servicios sociales. Lo que se debería haber acompañado de un
reconocimiento profesional que reaccionara contra una situación de precariedad
laboral y bajos salarios. Sabemos que este segundo elemento no se ha seguido en
Comunidades autónomas que prescindieron del personal médico y que mantuvieron
bajos salarios. Este es un hecho que ensombrece la gestión política de
cualquier institución democrática, pero que ha sido amparado por la invisibilidad
con la que frecuentemente se rodea a las condiciones concretas de prestación del
trabajo en la narrativa sobre la acción de los poderes públicos o más en
general en el relato sobre lo que importa en la acción política y lo que
se decide en las elecciones que permiten la formación de mayorías de
gobierno en las Comunidades Autónomas.
Viene a cuento lo anterior de una
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha que resuelve
un conflicto colectivo en el sentido de ordenar al SESCAM – el servicio de
salud de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha - abonar íntegras las
pagas extras a los Residentes Sanitarios en Formación. Se está refiriendo por
tanto a personas que se insertan en el sistema de Formación de Especialistas en
Ciencias de la Salud que se desarrolla, de forma oficial y reglada, por el
sistema de residencia, de modo que el especialista en formación va adquiriendo
las competencias profesionales propias de su especialidad en centros y unidades
docentes acreditadas, por tanto una pieza fundamental de la asistencia
sanitaria de nuestro país.
Pues bien, hasta la actualidad, el
Gobierno de CLM había venido manteniendo en las sucesivas leyes de presupuestos
de la región el recorte que se aplicó a las pagas extraordinarias de junio y
diciembre del Personal Sanitario Residente en Formación a partir del Real
Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias
para la reducción del déficit público, es decir, continuaba aplicando los
recortes salariales que provenían de la situación de crisis financiera del 2010,
como si esta no hubiera ya hace tiempo desaparecido y sobre todo, como si el
giro que la legislación laboral y social ha impuesto a la política social durante
el estado de alarma y la situación de excepción del Covid19 no exigiera un
cambio radical de perspectiva, especialmente respecto del sector de sanidad.
De manera personal, varias personas
residentes de la región comenzaron hace un par de años a acudir a los juzgados
de lo Social para reclamar sus pagas extras íntegras. Ante la proliferación de
demandas individuales, la JCCM optó por interponer en el TSJ-CLM un Conflicto
Colectivo de interpretación de la norma, a fin de atajar las diversas
interpretaciones que pudieran hacer los distintos juzgados de primera
instancia. En el conflicto colectivo interpuesto por el SESCAM se citó como
demandados a los comités de empresa de todas las Gerencias de Atención Integrada
y a los sindicatos representativos (CESM, CSIF, SATSE, SIMAP-CLM, UGT, USAE,
USICAM, USO y CCOO, solicitando que se convalidara el recorte salarial impuesto
en las leyes de presupuestos.
Pero este objetivo ha sido
rechazado, con toda razón, por el Tribunal Superior de Justicia. Éste ha
recordado al gobierno de Castilla La Mancha que los recortes impuestos por el
Real Decreto-ley 8/2010, “al ser normas restrictivas de derechos, han de
aplicarse en sus estrictos términos, siendo lo importante a los efectos de su
aplicación que las circunstancias que justificaron la legislación de urgencia
concurran en el momento de ser aplicadas, sin que sea asumible una pretendida
congelación de la situación que lo motivó.” Para insistir en que “en este caso
han transcurrido más de diez años desde que ese RDL fue dictado y no concurren
en este momento las razones que hicieron necesaria la adopción de las medidas
de reducción que se contemplan en el mismo”.
Por otra parte, es el Real
Decreto 1146/2006 el que regula la relación laboral especial de residencia para
la formación de especialistas en Ciencias de la Salud y las retribuciones que
deben percibir los residentes, de manera que “es cuestión de Derecho laboral
sustantivo, forma parte de la legislación laboral de competencia exclusiva del
Estado”, por lo que la JCCM no puede, como ha venido haciendo, modificar esa
norma a través de sus propias leyes presupuestarias.
La sentencia, una vez adquiera
firmeza, supondrá para más de 1.200 residentes en formación que hay ahora en
los centros sanitarios de la región una notoria mejora de sus retribuciones. El
sindicato de CCOO pone como ejemplo que una mensualidad ordinaria de un Facultativo
Residente de 2º año, está constituida por Sueldo Base (1.203,56 euros) +
Complemento Formación (59,42 euros), total 1.262,98 euros. Esa cuantía es lo
que debe cobrar también en las extras de junio y diciembre. Sin embargo, el
SESCAM solo le está pagando 808,49 euros.
La sentencia del TSJ puede ser
recurrida en casación, y previsiblemente esta será la opción del gobierno de la
Junta de Comunidades. Cabría sin embargo preguntarse por la legitimidad
política de esta decisión. ¿Es oportuno desde un planteamiento progresista en
este momento de fortalecimiento de nuestros sistemas de salud y educativos,
empeñarse en reducir el salario del personal sanitario en formación? La
respuesta no está en el viento, sino en la adopción de una decisión coherente
con una perspectiva de defensa y apoyo a la asistencia sanitaria y a la
dignidad del trabajo de sus profesionales.
