LOS PROFESORES TEMPORALES DE UNIVERSIDAD PUEDEN EVALUAR SU ACTIVIDAD INVESTIGADORA: HABLA JOAQUIN PÉREZ REY

El mundo de la universidad española sigue afectado por los recortes salvajes que sufrió a partir de las reformas de 2010 y 2012 con las políticas de austeridad, la práctica desaparición de la negociación colectiva, la congelación salarial y la reducción de plantillas, impidiendo a toda costa el incremento de plazas contratadas de PDI de dedicación a tiempo completo y estable, con la correspondiente proliferación de falsos profesores asociados e incremento de la precariedad en el sector. A ello se une una carrera desenfrenada en algunas Comunidades Autónomas por las universidades privadas, que recrean condiciones de trabajo aún más limitadas para el personal a su servicio, y la moderada y segmentada política de investigación que no alcanza el mínimo requerido para satisfacer los niveles de promoción de estas actividades en todas las universidades españolas, generando niveles de primera, segunda y tercera clase sobre la base de una financiación deficiente y discrecional.

En la espera eterna a la derogación de las reformas odiosas del ministro Wert y la consideración de la Universidad como un espacio relevante para la acción política democrática, la actividad callada y permanente del sindicalismo produce algunos resultados siempre valiosos. Joaquin Pérez Rey comenta en rigurosa exclusiva para este blog, un fallo importante que reconoce la posibilidad de que se evalúe la actividad investigadora del profesorado sujeto a un contrato temporal. Este es el comentario que hace a este importante fallo:

Cinco brevísimas reflexiones a propósito de una sentencia que reconoce a los profesores temporales de universidad evaluar su actividad investigadora

Joaquin Pérez Rey UCLM (Toledo)

Durante el pasado fin de semana llegaba a mi correo una sentencia que da la razón a la Federación de Enseñanza de CCOO, eficazmente representada por Carmen Perona cuyos méritos son abundantes y suficientemente conocidos por los trabajadores de la educación. La decisión de 24-9-2019 (rec. 27/2019), a la que hay que agradecer su directo y contenido razonamiento, es de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Canarias (Las Palmas). En ella se revoca la sentencia de instancia y se anula la resolución del Rector de la Universidad de Las Palmas que excluía a los profesores temporales de la posibilidad de evaluación de la actividad investigadora por considerar que dicha exclusión es discriminatoria a los efectos de la cláusula 4 de la Directiva 99/70.

Se trata de un pronunciamiento que incide en una doctrina judicial ya conocida (y que la misma sentencia cita: SAN 19-6-2017; Sentencia Juzgado Central Contencioso núm. 8 26-12-2017; STSJ Madrid 15-11-2017 o la STSJ País Vasco 2-10-2018) y que permite hacer las siguientes consideraciones:

1.     La precariedad a base de temporalidad es disparatada en nuestro país, pero si enfocamos a la universidad es sencillamente intolerable. Una carrera académica medianamente racional restaría buena parte de su eficacia práctica a sentencias como esta ¿Acaso no debería ser excepcional que un profesor temporal acumulara una gran experiencia investigadora a sus espaldas sin que ello supusiera abandonar el estatus de no permanente? Lo cierto, sin embargo, es que la consolidación del personal docente e investigador en las universidades requiere altas dosis de estoicismo. Por fortuna para nuestro sistema universitario, pero también para su sonrojo, los investigadores siguen haciendo su trabajo aun encerrados en moldes contractuales inapropiados (el de profesor asociado es el más escandaloso de todos y ni nuestra jurisprudencia, ni la que proviene de la UE logran ponerle coto de una manera convincente) o vinculados a proyectos en los que la inestabilidad es la regla.

2.     Y aquí radica buena parte de nuestros problemas con la regulación europea de la contratación temporal. El trato peyorativo a los temporales se agrava en un país que como el nuestro utiliza la contratación temporal para todo y para todos (empleados públicos o no; trabajo cualificado o no; trabajo subcontratado o no; trabajo de jóvenes o no, trabajo de mujeres o no…). En verdad, no se trata de aplazar para un poco más adelante algunas expectativas sobre las condiciones de trabajo, sino de postergarlas casi indefinidamente (es lo único indefinido que muchos trabajadores conocen) dadas las enormes dificultades que tiene huir de la trampa de la temporalidad. Y precisamente la clave de este sistema irracional de temporalidad desmedida estriba en que el mismo se pone al servicio del empeoramiento de las condiciones de trabajo y el ahorro de costes, justo lo que la norma europea pretende evitar cuando proclama la igualdad entre temporales y fijos.

3.     Así las cosas la involución que ha sufrido la doctrina del TJUE con relación al principio de no discriminación entre temporales y fijos es una pésima noticia, no solo porque haya servido para testar la poca resistencia del TJUE a la presión ejercida por el Estado español, sino también porque hacer depender, como hace el TJUE en su revisión de la doctrina Porras, algunas diferencias (como las indemnizatorias) entre temporales y fijos de las expectativas puestas en el contrato olvida el carácter pandémico de la temporalidad en nuestro país. La falta de expectativas no es un higiénico expediente contractual que el trabajador acepta, sino la consecuencia de un modelo que privilegia la temporalidad y que por ende se impone como única regla.

4.     Resolver este desaguisado corresponde en primer término al legislador, responsable último de nuestra pelea con la Directiva, pero ni está ni se le espera, de modo que el ajuste pretoriano a la norma europea sigue siendo imprescindible y es preciso reclamarlo una y otra vez. En el momento actual además se hace necesario recordar que el giro involucionista del TJUE al que antes nos referíamos no es un vuelco ni un giro copernicano, sino que más allá de las indemnizaciones la Directiva 99/70 sigue ofreciendo cobertura a la mayoría de las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales, estableciendo la imposibilidad de ser discriminados frente a los fijos. Así lo acredita la sentencia que motiva estas líneas respecto de los sexenios de investigación en la Universidad pública.

5.     La sentencia también demuestra la oportunidad de canalizar una parte de la acción sindical hacia la acción jurídica cuando se persiste, como es el caso, en formulas peyorativas aprovechando la falta de indicaciones legales precisas. Que los abogados laboralistas, y en especial los que prestan sus servicios al sindicalismo confederal, hayan hecho suyas las formulas de la justicia multinivel es un gran avance en el que se debe abundar. Que lo hayan hecho además en defensa de los trabajadores temporales sirve a la vez para combatir la idea, muchas veces esgrimida de forma interesada, de un sindicalismo de clase no receptivo con los que sufren la precariedad.

6.     Y un último punto, que es tan cándido que no puede considerase una reflexión digna de numerar. Todas estas acciones deberían ser innecesarias si por fin las administraciones asumen, en primer lugar, que no es posible funcionar con bolsas tan abultadas de temporalidad y, en segundo, que no puede tratar a su personal privado de estabilidad como si también lo estuviese del resto de condiciones de trabajo.