domingo, 2 de febrero de 2025

50 CONCENTRACIONES SINDICALES EN ESPAÑA: CON LOS DERECHOS NO SE JUEGA

 



El domingo 2 de febrero ha visto en todas las capitales de provincia una concentración de los sindicatos CCOO y UGT  para denunciar el uso "oportunista" de la protección social que las formaciones políticas han realizado y que casi hizo decaer el primer decreto 'ómnibus' haciendo peligrar medidas como la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte. Al margen de los rigodones y las polkas que los partidos de la llamada oposición han danzado desde la negativa a aprobar estas medidas a su aceptación sin restricciones, lo que esta jornada pretendía era una llamada de atención sobre la necesidad de que tanto el movimiento sindical como en general los movimientos sociales estén alertas y vigilantes ante el desarrollo de políticas sociales qe protejan a la ciudadanía en sus estados de necesidad y obtengan mejoras fundamentales en la relación salarial, en especial la reducción de jornada y el aumento del salario mínimo.

Han sido 50 las concentraciones, el titular de este blog ha acudido a la de Madrid en la plaza Jacinto Benavente en una mañana fría pero soleada, entre unas dos mil personas. En esta concentración, bajo el lema “Con los derechos de la gente no se juega”, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, junto a las líderes madrileñas de ambos sindicatos, Paloma López y Susana Huertas, y la presencia invitada de Jorge Nacarino, secretario regional de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), han intervenido explicando el por qué de esta concentración, su finalidad y explicando que esta es el arranque de un proceso de movilizaciones en el que se entrecruzan las reivindicaciones propiamente sindicales con las que llevan a cabo los movimientos sociales.

Paloma López afirmó que CCOO no va a dejar que se reduzcan los derechos de millones de personas que mejoren su calidad de vida: pensiones, empleo y escudos sociales. “Hay que exigirle a la presidenta de Madrid que se restablezca el marco de dialogo social para poner en marcha una defensa a ultranza de la los servicios públicos”. No se puede tolerar por más tiempo la infrafinanciación de la universidad pública, la falta de acceso a la vivienda y el mal estado de las residencias, en las que se dejó morir a 7921 ancianos.

El problema de la vivienda recibió una atención especial tanto de las dos secretarias generales de CCOO y UGT como del invitado de la FRAVM que dio a conocer a la gente presente en la concentración que el próximo domingo 9 de febrero se había convocado una manifestación en Madrid para reivindicar el acceso a la vivienda digna para todas y todos, es decir , conseguir hacer realidad el derecho constitucional a la vivienda digna y adecuada del art. 48 del texto constitucional, lo que requiere una actuación multinivel de los poderes públicos, tanto de la comunidad y del ayuntamiento como del propio Estado, mediante medias incisiva de control del mercado y de los precios de la vivienda y la construcción de viviendas sociales.

Unai Sordo ha respondido a quienes preguntaban en tertulias y columnas periodísticas por qué se movilizaban los sindicatos, si el objetivo de mantener la revalorización de pensiones y el escudo social ya se había conseguido en esta segunda oportunidad – y que serían los mismos que si se hubiera desconvocado la concentración por ese motivo habrían acusado al sindicalismo confederal de tratarse de un animal doméstico al servicio del gobierno que solo actuaba a sus órdenes cuando éste se encontraba en dificultad – desde la reivindicación de la autonomía sindical y su función de presión y de vigilancia del cumplimiento de un programa de reformas que el sindicalismo apoya y promociona. "Queremos que el Gobierno ponga en marcha una agenda social y los sindicatos deben estar muy atentos y vigilantes" de lo que se hace en el Congreso, máxime cuando se ha visto que existe una alternativa "de derecha y de extrema derecha" que pone en peligro las conquistas de los trabajadores, lo que ha provocado un par de semanas en las que “ha estado en peligro un decreto ley” que renueva el escudo social, y que durante estos días se han vivido unos “juegos de pactismo” muy preocupantes, que muestran a la ciudadanía la separación de intereses de las mayorías sociales y los de los políticos, atrapados en un tacticismo partidista insoportable. Como remachó Pepe Álvarez,  los sindicatos están en la calle “para reivindicar que el Parlamento no secuestre los derechos de los ciudadanos y ciudadanas”.

Más allá de este tema la reivindicación sobre la reducción de jornada y el aumento del salario  mínimo son dos objetivos fundamentales en el proyecto que quiere llevar adelante el sindicalismo español. Uno ya ha sido conseguido, y será aprobada en el próximo Consejo de Ministros con carácter inminente y será aplicada en cuanto este publicada en el BOE la subida del SMI a 1.184€ repartido en 14 pagas o a 1.381,33€ prorrateado en 12 pagas. Por el contrario, y tras el conflicto desplegado entre Yolanda Diaz como Ministra de Trabajo y Economía Social y Carlos Cuerpo como Ministro de Economía, que se ha solventado a favor de las posiciones de la Ministra, el proyecto de ley en los términos pactados con los sindicatos será aprobado también de manera inminente en el Consejo de Ministros y enviado al Congreso para su tramitación legal. Ahora bien, ante las previsibles – y ya anunciadas – maniobras empresariales para impedir el objetivo de la reducción del tiempo de trabajo, el secretario general de CCOO anunció la convocatoria el 4 de marzo de una importante manifestación en Barcelona, el lugar mítico en el que en 1918 a través de la huelga de la Canadiense se obtuvo por primera vez la jornada de 8 horas, para defender la reducción de la jornada semanal sin reducción salarial. Veremos la presión que este tipo de movilización sindical induce sobre Junts en la negociación parlamentaria del proyecto de ley de reducción de jornada.

El propósito explícito de esta concentración que se repetía en 50 ciudades españolas ha sido por tanto constituir un punto de arranque de un proceso de movilización en torno a la reducción de jornada y más allá, sobre la construcción de una opinión pública en la que los elementos esenciales de la solidaridad y fraternidad del discurso sindical calen en la ciudadanía impidiendo por consiguiente el avance de las posiciones profundamente insolidarias, individualistas y excluyentes que caracterizan el ideario político de la extrema derecha y de la derecha extrema aliada en nuestro país. En este proceso que implica tanto una reflexión seria sobre las políticas sociales que en el ciclo 2020-2024 los sucesivos gobiernos de coalición progresista han puesto en marcha como la necesaria continuidad del programa reformista en materia laboral, la implicación activa del movimiento sindical y su capacidad de movilizar a amplias capas de la población, será determinante. Seguiremos atentamente estos procesos desde las páginas de esta bitácora.

 


martes, 28 de enero de 2025

EL BAILE DE LAS METÁFORAS SOBRE LA REGULACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES EN ESPAÑA

 


Está reconocido por prácticamente todos los actores sociales y una buena parte de la ciudadanía el influjo perverso de las frases de impacto y los titulares agresivos que caracterizan el modo de presentar las noticias utilizando la forma de expresión de las redes sociales. El uso del click bait sin embargo se ha prolongado en las propias argumentaciones y razonamientos que se emplean en la presentación de informes o comparecencias sobre materias de actualidad. De manera especial en lo que se refiere al Derecho del trabajo o, por ser más específico, en las reformas del ordenamiento laboral que se están llevando a cabo o se quieren poner en práctica. En esta forma de comunicación abundan las metáforas con su traslación de sentido a otras figuras que ocultan o sugieren. En algunos ejemplos muy recientes esta tendencia se ha acentuado, como se explica a continuación.

En efecto, en el reducido mundo de la academia universitaria llamó mucho la atención la presentación de un informe del servicio de estudios de la CEOE (El Instituto de Estudios Económicos, IEE), sobre “Las necesidades organizativas y productivas de las empresas y la s respuestas jurídicas del ordenamiento jurídico”,  en la que se hicieron públicas una serie de afirmaciones que señalaban entre otras cuestiones el carácter anticuado de la normativa laboral, la falta de libertad y la intensa presencia de las notas características de regímenes corporativos como el franquismo o el falangismo, y que generó en algunos medios especialmente comprometidos con el uso del clickbait el siguiente titular: “Seis catedráticos de derecho comparan la política laboral de Díaz con la del franquismo” (https://theobjective.com/economia/2025-01-14/seis-catedraticos-trabajo-politica-laboral-diaz-con-franquismo/ ). Estas afirmaciones han sido contundentemente criticadas por el Directorio de NET21, página imprescindible para seguir las líneas generales de la evolución normativa y jurisprudencial del Derecho del Trabajo actual, en una entrada  titulada “A propósito de las dudas generadas sobre las políticas sociales de las dos últimas legislaturas” ( www.net21.org/a-proposito-...) que ha recibido un aluvión de visitas que ha superado con mucho las que normalmente recibe esta página, demostrando así que el tema resultaba especialmente interesante a la comunidad de expertos que se alimenta de su contenido.

No se va en esta entrada a hacer una paráfrasis del contenido de la crítica muy bien fundada, a la que nos remitimos, sino que se va a resaltar el uso insistente de imágenes que sustituyen la realidad por otras figuras que la ocultan como forma de expresión de lo que se quiere comunicar. Un primer ejemplo evidente es el propio titular de The Objetive referido, en el que se resalta la condición de catedráticos de (la mayoría de) los autores del informe, cuando realmente lo que debería destacar es que el informe del IEE es el resultado de la colaboración de los seis grandes despachos de abogados al servicio de los intereses patronales, es decir Garrigues (Federico Durán), Perez Llorca (Yolanda Valdeolivas), Cuatrecases (Salvador del Rey), Uría Menéndez (Jesús Mercader), Abdón Pedrajas (Jesús Lahera) y Sagardoy Abogados (Íñigo Sagardoy) que coherentemente han efectuado este trabajo para sostener y lubrificar doctrinalmente las posiciones de la CEOE y de su servicio de estudios. De esta manera el lector comprende mejor el sentido de lo noticiado.

No utilizar en vano el nombre del tirano

Parece que se está adquiriendo la costumbre en ciertos ambientes de mencionar al franquismo en relación con la fuerza vinculante e imperativa del ordenamiento laboral. Enric Juliana aludía en una columna reciente (https://www.lavanguardia.com/politica/20250126/10320296/muera-espartero.html) a un conferenciante al parecer de moda en los círculos de la derecha política y económica, Jesús Fernández Villaverde, catedrático de Economía en Pensilvania (Estados Unidos), que esboza el programa unitario de las derechas españolas si el Partido Popular y Vox logran sumar mayoría en unas futuras elecciones generales, y que propugna máxima flexibilidad en el mercado laboral afirmando de manera lapidaria – nunca mejor dicho – que  “han sacado a Franco del Valle de los Caídos y se han olvidado de sacarlo del Estatuto de los Trabajadores”. Vaya por Dios.

Un tipo de discurso en el que pareció incidir en la presentación del Informe citado su Director, Federico Durán, al afirmar que las relaciones laborales de nuestro país “están anticuadas, con falta de libertad y absolutamente inoculadas por regímenes corporativos como el franquismo o el falangismo”, de forma que es preciso liberarse de esa base, empezando por un menor intervencionismo e hiperregulación del Estado, porque además la  negociación colectiva  es “muy tributaria de los últimos tiempos del franquismo”.  Esta continuada rememoranza del franquismo o, por ser más precisos, del tardofranquismo – con alusiones a un paralelismo entre esta época, Fernando Suárez  y Yolanda Díaz – seguramente le ha sido sugerido a ex presidente del CES por  la conmemoración del cincuentenario de la muerte del dictador, sino que constituye de nuevo una metáfora que de fuerza al sentido de lo defendido.

El director del informe para la CEOE no confunde la larga noche de piedra de Celso Emilio Ferreiro y el silencio mineral y asfixiante de las libertades democráticas de aquella época con el presente problemático de un marco institucional que se despliega en una situación económica envidiable, como tampoco el conferenciante de moda de la derecha extrema unida piensa en que en el Estatuto de los Trabajadores se disimula un paternalismo protector  y autoritario con la seda y el carmín de la movida de los años 80 en la negra noche que cantó Hilario Camacho. Lo que ambos pretenden sencillamente es defender la desregulacíón máxima de la relación de trabajo, la retirada de la función imperativa y de derecho necesario de la norma laboral y la recuperación de un principio directivo unilateral de las relaciones laborales basado en la titularidad de la empresa con el desplazamiento a la negociación colectiva del intercambio salarial, priorizando el nivel de empresa. Nada más pero nada menos.

Es más útil así para estas posiciones invocar el franquismo como tótem protector de un razonamiento que se confronta con un proyecto de reforma que basa en los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo su seña de identidad. Pero en el futuro dejemos por favor esa moda que encubre una lucha de ideas – y de clases – con la invocación del fantasma del tirano y expresemos con claridad el programa de cada uno en la configuración del marco de regulación de las relaciones de trabajo.

La nave de Teseo y el calcetín remendado de Locke

Ha escrito recientemente Jesús Mercader a propósito de los antecedentes del modelo actual de relaciones de trabajo (https://www.elforodelabos.es/2025/01/el-barco-de-teseo-y-los-antecedentes-del-actual-modelo-de-relaciones-laborales/ )   sobre el hecho que supone fijarse en el cambio paulatino de los textos legales y no preguntarse sobre el resultado final, de manera que el Derecho Laboral español ya es otro del que se delineó en los años 80 del pasado siglo, entre otras cosas por el modelo democrático de relaciones laborales augurado por la Constitución y consolidado por el TC. La nave de Teseo – como el calcetín de la suerte que Locke había tantas veces remendado – remite al problema metafísico de reemplazo del objeto en todas sus partes y la transformación del mismo de manera completa en otra cosa diferente. Esta tendencia a la sustitución paulatina de las piezas del modelo ha resultado sin duda impulsada y reforzada en el ciclo de reformas 2020-2024 que van desde la reformulación de los ERTES en la crisis económica de la pandemia a los permisos climáticos de la catástrofe de las inundaciones de Valencia y que han acogido importantes, numerosas y continuas reformas normativas en este lapso de tiempo que no merece la pena enumerar por ser tantas y tan determinantes.

Sin embargo este largo proceso de cambio supone, para el comentado informe al IEE, que el Estado abusa de una «visión desagregada, dispersa» y al mismo tiempo «compleja, aplicando muchas reformas, mini reformas, reformas parciales, sin abordar en sí los elementos centrales que han de responder con altura a la exigencia de los retos del siglo XXI”. Como señaló en la presentación del mismo su coordinadora, Yolanda Valdeolivas, son reformas que afectan a la arquitectura de la legislación laboral “sin una visión holística, de conjunto”, cuando no de manera más descarnada, se define este proceso continuo de cambios normativos como una “diarrea legislativa” que hay que contener.

De esta manera, la propuesta de la CEOE critica y rechaza la sustitución paulatina de los componentes de la nave, los nuevos remos más potentes, el calafateado del casco, porque desearían que en los astilleros se botara una nueva nave con una nueva visión, apartándose de lo viejo revisado y reconstruido. Querrían comprar calcetines nuevos, no seguir usando los viejos y favoritos del filósofo completamente remendados. Pero en esa reivindicación no comprenden que lo que ellos pretenden conseguir como algo nuevo y diferente ya se ha realizado en la realidad normativa. El derecho del trabajo que se ha ido paulatinamente desplegando a través de las sucesivas reformas laborales es el objeto nuevo que ha transformado y modificado sustancialmente su orientación y su función.

La crítica por tanto no se dirige realmente hacia la inseguridad, la dispersión o la extravagancia de las normas emanadas, sino que lo que realmente se pretende es impedir el avance de la orientación legislativa que busca la ampliación de los derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras y anular por consiguiente el proyecto reformista que la mayoría de progreso está, con todas las dificultades que encuentra y sorteando tantos obstáculos, logrando llevar a cabo.

La gran metáfora: autonomía colectiva como libertad de empresa

En relación con el proyecto de reducción de la jornada de trabajo por ley sin reducción salarial correlativa que ha dado lugar a un acuerdo social bipartito entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos – del que se dio noticia en este blog https://baylos.blogspot.com/2024/12/el-acuerdo-entre-el-ministerio-de.html - las alegaciones de la CEOE  insisten en varias ocasiones en considerar inconstitucional tanto la forma del diálogo, por parte de Trabajo, como la propia reducción de la jornada, en este último caso, por “no respetar el contenido esencial del derecho a la negociación colectiva”. En efecto, “cualquier intento de regulación legal de la jornada de trabajo pactada invade el ámbito propio, protegido, del derecho a la negociación colectiva y debe considerarse lesivo y en este caso, del anteproyecto de ley, inconstitucional” (https://elpais.com/economia/2025-01-27/la-enmienda-de-los-empresarios-a-la-reduccion-de-jornada-apela-a-su-posible-inconstitucionalidad.html) No se trata de defender que es el espacio de la negociación colectiva  el único idóneo para proceder a la reducción de la jornada laboral, sino que se defiende que la intervención de la ley imponiendo un límite máximo a la jornada laboral es inconstitucional por vulnerar los arts. 7 y 37.1 CE.

No se va a responder en esta entrada a esta alegación. El directorio de NET21, en la entrada antes citada, ya lo ha hecho con solvencia en su crítica a la presentación al informe del IEE de los seis grandes despachos jurídicos. Ahora simplemente se debe destacar que lo que se construye a través de esta argumentación es una esfera de inmunidad a la intervención legal en donde la autonomía colectiva no puede ser controlada ni determinada por la ley.  No se trata solo de entender el desequilibrio que se produce en este planteamiento en el mecanismo de la negociación colectiva, que conduce a la constatación de un déficit democrático en las relaciones de trabajo, como recientemente ha defendido el abogado y profesor brasileño Mauro Menezes. El punto neurálgico del razonamiento consiste en la representación de una autonomía privada que exige un ámbito de libertad negativa frente a cualquier intromisión del poder público que no sea la de promover y sostener su dinámica. Es obvio que el argumento no se sostiene jurídicamente, pero lo interesante es que se afirma con tanta fuerza porque en él se ha desplazado la idea de la autonomía privada colectiva en sustitución de lo que realmente se quiere afirmar, la libertad de empresa como un espacio intangible e inmune a los límites que le pueda imponer el poder público.

Lo que la CEOE desvela en su alegación es una enorme metonimia, designa un concepto – la libertad de empresa – con el nombre de otro – la autonomía colectiva – y en esa misma retórica está confirmando el proyecto político que lo sostiene: un poder ilimitado que sólo conozca restricciones derivadas de su propia voluntad. Una libertad que se declina en las facultades correspondientes a sus poderes de dirección, control y organización de las relaciones laborales, que no pueden tener vínculos externos derivados de la normativa laboral, fiscal, contributiva o ambiental. Como sueño de libertad resulta excesivo, pero como resistencia a los proyectos reformistas que parten de la necesidad del límite a la libre empresa como condición de avance en la profundización de la democracia, es comprensible, pero debía ser explicitado en esos términos.

Presenciamos asi un baile de metáforas que oscurece un largo conflicto entre la tensión a las reformas del ordenamiento laboral en un sentido de ampliación de derechos sindicales y de derechos individuales de las personas que trabajan y la resistencia de los poderes empresariales a la imposición de límites a sus facultades directivas y de control en las relaciones de trabajo. Conviene en el futuro establecer con claridad los términos de esta disputa que atraviesa el campo del derecho. Sin metáforas ni exabruptos. Sin invertir la realidad de la lucha de ideas y de clases que estos debates trasladan al espacio de las políticas del derecho.

 

 


viernes, 24 de enero de 2025

MOVILIZACION SINDICAL Y DEROGACIÓN DEL ESCUDO SOCIAL

 


Hay días nefastos, repletos de malas noticias. Ayer una coalición de votos entre la extrema derecha, la derecha extrema de ámbito nacional y la derecha nacionalista catalana logró no convalidar el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social. Con ello revalorización de pensiones, incremento de la cuantía del ingreso mínimo vital, ayudas al transporte colectivo urbano e interurbano,  prórroga del salario mínimo, suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional,  normas fiscales y presupuestarias, medidas de reconstrucción para territorios afectados por catástrofes naturales, y otros aspectos, entre los que se ha destacado por el Partido Popular el traspaso al PNV de un palacete expropiado por la Gestapo en Paris que ahora ocupaba el Instituto Cervantes.

Como era previsible, mostrar el rostro violento del programa de las tres derechas impidiendo medidas fundamentales del escudo social y de la revalorización de pensiones, ha sido inmediatamente negado por el aparato mediático que sostiene devotamente a estas fuerzas políticas. Esta mañana he tenido la desgracia de coger un taxi cuyo conductor tenía sintonizada la COPE y me ha permitido comprender que, según la radio de los obispos, es el gobierno el culpable de esta derogación de normas sociales que afecta negativamente a pensionistas y a los sectores más vulnerables de la ciudadanía. Y esta atribución de culpabilidad al gobierno se debe a que este ha tenido la osadía de colocar en un solo texto este tipo de disposiciones y que tiene en su mano la posibilidad de evitar la lesión a los derechos ciudadanos volviendo a promulgar nuevos decretos leyes pero de forma separada para que puedan ser valoradas individualizadamente en un nuevo trámite de convalidación. Es decir, que el voto negativo del conglomerado de las tres derechas lo es a la iniciativa legislativa del gobierno, no a sus consecuencias que alteran tan profundamente las expectativas de derechos ya reconocidos y luego negados precisamente por el voto en el Congreso. Naturalmente todo esto es fruto, para los creadores de opinión de estos medios de comunicación tan potentes, de la arrogancia del presidente aborrecido por estos espacios.

Este argumento es más seguido e influyente que los que han esgrimido algunos de los portavoces de estos grupos políticos, que se basan en el rechazo del traspaso del palacete parisino expropiado por la Gestapo al PNV, o en la subida del IVA a los alimentos o la existencia de una subvención a los “okupas”.  Excusas ridículas cuando no bochornosas que no pueden impedir la imputación de responsabilidad política a quienes han causado directamente la derogación de los derechos sociales de  extrema importancia, y que ahora se pretenden eximir de la responsabilidad política que se deriva directamente de sus actos.

Es evidente que se deben recuperar estos derechos ya obtenidos durante el mes de vigencia del RDL 9/2024 para la ciudadanía y las personas trabajadoras. Y por tanto será el gobierno el que tendrá ahora que estudiar cómo reformular esta normativa, a expensas de nuevo de que la estrategia de acoso y derribo de las derechas extremas, secundadas de manera incomprensible por Junts en un mismo objetivo de desestabilización del gobierno que ha procedido a amnistiar a sus dirigentes, considerados en su día como terroristas y golpistas por la derecha nacional española.

Pero el acto político de forzar la no convalidación de la norma y por consiguiente derogar derechos fundamentales ya reconocidos en el ordenamiento jurídico, no puede quedar impune. La convocatoria inmediata de una jornada de protesta y de movilización por parte de CCOO y UGT implica plantear una respuesta  firme a este acto de agresión de enorme gravedad de quienes se reclaman ya como las futuras fuerzas políticas que deben gobernar el país tras de las elecciones generales que reclaman insistentemente. Esta carta de presentación – que por otra parte conecta con la práctica política del PP durante el ciclo de la crisis financiera y las políticas de austeridad – no puede quedar difuminada en un panorama mediático que se obstina en borrar la evidencia de un programa extraordinariamente agresivo contra los derechos sociales y laborales.

Es cierto que la derogación generará una fuerte contestación social. Pero es ilusorio creer que los interesados entenderán con claridad la causa de la degradación de sus derechos. En muchos casos porque hay una tendencia general a responsabilizar al gobierno de este tipo de decisiones, por mucho que se intente hacer comprender que ha sido el voto decidido de las derechas políticas quienes han impedido la continuidad de unos derechos ya adquiridos. A ello se une esa impresionante capacidad de influencia mediática, que llega a prácticamente la totalidad del espacio de la comunicación, que insistirá en desplazar al gobierno la incapacidad de reaccionar frente al acto derogatorio como si lo hubiera provocado él mismo, y por otra parte, la negociación de estos eventuales textos legales “troceados” permitirá a sus interlocutores políticos aparecer como los “salvadores” de una situación cuyo origen se imputará desenfadadamente, como de costumbre, al gobierno, sin que para ello importe tener en cuenta que esta regulación es justamente la que se ha negado mediante el voto contrario a la convalidación de la norma que reconocía estos derechos.

UGT y CCOO han manifestado su oposición absoluta a este ejercicio de oportunismo político con elevadísimos costes sobre las espaldas de la ciudadanía. Recuerdan que son millones las personas afectadas. Pensionistas que no verían revalorizada su pensión contributiva y no contributiva, así como las pensiones mínimas; perceptores del SMI y del IMV; usuarios del transporte público; personas vulnerables en riesgos de desahucio o que verán que desaparecen sus ayudas para pagar suministros básicos. Un verdadero golpe a los derechos sociales, una agresión sin precedentes a la mayoría social y especialmente a personas vulnerables, clase trabajadora y clases populares en general.

CCOO y UGT hacen un llamamiento a la ciudadanía a participar masivamente en estas movilizaciones e invitan a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas que compartan estas reivindicaciones a sumarse al proceso de movilizaciones que anunciamos para exigir:

- Aprobación por el Gobierno a través de la figura del Real Decreto Ley, de un nuevo paquete de medidas.

- La convalidación posterior de esas normas por parte del Congreso, evitando tomar a la población con mayores necesidades como rehén de este juego de oportunismo donde se vota en contra de medidas necesarias, muchas que ya han sido acordadas previamente, incluso con el voto favorable de quienes ahora han provocado esta anulación.

Una movilización por tanto imprescindible, de la que pese a una suerte de procrastinación del conflicto que recorre a la ciudadanía progresista, depende la recuperación de los derechos de protección social que el voto de las fuerzas de la derecha que quiere gobernarnos nos ha arrebatado. Todos a la calle el próximo 2 de febrero contra esta agresión que debe ser masivamente respondida y cuya responsabilidad política es indudable: Vox, Partido Popular y Junts per Catalunya.