POBRES ABOGADOS DE EMPRESA: NO LES ES TAN FÁCIL DESPEDIR

Quizá no sea necesario advertirlo, pero las personas que están en la foto no son abogados de empresa.

En unas recientes jornadas de la autodenominada asociación de recursos humanos AEDIPE, los abogados de empresa han alzado su grito de dolor ante las dificultades que según ellos mantiene la reforma laboral en materia de despidos colectivos. El caso es que son muchas las decisiones judiciales que desautorizan los expedientes de regulación de empleo realziados con absoluto desprecio de los deberes de consulta con los representantes de los trabajadores  y sin la justificación que requiere la decisión del empresario de rescindir los contratos por motivos económicos. 

En el relato que de estas quejas realiza el diario salmón “Cinco Días”, el socio responsable del poderoso bufete empresarial Cuatrecasas, Salvador del Rey, definía la situación de forma alarmista: "El ordenamiento jurídico no puede poner trampas para osos por todos los sitios. Eso beneficia a los abogados pero no a las empresas". Hay que reconocer que la comparación de las empresas que despiden con los osos mutilados por los cepos – se supone que puestos por los abogados laboralistas, travestidos en cazadores avezados – es de gran efectividad expresiva.

La razón de la queja de los abogados de empresa se encuentra en que los jueces están ejercitando su función jurisdiccional de controlar si el poder de despedir unilateralmente por motivos económicos se ejercita correctamente conforme a los requisitos de forma y de fondo que señala una legislación que ha demolido los controles colectivos a estos despidos masivos. Lo dice Román Gil, socio del Estudio Jurídico Sagardoy Abogados que parece que tuvo una influencia determinante en la reforma del Partido Popular plasmada en el RDL 3/2012 y en las correcciones introducidas por la Ley 3/2012 con el apoyo irrestricto de CiU. La inmensa mayoría de las sentencias que han anulado ERE han argumentado defectos formales con la documentación o mala fe por parte de la empresa a la hora de negociar. La anulación por esta última circunstancia – remacha Gil - queda totalmente en manos de que el juez estime o no si la empresa ha ofrecido mejoras o alternativas suficientes a los despidos. El segundo problema con el que se enfrentan los abogados de empresa es aún más peliagudo, se trata, en sus propias palabras,” no tanto con la prueba de las causas como con el hecho de si los jueces deben juzgar o no la proporcionalidad de los despidos”, porque “pese a que la nueva ley precisa que los jueces no deben valorar dicha proporcionalidad, en la práctica no está claro”. Para Gil, esta cuestión debería limitarse al fraude de ley, "a poco que la medida sea razonable, el juez debería aceptarla” sin valorar por tanto su proporcionalidad. Con ello los abogados de empresas manifiestan una añoranza por el juez-notario, que da fe de una decisión del poder privado empresarial que no sólo es definitiva – como sucede – sino también debe ser irrebatible e inoponible. Por eso el coro de abogados al final – como señala Miguel Cuenca, de KGPMG abogados – insiste en la inevitable queja sobre la inseguridad jurídica que está planteando el sistema.

No se trata que los abogados de empresa sean perezosos y no quieran trabajar, aunque pueda deducirse lo contrario de lo que señaló Del Rey , ("No puede ser que con la nueva ley en los despidos colectivos la empresa y los abogados tengamos que emplear horas y horas solo planificando las cuestiones formales"), el desagrado de estos poderosos asesores del poder económico va dirigido a otro fin. Se trata de presionar a los jueces "superiores" - en especial los magistrados del Tribunal Supremo, a los que se piensa más "sensibles" ante este requerimiento - para que cambien su posición institucional y acepten el papel subordinado a la discrecionalidad – y arbitrariedad – empresarial que la legislación reformada ha querido entronizar, contrarrestar la presión en la opinión pública sobre la incapacidad del empresariado en mantener un tejido industrial en términos razonables durante la crisis sin necesidad de acudir a la desertización de las plantillas y la destrucción del empleo, y naturalmente, hablar al gobierno – amigo y siervo a la vez – para que tome cartas en el asunto y consagre eficazmente de una vez la intangibilidad absoluta del poder privado en los lugares de trabajo. 

Lamentablemente para ellos, los jueces y magistrados saben que tienen que garantizar la tutela judicial efectiva y realziar su función jurisdiccional, y los abogados laboralistas y sindicales saben que el espacio de los derechos es un espacio de lucha en el que no cabe desconocer el marco constitucional, la vigencia del derecho al trabajo y los límites a la libertad de la organización de la empresa.