TRABAJO, EMPLEO Y ELECCIONES GENERALES

La presente entrada viene a reproducir casi en su totalidad, el texto que se ha publicado en el digital bez.es con el mismo título que se publicó el martes pasado. Aquí sólo se han alterado los párrafos finales.

El tiempo electoral está atravesado por un gran número de discursos. El punto focal con el que se desenvuelven no suele sin embargo basarse en el trabajo, que no construye por tanto el armazón de las propuestas que los partidos presentan a la ciudadanía como programas democráticos. El trabajo no se considera – como sin embargo asegura un repetido slogan sindical – el centro de la sociedad en tanto elemento creador de riqueza y vector de cohesión social. Del empleo si se habla, de la situación del empleo, de su carencia como desocupación, de la calidad del mismo. En los debates organizados para la estabulación de los candidatos y de sus tiempos de exposición, el empleo es un punto del catálogo de materias que se deben abordar. Es un tema en el que se prodigan las cifras. La mayoría de estas son terribles. Lo que vienen a decir es que a la destrucción acelerada de empleo de los primeros años de la crisis, ha seguido una estabilización del desempleo en niveles superiores al 20 %, y el empleo que se crea a partir de la tan publicitada “recuperación económica” es en su mayoría precario, inestable, temporal y de baja calidad salarial. Que se aprecia un aumento generalizado del incumplimiento de la normativa laboral y que se reduce la tasa de cobertura de los convenios colectivos. La brecha de género se incrementa en igual medida que la tardanza en incorporarse los jóvenes al empleo, muchos de los cuales se ven obligados a abandonar el país. Y la exclusión social se dispara, con la presencia por vez primera en nuestro país del fenómeno de los trabajadores pobres. Pero la forma en la que se quiere presentar el tema en el debate impide relacionar este escenario desolador con la pérdida de derechos y la degradación democrática que se ha producido con ocasión de la crisis, mediante la alegación de una suerte de estado de excepción económica que considera el campo de los derechos como un obstáculo a la recuperación de la gran empresa y las instituciones financieras.

Esta descripción devastadora es además ignorada por una buena parte de los medios de comunicación y por los sujetos e instituciones mediadores ante la opinión pública. En el mejor de los casos se presentan como fenómenos inevitables de una naturaleza inclemente frente a los cuales sólo cabe acostumbrarse y someterse como corresponde a la presencia de un destino irresistible. Otras opiniones – que provienen por cierto de personas de alto relieve social – no hablan del empleo y su degradación, sino del trabajo como hecho político y democrático que pertenece al pasado. El contrato por tiempo indefinido, la exigencia de estabilidad y seguridad, la tutela colectiva y legal de unas condiciones de trabajo y de existencia decentes que se definen como derechos individuales y colectivos ligados al trabajo, son todas ellas, en ese discurso paralelo a los discursos electorales, categorías en vías de desaparición, residuos del pasado. En otros momentos, las opiniones vertidas por algunos comunicadores sociales son ya realmente obscenas por estar penetradas por un clasismo impensable en cualquier medio de comunicación que se pretenda compatible con el sistema democrático. Lo destacable es que estas manifestaciones – como la de burlarse de quienes pretenden un aumento del salario mínimo – ocupan un lugar preminente en la conformación de la opinión pública desvalorizando precisamente los discursos políticos que atienden a la vulnerabilidad del trabajo y la necesidad de su revigorización material como forma de vida.

Entre tanto ruido mediático y tanta algarabía no hay apenas espacio para dar visibilidad al trabajo y a la importancia que éste asume para un sistema democrático. No sólo para denunciar las situaciones de desigualdad y de injusticia a que está conduciendo su consideración exclusivamente mercantil y su mera reducción a coste económico, sino para enunciar un proyecto de emancipación social que pasa necesariamente por la reformulación profunda del marco normativo vigente y la introducción de elementos fuertes de reforma de la empresa y del mercado en el que se fortalezca la posición del sujeto sindical y sus poderes de gobierno de las relaciones laborales tanto frente al empresariado como a los poderes públicos. Aunque ha habido opciones políticas en esta convocatoria electoral que han asumido este diagnóstico como propio y en su programa se encuentra el compromiso de promover medidas y políticas en consonancia con el mismo, su mensaje no se ha transmitido con nitidez, no se ha distinguido de otras materias que eran resaltadas en la prensa y en las redes sociales, no se ha difundido contundentemente ni ha acallado los temas que se situaban en el interés de la comunicación mediática. Es cierto sin embargo que a  la ciudadanía se le supone que tiene que votar informada y que con poco esfuerzo se sabe escuchar y distinguir las voces que revalorizan el trabajo como centro de la política y de la democracia, como clave de la asignación de derechos y de realización de políticas públicas. Distant voices, still lives, como se  titulaba un bellísimo film de Terence Davies. Somos muchos los que las hemos escuchado, aunque muchos menos de los que deberían oírlas y se esperaba que lo hicieran. Pero esa reivindicación del trabajo y la crítica a su mercantilización, el rechazo a la explotación, ha recogido importantes consensos electorales. Sólo hay que ponerlos en marcha, aprovecharlos, actuar desde la política y a través de lo social para ir desarrollando ese impulso emancipador y democrático.