EL ACUERDO PARA LA REACTIVACION ECONÓMICA Y EL EMPLEO

El viernes 3 de julio por la mañana, en los jardines del Palacio de la Moncloa, se firmó, con gran pompa y circunstancia, el Acuerdo para la Reactivación Económica y el Empleo, que suscribieron el Presidente del Gobierno, los secretarios generales de CCOO y UGT y sus correspondientes de CEOE y CEPYME. Al acto asistieron las Vicepresidencias del Gobierno y los Ministerios económicos, es decir, Trabajo, Seguridad Social e Industria, junto a un nutrido grupo de altos cargos y de dirigentes sociales que habían participado en las últimas negociaciones sociales.

Diálogo social como método de gobierno y como legitimación de la actuación del poder público.

Todos los medios de comunicación coinciden en destacar el significado político del Acuerdo como contraste con la limitada capacidad del gobierno para obtener amplias mayorías parlamentarias en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. El PP se ha opuesto a los cuatro informes que se presentan, aunque con mayor ímpetu en los bloques de economía y políticas sociales más que en los de Sanidad y Unión Europea, posiblemente porque prefiere mantener intacta su propuesta política neoliberal como apuesta electoral, mientras que la CEOE-CEPYME entienden que el acuerdo social puede ser funcional a la recuperación económica y por tanto también a sus intereses en cuanto empresas que pretenden reactivar el mercado. La conclusión por tanto es la de que con la firma del Acuerdo se hace explícito – se escenifica es el término que prefieren los periodistas – un frente común en la vertiente social para la reactivación de la economía en la crisis que ha causado la irrupción de la pandemia del Covid-19. Asimismo se ha valorado este acto como un modo de reforzar la posición del Gobierno en la negociación de las ayudas europeas que tienen que decidirse antes del comienzo de las vacaciones, y para lo cual una postura unitaria de los representantes del trabajo y de la empresa ofrece una cierta garantía de estabilidad. Este es un tema en el que fundamentalmente ha hecho hincapié la parte sindical a la hora de resumir el significado del Acuerdo.

Se trata sin duda de dos bazas positivas que refuerzan la acción del Gobierno tanto frente a la complicada geometría parlamentaria como de cara a su capacidad de presión en Europa para obtener unas medidas de apoyo suficientes que no comprometan el giro social de su programa. Hay también otra estimación, más en clave interna a la correlación de fuerzas que se despliega en el interior del Gobierno, y es la que se refiere a la pretensión de que con este Acuerdo el área de economía protagonizara el diálogo social y lo orientara hacia sus directrices, desplazándolo del espacio en el que hasta el momento estaba sólidamente anclado, el que ocupan los Ministerios de Trabajo y de Inclusión y Seguridad Social, para diseñar un escenario en el que el peso fundamental del Acuerdo recayera en la articulación de políticas económicas y de mercado y no tanto en la conformación de instrumentos de regulación de empleo y en el despliegue del “escudo social” de tutela del empleo, frente a la precariedad y la vulnerabilidad de una parte importante de la población. Posiblemente la intención final era la de poner una especie de cierre o al menos de límite a la capacidad reformista del gobierno en materia de relaciones laborales, garantizando una cierta inamovilidad del marco institucional hasta ahora vigente en una especie de dispositivo de self restraint avalado por la firma de los interlocutores sociales.

Esta suerte de “captura” del diálogo social por el área económica del gobierno no se ha producido en los términos que seguramente estaban planteados. Ante todo porque la relación directa de este Acuerdo de Reactivación Económica en su vertiente de regulación de medidas de protección del empleo con el II ASDE recientemente firmado se encuentra claramente determinado en el compromiso del mismo de efectuar un “Pacto por el Empleo”, y como tal fue recogido en la Disposición Adicional 5ª del RDL 24/2020, que transcribe éste y que desemboca en la negociación pendiente en una serie de mesas de diálogo por concretar, sin que por tanto se enuncien allí cuales vayan a ser las medidas o ni siquiera los campos sobre los que se va a discutir de forma tripartita. Sin embargo, su carácter programático y declarativo le sitúa en una dimensión diferente de los Acuerdos sociales que hasta el momento se han ido produciendo, mucho más concretos y específicos en su regulación.

El contenido del Acuerdo, en efecto, se sitúa más en una perspectiva de declaración de intenciones y de un programa de acción más que en un repertorio de compromisos concretos que requieran un desarrollo ulterior inmediato. Y tiene que partir, como no podía ser menos, de la enumeración de las medidas adoptadas a través de un esfuerzo normativo excepcional durante el Estado de Alarma para “preservar el tejido productivo, el empleo y las rentas familiares”, y a su vez tiene recoge los últimos compromisos adoptados en el II ASDE sobre la prórroga de los ERTE como otro elemento que debe definir el inmediato futuro. Las medidas que se proponen para la reactivación son fundamentalmente de tres tipos: económicas y de política industrial, políticas sociales y relaciones laborales.

Las medidas del Acuerdo

Respecto de las medidas económicas y de política industrial, el Acuerdo establece unas líneas de actuación futura, comprometiéndose eso si a un segundo programa financiero de apoyo público a la solvencia y la inversión empresarial de 50.000 millones de euros, para reforzar empresas solventes en sectores estratégicos cuya situación financiera pudiera verse en peligro tras la crisis del Covid-19. La necesidad de un Pacto por la reindustrialización del país, la apuesta por la transición verde y la economía circular, la digitalización, el desarrollo de la economía social y el apoyo a los autónomos, son los ejes centrales de este horizonte de propuestas y declaraciones.

Las medidas sociales se proyectan en tres materias. De una parte, la necesidad de reducir los márgenes de la economía sumergida, lo que implica una lucha decidida contra el fraude, la precariedad y la evasión fiscal. Como la CEOE no acepta el incremento de la presión fiscal, el tema de la justicia redistributiva y la necesaria reforma impositiva no se ha incluido como un eje más del Acuerdo, y solo se sigue sus trazas a través de esta referencia a la lucha contra la evasión fiscal. Por otra parte, se incorpora una referencia a reforzar y garantizar la sostenibilidad y la suficiencia a largo plazo del sistema público de pensiones, con mención expresa a la garantía del poder adquisitivo de las mismas, lo que seguramente sin dificultad se puede derivar al compromiso del programa de gobierno de derogar la reforma del 2013 en materia de Seguridad Social, un reivindicación sostenida también sindicalmente. Y, finalmente el compromiso más interesante, reforzar los servicios públicos de sanidad y dependencia y el SEPE, los tres sectores que la crisis del Covid-19 ha mostrado que son fundamentales para garantizar salud y seguridad a la población, y que habían sido maltratados y reducidos en las medidas de recorte de plantillas y de inversiones llevadas a cabo por los gobiernos central y autonómicos como resultado de las políticas de austeridad en la crisis de 2010-2012.

Las medidas laborales tienen como inspiración el mecanismo de los ERTES al que se quiere dar una proyección duradera, además de recordar su importancia estratégica en el gobierno de la crisis actual y la conveniencia de ir incorporando a los trabajadores incluidos en los mismos a las actividades normales de las empresas, recontratando asimismo en la medida de lo posible a los contratados temporales que vieron extinguidos sus contratos, “potenciando la contratación indefinida”. Como mecanismo de ajuste ante caídas de actividad o cambios de ciclo económico, el ERTE debe ser por tanto priorizado antes que los despidos, como también en general las medidas de flexibilidad interna, en especial la reordenación del tiempo de trabajo, que previsiblemente debe ser la clave de la “nueva economía”. Obviamente, se concluye que resulta asimismo necesario establecer “un marco adecuado” para el trabajo a distancia, y como no podía ser menos, se resalta el papel de la formación y recualificación profesional, en especial pensando en el entorno digital y tecnológico, junto con la “modernización” de las políticas de empleo.

¿Derogar la reforma laboral?

“Modernizar” es la palabra clave, puesto que en el Acuerdo de forma escueta se incorpora el compromiso de “modernizar” el marco laboral. Es una manera inteligente de evitar la referencia a la reforma laboral del 2012 y al compromiso de su derogación del que tanto se ha hablado y que sigue dando su juego en debates cada vez más estériles. El compromiso del programa del gobierno de progreso es claro, pero lo que ahora está en juego, es algo diferente. Tras los meses transcurridos desde el inicio de la crisis sanitaria del Covid-19,  esta referencia ha perdido una buena parte de su significado. Siempre se ha recordado que no se trata de volver al pasado, sino de volver a conformar un marco de regulación que supere los elementos negativos de aquella reforma dictada sobre la base de debilitar el poder colectivo de negociación sindical y el reforzamiento en paralelo de las facultades unilaterales de modificación y de extinción de contratos por parte del empresario.

Algunas de estas normas han desaparecido ya del ordenamiento, como el nefasto Contrato de Apoyo a los Emprendedores, o el despido por absentismo, otras estaban siendo negociadas en el marco del diálogo social cuando la crisis sanitaria y económica obligó a posponer su examen, como los contenidos relativos a la regulación de la ultra actividad o a la primacía aplicativa del convenio de empresa, junto con la regulación de la subcontratación; otros temas en fin están surgiendo como nuevos que exigen una regulación urgente, como el trabajo a distancia, o la original regulación de la regulación temporal de empleo y de la flexibilidad interna, que están marcados en el propio Acuerdo comentado, o que se encuentran en estado de elaboración, como la calificación jurídica del trabajo en plataformas digitales, o la externalización de servicios en la hostelería, y, en fin, todo un tema que la reforma del 2012 no abordó y que resulta fundamental hoy, la contratación temporal, sobre la que políticamente se habla insistentemente acerca de la necesidad de un gran pacto para su regulación en el contexto del Pacto por el empleo. Todos estos son algunos de los elementos que están en juego actualmente y que aconsejan abandonar ya el planteamiento del debate desde posiciones hoy superadas por el momento histórico en el que nos hallamos.

El enfoque correcto hoy en día es el que separa a quienes quieren reformar el marco institucional laboral para establecer un equilibrio sustantivo de las posiciones de poder que se dan en las relaciones laborales, sobre la base de un principio de mantenimiento del derecho al trabajo y de promoción del empleo, reconociendo un amplia flexibilidad contratada y una efectiva protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras y el goce de derechos fundamentales en el desarrollo de su actividad, y quienes por el contrario se oponen a ese impulso reformista y modernizador en un sentido literal y optan por un inmovilismo contrario a la necesidad de adaptación y de cambio que exige el tiempo post-pandemia.

El Acuerdo para la Reactivación Económica y el Empleo por tanto, se abre a esta posibilidad, aunque por su propia genericidad, encamina sus conclusiones a una metodología ya experimentada, la de alimentar una serie de mesas de diálogo que se organizan temáticamente en la idea de avanzar en la reforma de diversos aspectos que regula el cuadro normativo del Derecho del Trabajo. Este es el camino que se habrá de recorrer, y tanto los sindicatos como el gobierno han advertido de que no será posible retardar la toma de decisiones al respecto, porque  el cambio del modelo de regulación del trabajo constituye sin duda un pilar fundamental en la reconstrucción económica y social que se requiere en nuestro país como condición de salida de la crisis.