UN SEMINARIO SOBRE EL DERECHO DE HUELGA (I)

Se trae a este blog la crónica que Simón Muntaner, enviado al Seminario de Roma sobre el derecho de huelga organizado por la CGIL, ha confiado a su retorno al CJJC (Colectivo de Jóvenes Juristas Críticos) de Parapanda, en la que da muestras de su escasa capacidad diplomática respecto de la organización auspiciante del evento, entre otras habilidades analíticas que se ponen de manifiesto con la sóla lectura del texto que, por su extensión, hemos dividido en dos entregas.

El 12 de marzo del 2009 se celebró en Roma, auspiciado por la CGIL y la CES, un seminario sobre retos actuales del derecho de huelga. El seminario había sido impulsado por la CES para hablar y reflexionar sobre la regulación sindical europea de la huelga tras la situación creada tras los casos Viking y Laval por la doctrina originada por el Tribunal de Justicia de la UE. A él, en efecto, además de unas intervenciones de los anfitriones preocupados por lo que luego se dirá, se buscaba lograr una especie de “cosecha” sobre las regulaciones nacionales sobre la huelga con vistas a diagnosticar la nocividad mayor o menor de los efectos de esta doctrina sobre las diferentes regulaciones del derecho en los respectivos ordenamientos internos. A la intervención de Rainer Hoffmann como secretario adjunto CES, en los términos previstos, estaban asimismo previstas las reflexiones sobre las distintas experiencias regulativas nacionales de Inglaterra (a cargo de Elena Crasta, del TUC), de España (Antonio Baylos por CC.OO.), de Alemania (Friederike Posselt, de la DGB).y de Francia en una doble ponencia de Daniel Geneste (CGT) y François Ballestrero (secretario político ETF). Cada uno de ellos intervino brevemente sobre los puntos centrales de la regulación de la huelga en sus respectivos países, explicando a fin de cuentas el diferente “modelo” de huelga sobre el que se construye la regulación del conflicto sindical. Naturalmente que de esta parte del seminario se echaba en falta la aportación de la gran parte de los países de Europa del Este y de Escandinavia; sin embargo el profesor italiano Felice Besostri resumió el panorama de la huelga en Rusia.

Sin embargo el seminario resultó, como el vizconde de Calvino, un tanto demediado en función de las peculiares circunstancias que acompañan a la situación italiana. En efecto, se había presentado un proyecto de ley “para la regulación y prevención de los conflictos colectivos de trabajo en relación con la libre circulación de las personas”. Se trata de una modificación / derogación de la Ley 146/1990 italiana sobre derecho de huelga en los servicios esenciales que impone un sistema de convocatoria, desarrollo y administración de la huelga, extraordinariamente autoritario y que comporta una verdadera amenaza para el derecho de huelga de los trabajadores italianos y de los sindicatos. Como sucede normalmente, este hecho nacional acaparó el grueso de las intervenciones en el seminario, cuyos asistentes por otra parte eran dirigentes sindicales de la CGIL en su gran mayoría. De hecho, las intervenciones de Luigi Ferrajoli, sobre el valor de la huelga como derecho en el ordenamiento constitucional italiano y de Alessandro Garilli, que recorrió los hitos más importantes de la legislación italiana sobre la huelga, marcaron el tono de los debates en el mismo. El secretario confederal de la CGIL, Fabrizio Solari, marcó también el debate sobre la situación italiana exclusivamente, lo que polarizó obviamente el tema sobre este proyecto de ley y, más en general, sobre la situación sindical italiana.

La impresión que se obtenía – acrecentada en una reunión de trabajo específicamente volcada sobre el análisis de las posibilidades de reforma de algunos puntos del proyecto de ley que convocó de urgencia Carmen La Macchia, del gabinete confederal de la CGIL – es la de un sindicato que se siente acorralado y que no tiene fuerzas en ese aislamiento. Posiblemente también el elemento subjetivo explique parcialmente al menos esta cierta incapacidad de reaccionar a una situación extremadamente desfavorable – es decir, ya no están Trentin ni siquiera Cofferati al frente, y una gran parte de la “vieja guardia” se siente excluida o dejada de lado – pero el caso es que el desmoronamiento sin paliativos de la izquierda política y su incapacidad para regenerarse ha inducido una situación de desconcierto y de pesimismo en el sindicalismo de la CGIL. El momento es grave puesto que el gobierno ha situado en el centro de sus proyectos políticos la alteración de la correlación de fuerzas sindicales a través del fomento de la división sindical y el trato diferenciado entre los sujetos del sindicalismo confederal. Es la CISL la que se convierte en este diseño en el sujeto hegemónico que no sólo realiza los acuerdos separados – especialmente en el sector público, pero también en lugares industriales importantes – sino quien marca los tiempos políticos de la interlocución con el poder público. El modelo de hegemonía sindical que favorece a la CISL – y, con menos fortuna, a una UIL seguidista – es un modelo de cooptación representativa de unos sujetos, sobre la base de la libertad en la elección de interlocutor y genera inmediatamente el aislamiento y la exclusión explícita del primer sindicato, la CGIL, de los procesos de concertación social y de negociación política. Ese esquema se está trasplantando a la negociación colectiva de categoria, es decir, sectorial, aunque en este terreno con más dificultad derivada de las peculiaridades de cada rama de actividad. En este terreno además, la pervivencia de cierto sindicalismo “autónomo” complica algo más el cuadro de la legitimación para negociar.

Frente a la estrategia de reformulación de una relación intersindical no paritaria, en la que la CGIL debe adoptar un papel adhesivo si quiere subsistir como sujeto negociador, este sindicato no encuentra ni una complementariedad en la política de una organización “amiga”, ni una fuerza suficiente (propia) en el conflicto. Los dirigentes de la CGIL están convencidos que existe una opinión pública corrompida por los medios de comunicación berlusconianos que mayoritariamente apoyan una gradual eliminación del conflicto como disfuncional a la “modernidad” de los nuevos tiempos de libertad. Es decir que no hay una opinión pública democrática suficiente para imponer un proyecto social, económico y político alternativo, puesto que en el terreno cultural se ha producido una verdadera devastación desde el punto de vista de los valores republicanos y democráticos.

Sin embargo, el sindicato italiano continúa siendo fuerte en términos asociativos, tiene presencia en los lugares de trabajo y hay síntomas suficientes de una amplia capacidad de respuesta popular puesta de manifiesto a través de sucesivas movilizaciones. Y hay un tejido de reglas sobre el trabajo, la negociación y el conflicto, que han ido formando un armazón históricamente consolidado. Falta posiblemente el impulso para la acción. Esta preocupante situación debe ser observada en sus evoluciones inmediatas.

Pero en lo que específicamente se refiere a la regulación de la huelga proyectada, la iniciativa del gobierno de Berlusconi viene a confirmar una conducta típica del poder público: aprovecha la existencia de disturbios o alteraciones en los servicios públicos – en este caso el transporte – para elaborar una medida de restricción del derecho de huelga que obstaculice su ejercicio y disminuya la capacidad de movilización de los sindicatos confederales. El análisis de esta iniciativa se realizará en una próxima entrada de este blog.