El 30 de noviembre en Gran Bretaña se ha producido una formidable huelga, organizada por la federación de servicios públicos del TUC, que ha movilizado a dos millones de funcionarios públicos, civil servants, contra la política de rigor que está poniendo en práctica el gobierno liberal – conservador de David Cameron. Es la huelga mayor en ese sector desde 1979, al tratarse por primera vez desde entonces – en un contexto de formidables movilizaciones sindicales a la llegada de Thatcher al poder – de una huelga general de todos los empleados públicos.
La huelga ha sido muy importante en todo el territorio del Reino Unido, en la administración central y local, en la enseñanza y en la sanidad. Más del 75% de los centros de enseñanza de Inglaterra no abrieron sus puertas, un 80% en Gales y el 99% en Escocia. En los hospitales, con prestaciones indispensables garantizadas por los sindicatos, el 25% de las operaciones no urgentes – “benignas” en la terminología inglesa – se han anulado. Las manifestaciones de la tarde han sido espectaculares, porque se han desarrollado a lo largo de todo el país. 25.000 personas en el centro de Londres, 35.000 en Birmingham, 20.000 en Manchester…
La convocatoria de la medida de acción colectiva ha permitido la incorporación a la huelga de decenas de miles de personas que hacían huelga por primera vez en su vida y que se sienten maltratados injustamente por un plan que ha suprimido más de 150.000 puestos de trabajo – y se pretende llegar a medio millón en cinco años - y que ha puesto en práctica una reforma drástica del régimen de jubilación, aumentando la parte contributiva de los funcionarios de un 6% del salario al 9% a cambio de una pensión más baja calculada sobre una media ponderada de los salarios de toda la vida laboral del empleado y no sobre los últimos años de su trayectoria y, en fin, desplazando la edad pensionable hasta los 67 años a partir del 2024.
La huelga además ha permitido cartografiar la progresiva extinción de la noción de servicio público en Gran Bretaña. Las privatizaciones, la externalizacion de servicios y las contratas hacen que la huelga de empleados públicos se encierre en un perímetro cada vez más limitado frente a una extensa mercantilización acelerada de servicios relacionados con la satisfacción de libertades y derechos básicos.
La respuesta del Gobierno ha sido la que cada vez más se debe considerar como la tónica general en Europa. El desprecio a la protesta y la ignorancia del malestar social que ésta pone de relieve. Conscientes de la debilitación creciente de los derechos de participación democrática en todos los países afectados por la crisis y asegurados por una mayoría parlamentaria que proviene del hundimiento de los partidos socialdemócratas, los gobiernos europeos no se sienten electoralmente amenazados en sus privilegios de clase, y se benefician de la activa política intervencionista del BCE y de la Comisión europea para eliminar a nivel europeo, cualquier intento de matización, revisión o restricción de la política de rigor que busca el desmoronamiento paulatino de los derechos sociales y laborales y, a la postre de las garantías democráticas en general.
El goteo de la resistencia en el área pública frente a los planes de desmantelamiento y desvalorización del trabajo de los empleados públicos sigue adelante. En la semana que está cerrando ha habido huelgas generales de este sector en Portugal, en Gran Bretaña y, una vez más, en Grecia, junto con conflictos más sectoriales siempre en el área de lo público, como sucede emblemáticamente con las huelgas y movilizaciones en la enseñanza pública madrileña del 29 de noviembre, pero también con las movilizaciones en Italia en el sector de ferrocarril en Italia del 30 al 1 de diciembre. Es una resistencia importante pero fragmentada en razón de la respuesta a los diferentes planes de ajuste y de remercantilización que ponen en marcha los respectivos gobiernos, y que además no se visibiliza como un “continuum” que expresa reacciones dispersas a una misma orientación asumida por gobiernos de toda filiación – aunque ahora ya todos de la derecha o “técnicos” – en Europa. Esta percepción descoyuntada de un mismo movimiento de resistencia es favorecida por los medios de comunicación, pero tiene raíces más profundas en la propia manera de entender la organización de la protesta y la motivación de la misma por los sujetos colectivos – los sindicatos – que la ponen en marcha.
En el caso español, a la dispersión nacional se une la divergencia regional, porque la componente “autonómica” de estas agresiones políticas es muy acusada: Cataluña pilotada por el nacionalismo de Convergencia i unió convertido a un rabioso neoliberalismo que se ensaña con todo lo que suene a público, Madrid con la negación obstinada de cualquier negociación que pueda ralentizar su decisión de acabar con la enseñanza pública de calidad, configurándola como un residuo asistencial para la población excluida, Castilla La Mancha en su peculiar descubrimiento de la enseñanza concertada y la sanidad privada como negocio y deslizamiento de fondos públicos al sector especulativo. E cosí via. Y todo como prolegómeno de las Navidades amargas que se diseñan en el horizonte a nivel del Estado en cuanto asuma el nuevo gobierno.
Es por tanto explicable que frente a la intensidad y gravedad de estos ataques, la movilización social se dispare en lo inmediato, sin atender – posiblemente también por falta de tiempo – a la necesidad cada día más acuciante de encontrar un espacio de movilización supranacional, que coordine los esfuerzos de resistencia y los prolongue en el espacio europeo. En ese diseño tiene que estar la CES y los sindicatos nacionales europeos, ciertamente, pero también es imprescindible la conjunción de fuerzas políticas y sociales en esa misma dirección, superando anquilosamientos y vacíos en el análisis y las propuestas.
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