Mientras culminan hoy sábado 5 de noviembre los trabajos del XX Encuentro de Especialistas Latinoamericanos en Relaciones laborales BCLMT, algunos de los intervinientes aprovechan uno de los escasos ratos libres para pasear por la playa de Jureré, en Florianápolis, como personajes de La dolce vita, interrogándose eso sí sobre las consecuencias y las oportunidades que en el espacio global plantea una crisis global. A continuación se insertan algunas reflexiones sobre algunas tendencias puestas de manifiesto en el contexto español en estos dos años de "reformas estructurales" (2010 - 2011).
Las reformas laborales en España han ido siguiendo un largo proceso no necesariamente lineal, con intervalos de abierta conflictividad social y de ruptura por tanto de cualquier espacio de colaboración o de interlocución, mezclados con la apertura de momentos de negociación e incluso de acuerdo como los que se desplegaron en nuestro país en enero y febrero de 2011 y que continuó con la negociación con la CEOE de la reforma legal de la negociación colectiva y con la búsqueda de compromisos para cerrar la negociación colectiva pendiente. En ese panorama, hay toda una serie de líneas de reflexión o de explicación de este período que se superponen y se confrontan, pero cuya enunciación puede permitir aislar sus características más relevantes y analizarlas críticamente. Estas ideas – fuerza tienen a su vez distintas versiones más matizadas e incluso correctoras de los perfiles más incisivos, y pueden actuar interrelacionadas entre sí. Las llamadas “reformas estructurales” frente a la crisis, de clara matriz neoliberal, han dado lugar asimismo a la elaboración de varios discursos que pretenden reconocer y explicar el sentido y la finalidad de dichas reformas.
Posiblemente la primera idea que se desprende de los procesos que se han ido desarrollando es la de constatar la pérdida de la soberanía política – democrática del Estado – nación en Europa, y su sometimiento a un estado de excepción económico heterodirigido. Esta excepcionalidad basada en una situación económica expresada en términos de desvalorización de las deudas soberanas en los mercados financieros, anula o suspende los procedimientos democráticos previstos incluso en los respectivos textos constitucionales en los distintos ordenamientos nacionales. La subordinación de las garantías y formas democráticas a la lógica del rescate financiero o a la prevalencia de la satisfacción de los deudores, construye un nuevo guardián de la constitución, material y económica, de mercado, en una Unión Europea fundada sobre las grandes libertades económicas fundamentales. La grave confrontación entre democracia y libre empresa y mercado se revela dramáticamente en el caso griego, pero las cartas del presidente del banco central europeo a los gobiernos democráticos de España e Italia indicando de forma insolente las reformas que deben necesariamente llevar a término, suponen un signo evidente de este menosprecio del marco democrático por parte de las autoridades reguladoras del mercado. En el caso español, la carta –secreta aún – del BCE dio lugar al acuerdo entre los dos grandes partidos para reformar la constitución española con el objetivo fundamental de evitar que los ciudadanos españoles pudieran participar con su voto en la aprobación o rechazo de la reforma constitucional planteada.
Con todo, otras versiones de este discurso, dando por supuesto este estado de excepción no declarado formalmente, subrayan su carácter temporal y la necesidad de gobernarlo conjunta y democráticamente en el nivel supranacional. Con ello se recupera una visión europeísta que quiere fortalecer la dimensión política y representativa de la Unión Europea y justamente encuentra en esta situación de anulación de la soberanía estatal por obra de un estado de excepción económico, un argumento adicional para reivindicarla.
Una segunda tendencia también evidente por doquier, es la que incorpora la lógica del intercambio entre empleo y derechos laborales. Es decir, que mantener el empleo o reducir el proceso de destrucción del mismo se obtiene a cambio de reducir o anular derechos laborales o de degradar el sistema de garantías del empleo. El intercambio entre estas dos magnitudes supone la ruptura del modelo social europeo en donde crecimiento, desarrollo y empleo deben ser acompañados por la consolidación de un fuerte conjunto de derechos laborales individuales y colectivos. En definitiva se trata de reproponer la vieja confrontación entre libertad de trabajo frente al reconocimiento del derecho al trabajo y sus garantías.
Junto a ello hay también una versión correctora de este argumento, que insiste en el carácter temporalmente acotado de este intercambio desigual y en la posibilidad de que sea controlado. Es decir, una fase de restricción de derechos de vigencia temporal reducida en la que deben participar los interlocutores sociales a través de mecanismos de concertación social tripartita. No niega por tanto el elemento central según el cual la creación de empleo está en directa relación con el abaratamiento y facilitación del despido, el aumento de la unilateralidad en la reorganización productiva y la libertad en la selección del tipo contractual atípico para insertarse en la empresa, pero pretende que esta se administre consecuente y participada por sindicatos y asociacionismo empresarial.
El tercer elemento de convicción es la necesidad de proceder a un cambio de modelo económico, abandonando un modo de crecimiento fundamentalmente especulativo con predominio de la construcción y trabajo de escasa cualificación. El caso español es emblemático al respecto. En este cambio de modelo se juega por tanto la salida correcta a la crisis. Un horizonte de sostenibilidad en la economía y de responsabilidad en la empresa, produce un contexto muy favorable a un crecimiento competitivo con fuerte presencia del trabajo cualificado, compatible con derechos flexibles en el trabajo gobernados por la negociación colectiva. El tránsito a la economía sostenible requiere un pilotaje en el aspecto laboral que sin embargo puede realizarse no sólo mediante la mediación de la procedimentalización colectiva en los lugares de trabajo, sino fundamentalmente a través del reforzamiento de la unilateralidad empresarial en la gestión flexible de las condiciones de trabajo y de la relación salarial.
Una cuarta tendencia – o más bien una forma de responder a la crisis y no sólo de describir sus efectos más relevantes – prescribe el fortalecimiento del control indirecto del mercado mediante la recuperación de la intervención pública redistributiva de la riqueza desigualmente repartida. Es decir, dejando de lado la deriva del mercado como formación social que crea profundas asimetrías y desigualdades, esta idea – fuerza intenta paliar alguno de sus efectos mediante la mediación redistributiva estatal y, más allá, proponiendo la creación de un sistema fiscal progresivo en el nivel supranacional europeo. Como forma de reacción frente a la crisis no promueve sólo una respuesta que constriñe los gastos, sino que interviene sobre el campo de los ingresos y la redistribución de los mismos. En el nivel nacional - estatal además solicita la inversión – en tiempos de crisis – en servicios públicos considerados estratégicos, enseñanza, investigación y sanidad, con lo que rechaza los recortes del gasto social precisamente en estos sectores, educación y sanidad. Es un discurso muy extendido como forma de respuesta a la crisis, enarbolado por muchos sectores de la izquierda social y movimientos sociales, que permite por otra parte desentenderse de las distorsiones de los mercados financieros centrándose en la nivelación redistributiva de base impositiva progresiva.
Por último, una última tendencia se centra en la radicalización democrática de la situación, es decir, el desbordamiento democrático de la excepcionalidad social a través de la repolitización conflictiva del espacio del mercado y de la autoridad privada en los lugares de trabajo. La consideración política y democrática como eje de la respuesta a la crisis se dirige sin embargo a la construcción de un espacio cultural y teórico que reconsideraría ante todo la lógica del intercambio insostenible entre empleo y derechos laborales como un proceso no democrático y por tanto fuera de la constitución y del marco de las garantías de la ciudadanía política y social. Naturalmente que el discurso de la radicalización democrática en la crisis se liga asimismo con la exigencia de una progresiva afirmación de la institucionalización democrática de la Unión europea. A su través parece producirse una cierta reprobación de la política como afirmación unívoca de decisiones de reforma de la constitución del trabajo y por tanto como cancelación de posibles proyectos diferentes de sociedad encarnados en las distintas opciones políticas en liza. Y por el contrario, una consideración prioritaria de la movilización sindical y social como clave para el desbordamiento democrático que se reivindica.
Sería relativamente sencillo atribuir cada una de estas opiniones a alguno de los protagonistas en liza en el terreno de las relaciones laborales españolas. Es una tarea que pueden hacer los lectores, teniendo en cuenta que en ocasiones estas tendencias se superponen unas sobre otras sin necesaria coherencia. El tiempo electoral es propicio también para verificar si estas hipótesis de líneas de desarrollo argumental se corresponden con la realidad. Lo cierto es que la crisis y las “reformas estructurales” que ella induce están produciendo, tras dos años de vigencia, un laboratorio de ideas que explican la repercusión de los procesos de crisis económica en el ámbito socio-laboral formulando además ciertas propuestas de intervención en los espacios cultural y político. Se actúa no sólo sobre la percepción que se tiene en la cultura jurídica dominante del derecho del trabajo y de los derechos sociales, sino también sobre la relación fundamental entre la creación de riqueza y la forma de apropiársela y la relación que estos procesos generen con la acción política y democrática llevada a cabo por los sujetos sociales.
