Con esta intervención de Rodolfo Benito, Presidente de la Fundación 1 de mayo y Secretario Confederal de CCOO, se cierran las intervenciones que se han ido publicando a partir de las respuestas que profesionales, universitarios, expertos y sindicalistas, habían dado al cuestionario que les había presentado la revista bimestral Insight, dirigida por Antonio Lettieri. Las respuestas - y propuestas - de Rodolfo Benito son especialmente oportunas cuando se reune, ayer y hoy, 14 y 15 de marzo, el Consejo Europeo que valora el pirmer semestre del año, y que, como se dice desde cada vez más voces autorizadas, manifiesta una absoluta ignorancia por la grave situación en la que se encuentran una parte muy importante de los ciudadanos europeos. Precedida de movilizaciones importantes en España, en Bulgaria y en Bélgica, con una fuerte manifestación en Bruselas ayer, 14 de marzo, de mas de 15.000 personas, el movimiento sindical europeo ha demostrado su oposición a las insensatas políticas de austeridad y la posibilidad de poner en marcha una alternativa. en el texto que se incluye a continuación hay una buena muestra de estas alternativas, que requieren ciertamente un cambio radical de las políticas nacionales y europeas frente a la crisis.
POR UN CAMBIO RADICAL DE POLÍTICA ANTE LA CRISIS
Rodolfo Benito
1.- ¿Es aceptable el diagnóstico de “The Economist”, que viene a resumir lo que el propio Gobierno viene diciendo de su actuación, es decir que aunque nada funcione en el terreno de las indicaciones centrales económicas, no hay otra política posible para salir de la crisis que la realizada por el gobierno de España?
Si hay otra política y en ella hemos venido insistiendo los sindicatos. La prioridad en nuestro país es el empleo y ello exige de políticas radicalmente distintas a las que se vienen realizando. El problema central en España, no es el gasto social, es la caída de los ingresos. La reducción del déficit y de la deuda, que es fundamentalmente privada, vendrá de la mano del desarrollo de políticas anticlicas orientadas a la recuperación económica y la creación de empleo.
Y ello requiere alejarnos de las políticas de austeridad dogmática y de recortes sociales, que no hacen sino llevarnos al pozo de la recesión y al empobrecimiento del país. Las políticas de devaluación interna, se están convirtiendo en una maquina de destrucción masiva de puestos de trabajo, a la vez que se están socavando los cimientos del estado social.
Recuperar la actividad económica requiere un nuevo enfoque para reformar el sistema fiscal y desarrollar actuaciones decididas y eficientes contra el fraude y la economía sumergida. Hay que reconstruir el sistema tributario, con criterios de progresividad y redistribución de riqueza a través del gasto.
CCOO esta planteando eliminar los incentivos y bonificaciones en el Impuesto de Sociedades a las empresas para que los tipos nominales y efectivos del impuesto se aproximen al máximo. Las únicas excepciones tienen que estar ligadas de forma clara a la no distribución de beneficios, su reinversión en actividades productivas y el compromiso con el empleo.
CCOO está igualmente proponiendo nuevas figuras fiscales sobre las entidades de crédito o tasas por la realización de esta actividad, con objeto, entre otros fines, de constituir fondos de contingencia que prevengan las situaciones de crisis en el sistema financiero. Lo anterior, de forma coherente con la demanda del denominado Impuesto sobre las Transacciones Financieras que se viene reivindicado con carácter global.
También es necesario desarrollar figuras fiscales asociadas a criterios medioambientales (fiscalidad verde), de forma compatible con la utilización de criterios de progresividad fiscal.
De otra parte es imprescindible una reforma eficaz y justa del sistema financiero, reforzando su control y supervisión pública, así como de las transacciones internacionales. Son necesarias medidas que permitan acabar con las actuales restricciones del crédito.
La necesaria recapitalización del sector financiero español, debe ir acompañada de medidas similares en el resto de Europa. Ese esfuerzo de recapitalización europeo debe contar con financiación europea a través de los mecanismos de estabilidad financiera que se han constituido, con objeto de devolver al sistema financiero europeo un ritmo normal de comportamiento, perdido desde 2008.
El sector debe contribuir de manera decisiva a financiar el coste derivado de la necesaria capitalización de las entidades que lo precisan y que permita provisionar adecuadamente las minusvalías implícitas que tienen paralizada la actividad crediticia.
Para CCOO la utilización de recursos públicos, en su caso, debe ir unida bien a la toma de participación del Estado en las entidades que precisen de los mismos para su adecuada capitalización, bien a la obtención de garantías adecuadas y plazos concretos de devolución y retribución al Estado por los avales o financiación suministrada. Bajo este criterio ya se resolvió la crisis bancaria en los años 80 del pasado siglo.
Las entidades financieras nacionalizadas, banca pública en estos momentos, deben ser la base de una forma distinta de operar y convertirse en un cauce decisivo para que el crédito vuelva a fluir hacia las empresas y las familias.
En el actual contexto económico se requiere además y de manera urgente, la adopción de una estrategia política dirigida a garantizar el futuro de la industria mediante el mantenimiento y desarrollo del tejido productivo y del empleo, acompañando a medidas de anticipación y gestión del cambio de modelo productivo de manera sostenible.
En España el empleo industrial, continúa perdiendo peso en el global de la economía, pasando del 24% en el año 1990, el 20% en 2000, hasta el 15,3% actual, con un mayor volumen de caída que en el conjunto de la eurozona y por debajo de la media de la UE-15 donde representa el 17,4%.
La aportación de la inversión extranjera ha venido siendo uno de los motores de la actividad de la economía española en los últimos treinta años, sin embargo, una de sus debilidades reside en el número de empresas de sectores industriales que están en manos extranjeras, porque en caso de pérdida de competitividad, provoca que las decisiones sobre reestructuración no se adopten en España.
La política industrial europea no ha sido ajena a los cambios derivados de la liberalización financiera, industrial y de los servicios, consecuencia del incremento de la competencia y del desarrollo de la globalización de los mercados.
Esta recomposición está en la base de un proceso de reestructuración financiera de las empresas cuya tendencia dominante es la reducción del endeudamiento en favor de la autofinanciación, orientándose el criterio empresarial hacia el beneficio a corto plazo y a una política de reparto de dividendos dominada por la lógica de “creación de valor” para el accionista.
La crisis, si bien es cierto que una parte de la misma está relacionada con la situación internacional tanto en lo que se refiere a la caída de la demanda como a las fluctuaciones de los mercados financieros, pone de manifiesto, en el caso de España, las debilidades de nuestra economía y, en particular, la debilidad del tejido industrial.
La consecuencia de una orientación política de no intervención industrial ha sido su carácter esencialmente defensivo y su incapacidad para orientar las pautas de crecimiento y de especialización del sistema productivo para reforzar sus elementos más débiles.
Ello ha supuesto la renuncia del sector público empresarial a cualquier protagonismo en la constitución de sectores innovadores dentro del sistema productivo.
Desarrollo industrial y demanda energética están intrínsecamente asociados por lo que se debería utilizar la política energética integrada como una palanca de cambio de tendencia en el desarrollo de nuevos conceptos y nuevas estrategias en favor del desarrollo industrial. Es preciso ser conscientes del hecho de que la competitividad de las empresas será cada vez más dependiente de las condiciones que adopten las tecnologías con el fin de aumentar la eficacia energética y de los recursos, por lo que una energía duradera, accesible y segura, debe convertirse en un pilar esencial de la política industrial.
La configuración del patrón de crecimiento económico de nuestra economía no solo ha agravado los efectos de la crisis económica, también lastra nuestra eficiencia energética y lo seguirá haciendo sino se produce un cambio significativo en nuestro modelo productivo como muestra el análisis de la estructura sectorial de la demanda, donde el transporte es el mayor consumidor, seguido de la industria, el sector residencial, los servicios y la agricultura y pesca.
Necesitamos otra política energética para cambiar nuestro modelo de crecimiento y necesitamos otro modelo para hacer una economía más sostenible medioambientalmente.
Se debe entender la I+D+i como herramienta de cambio que potencie un desarrollo autosostenido y articulado, sobre el que pueda asentarse una estructura social más justa. La crisis actual ha puesto de manifiesto que aquellos sectores y empresas dotados de un amplio stock de capital tecnológico propio, en que la cultura de la innovación está firmemente enraizada en la estrategia empresarial y que disponen de equipos humanos, altamente cualificados y motivados están en mejores condiciones para afrontar la creciente competitividad derivada de la globalización y tienen mayor capacidad de lucha contra el desempleo.
Teniendo en cuenta la creciente apertura de las economías, la competitividad exterior es una variable cada vez más importante para el crecimiento a largo plazo. Aunque el saldo español con el exterior en operaciones corrientes y de capital ha mejorado el resultado se ha apoyado en un descenso de las importaciones superior al de las exportaciones fruto del desplome de la demanda interna. Esta evolución deja en suspenso conocer el comportamiento cuando se produzca una recuperación de la demanda nacional e internacional.
Por tanto frente a reformas laborales, que están desarmando el derecho del trabajo y al trabajo y facilitando el despido masivo de trabajadores, es necesario apostar por las reformas que nuestro país requiere y además de manera urgente.
Junto a las medidas económicas antes comentadas, hay que apostar por el cambio proactivo, frente a un ajuste pasivo.
Desde el punto de vista laboral, es necesario dar contenido al debate sobre el cambio productivo porque en el mercado laboral actual, caracterizado por una fuerte flexibilidad externa, es la única política industrial que se ha realizado. Si se quiere salir de la crisis no se puede seguir reforzando el modelo actual que favorece la especialización productiva en sectores de bajo valor añadido.
Los déficit del modelo actual tienen como principal referencia factores relacionados con las carencias de inversión en I+D, TIC, innovación tecnológica, logística e infraestructuras así como el desarrollo de medidas que eviten el crecimiento constante de la intensidad energética, generándose un volumen insuficiente de empleos cualificados y de productividad.
En el actual contexto económico se requiere la adopción de una estrategia de política dirigida a garantizar el futuro de la industria mediante el mantenimiento y desarrollo del tejido productivo y del empleo, acompañando a medidas de anticipación y gestión del cambio de modelo productivo de manera sostenible.
Los principales objetivos en materia de política industrial deben contemplar la necesidad de convergencia y coordinación con otras políticas desarrolladas en el marco de las estrategias macro y microeconómicas, impulsadas desde el ejecutivo para compaginar crecimiento económico y desarrollo sostenible, y relacionadas con las políticas de empleo, de formación y sistema educativo, medidas medioambientales, infraestructuras, planes de I+D, etc.
2.- Si, como se dice y alega continuamente, la política de “austeridad” se impone en España porque es la que impone el eje Berlin – Bruselas – Frankfurt, ¿por qué no se pone en discusión la política europea? ¿Es que quizá no hay alternativa a la política de austeridad?
Con relación a esta cuestión me voy a basar en el documento de trabajo presentado por CCOO y UGT el pasado 25 de septiembre en un encuentro sindical europeo y en el que junto a dirigentes de la CES participaron organizaciones sindicales de la mayoría de países de la Unión Europea.
Partíamos de una premisa, la de que para salir de la crisis es, en primer lugar, necesario rechazar el diagnóstico que de la crisis hacen los poderes fácticos de la Unión Europea (UE).
“Según ese diagnóstico, la crisis ha sido provocada por el descontrol presupuestario (déficit presupuestarios y de las deudas públicas) de cierto número de países miembros. Ello les ha llevado a imponer una cura de austeridad en los presupuestos públicos y una política de “devaluación interna” que tiene por objetivo la reducción de los salarios y de las prestaciones sociales. Bajo el argumento de que, de esta manera, esos países terminarán por registrar grandes excedentes externos que, unidos a reformas estructurales radicales y a la venta de los mejores activos de esos países a precios de saldo, atraerán grandes inversiones extranjeras directas, con las que financiarán los déficit por cuenta corriente a corto plazo, relanzarán la actividad económica a largo plazo y estabilizarán la financiación de sus deudas públicas”.
Ni ese es el diagnóstico correcto ni esa es tampoco la respuesta adecuada a la crisis, de la que ya está contagiada más de un tercio de la UE.
“Al comienzo de la crisis, se decía que encontraba su causa en las consecuencias de la “auto-regulación” de los sistemas financieros. Una vez calmados éstos, por la inyección masiva de dinero de los Presupuestos públicos o por los avales acordados, a partir de 2010, con la crisis griega, ese propio sistema financiero se ha encargado de introducir el diagnóstico que más le conviene. En la economía de casino, la caja siempre gana”.
Es fundamental por tanto subrayar e impedir con ello que se termine por cambiar el relato, que el origen de la crisis no son los déficits públicos. Estos son la consecuencia de cómo se ha gestionado la misma y de regalos fiscales anteriores a la llegada de la crisis. En 2007, la UE tenía, en su conjunto, un déficit público del 0,7% y una deuda pública del 66%. Algunos de los países actualmente más afectados por la crisis, como Irlanda o España, tenían cifras incluso bastante inferiores.
“De ese diagnóstico erróneo se derivan sofismas que nada tienen que ver con la realidad. Por ejemplo, en relación con los problemas de financiación que tienen ahora mismo los países del sur. Otros países, dentro y fuera de la zona euro, con similares o superiores niveles de endeudamiento privado y/o déficit elevados no tienen problemas en cuanto a su financiación. Bien porque todavía no les ha llegado el contagio, bien porque tienen estructuras productivas más competitivas, bien porque se están beneficiando de la financiación a coste cero frente a los países en dificultades, bien porque no están en el euro y tienen un Banco Central propio. Y, sobre todo, para los miembros de la zona euro, porque no existe voluntad política, de quienes deciden en la UE, de asegurar financiación a todas las economías a precios y plazos razonables. La incapacidad y/o los errores de quienes imponen las decisiones en la zona euro han dejado que los mercados ataquen a los eslabones más débiles – cada vez a más Estados y a más grandes – para así imponerles condiciones draconianas que agravan sus problemas y les abocan a situaciones límite”.
La política de austeridad esta debilitando las economías, provocando un crecimiento insoportable del desempleo, ampliando las franjas de desigualdad, el crecimiento de la pobreza y de la exclusión social y está reduciendo los ingresos públicos. Lo que, concluíamos en el citado encuentro sindical europeo, convierte en ineficaz la austeridad presupuestaria. A su vez, la atonía de la demanda de los países centrales de la eurozona agrava la debilidad económica de la periferia, en lugar de compensarla.
Y, para finalizar, los prejuicios ideológicos de ese análisis. Por ejemplo, en el tema de las famosas condicionalidades exigidas para conceder financiación a los países “rescatados”. Todas ellas suponen medidas que van contra los sectores más débiles de la población y debilitan los pilares del Estado de Bienestar. Nunca se plantea que se reformen o que se suban algunos impuestos, siempre que se reduzcan los gastos. La asimetría en la rapidez en la toma de decisiones es otra muestra de ello: rápidas e inmediatas para los recortes sociales, lentas y gravosas, cuando no inexistentes en las de crecimiento y empleo; o para el acceso a una financiación sin hipotecas abusivas.
Es necesario por tanto cambiar radicalmente de política. La política de austeridad, de recortes y de “reformas estructurales” neoliberales se han demostrado, totalmente ineficaces e injustas. Demoledoras desde el punto de vista social.
Son necesarias medidas a corto plazo. En primer lugar y antes que nada, arreglar los problemas de financiación. Mediante la intervención del BCE o a través de otro organismo que estabilice los mercados de deuda pública y asegure una amortización de las misma en plazos largos y a tipos de interés equivalentes a los de los países que no sufren los ataques de los mercados. La condicionalidad no puede ser otra que el compromiso de devolver las deudas.
Al mismo tiempo, para reforzar la credibilidad y asegurar la reducción del déficit público y del endeudamiento privado, es imprescindible una potente política de crecimiento económico y de creación de empleo, muy al contrario que lo que acaba de decidir la reunión de presidentes de gobierno de la Unión Europea, de reducir el Presupuesto de la Unión para los próximos años, que junto a ser una medida desastrosa desde el punto de vista económico y social, va a continuar alejando las instituciones europeas de los ciudadanos. La UE como problema y no como solución.
Una unión monetaria sin unión política, con un BCE que, al contrario que todos los bancos centrales, no ejerce las funciones de tal: solo tiene como mandato la estabilidad de los precios, no de la estabilidad financiera ni el crecimiento y el empleo, no es avalista de último recurso, ni puede prestar a los Estados; es la única estructura federal en una Unión que no lo es; es un ente extraterritorializado sin vinculación con ninguna autoridad política reconocida oficialmente. Es un banco central sin “soberano”.
En una Unión de Estados con profundas disparidades, la UE no dispone ni de un Tesoro federal – con un presupuesto adecuado y dependiente de recursos propios – capaz de realizar transferencias a sus integrantes menos desarrollados; ni ha desarrollado una Unión Económica, con políticas comunes – industrial, energía, innovación, infraestructuras, educación – capaz de impulsar una desarrollo más integral y cohesionado.
Una Unión que ha establecido la liberalización de capitales y la libertad de mercado, pero no una unión fiscal ni una unión social. Con lo que, es el contexto ideal para una política neoliberal: reduce los impuestos, los ingresos, fundamentales para las políticas de protección y de inversión social y fomenta el retroceso de las protecciones vinculadas al trabajo.
Una UE que ha transferido elementos esenciales de soberanía desde los Estados Nacionales hacia la Unión Europea – especialmente la moneda única y, con la crisis, la necesidad de una mayor integración de las políticas presupuestarias y de la unión bancaria – que pretende gobernar con “reglas” y no con estructuras democráticas acordes con la soberanía transferida.
Todo ello se traduce en la lentitud e inanidad en la capacidad de la toma de decisiones y en la irrelevancia de la UE en el concierto internacional.
En definitiva junto a reformas de carácter político, y de avance democrático, en la Unión Europea es preciso avanzar en medidas de armonización fiscal que establezca un tipo mínimo común en el impuesto de sociedades y sus desgravaciones con criterio limitativo. Generar un impuesto supranacional europeo para aumentar el presupuesto de la UE. Crear un Tesoro Europeo y una Agencia Europea de la Deuda, con capacidad para emitir deuda pública europea. Llevar también a este ámbito una propuesta de impuesto sobre las transacciones financieras, que, entre otras cuestiones, desincentiven las operaciones a corto y, por último establecer mecanismos coordinados de lucha contra el fraude fiscal.
3. Muchos reconocen que la austeridad no basta, pero el crecimiento y el empleo empezarán a responder cuando las reformas estructurales – en especial facilidades y abaratamiento del despido, reducciones salariales, privatización servicios públicos y reforma de las pensiones – comiencen a dar resultado, impulsando la productividad. Es un punto de vista correcto o, como temen muchos, las llamadas reformas estructurales se ponen en marcha ante todo como instrumento de destrucción de las garantías legales y colectivas del trabajo y para la disgregación del Estado social?
Las reformas que se están acometiendo –reforma laboral, desmantelamiento y privatización de servicios sociales básicos, límites a la tutela judicial efectiva a graves de una Ley de Tasas…, se están convirtiendo en un factor decisivo para el incremento del desempleo, las desigualdades sociales y el empobrecimiento de cada vez más amplias capas sociales del país.
Cuando acaba de cumplirse un año de la última reforma laboral, sus conclusiones no puedes ser más demoledoras. Se ha devaluado el salario y las condiciones de empleo de todos los asalariados, tanto de los que pierden su empleo e intentan recolocarse como los que lo conservan.
La reforma laboral ha reforzado la unilateralidad empresarial y con ello se facilita y abarata el despido y las condiciones de empleo se precarizan. Se ha eliminado la intervención de la autoridad laboral en los despidos de carácter colectivo y se ha debilitado, con el fin último, de que pierda su eficacia vinculante, la negociación colectiva.
La reforma laboral está produciendo un importante ajuste interno y externo del trabajo, una significativa devaluación salarial y un fuerte incremento de los despidos, muy superior en términos de desempleo al de la caída de la actividad económica.
La reforma esta produciendo un espectacular incremento de la conflictividad social, en la medida en que el gobierno con la citada reforma laboral ha optado por unas relaciones laborales basadas en el conflicto y en el enfrentamiento y no en la negociación y el acuerdo.
De otra parte, este proceso de ajuste no solo afecta al sector privado, también al público y la reducción de empleo en este sector es paralela al debilitamiento y la privatización de los servicios públicos. En 2012 el empleo público se ha reducido en 219.000 puestos de trabajo, situándose en niveles de 2008.
Durante el primer año de vigencia de la reforma laboral del gobierno del Partido Popular, el empleo se ha recortado en 850.000 personas.
La relación de la destrucción de empleo, con la aplicación de la reforma laboral, en relación con la caída del PIB, nos muestra que mientras en 2012 la caída del PIB ha sido inferior a la de 2009, sin embargo, en términos de empleo, por cada punto de caída del PIB en 2009, el empleo asalariado del sector privado se redujo 2.2 puntos porcentuales y en 2012, dicha reducción de empleo ha sido de cuatro puntos, siendo mucho mayor la caída si se descuenta el recorte del PIB correspondiente al sector publico.
Así mismo es importante destacar que, la rebaja neta del empleo es principalmente consecuencia de los despidos y en menor grado se debe a un recorte en el volumen de contratación.
La reforma laboral por tanto en el centro de todas las reformas, y parte fundamental del proceso de devaluación interna al que venimos asistiendo y de recortes den materia de derechos sociales y laborales.
