“Es una
lata el trabajar / todos los días te tienes que levantar”, cantaba Luis Aguilé en una pieza de éxito cuya
evocación descubre la provecta edad del titular de este blog. Pero esta mirada
esquiva sobre el trabajo parece que ahora se imputa a las personas jóvenes que rehúsan
ocupar puestos que hasta el momento habían desempeñado sin excesivos problemas.
Se habla de una “crisis de reclutamiento” e incluso de “la gran deserción
laboral”. En Estados Unidos se ha popularizado la expresión “la gran dimisión”
y este hecho se relaciona inmediatamente con lo que está sucediendo en España.
¿Qué hay de real en esto?
Como de costumbre, la noticia que
se lleva a la opinión pública por todos los canales mediáticos habituales no se
corresponde con la realidad, pero eso ya sabemos que no es óbice para que se
expanda y se reitere para darle carta de naturaleza. No se trata de que entre
la clase trabajadora se haya extendido un rechazo al trabajo asalariado y la
necesidad por tanto de un desapego laboral que permita descubrir la vida y su
expresión libre fuera de la disciplina de la empresa. Se trata de algo más prosaico,
la dificultad para las empresas de encontrar fuerza de trabajo en el momento
requerido, en el just in time.
Lo importante en estos casos es
la explicación que se ofrece para dar un sentido a esa carencia de personal. Y
estas justificaciones son de varios tipos. La primera, la debida al cambio
legislativo. Es la reforma laboral, que ha alterado la regla de la precariedad
imponiendo un principio de estabilidad, la culpable de que no se pueda
contratar con la flexibilidad de antes. Algunos sujetos entrevistados que
afirman ser empresarios (cuestión dudosa donde las haya a tenor de lo que
afirman) llegan a defender su tesis sobre la base de entender que ahora la ley
impone también restricciones horarias imposibles de cumplir: no se puede
contratar a una persona por media jornada, es decir, 12 horas.
La siguiente aclaración pertenece
más al recetario clásico neoliberal. Es la culpa del ingreso mínimo vital y lo
que en las redes sociales hegemonizada por la extrema derecha se denomina “la
paguita”, que hace que una serie de personas prefieran instalarse cómodamente
en la pobreza y recibir la prestación mínima correspondiente – para 2022 639,12
euros para una unidad de convivencia formada por un adulto y un menor o dos
adultos. 786,61 euros para una unidad de convivencia formada por un adulto y
dos menores, dos adultos y un menor o tres adultos – que acudir a un trabajo
formal remunerado por el que se cotiza a la Seguridad Social. Es un argumento
bastante universal, que sostiene las pretensiones políticas de quienes
entienden que la renta de subsistencia tiene que ser extraordinariamente baja
para evitar que el pobre o excluido social no elija percibir el subsidio antes
que acudir a trabajar, y que se extiende también al desempleo subsidiado, en
donde se ha transformado el período de desocupación en un espacio de culpabilidad
social que el parado tiene que expiar mediante la realización continua de
cursos de formación y prácticas que demuestren su actitud positiva – activa – en
ese momento en el que ha perdido el empleo y no encuentra otro y el Estado le
proporciona una renta de sustitución como prestación por desempleo. Un discurso
que exalta la necesidad como el motor de la economía y de la obtención del
beneficio y que debería confrontarse con el marco constitucional que garantiza el
derecho al trabajo y a la libre elección de profesión y oficio y la lucha
contra la pobreza y la exclusión social en el marco de un panorama económico y
social en el que la desigualdad sustancial se ha incrementado exponencialmente
como consecuencia de las crisis en cadena que se han ido sufriendo en Europa a
partir de la primera década del presente siglo.
El caso es que tanto espacio
mediático ha ganado esta afirmación sobre la incapacidad del mercado de trabajo
de suministrar mano de obra a empresarios que la requieren en los momentos de
la recuperación económica aun amenazada por la guerra de Ucrania y las medidas
económicas adoptadas durante la misma, que el Gabinete Económico de CCOO dependiente
de la Secretaría Confederal de Estudios y Formación Sindical de CCOO, ha publicado
un informe denominado “Análisis de las vacantes laborales en España” que niega,
con datos fehacientes, este tipo de relatos que acompañan a las noticias sobre
la escasez de mano de obra o la falta de voluntad de la juventud en ocupar
estos puestos de trabajo.
El informe se puede descargar en
este enlace: https://www.ccoo.es/0d7d40c3380f7de912195ebe3f643c8f000001.pdf
y el propio Gabinete Económico ha hecho un resumen ejecutivo de sus conclusiones,
que son las siguientes:
El análisis realizado por el
gabinete económico en relación a las vacantes laborales en España demuestra que,
según la estadística oficial, no existe problema con ellas, pues en el
primer trimestre de 2022 el porcentaje de vacantes se situó en el 0,9% frente a
un 2,9% de media en la UE, siendo el más bajo de la Unión junto al de Grecia.
Pese a esta realidad, en los últimos meses ha habido frecuentes llamadas de
atención de distintas empresas y sectores planteando que no eran capaces de
encontrar los trabajadores que necesitaban. Esta situación tiene dos
explicaciones posibles.
Por un lado, en el caso de las empresas y
actividades que requieren trabajadores poco cualificados, como la hostelería,
agricultura y transporte, la explicación está en las malas condiciones
laborales. Estos sectores ofrecen a los posibles trabajadores bajos
salarios, largas jornadas laborales y, hasta ahora, trabajos temporales. Como
resultado las personas que pueden encontrar algo mejor o tienen apoyo familiar
optan por no trabajar en ellos. Si estas empresas quieren dejar de tener
problemas para encontrar trabajadores lo que tienen que hacer es mejorar sus
condiciones laborales. A esto hay que sumarle la dificultad añadida del precio
de la vivienda, que hace que haya trabajos como los de la hostelería, en la que
se cobran 14.561,75 euros de media al año, en los que el salario apenas da para
pagar el alquiler en algunas zonas.
Por otro lado, en el caso de los sectores
que requieren trabajadores cualificados, la explicación fundamental se
encuentra en la ruptura de los procesos de formación orgánicos dentro de las
empresas. La inestabilidad y la subcontratación para abaratar costes ha
destruido los procesos de formación en muchas empresas y disuadido la inversión
en formación. Este ha sido el caso de la construcción que ahora protesta por la
falta de trabajadores cualificados que, precisamente, su modelo de negocio
-basado en la temporalidad y la subcontratación en cascada- ha generado. La
solución a los problemas de vacantes en estos sectores pasa por que las
empresas apuesten por carreras laborales estables en las que la formación de
los trabajadores tenga un papel central. Para ello, tienen a su disposición el
dinero público destinado a formación en las empresas que, paradójicamente,
todos los años se queda sin gastar, así como las nuevas ofertas de formación
flexibles que se han facilitado con la reforma y promoción de la Formación
Profesional.
En España no hay un problema
de vacantes, sino un tejido empresarial infra desarrollado incapaz de generar
empleo suficiente a la altura de las cualificaciones de las personas
trabajadoras. En efecto, un 29,2% de los asalariados del sector privado
tiene una cualificación superior a la requerida para el correcto desempeño de
las tareas exigidas por su puesto de trabajo. Las personas trabajadoras
acumulan muchos estudios para defenderse del alto paro ante la incapacidad de
las empresas de acercarse al pleno empleo incluso durante los ciclos de bonanza
largos. Este fenómeno de infradesarrollo del aparato productivo se explica,
entre otros motivos, por el bajo nivel de formación de los empresarios
españoles cuando se comparan con los europeos, lo que dificulta la innovación y
el crecimiento de las empresas. También por los modelos de negocio que basan su
beneficio en la alta temporalidad contractual y la subcontratación para
abaratar costes y que han florecido en España gracias a una regulación laboral
que los ha fomentado. Todo esto supone un importante despilfarro de recursos y
desaprovechamiento del potencial de desarrollo de la economía y la sociedad
española.
En conclusión, las empresas no pueden
circunscribir sus propuestas a que las Administraciones les resuelvan sus
supuestos problemas de vacantes, sino que deben hacerlo ellas ofreciendo buenas
condiciones de trabajo, definiendo carreras profesionales estables e
invirtiendo en formación. Junto al papel central de las empresas, la
Formación Profesional reglada y el SEPE tienen también un importante papel
complementario que cumplir en la actualización de conocimientos profesionales.
Como siempre sucede, la realidad enseña
más y mejor que el discurso que la manipula. Buena lectura, como diría nuestro colega
Eduardo Rojo en su blog de culto, de este análisis completo y bien
fundamentado sobre la falta de personas que quieran trabajar en nuestro país.
