EXPERTO EN DERECHOS DIGITALES EN EL MUNDO DEL TRABAJO

 

Del 12 al 26 de enero del 2026 tendrá lugar en Toledo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Convento de San Pedro Mártir), un nuevo curso de posgrado en derecho organizado por la UCLM, en esta ocasión dedicado a los derechos digitales en el mundo del trabajo como derechos fundamentales, cuya información relativa a  preincripción y matrícula  se puede localizar en este enlace: . https://postgradoenderechotoledo.es/cursos/experto-en-derechos-digitales-en-el-mundo-del-trabajo-como-derechos-fundamentales/    El plazo de inscripción y matrícula cierra el 18 de diciembre. Es un curso que tiene una gran tradición en la UCLM, y en él se recuerda al maestro y profesor uruguayo Oscar Emida Uriarte, que fue hasta su fallecimiento conferenciante del mismo. Está dirigido por Mariluz Rodriguez y Antonio Baylos, con la colaboración de Antonio Garcia-Muñoz y Carolina Bastante como secretarios y además de la UCLM en esta ocasión participa en su organización, como entidad colaboradora, RED.es. En este año, son invitados especiales Daniela Marzi, catedrática de derecho del trabajo en la universidad de Valparaíso y presidenta del Tribunal Constitucional de Chile, y Hugo Barretto, catedrático de derecho del trabajo en la Universidad de la República y Viceministro de Trabajo de Uruguay. A continuación se da a conocer el cronograma detallado de este curso.

La problemática planteada por la irrupción de la digitalización y los nuevos modelos de negocio, como las plataformas digitales, además del impacto del uso de algoritmos e inteligencia artificial (IA) en las relaciones de trabajo es el objeto de este Curso. A ello se ha dado respuesta por parte de algunos ordenamientos nacionales e internacionales con la regulación de derechos digitales fundamentales, como el derecho a la protección de datos, la desconexión digital, la participación de las personas trabajadoras en la gobernanza de la transición digital o la transparencia en el uso de algoritmos e IA por parte de las empresas. Un ejemplo de ello es la Carta de Derechos Digitales de España, elaborada en 2021, o también la denominada Ley de Inteligencia Artificial de la UE, aprobada en 2024. Así, en el Curso se examinarán las líneas generales que el Derecho europeo y nacional están llevando a cabo, junto con los problemas de ajuste con los esquemas tradicionales de regulación del Derecho del Trabajo, tanto en lo relativo a la configuración de los derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras, como a la conformación de la extensión de los poderes empresariales de control de la actividad laboral y sus límites, junto con algunas propuestas de desarrollo de interés en relación con la organización de la empresa en este contexto.

Derechos digitales en el mundo del trabajo como derechos fundamentales. CURSO “OSCAR ERMIDA URIARTE”

Lunes 12 de enero hasta el viernes 24 de enero de 2026

PROGRAMA

Lunes 12 de enero:

Entrega de material y credenciales

Inauguración XXVI Edición y conferencia inaugural

Martes 13 de enero

9,30: Presentación del curso

10,00: Derechos digitales como derechos fundamentales. La Carta de Derechos Digitales  (UE) y otros textos: La Carta Iberoamericana de principios y derechos de los entornos digitales

Maria Luz Rodriguez. Catedrática de Derecho del trabajo UCLM (Ciudad Real)

11,45-12,15: Descanso

12,15: Derechos digitales laborales y transiciones en la época post-covid. La experiencia española

Joaquín Pérez Rey. Secretario de Estado de Trabajo y profesor titular de Derecho del Trabajo UCLM (S.E.)

Miércoles 14 de enero

9,30: Cambio digital y poder en la empresa: fortalecer los derechos colectivos

Antonio Baylos, Catedrático Emérito de Derecho del trabajo UCLM (Ciudad Real)

11,45-12,15: Descanso

12,15: La tecnología como reacción empresarial frente a la huelga y el llamado esquirolaje tecnológico y organizativo.

Victor Maneiro, Ayudante doctor Derecho del trabajo UNED

Jueves 15 de enero

9,30: Acoso Moral y digital en el trabajo

Gratiela Moraru, Profesor Titular de Derecho del Trabajo (Albacete)

11,45-12,15: Descanso

12,15: Mesa redonda: Desarrollo de la negociación colectiva y articulación de los convenios colectivos de la introducción y efectos de la digitalización

Juana Serrano, Catedrática de Derecho del Trabajo UCLM (Talavera)

Juan Carlos del Puerto, Responsable de Empleo, Formación y Migraciones  Ejecutiva regional CCOO Castilla-La Mancha

Viernes 16 de enero

9,30: El significado de los derechos fundamentales en la Unión Europea

Joaquin Aparicio, Catedrático emérito jubilado Derecho del Trabajo UCLM

11,45-12,15: Descanso

12,15: CONFERENCIA

Derechos laborales digitales como derechos fundamentales

Daniela Marzi Muñoz

Presidenta del Tribunal Constitucional de Chile

Catedrática de Derecho del trabajo Universidad de Valparaíso (Chile)

Lunes 19 de enero

9,30: En tiempos del algoritmo: el trabajo es una relación y patrón siempre hay”

Laura Mora Cabello de Alba. Profesora Titular Derecho del trabajo UCLM (Toledo)

11,45-12,15: Descanso

12,15: Nuevas tecnologías y tiempo de trabajo. El teletrabajo en las perspectivas de la adaptación de jornada y del derecho a la desconexión

Maria José Romero. Catedrática Derecho del trabajo UCLM (Albacete)

Martes 20 de enero

9,30: La explotación del trabajo contratado por plataformas digitales y su naturaleza jurídica: nuevas formas de gestión empresarial y cambios en la subjetividad obrera

Francisco Trillo. Profesor Titular Derecho del trabajo UCLM (Ciudad Real)

11,45-12,15: Descanso

12,15: Trabajo doméstico y los retos de la digitalización

Vera Pavlou.

Senior Lecturer Labour Law Universidad de Glasgow (Reino Unido)

Miércoles 21 de enero

9,30: Geolocalización y grabación de datos en las relaciones laborales

Milena Bogoni, Profesora Contratada doctora Derecho del Trabajo UCLM (Albacete)

11,45- 12,15: Descanso

12,15: CONFERENCIA:

El trabajo en plataformas y su regulación internacional. Principales perfiles del debate OIT

Hugo Barretto Ghione

Catedrático Derecho del Trabajo Universidad de la República (Uruguay)

Viceministro de Trabajo de la República de Uruguay

Jueves, 22 de enero

9,30: Brecha digital, brecha de género y exclusión social. La problemática europea

Antonio Garcia-Muñoz, Profesor Ayudante Doctor Derecho del trabajo UCLM (Ciudad Real)

11,45- 12,15: Descanso

12,15: Inteligencia Artificial y relaciones de Trabajo. La regulación europea y sus implicaciones.

Henar Álvarez Cuesta. Catedrática Derecho del trabajo. Universidad de León.

Viernes 23 de enero

9,30: Prueba de conjunto final.

11,45- 12,15: Descanso

12,15: Entrega de diplomas

 

 

 

FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD: ESA ES LA CLAVE DE LA HUELGA DE LAS UNIVERSIDADES MADRILEÑAS PARA EL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE

 

Desde hace mucho tiempo ya pareciera que la Universidad como servicio público se hubiera desdibujado en los programas y en las reivindicaciones de las fuerzas políticas especialmente en el ideario progresista. Se da como un hecho consumado el carácter público de la universidad y su financiación adecuada para cumplir sus fines institucionales, y el hecho universitario solo en algunos casos gana un cierto relieve mediático en función del puesto que ocupan los centros españoles en la clasificación de excelencia de las universidades mundiales o se destacan en la llamada “atracción del talento”, reforzada ahora ante la oportunidad que nos da el sectarismo autoritario que se está desarrollando en Estados Unidos. En el resto de los supuestos, la universidad pública no se presenta ni como un problema ni como un espacio de transformación en el marco de un proyecto reformista, una vez concluido el proceso legislativo que culminó en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU) que ahora requiere un desarrollo acorde en las distintas Comunidades Autónomas.

Sin embargo, desde la crisis del euro y las políticas de austeridad, la financiación de todas las universidades españolas ha sufrido descensos muy significativos en la mayoría de los supuestos todavía no compensados tras la nueva crisis económica derivada de la pandemia. Un caso especial, por su gravedad y su continuidad, es el de las universidades madrileñas, centrado en la crisis de infrafinanciación de las universidades públicas. La falta de financiación suficiente impide que se puedan desarrollar adecuadamente las funciones que la ley impone a estos entes : docencia, investigación y transferencia del conocimiento.

Infrafinanciación crónica sin respuesta de las autoridades académicas

Desde el año 2008, el Gobierno del PP ha ido reduciendo las aportaciones a la Universidad. En la Universidad Complutense (UCM) , siendo rector  Carlos Berzosa, se reaccionó frente a estos recortes y se obtuvieron sentencias favorables que obligaron a la Comunidad de Madrid a cumplir con la financiación que habían prometido y sucesivamente incumplido en la época de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad, pero este ejemplo no se siguió con posterioridad y los rectorados actuales no han hecho uso de los recursos jurídicos posibles para el cobro de los daños que está produciendo el continuado recorte presupuestario que se ha ido produciendo bajo la presidencia de Diaz Ayuso. El temor a las represalias que pudiera adoptar el gobierno regional ha paralizado seguramente a los responsables académicos de las universidades públicas madrileñas. El resultado final de esta historia ha sido, como todo lo que sucede en la Comunidad de Madrid, grotesco. Un préstamo de la Comunidad a la UCM para el pago de as nóminas de los próximos meses: no hay financiación suficiente para cubrir los salarios de los funcionarios y trabajadores de la Universidad porque la Comunidad lo decide así y la propia Comunidad que incumple sus obligaciones realiza un préstamo a la Universidad que, difícilmente, podrá pagar, cobrándole además unos intereses que se cifra en cuatro millones sobre los treinta y seis concedidos.

Universidades privadas como negocio

En paralelo, la Comunidad de Madrid no ha hecho sino aumentar el número de Universidades privadas, algunas de ellas desoyendo el informe negativo sobre su idoneidad. Por el momento hay trece universidades privadas, que utilizan  todas las armas competitivas del sector privado para dejar fuera de juego a las universidades públicas. El primer paso ha sido apropiarse del espacio de los másteres oficiales, pero luego vendrán otros campos, y cuentan con la financiación extraordinaria de fondos de inversión globales, que a su vez consideran esta inversión como un elemento importante de la obtención de fuertes ganancias, como se ha comprobado con la reciente venta de la UAX y el hecho de que en los últimos dieciocho18 meses, tres centros privados han cambiado de titularidad en Madrid en operaciones que acumulan varios miles de millones de euros.

El borrador de la LESUC de la Comunidad de Madrid

Por otra parte, estas intenciones quedan claramente reflejadas en el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidad y Ciencia (LESUC) de la Comunidad de Madrid, del que se ha subrayado las líneas fundamentales:

Equiparación de lo público y lo privado: en el documento se insiste mucho en la coordinación entre las distintas universidades y, en particular, en la colaboración de las universidades públicas con el resto de los actores de la enseñanza superior, sin distinguir si son públicos o privados. Se incluye un distrito único de prácticas y una representación igualitaria pública-privada en el Consejo de Enseñanzas Superiores.

Apertura a universidades privadas: Todo lo que aparece en el texto sobre la creación de nuevas universidades, centros adscritos o presencia de universidades de otros territorios en Madrid está pensado para la iniciativa privada. El panorama queda abierto a que sean las relaciones político-empresariales las que originen sin más la implantación de estas instituciones privadas sin ningún filtro académico pues, aunque para dar cumplimiento al proceso se necesitan informes preceptivos, éstos no son vinculantes.

Se facilita la creación y adscripción de centros privados, así como la llegada de universidades de otros territorios, con un control de calidad que depende exclusivamente del Consejero competente.

Reducción de la autonomía universitaria: Se otorga mayor poder a los consejos sociales, controlados por la Asamblea de Madrid, en decisiones clave como presupuestos, retribuciones y estrategias universitarias.

Infrafinanciación consolidada: Se establece un modelo de financiación con restricciones presupuestarias, fomentando la búsqueda de financiación privada y condicionando los fondos públicos a criterios impuestos por la Comunidad de Madrid.

Además de ello, se reconocen capacidades fuertemente intimidantes ante cualquier expresión del disenso de los estudiantes frente a las decisiones de las autoridades académicas o de las autoridades políticas de la región.

Convocatoria de huelga

Esta es la causa de la huelga convocada para los días 26 y 27 de septiembre por la Coordinadora de las Plataformas en Defensa de las 6 Universidades Públicas Madrileñas.

La coordinadora de las plataformas de las universidades públicas, que integran trabajadores y estudiantes frente a la “asfixia” económica de los centros universitarios y para exigir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso una “financiación adecuada” que permita ofrecer un servicio público “de calidad”.

La Comunidad de Madrid destina menos del 0,5% del PIB a la universidad pública (la ley exige el 1%).

➤ Nos quieren asfixiar para privatizarlas.

 

El borrador de la LESUC recorta financiación, autonomía y libertad de expresión en los campus.

 

Defendemos una universidad pública, gratuita, crítica y al servicio de la sociedad.

No permitiremos que la conviertan en negocio.

Las concentraciones cuentan con el respaldo de los sindicatos CC.OO., UGT, CGT y CNT, que han emitido el siguiente comunicado de huelga:

“Las organizaciones sindicales CCOO, CGT, CNT y UGT informamos que respaldamos y damos cobertura legal a la convocatoria de HUELGA GENERAL UNIVERSITARIA de los días 26 y 27 de noviembre, impulsada por la Coordinadora de las Plataformas en Defensa de las 6 Universidades Públicas Madrileñas. 

Esta huelga nace del esfuerzo conjunto de trabajadoras y estudiantes por defender una universidad pública, gratuita, crítica y al servicio de la sociedad, frente al desmantelamiento que impulsa el Gobierno de la Comunidad de Madrid con el borrador de la LESUC y la asfixia presupuestaria que pone en riesgo el futuro de nuestras universidades y nuestras condiciones laborales. 

Los cuatro sindicatos ponemos a disposición de toda la plantilla -PDI y PTGAS- de las seis universidades públicas madrileñas los recursos y el apoyo necesarios para garantizar que todas las trabajadoras y trabajadores puedan ejercer su derecho a huelga con total seguridad.

Adjuntamos un Manual de Huelga, donde se detallan los aspectos legales y prácticos más relevantes, así como los contactos sindicales de referencia para resolver cualquier duda o incidencia durante los próximos días.  La defensa de la universidad pública es tarea de todas y todos.

 #PorLaUniversidadPública #NoALaLESUC”

La “UNI en la Calle”

Además de la huelga y de la manifestación de cierre de la misma el propio día 27, se han previsto, como firma de mostrar el apoyo a las concentraciones y a la huelga y reivindicar el papel de los docentes, una serie de clases en lugares públicos, bajo el título de “la UNI en la calle”. Se han realizado ya el jueves y sábado pasados, y ahora se convocan para los dos días de huelga. El miércoles 26, primer día de huelga universitaria, en la Plaza de Pedro Zerolo se desarrollarán, de las 12 a las14 horas, clases de Semiótica Social, Trabajo Social y Discapacidad y un conjunto de micro clases colectivas de Educación crítica e Innovación eco social y crítica en la Pedagogía a cargo de profesorado de CC de la Educación y otras Facultades. El jueves 27, segundo día de manifestación, en la Plaza del Reina Sofía, también desde las 12 hasta las 14 horas, habrá clases de Físicas, Filosofía del derecho, Comunicación Audiovisual y Ciencias de la Educación de la Autónoma, Complutense, Rey Juan Carlos y Politécnica.

Suspensión de la obligación de acudir a clase y aplazamiento de las actividades

Se permitirá la suspensión de la obligación del estudiantado que secunde el paro académico de seguir las actividades académicas establecidas. Convocada la huelga también por la Delegación Central de Estudiantes, se permitirá la suspensión de la obligación del estudiantado que secunde el paro académico de seguir las actividades académicas establecidas.

La Universidad Complutense de Madrid ha comunicado, coherentemente con este preaviso de huelga,  que se aplazan las actividades de los días 26 y 27 de noviembre con motivo de la huelga convocada en el ámbito de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid “al no poder garantizar la accesibilidad, la seguridad y el normal desarrollo de los eventos”

Participación y solidaridad activa

La huelga general de las universidades públicas madrileñas es una acción importante de resistencia y de protesta frente a una política neoliberal que quiere reducir a la universidad pública a un papel secundario, entregando los segmentos formativos de calidad al mercado y a la codicia de los fondos privados propietarios de las universidades privadas que se autorizan sin freno en la Comunidad de Madrid.

La reivindicación de un servicio público universitario potente y bien financiado en sus tres misiones es una reivindicación fundamental en cualquier estrategia reformista. Es importante por consiguiente que las fuerzas políticas que sostienen este proyecto asuman como propia esta lucha y participen activamente en la misma, mostrando una solidaridad activa con estos procesos. El respaldo expreso que han dado los sindicatos al conflicto es una muestra muy positiva de la importancia de lo que está en juego en esta confrontación con el gobierno de Diaz Ayuso, y proporciona un ejemplo de la inteligencia de estas formaciones en asumir como propia una reivindicación esencial, la defensa de un servicio público que se quiere gratuito, crítico y que sirva al conjunto de las gentes trabajadoras de esta región.

Un objetivo que nos provoca y compromete a todas las personas que apostamos por un cambio social que permita disminuir los niveles de desigualdad y ampliar el espacio del conocimiento y de la formación para quienes deben ser sus principales beneficiarios, las clases populares y trabajadoras de nuestro país.

EL TRIBUNAL SUPREMO FESTEJA A FRANCO EN SU 50 ANIVERSARIO

 

Se necesitan pocas palabras. El 20 de noviembre de 2025, cuando las televisiones y otros medios de comunicación tenían que abrir sus programas informativos recordando lo que supuso la dictadura de Franco para las gentes que poblaban España, las fechorías y los crímenes que cometió y amparó, la corrupción que generó y de la que se benefició y el sufrimiento y la injusticia en la que se basaron sus 40 años de dictadura, el Tribunal Supremos, en su sala de lo penal, ha decidido a toda prisa dar a conocer el contenido infamante de su decisión mayoritaria – cinco a dos – en la que se condena al Fiscal General del Estado avalando una de las operaciones más rastreras y desestabilizadoras que la derecha y la ultraderecha habían impulsado contra el marco institucional democrático.

En efecto, el Tribunal Supremo festeja a Franco en el voto mayoritario de la sentencia de condena al Fiscal General del Estado, un hombre bueno y digno que ha sido condenado vulnerando su presunción de inocencia – una constante del franquismo – frente a una larga serie de  declaraciones de testigos que aseguraban que la divulgación de secretos no fue obra del Fiscal sino de otras personas. Unas declaraciones que no podían tomarse en cuenta porque se había determinado de antemano quien era el culpable. Como se hacía en el franquismo.

Toda la ciudadanía ha podido ver las declaraciones y las intervenciones más relevantes del juicio al Fiscal General. Todas y todos sabemos por ese acto público que el acusado era inocente. Todos menos la mayoría de la sala que lo ha juzgado para la que estaba condenado antes de ser juzgado, Él y el gobierno que lo designó, al que el Tribunal Supremo ha declarado, desde hace mucho tiempo, la guerra. Es el enemigo al que abatir, aunque sea a costa de vulnerar los derechos inviolables de las personas que se opongan a ese designio.

Todas las personas que hemos seguido este terrible proceso inquisitorial y prescriptivo en el que el procesado estaba condenado de antemano sabemos que esta condena ampara directamente a un defraudador que mintió deliberadamente sobre la actitud de la Fiscalía y que tuvo que ser desmentido para defender la actuación de este órgano. Hoy el Tribunal Supremo ha amparado la mentira y ha protegido el delito. Más aun, le fija una indemnización al delincuente por haber desautorizado la mentira que este había montado en su defensa. ¡Indemnizar a quien defrauda porque este quiere encubrir su delito!

La sentencia de la mayoría que ha conformado la Sala es una infamia que daña irreparablemente la imagen de una persona digna y comprometida democráticamente con su posición institucional. La sentencia ha hecho mucho más que cualquier libelo contra la imparcialidad de los tribunales. Hoy sabemos que la sala de lo penal decide al dictado de una posición política que solo busca derribar al gobierno democrático. Es la expresión perfecta de la dependencia ideológica de la reacción antidemocrática. Busca la desestabilización del gobierno y su deslegitimación y utiliza su posición institucional como forma de sustituir la permanencia del mismo por obra de las mayorías parlamentarias. Ampara la mentira y refuerza la impunidad del delincuente. Noli me tangere gritan sonriendo Ayuso y Miguel Ángel Rodriguez.

La sustitución de la voluntad democrática por el decisionismo político en apoyo de la opción de la derecha y la ultraderecha se inscribe además en un supuesto en el que se castiga la rectitud de la actuación de la Fiscalía ante un hecho doblemente delictivo y la maquinación mediática para enmascararlo. Con ello la sentencia ampara esa forma de actuar: delinquir y mentir para disfrazar el delito. Todo un programa de acción para el futuro y una pauta de actuación para futuros gobernantes. Los que descaradamente promociona la sentencia del Tribunal Supremo.

Álvaro Garcia Ortiz no se merece el desprecio de la justicia, el acoso de instituciones que supuestamente representan intereses profesionales susceptibles de protección - ¿qué hace el presidente del Colegio de abogados de Madrid como acusación privada en este juicio? ¿qué deontología de la abogacía defiende este personaje tan sinestro como ridículo? – ni el encono de un sistema judicial que le ha privado de las elementales garantías procesales con la finalidad predeterminada de declararle culpable antes de ser juzgado. Es evidente para todos – también para quien le han condenado - que obtendrá el amparo del tribunal Constitucional, pero el objetivo de acabar con él era prioritario. Y digo acabar con él porque con esa sentencia se pretendía también su cancelación como funcionario público ejemplar, que sirve lealmente a los intereses generales y al sistema democrático. Cualidades horrendas para la sentencia del Tribunal Supremo que su decisión combate con intensidad porque no concibe que ese puesto institucional pueda ser ocupado por alguien con esas características.

Pero es un esfuerzo inútil. Quienes demuestran su infinita capacidad de infamia son los cinco magistrados que condenan, y el ultraje democrático de su decisión será recordado como un episodio nefasto del decisionismo político contra el gobierno democrático, un oprobioso caso de lawfare que se estudiará en las aulas y en las escuelas judiciales. Y que al final de este proceso, cuando el hoy condenado recupere el pleno disfrute de sus derechos de los que se le ha privado injustamente, servirá para hundir en el más profundo de los desprecios a quienes se plegaron a este acto de sumisión de los jueces a la desestabilización del gobierno democrático, mediante la consciente negación del respeto que debían haber tenido a un servidor ejemplar del estado que tan solo quiso hacer respetar la verdad y el buen nombre de la institución que encarnaba.

Un día horrendo para el Derecho. Una fecha que tampoco olvidaremos, como la memoria fatal de los crímenes del dictador.